Las declaraciones de
militares, personal del C4 y del encargado de proteger las videograbaciones del
Palacio de Justicia de Iguala reveladas en la versión pública de la segunda
parte del expediente sobre la desaparición de los 43 estudiantes, explican cómo
se perdió evidencia considerada esencial por la PGR.
Un contingente numeroso acompaña a los
padres de los normalistas desaparecidos. Foto: Luis Barrón, SinEmbargo.
Ciudad de México, 13 de abril
(SinEmbargo).– Las declaraciones de militares del 27 Batallón destacamentado en
Iguala, Guerrero, encargados del Centro de Comunicaciones Cómputo y Comando de
Iguala (C4) y de la persona que tuvo acceso a las cámaras de videovigilancia
ubicadas en el Palacio de Justicia de Iguala dan cuenta de que la noche del 26
y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 hubo grabaciones importantes que se
perdieron por fallas en el equipo y copias de seguridad que protegieron en
DVD’s que, al final, simplemente se vieron en negro.
Los testimonios, contenidos
en la versión pública de la segunda parte del expediente de la Procuraduría
General de la República (PGR), también dan cuenta de que esa noche sólo
funcionaban cuatro de las 25 cámaras de seguridad que había en ese momento
instaladas en Iguala y que esa noche estuvo un elemento del municipio y un
militar del 27 Batallón en el C4 al pendiente del monitoreo de las cámaras en
buen estado.
La pérdida de evidencia en el
caso de los 43 normalistas desaparecidos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro
Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, fue reclamada por el Grupo Interdisciplinario
de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) el 17 de agosto de 2015.
“El GIEI ve con preocupación
la pérdida de pruebas en el caso. Específicamente ha informado a las
autoridades competentes de la PGR, la existencia en su momento de una
videograbación de la escena de la intervención policial que dio lugar a la
desaparición de un grupo de normalistas en el escenario de la salida de Iguala
cerca del Palacio de Justicia. Según testimonios proporcionados al Grupo,
dichos videos existieron y fueron enviados a la presidencia del tribunal. Sin
embargo, parece que tales registros videográficos fueron destruidos. Si esto se
confirma se habrían perdido para la investigación de los hechos. Esta cuestión
debe ser investigada de inmediato por la PGR”, dijo el grupo en ese ocasión.
En el Tomo 135 del expediente
del caso está la declaración de una persona que laboraba en ese momento en el
Palacio de Justicia de Iguala. Aunque su nombre y su puesto están tachados,
deja ver la responsabilidad que tenía a cargo de dos cámaras de seguridad que
grabaron el punto específico al que hizo referencia el GIEI.
El testigo afirma que vio las
grabaciones de la cámara número 15, en donde se observaban las luces de las
patrullas encendidas y que decidió pedir que la información fuera respaldada
por considerar que podría ser útil en el caso de los normalistas de Ayotzinapa.
La declaración ministerial
contenida entre las fojas 280-282, tomada en el Palacio de Justicia de Iguala
el 26 de agosto de 2015 (una semana después de que fue dada a conocer la
pérdida de evidencia por el GIEI) a una persona que laboraba en el sitio, da
cuenta de que las grabaciones de las cámaras de seguridad fueron revisadas en
el lapso de 15 días después de los hechos del 26 de septiembre, antes de que la
información fuera borrada.
“Por lo que al intentar
respaldar los videos en discos DVD del día 26 de septiembre de 2014 de las
cámaras 12 y 15 por considerar información tal vez importante, me percaté que
el DVR [dispositivo interactivo de grabación de televisión y video en formato
digital] de seguridad respaldó dicha información en un disco tipo DVD, los
cuales al intentar reproducirlos en una laptop me di cuenta que aparecía solo
la pantalla en color negro, como si el archivo estuviera dañado, situación que
yo atribuyo a que el disco duro del DVR tiene daños y presenta fallos por lo que
los consideré inservibles y los deseché. Cabe mencionar que si bien recuerdo
intenté hacer el respaldo aproximadamente cuatro o cinco veces con distintas
horas, para que sí se pudieran respaldar sin importar el peso del archivo en
relación a las horas, pero de la misma forma ninguno de los respaldos fue
viable. Lo anterior lo hice con la intención de rescatar la información por si
llegara a ser necesaria”, declara.
