CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).-
Empresarios de la Comarca Lagunera de Durango y Coahuila se oponen a que el
Cefereso Número 14 CPS Durango, recién establecido en esta región, albergue a
secuestradores. Temen que se eleven los secuestros en la zona, ya que los
criminales siguen operando desde los reclusorios.
Presentado por el titular de
la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), Renato Sales Heredia, como un penal
que “cubre la más alta seguridad y tecnología”, ellos insisten en “el alto
nivel de corrupción en todos los niveles del sistema penitenciario”.
Agustín Arellano Saucedo,
presidente del Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada, y Eugenio Treviño,
presidente de Cámara Nacional de la Industria de la Transformación en Torreón,
así como seis regidores del PAN de Gómez Palacio, Durango, encabezados por el
coordinador de la fracción, Oswaldo Santibáñez, presentaron al cabildo un punto
de acuerdo para impedir que los secuestradores se concentren en ese penal.
Arellano solicita que en el
CPS Durango se concentré a los reos de los municipios laguneros que fueron
trasladados al Cereso de la ciudad de Durango. El dirigente empresarial dice
que resulta muy caro a sus familiares sufragar los viajes para visitarlos.
El pasado 19 de enero, la CNS
informó que a partir de ese mes, “todos los internos en el Sistema
Penitenciario Federal por la comisión de este delito se concentrarán en dicho
Centro. Así se pretende eliminar la posibilidad de que los grupos dedicados a
sustraer a una persona para privarla ilegalmente de la libertad, continúen
operando y generando inercias nocivas para el resto de la población en
reclusión. El centro posee avanzados sistemas tecnológicos que garantizan la
seguridad y el monitoreo constante de las actividades de la población interna”.
Treviño, por su parte,
advierte sobre el riesgo de que se concentre a todos los secuestradores del
país en ese penal: “Estamos pidiendo que al menos a los del sur no los
trasladen para acá. Si concentras a todos aquí, se va a volver una universidad
del secuestro”.
Y agrega: “Van a venir otras
personas a establecerse a la Laguna, desde sus familiares hasta los socios que
no agarraron. Además, lo que ellos saben hacer es secuestrar; y cuando queden
libres, sin dinero, van a dedicarse al secuestro y lo van a hacer en La Laguna.
“El problema es que el
secuestro es un delito, silencioso porque nadie lo denuncia, o se hace en muy
baja escala, por lo que se desconocen las estadísticas exactas. Hace cuatro
años tuvimos problemas, apenas estamos saliendo porque los delitos que se
registran actualmente son del fuero común, los de alto impacto son muy pocos,
estamos retomando la estabilidad.
“En La Laguna, hace un par de
años, tuvimos grupos armados, secuestros, matanzas de alto impacto. Sabemos que
esos delincuentes ya salieron de La Laguna; era cuando la disputa entre Los
Zetas y (el Cártel de) Sinaloa”.
Los empresarios tuvieron un
encuentro con Ricardo Rebollo, Flor Rentería y Refugio Sandoval, diputados
federales de La Laguna, para discutir sobre un posible encuentro con el
secretario de Gobernación, Migue Ángel Osorio Chong, y con el comisionado Sales
Heredia.
“Nos preocupa ese Cefereso
porque ya tuvimos un problema con el Cereso de Gómez Palacio, pues la directora
del penal dejaba salir a los reos durante la noche sólo para delinquir. Salían
a ejecutar sus crímenes y regresaban a dormir”, recuerda Treviño.
–Según Sales Heredia, al
concentrar a los secuestradores se evitará la contaminación de los otros reos
–se le comenta al empresario.
–Nuestra percepción es que a
quienes están empezando y los agarran, van a aprender de quienes tienen mucho
tiempo en el negocio. El CPS Durango se volverá una escuela del crimen. En
Gómez Palacio no hay policía municipal desde hace cuatro años; las funciones
preventivas están en manos de los militares. Tú sabes que los soldados se
mueven lento, esperan órdenes para actuar.
–Pero el comisionado insiste
en que esta medida evita la contaminación criminógena.
