Cifras de la CNDH indican que en 2015
casi 5 mil niños y adolescentes estaban recluidos en centros de reinserción
social que operan con las mismas reglas que las prisiones para adultos
El niño sicario conocido como 'El
Ponchis'
El Universal.- A los 17 años, Jesús CH fue reclutado por un
grupo delictivo que operaba en Nuevo León. La primera labor que le encomendaron
fue cuidar a un grupo de personas secuestradas, pero su actuación en las filas
del crimen organizado no duró ni un año.
En 2011 fue detenido tras un
operativo del Ejército mexicano en una casa se seguridad. Por su edad, fue
condenado a seis años de prisión en un centro para menores infractores
localizado en Escobedo, Nuevo León.
Estadísticas de la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) señalan que 4 mil 743 niños y
adolescentes se encontraban en la misma situación que Jesús durante 2015. De
ese grupo, 4 mil 448 eran hombres infractores y sólo 286 eran mujeres.
Las CNDH señala que los
menores infractores están distribuidos en 56 centros tutelares, prisiones para
niños y adolescentes que operan con las mismas reglas que las prisiones para
adultos, sin que existan cuerpos especializados para atender a esta población.
El asunto se agrava para las
mujeres: sólo existen cuatro centros especializados para ellas en todo el país,
37 de los centros para menores infractores son mixtos, exponiendo a las niñas y
adolescentes a la violencia de género, y 15 más son exclusivos para varones.
El director general de la
organización Renace, Seguridad y Justicia, Martín Sánchez Bocanegra, señala que
la falta de una ley especializada, provoca que al menos 80% de los menores que
ingresan a las llamadas “correccionales” no logren reinsertarse a la sociedad
ni corregir su rumbo de vida.
Eso significa que de los 4
mil 743 menores que están procesados en el actual sistema de justicia para
adolescentes, 3 mil 787 podrían a delinquir y regresar a la cárcel cuando sean
adultos. Pero no ha sido el caso de Jesús.
Privado de su libertad, el
joven optó por estudiar, concluyó la secundaria, trabajaba en la cocina del
centro para menores, aprendió diversos oficios y comenzó a estudiar el nivel
bachillerato, por lo que un grupo de abogados pertenecientes a Renace intervino
en su favor en 2015.
Con apoyo jurídico de esa
organización civil especializada en la reinserción social, jueces
especializados de Nuevo León le modificaron la pena privativa de la libertad
por un tratamiento en libertad o medida cautelar fuera del centro para menores.
A sus 22 años, Jesús está a
punto de concluir su bachillerato abierto, tiene planes de estudiar una
licenciatura en Gastronomía o Ciencias Políticas y cuenta con un empleo formal
como ayudante general en una empresa de maquinaria. Un factor a su favor es que
su familia lo siguió apoyando, al igual que el seguimiento y supervisión de los
abogados de Renace.
Jesús forma parte de ese 20%
de los niños y adolescentes que se reincorporan a la sociedad, pertenece a un
grupo selecto de 947 adultos que tras cometer el error de delinquir durante su
infancia no lo volverán a hacer.
Esa cifra, señala Sánchez
Bocanegra, sería significativamente más alta si antes del 18 de junio de 2018
entra en vigor una ley adecuada para atención a los menores infractores, que
debe cumplir con estándares internacionales en materia de derechos humanos.
“Hasta 80% de los menores
infractores no tenían oportunidad de reinserción social, lo que significaba que
se quedaban sin estudio, no tenían buena capacitación para el trabajo, y lo que
pasaba después de que abandonaban el internamiento es que tenían actividades
muy marginales, de muy bajo ingreso y podían verse envueltos en otros delitos,
por lo que podían ir al sistema de adultos. Estamos hablando de que era nula su
reinserción”, explicó.
EL “MITO” DEL CRIMEN ORGANIZADO
Con el recrudecimiento de la
violencia en México, surgieron denuncias de que el crimen organizado había
comenzado a reclutar a niños y adolescentes para contar con carne de cañón que
no pudiera ir a la cárcel, pero las cifras que reporta la CNDH sobre menores
vinculados con delitos federales señalan una realidad distinta.
