Un grupo de 75 agentes y ministerios públicos
de la PGJE de Baja California desalojaron con lujo de violencia a un grupo de
ciudadanos para ejecutar la orden de un juez en un rancho de Punta Colonet. Uno
de los residentes de la zona resultó con lesiones en el estómago por el impacto
de bala de goma. El empresario Arnulfo Silva logró que un juez le adjudicara un
terreno propiedad de la familia Chávez en cinco meses
Para ejecutar un juicio de
restitución, un grupo de 75 agentes ministeriales del Estado, armados,
encapuchados y con equipo antimotines, a bordo de 37 camionetas, llegaron al
rancho Hermanos Chávez donde hicieron uso de la fuerza pública en contra de
residentes de la zona, para que les permitieran el ingreso a la superficie en
disputa. Se trata de un pleito judicial que inició en octubre de 2015, en el
Ejido Benito Juárez de la delegación de Punta Colonet, a unos 200 kilómetros al
sur de Ensenada, cuando el dueño de la empresa Agrícola Colonet, S.A. de C.V., Arnulfo Silva Martínez, inició un juicio para
posesionarse de un predio colindante a
su propiedad de casi 90 hectáreas, superficie que el padre de la familia Chávez
le rentó por más de 16 años hasta que falleció.
El lunes 18 de abril, el
contingente de ministeriales arribó al rancho Hermanos Chávez con una medida
provisional para que la familia concediera un acceso a los terrenos que dijeron
eran ya de Arnulfo Silva.
Dentro del predio había unos
diez adultos y cinco menores de edad, y según denunciaron los afectados
-quienes filmaron video de los hechos-, los agentes actuaron con violencia.
Entre palabras altisonantes y
jaloneos se enfrentaron los residentes del predio, miembros de la familia
Chávez.
Detallaron los quejosos que
en medio del altercado los ministeriales sacaron armas con las cuales
dispararon balas de goma, y un hombre resultó herido, lo mismo que una mujer a
quien le provocaron hematomas en el brazo izquierdo.
Otros tres hombres fueron
detenidos por los agentes con el argumento de que obstaculizaban el trabajo de
los agentes estatales.
Una vez que los ministeriales
lograron ingresar, el abogado de la empresa Agrícola Colonet, de apellido
Álvarez, llevó personal para que de inmediato cercaran la fracción de terreno
que consiguió ganarle a los Chávez en un juicio que duró alrededor de cinco
meses.
Aunque la familia tiene
planos, escrituras y otros documentos para acreditar la propiedad que según el
juez fueron insuficientes ante un juicio “posesión” interpuesto por el rentero,
Arnulfo Silva.
Al mismo tiempo que colocaron
el cerco, arribó al lugar un camión lleno de trabajadores del campo que inició
un bloqueo con vehículos, así como rocas en el camino vecinal hacia el rancho
del cañón de San Rafael.
ZETA habló con otros
empresarios agrícolas que tienen sus siembras en la zona y que desde el lunes
no han podido entrar a sus áreas de cultivos.
Los agentes estatales ya no
regresaron al lugar, pero tampoco la autoridad municipal o federal han actuado
con quienes se encuentran bloqueando las vías de comunicación.
Las familias están temerosas
de que quienes mantienen campamentos puedan usar la violencia. En este caso,
hay dos averiguaciones previas abierta por el Ministerio Público del Fuero
Común, una por obstrucción de paso que
se interpuso el jueves 21 de abril en la Procuraduría General de Justicia del
Estado (PGJE), y otra interpuesta por lesiones con número 2504/2016/AV.
GOLPES Y SOMETIMIENTO EN VIDEO
Durante el operativo la
familia pidió al abogado Álvarez que presentara los planos y escrituras donde
se compruebe que las tierras son de otros dueños, pero no fueron mostradas.
Hay un video del mismo donde
se ve cómo los agentes estatales encañonan a la familia, con excesiva fuerza
los empujan para después golpearlos.