El testigo explica que al
enterarse en los noticieros de lo sucedido la noche del 26 de septiembre y de
que personal de intendencia del edificio le indicara que había vidrios rotos,
decidió revisar el contenido de las grabaciones de esa noche.
Así fue como llegó a la
cámara 15 a las 22:30 del 26 de septiembre, hora de la grabación, para observar
dos “camionetas de patrullas”. En la grabación de la misma cámara pero del 27 a
las cero horas, los vehículos seguían en el mismo lugar: “Es decir sobre la
carretera federal México-Acapulco, sin poder precisar en qué punto exacto ni en
qué sentido, puesto que por la oscuridad solo veía los destellos de las luces
rojas y azules, situación que me inquietó y decidí intentar respaldar la
información sin poder hacerlo”.
El agente del Ministerio Público sólo
hizo tres preguntas al testigo. Entre ellas si el respaldo de las grabaciones
del Palacio de Justicia podía hacerlo de forma discrecional, pero en ningún
momento se le cuestionó si al revisar los videos vio más escenas sobre lo
ocurrido esa noche frente al edificio.
LA IMPORTANCIA DE LAS CÁMARAS
Frente al Palacio de Justicia
pasó el quinto autobús que el GIEI sacó a la luz en el informe “Investigación y
primeras conclusiones de las desapariciones y homicidios de los normalistas de
Ayotzinapa”.
De acuerdo con el GIEI,
cuando el grupo le informó a la PGR que existía otro autobús, en base a un
video analizado de la central de autobuses, se tomó la declaración al chofer,
sin la presencia de los especialistas. Declaración que no coincide con la
narración ofrecida por normalistas sobrevivientes.
La versión de los normalistas
indica que el chofer del autobús pidió a los estudiantes detenerse para que una
mujer le entregara documentación y ropa que requería. Luego de esperar, el
autobús llegó a la salida de Iguala-Chilpancingo en donde ya había sido
detenido el autobús Estrella de Oro 1531, cerca del Palacio de Justicia (escena
que debió estar contenida en los videos que el grupo reveló como desaparecidos
en su informe pasado).
En ese punto, el quinto
autobús fue detenido por una patrulla de la Policía Federal y los jóvenes
fueron obligados a bajar y a huir a un cerro.
“Existen varias evidencias en
el C-4 de llamadas sobre movimientos de jóvenes en dicha zona y la colonia
Pajaritos y la colonia 24 de febrero que concuerdan totalmente con las declaraciones
de los normalistas y que fueron finalmente confirmadas ante la propia PGR en
declaración nuevamente rendida en julio de 2015”, establece el informe.
El documento revela que los
estudiantes que iban en ese autobús bajaron del cerro y caminaron por la
carretera, pero fueron perseguidos a balazos. Varios de ellos escaparon y se
resguardaron en una casa. La persecución se extendió durante horas.
LAS CUATRO CÁMARAS DE IGUALA
De acuerdo con la declaración
de un militar del 27 Batallón de Iguala, que consta en las fojas 292, 293 y 294
y que presentó sus servicios en el Centro de Comunicaciones Cómputo y Comando
de Iguala, el 26 de septiembre de 2014 sólo cuatro cámaras de vigilancia, de
las 25 que había instaladas en la entidad, funcionaban ese día.
El militar declaró el 26 de
agosto de 2015 que la noche de los hechos de Iguala se recibieron varios
reportes de los estudiantes arribando a la Central de Autobuses Estrella
Blanca, de las confrontaciones entre los normalistas y la Policía Municipal de
Iguala en las calles Altamirano y Álvarez y de una persona lesionada por arma
de fuego en la calle Juan N Álvarez.
El testigo da cuenta que
tuvieron reportes de personas heridas y muertas en la salida de
Iguala-Chilpancingo, en donde estaban involucrados un autobús de pasajeros, un
taxi y vehículos particulares.
