Que existen 11 resoluciones
judiciales en contra del acueducto Independencia, además del importante
peritaje antropológico, realizado por el Instituto de Antropología e Historia
en 2015, que propuso eliminar, cancelar o cerrar el acueducto, fue un aspecto central de la ponencia
presentada por el doctor José Luis Moreno, investigador de El Colegio de
Sonora, en las XI Jornadas Internacionales, Historia, Patrimonio y Frontera, el
pasado 4 de mayo en la ciudad de Tijuana.
Asimismo, señaló las
violaciones a la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitida
en mayo de 2013, documentadas en el texto Una sentencia fallida elaborado por
la Misión Civil de Observación en 2014, hizo
un recuento de los acontecimientos más importantes del conflicto en los
ámbitos social, legal, económico y político de 2010- a 2016 y planteó algunas
hipótesis sobre su desenvolvimiento futuro en su texto titulado “El acueducto
Independencia: seis años de conflicto”.
En su intervención en el
evento realizado por el Instituto de Investigaciones Históricas de la
Universidad Autónoma de Baja California, el doctor Moreno destacó las diversas
manifestaciones de rechazo a la obra, como plantones, marchas, bloqueos y las
dos caravanas de indígenas yaquis a la Ciudad de México, la detención y
encarcelamiento de los líderes yaquis Mario Luna y Fernando Jiménez, así como
las continuas amenazas y el hostigamiento a los miembros de la tribu,
documentados en un informe reciente de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos en marzo de 2016.
Comentó que el acueducto
funciona al 25 por ciento de su capacidad y el volumen de agua extraído a la
fecha es de 80 millones de metros cúbicos. Dijo, además, que el costo actual de
su operación no lo pagan todavía los consumidores de la ciudad de Hermosillo,
sino el gobierno del estado a través de la Comisión Estatal del Agua.
Describió los impactos
electorales que tuvo la obra del acueducto en los procesos de 2012 y 2015, y la
forma en que la contaminación del río Sonora ocurrida en agosto de 2014 se
vincula con el conflicto por el acueducto Independencia.
Por lo que se refiere al río
Sonora, resaltó los plantones, bloqueos y manifestaciones de la población
afectada, entre los que sobresalen la toma de la planta de rebombeo “Los
Patos”, de Buenavista del Cobre en Cananea, la detención de participantes en un
bloqueo carretero (enviados al penal de Nayarit) y las muertes no aclaradas de
una líder del Movimiento “Todos Unidos contra Grupo México” y de Carmen Pellat
Sotomayor, cronista de Arizpe.
Al final mencionó las
irregularidades identificadas en materia de impacto ambiental en diversas obras
construidas en las cuencas de los ríos Sonora y Yaqui como una presa en un
rancho del exgobernador del estado cerca de Bacanuchi, un ramal norte y una
planta potabilizadora en Hermosillo, una granja acuícola en el vaso de la presa
El Novillo y un desarrollo inmobiliario en el vaso de la presa Abelardo
Rodríguez.
Como hipótesis, José Luis
Moreno planteó que actualmente se está en la etapa del pre-conflicto, que se
agravará cuando se presenten los periodos de baja precipitación pluvial en
ambas cuencas, y que la propuesta de nueva Ley de Aguas Nacionales que se
discute en el Congreso de la Unión, es una amenaza seria para las comunidades
más vulnerables.
Apuntó que el interés de las
autoridades federales y estatales por presentar la obra del acueducto como un
hecho consumado y dar carpetazo institucional a la problemática del río Sonora
no resolverá las demandas y conflictos sociales, y que lo más probable es que
se mantengan y adquieran un nuevo impulso de cara a las elecciones de 2018.
(DOSSIER POLITICO/ TOMADO DE: REDACCION
/ COLSON/ 2016-05-27)
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