El organismo indica que de
los 4 mil 734 menores infractores que estaban internados en 2015, sólo 296
fueron procesados por ilícitos del fuero federal. Quienes son detenidos por
delitos contra la salud y secuestro representan 20%, según el estudio
“Diagóstico de las y los adolescentes que cometen delitos graves en México”,
elaborado por Elena Azaola, del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores
(Ciesas).
Los otros 4 mil 438 fueron
detenidos y privados de su libertad por incurrir en delitos del fuero común
como robo, robo con violencia, portación de armas, homicidio y robo de
vehículo.
El director de Renace, Martín
Sánchez, reconoce que en estados con mayor presencia del crimen organizado como
Sinaloa, Tamaulipas y Michoacán, también hay un incremento en el número de
menores que se incorporan a los grupos delictivos, pero afirma que se trata de
un aumento proporcional que es mucho menor a lo que se cree por el impacto
mediático que han tenido casos como el del “niño sicario” de Morelos, “El
Ponchis”.
“En Michoacán, Tamaulipas y
Sinaloa se mantiene la misma incidencia que a nivel nacional: 80% de los casos
de menores infractores son por delitos del fuero común, predominan el robo y el
robo con violencia; sólo un porcentaje reducido es por delincuencia organizada.
Sí hay aumento en homicidio y delincuencia organizada en adolescentes, pero no
es excesivo: si a nivel de adultos la delincuencia crece en 10%, en menores
sube 5%”, puntualizó.
Reveló que en el caso de
Nuevo León actualmente sólo hay 20 menores de edad que fueron detenidos con el
auge de grupos delictivos como “Los Zetas” y el “Cártel del Golfo”, mismos que
están terminando sus condenas y que hoy están en proceso de reinserción social,
como fue el caso del propio Jesús.
Sánchez Bocanegra cuestionó
cuál sería el presente de Jesús si hubiera quedado expuesto como “El Ponchis” o
si se le hubiera negado la oportunidad de acceder a un sistema de reinserción
social. “Sí puede ser que un adolescente cuando se ve involucrado en un delito
violento sea más impulsivo y menos pensante, eso pasa, pero no hay que
generalizar que los jóvenes están fascinados con la delincuencia organizada.
Estos casos jalan mucha atención
de los medios, pero se da poca importancia a los que se reintegran a la
sociedad y que ahora son un ejemplo de vida”.
Uno de los aspectos que la
nueva ley de justicia para adolescentes debe cambiar es la creación de cuerpos
especializados de custodios para menores, pues actualmente los centros para
menores son atendidos por custodios que a menudo recurrían al uso excesivo de
la fuerza y que eran enviados desde los centros penitenciarios para adultos a
manera de castigo, puesto que en el sistema para menores los ascensos eran
menos comunes.
“En el viejo sistema era muy
frecuente controlar a los menores con tratos agresivos y en esa mala formación
de los servidores públicos el abuso era muy frecuente, sobre todo físico, y
recluirlos en celdas o lugares de castigo, pero también mantenerlos en una sola
posición durante mucho tiempo”.
Con el nuevo sistema se busca
una nueva regulación para los centros de internamiento y para el personal que
trabaja en ellos, desde los custodios hasta sicólogos, trabajadores sociales y
criminólogos, con una certificación distinta para evitar abusos.
“Nos debe quedar claro que un
sistema de justicia no debe ser nunca un sistema de venganza, si es un sistema
de venganza social quedaríamos destruidos como sociedad. El sistema de justicia
debe resarcir el daño, trabajar en la justicia restaurativa y entender que la
delincuencia es producto de nuestra propia sociedad, por lo que nos corresponde
a todos enfrentar este problema. A “El Ponchis” no lo mandaron de Marte, no
apareció de la nada, es producto de un mal funcionamiento social”, considera.
(EL DEBATE/REDACCION/ 30 DE ABRIL 2016)
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