Se pueden escuchar los gritos
de los niños y las quejas de frustración de las mujeres, quienes en repetidas
ocasiones exclaman que era “injusto”.
Entre lágrimas piden a los
oficiales que se retiren porque es su patrimonio, pero los lamentos son
ignorados.
Acto seguido llega el abogado
de Martínez Silva, de apellido Álvarez,
quien arremete contra una de las afectadas, asegurando que estaban advertidos
de que les iban a pelear una parte del terreno.
“Yo les dije que estaban muy
mal asesorados por sus abogados”, les recriminó.
La versión de la familia es
que Arnulfo Silva rentó durante 15 años una fracción de terreno para uso
agrícola, en ese tiempo construyó un almacén, instaló tuberías de agua
subterráneas y adecuó espacios para que el negocio funcionara.
Una vez concluido el
contrato, la heredera decidió aumentar el precio de la renta mensual que se
calcula era de 6 mil pesos, pero el arrendador se negó a pagar más, la nueva
dueña le dijo que entonces ya no le rentarían y él les anunció que entonces
iniciaría un proceso de restitución de tierras, lo que hizo en octubre de 2015.
Por otro lado, fuentes
extraoficiales informaron que el problema también deriva de que el dueño del
terreno, quien falleció hace dos años, recibió en vida un dinero de renta por
adelantado por parte de Arnulfo.
Tras la muerte del
propietario promovió un juicio para apropiarse de una porción de tierra que él
considera es el porcentaje del adeudo, “… se está cobrando a lo chino”.
EL JUEZ ORDENÓ…
Sobre el operativo, el
subprocurador de Justicia de Zona Ensenada, Marco Chavarría López, negó que haya
sido sobornado por parte de Agrícola Colonet, como aseguran los familiares,
porque consideraron excesivo el uso de la fuerza pública para someter a unas
cuantas personas.
Explicó que se trata de la
orden de un juez y defendió la investigación que realizan sus oficiales:
“Es un asunto que tiene ya
cinco meses, se llevó a cabo una integración, se desahogaron testimoniales, se
llevaron a cabo periciales y en dado momento quien se siente ofendido es un
poseedor del inmueble que fue rentado, y el juez ordenó la restitución de ese
inmueble”.
Agregó que el juez de
Distrito determinó negar el juicio de amparo y, con base a la negativa, el
ofendido -Arnulfo- insistió en que se llevara a cabo la restitución.
“Hace tres meses se procedió
a realizar la restitución, pero hubo un juicio de amparo que impedía al
Ministerio Público ejecutar la restitución, aparejado a éste se promovió otro
juicio de amparo, de otra persona distinta que estaban llevando los mismos
actos de restitución”, detalló el subprocurador.
Mencionó que antes del 18 de
abril- día del enfrentamiento- , ya había enviado a ocho agentes de la Policía
Ministerial para que complementaran la orden, pero los residentes se opusieron
y derivado de las condiciones de seguridad, sus agentes no pudieron llevar a cabo
la acción.
“Y se volvió a intentar con mayor número de
agentes -75-”, estimó.
Marco Chavarría agregó que
una de las indiciadas ya compareció ante el Ministerio Público para rendir su
declaración, pero aún hay otros dos a los que el juez de Distrito les ordenó
presentarse, pero no lo han hecho. No obstante, “están enterados que hay una
investigación”, puntualizó.
Qué es Agrícola Colonet
Arnulfo Silva Martínez es un empresario relacionado con Agrícola Colonet,
entidad dedicada a la producción de hortalizas desde hace 35 años, arrendaba
una propiedad del rancho de la familia Chávez, de la que es colindante.
Es una de las empresas más
importantes que cuenta con campamentos de trabajadores, invernaderos de alta
tecnología. La mayoría de su producción es para exportación.
(SEMANARIO ZETA/ FOTOS: CORTESÍA/ LORENA
LAMAS LUNES, 25 ABRIL, 2016 02:37 PM)
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