De las cuatro cámaras que
funcionaban el militar indicó que no tenía acceso a las imágenes: “Cabe hacer
mención que la Policía Municipal que estuvo involucrada no subió reporte de los
acontecimientos del día 26 y 27 de septiembre de 2014; por esa razón yo no
sabía si los reportes que estaban haciendo eran ciertos o no, ya que cuando son
afirmativos de inmediato se suben”.
La declaración del militar
concluye sin que el agente del Ministerio Público le realizara preguntas para
ampliar la información proporcionada.
Otro de los testigos, un
miembro de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) declaró en la foja 307
del Tomo 135 que presta sus servicios en el área de video vigilancia de un
lugar cuyo nombre está tachado, en el cual confluyen la Policía Municipal,
Tránsito y la Sedena.
El 26 de septiembre, indicó,
sólo él se encontraba monitoreando las cámaras, pues como sucedía con
recurrencia, los encargados provenientes de las otras dos corporaciones, no
acudieron.
El testigo indica que recibió
una notificación por parte de un miembro de la Policía Estatal de que en la
central de autobuses se estaban “llevando unos autobuses”, pero la cámara de
seguridad ubicada cerca de la central camionera (cuya ubicación está tachada en
el expediente) estaba inservible desde hace meses.
Coincide con el militar que
asegura que sólo cuatro de las 25 cámaras de Iguala servían en ese momento y
asegura que con esas cuatro pudo ver varios movimientos de patrullas durante toda
la noche y que en específico en la que enfoca a periférico, sólo pudo ver que
el tránsito vehicular se detuvo, pero debido a la mala calidad de la imagen y a
la arboleda del lugar se pierde la calidad de la visibilidad de noche y el
color de las imágenes.
El testigo asegura que los
eventos de esa noche se le hicieron “ordinarios” y que los videos quedan
“guardados en el sistema de monitorio de mis cámaras de manera normal, así
mismo quiero puntualizar que esos videos quedan guardados en el sistema de monitorio,
teniendo un aproximado de siete días de vida”, concluye, sin que el agente del
Ministerio Público le haga preguntas sobre su declaración.
Padres de los normalistas realizaron en
febrero de 2015 una manifestación para exigir que se les permitiera la entrada
al 27 Batallón, para buscar a sus hijos. Foto: Cuartoscuro
LAS FOTOS EN EL HOSPITAL
En el Tomo 135 se incluye la
ampliación de declaración de militares del 27 Batallón, realizada el 26 de
agosto de 2015 –las primeras les fueron tomadas en diciembre de 2014–. En ellas
dan cuenta de que tomaron fotografías de los estudiantes e incluso que grabaron
la conferencia de prensa que improvisaron en Iguala la noche del 26 de
septiembre, luego de los primeros ataques.
Uno de ellos, cuya
declaración está contenida en las fojas 267 y 268 indica que tomó cuatro o
cinco fotografías en un punto donde había un autobús con estudiantes, todas del
mismo ángulo, a 150 metros de distancia del vehículo con los normalistas.
En las fotos había policías,
patrullas, la parte trasera del autobús. Las imágenes fueron descargadas de su
teléfono celular a su computadora personal y después las borró, debido a que no
las consideró importantes por ser de mala calidad.
El militar también declara
que tomó tres fotografías en el Hospital Cristina: a una persona herida del
labio y las otras dos panorámicas al resto de los estudiantes que se
encontraban “sentados en el pasillo principal”.
Otro de los militares indica
en su ampliación de declaración de la misma fecha en la foja 264 que ellos
grabaron un fragmento de la conferencia de prensa que los normalitas ofrecieron
en la calle Juan N. Álvarez, donde había dos cuerpos inertes.
“En relación a las tres
fotografías que fueron tomadas en el hospital antes mencionado, así como del
fragmento de la entrevista del estudiante que dio ante los medios de
comunicación ya señalados con anterioridad [aparecen tres líneas tachadas] son
los que descargaron las fotos y videos del teléfono celular, y yo sólo fui por
una copia”, declara.
(SINEMBARGO.MX/ SHAILA ROSAGEL/ ABRIL 13, 2016 - 12:03 AM)
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