Luego de casi 12 días sin
laborar un grupo de jornaleros agrícolas, acompañados de la familia Chávez y
abogados de éstos, se manifestaron este viernes 29 de abril en el Centro de
Gobierno para exigir seguridad a las autoridades estatales tras el conflicto
ejidal que existe en el cañón San Rafael, en Punta Colonet, municipio de
Ensenada.
Los afectados pidieron una
audiencia con el subsecretario de gobierno del estado Miguel Ángel Castillo
Escalante, y el subprocurador de Justicia Marco Chavarría López, a quien
solicitaron que despejen los caminos bloqueados por 60 hombres armados con
machetes y palos que fueron contratados por la Agrícola Colonet, para
resguardar un predio en litigio.
El lunes 18 de abril unos 75
policías ministeriales usaron la fuerza pública para ejecutar una orden de un
juez referente a un juicio de restitución.
Ese día los oficiales
arribaron al Rancho Hermanos Chávez, propiedad de la señora Olga viuda de
Chávez, para romper candados y abrir un acceso de ocho metros.
Como hubo resistencia por
parte de la familia, los ministeriales usaron balas de goma y golpearon a
mujeres delante de niños.
Una vez abierto el paso, el
abogado de Agrícola Colonet de apellido Álvarez ingresó con trabajadores para
colocar otro cerco en un perímetro de 90 hectáreas mismas que hasta octubre
habían sido rentadas por el propietario de la Agrícola Colonet del empresario
Arnulfo Martínez Silva.
El problema de inseguridad
inició cuando la Policía Ministerial se retiró porque una vez que abrieron el
cerco, los 60 hombres levantaron un campamento dentro de un camino vecinal.
Pusieron piedras, camiones y palos.
Al momento son alrededor de
diez empresas que no pueden ingresar a sus áreas de producción porque la vía
está bloqueada.
Aseguran que estos días, los
sujetos han estado consumiendo drogas, alcohol y siempre están armados.
Los jornaleros agrícolas
pertenecientes a las agrícolas afectadas expresaron su preocupación porque han perdido
su fuente de trabajo al no poder entrar a la zona de producción y este viernes
imploraron a la autoridad estatal para que despejen el área a fin de que les
permitan laborar.
Finalmente Chavarría López y
Castillo Escalante, se deslindaron de responsabilidad pero tras los argumentos
de los manifestantes optaron escucharlos sin hacer compromisos firmes sobre
despejar la vía.
Los inconformes advirtieron
que si la autoridad sigue omisa ante el problema de inseguridad harán justicia
por su propia mano.
“Ustedes son preventivos del delito, nosotros
podemos actuar pero no hemos querido porque somos personas decentes pero si no
nos dejan otra opción tendremos que defendernos”, indicó el representante legal
de apellido Zavala.
(SEMANARIO ZETA/ LORENA LAMAS /VIERNES,
29 ABRIL, 2016 07:25 PM)
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