Orden del Tribunal Agrario:
Durante tres meses “El Tío incómodo”
usufructuó ilegalmente para su peculio
cerca de mil 800 hectáreas donde se ubicaba la mina La Herradura, de Caborca,
embargada a favor de los ejidatarios
mediante juicio de amparo. Durante ese tiempo fueron evidentes los actos de
saqueo de oro y plata suspendidos en una solución cianurada y que en el mercado
de metales pudiera alcanzar un precio superior al millón de dólares.
Mientras,
seis ejidatarios aún permanecen privados de su libertad por una demanda de
despojo y robo que enderezó en su contra Rafael Pavlovich Durazo, aun cuando se
comprobó que usurpó la figura de depositario de los terrenos ganados a la mina
La Herradura, sin tener personalidad jurídica ni los derechos ejidales para
ello, pero le cobijó el brazo benévolo de la Procuraduría para pretender despojar
al ejido de una parte de sus terrenos, justo donde aún hay residuos de metales
preciosos dejados por la minera gringa que perdió el pleito ante el núcleo
agrario y que duro varios años.
El
Tribunal Unitario Agrario del Distrito
28 con sede en Hermosillo, Sonora emplazó al ciudadano Rafael Pavlovich Durazo
para que de manera inmediata deje de ocupar las tierras del ejido El Bajío, de
Caborca, y se abstenga de custodiarlas, retenerlas o hacer uso y goce de ellas
en la explotación de mineral y dejarlas libremente a disposición de sus
legítimos dueños pertenecientes al núcleo agrario.
En
juicio agrario promovido por los ejidatarios de El Bajío, Carmen, Jacinto y José Concepción, todos de apellidos Cruz
Pérez, así como los hermanos Abel y Erasmo Cruz López, denunciaron hace tres meses a
Pavlovich Durazo por el ilegal
apoderamiento de mil 824 hectáreas de tierras de uso común del ejido El Bajío,
sobre las cuales demuestran tener derechos plenos.
La
intentona de apoderarse del predio sobrevino cuando el denunciado fuera
nombrado depositario de los bienes ejidales, no obstante carecer de
personalidad jurídica y no ser derechoso del usufructo de dichas tierras, que
por años el ejido El Bajío disputó su propiedad -y finalmente la ganó- en un largo
litigio contra una empresa minera gringa, conocida en la región como
mina La Herradura, dedicada a la extracción de oro y plata en tierras ejidales.
El
Tribunal Agrario determinó que hubo irregularidades durante la ejecutoria de una sentencia de amparo emitida por el
primer Tribunal Colegiado en Materia Penal
y Administrativa del Quinto Circuito,
en favor de los derechos de propiedad de mil 824 hectáreas y que
ilegalmente usufrutuaba la minera Penmont
S. de R.L de C.V, (La Herradura) en perjuicio de los ejidatarios.
Por
inexplicable razón, y de manera ilegal, el actuario judicial que desahogo
aquella diligencia de restitución del bien ejidal a sus legítimos propietarios,
de nombre Arnoldo Vázquez Quintero
incluyó al citado Rafael Pavlovich Durazo como “socio” del ejido y depositario de los bienes que se reintegraban
a la familia Cruz, justamente mediante dicha diligencia judicial.
Fue
el 14 de marzo del año en curso cuando el acusado quedó en calidad depositario
de los bienes ejidales en disputa; su primera reacción fue demandar por la vía
penal el desalojo de los propios dueños del predio que ilícitamente
explotó la mina por años.
El
28 de marzo pasado el usurpador de la depositaría ejidal enderezó una denuncia
penal contra los ejidatarios por
presunta comisión del delito de despojo ante el MP DE Caborca;
Increíblemente, dos semanas después la
averiguación quedaba integrada y el representante social ejercitaba la acción
penal contra los ejidatarios, quienes, por un plumazo del Procurador, de
víctimas pasarían a victimarios.
El
caso fue considerado por los ejidatarios de El Bajío como una clara muestra del
tráfico de influencias y abuso de poder en que incurrió la Procuraduría de Justicia del Estado, al
violentándola seguridad jurídica de los acusados de un delito al negarles el
derecho a la declaración ministerial, además de que al actual con suma
diligencia y prontitud la Procuraduría dejaba claro su intención de proteger
los intereses antijurídicos perseguidos por Pavlovich Durazo, a saber, tío de
la Gobernadora, Claudia Pavlovich
Arellano.
El
procedimiento ministerial incluyó ejercitar ordenes de aprehensión contra los
ejidatarios que se oponían a que el espurio depositario los despojara de sus
tierras y el 12 de abril acudieron a El Bajío 24 patrullas de la Policía
Estatal de Sonora y al menos tres de la Policía Municipal de Caborca, además de
diversos civiles, para desalojar a los campesinos y despojarlos de lo que son
legítimos dueños: sus tierras en el ejido El Bajío.
El
acto fue considerado de barbarie y de transgresión al estado de derecho por la
defensa legal de los ejidatarios y denunciaron públicamente a la Procuraduría
de Justicia por haberse excedió en sus atribuciones, particularmente al ejercer
la acción penal y privar de la libertad a los campesinos Erasmo Santiago
Santiago, Simón Santiago Morales, Pedro Santiago Morales, Bartolo Pacheco
Santiago y Salvador Ibarra Morales.
Los
ejidatarios hasta el cierre de esta edición continuaban privados de su libertad
en el Centro de Readaptación Social de Caborca, acusados de un delito que no
cometieron.
Los
legítimos dueños de las tierras ejidales se dieron cuenta de la forma en que
Pavlovich Durazo manipuló la diligencia del actuario judicial para usurpar la
figura de depositario de las mil 800 hectáreas de terreno y los bienes muebles
embargados a la empresa minera como medio de pago indemnizatorio a los
ejidatarios.
El
proceder rapaz del denunciado dejó claro que previamente había pactado con la
firma minera gringa a efecto de proseguir con la extracción de mineral en
beneficio de ambos y en perjuicio del ejido El Bajío, a quien por orden
judicial se le adjudicaba la legal posesión de todos los bienes localizados
dentro del ejido.
Los
ejidatarios calculan que durante los tres meses que Pavlovich usufructuó
ilegalmente la mina en calidad de depositario -sin serlo-, apoyado siempre por maquinaria y equipamiento facilitado por la
minera, y resguardado el saqueo por la propia fuerza pública del estado y el
municipio de Caborca, Pavlovich usufructuó para su peculio y de terceros
confabulados, grandes cantidades de oro
y plata sustraídos ilícitamente.
La
cantidad en volumen no ha sido cuantificada por los perjudicados ni el precio
que alcanzo el metal hurtado en un eventual mercado, pero es de suponer que fácil alcanza una renta de cientos de
miles de dólares.-
Ante
ello, los ejidatarios demandaron la inmediata libertad de los seis ejidatarios
privados de su libertad en el Cereso de Caborca al quedar desvanecidos las
pruebas en su contra, toda vez que ha quedado claro en la sentencia del
Tribunal Unitario Agrario que Pavlovich
Durazo jamás tuvo la personalidad legal
para representar el ejido y, peor aún,
cuando la Procuraduría actuó con dolo y lo consideró como víctima de un
delito cuando en realidad su proceder configuró una acto delictivo y doloso que
la autoridad debió perseguir y no lo hizo.
Por
otro lado, los perjudicados adelantaron que buscarán por los medios legales les
sea restituido el usufructo de lo hurtado durante el periodo en que los terrenos
quedaron en ilegal depositaría de Rafael Pavlovich, pues en el juicio de amparo
principal, la justicia de la Unión les garantiza la propiedad sobre las tierras
y cualquier usufructo del material que
en ella se haya localizado en cualquier forma en el ocurso del litigio.
(DOSSIER
POLITICO/ Fernando Gutiérrez R. / 2016-06-24)
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