–Eso dicen de todos los
Ceresos. Pero la realidad es que se siguen recibiendo llamadas de extorsión de
personas que, por su acento, sabemos que son del sur del país. El Cereso está
en la salida de Gómez Palacio, y en el pueblo cercano de Máximo, las familias
de los presos ya están rentando casas para quedarse a vivir.
“Y aunque este Cefereso fue
construido por gente de La Laguna que maneja todas las normas internacionales,
e incluso certificado por Estados Unidos, su punto débil es la corrupción. Ese
es nuestro miedo.”
MALESTAR GENERALIZADO
Los empresarios no son los
únicos que han protestado. El panista Osvaldo Santibáñez, regidor en el
municipio de Gómez Palacio, expone que la región aún no se repone de la
inseguridad.
“Los tres municipios
duranguenses estamos bajo el mando único del Ejército. Eso nos habla de que las
cosas aún no están bien. Son los estragos que en el 2010 dejó la mala operación
del Cereso de Gómez Palacio, cuando la directora Margarita Rojas Rodríguez
permitía que un grupo de presos saliera por las noches a cometer ajustes de
cuenta con bandas rivales”.
Desde entonces la Policía
Municipal fue desmantelada. Y como los policías municipales estaban al servicio
de los malhechores, el Ejército tomó el mando. En Gómez Palacio la contratación
de policías se inició hace tres meses. Se necesitan 400, dice, apenas hay 100.
Mientras, los delitos del fuero común, como los asaltos y robos a casas
habitación, están desbordados.
“Analice cómo han
evolucionado los municipios en donde han instalado penales de alta seguridad
–dice a la reportera–. El Altiplano, que tiene capacidad para 800 reos, por
ejemplo, recibió 36 mil vistas en 2008, incluidos familiares, amigos, abogados
y presuntos cómplices de los internos.
“Si se hace un comparativo,
en el penal federal de Gómez Palacio, con capacidad para 2 mil 500 reos,
estaríamos recibiendo 86 mil personas en un año ¡Es demasiado!”
Dice que es una sinrazón
concentrar a todos los secuestradores, cuando uno de los principales problemas
que han agobiado a la región es precisamente ese delito. “Tenemos empresarios
lecheros, metalúrgicos, una diversidad de inversión. Yo haría un paralelismo:
es como si el gobierno federal decidiera enviar a todos los sentenciados por
narcotráfico al penal de Culiacán”, comenta.
Y aun cuando los alcaldes
comentan que habrá una derrama económica, el turismo penitenciario es el menos
deseado por los municipios.
La reportera pregunta a Edna
Jaime, de la organización no gubernamental México Evalúa, sobre el sistema
penitenciario.
“Por lo general –responde– en
las cárceles de México se violan sistemáticamente los derechos humanos; en
algunos incluso existe el autogobierno. En resumidas cuentas, son un desastre.
“El problema es enorme y
tenemos que replantearlo. Lo que está de por medio son vidas de sentenciados,
quienes incluso privados de su libertad conservan la mayoría de sus derechos y
el Estado mexicano está obligado a velar y garantizar esos derechos. No lo ha
hecho.
“El gobierno federal está
presionado por el apoyo que recibe por medio de la Iniciativa Mérida, a través
de la ACA, organización que establece estándares básicos para certificar los
penales. Esto está moldeando la política penitenciaria mexicana.”
Orlando Camacho, de la
organización SOS, presidida por Alejandro Martí, la secunda: “El tema no es
tanto separar o no a los secuestradores. El tema es de origen. De nada servirá
un área exclusiva para secuestradores si el control del penal lo siguen teniendo
delincuentes, si hay un cogobierno o corrupción de la propia autoridad”.
El asunto es más profundo:
“Pueden tener un área exclusiva para cada tipo de delincuentes, pueden dividir
a los diferentes brazos armados o modificar sus horarios siempre y cuando hayan
tomado una decisión férrea de reformar íntegramente al penal. Si no es así,
nada sirve, sólo es un parche”.
Asegura que los pernales
pueden ser de la más alta tecnología, pero la fuga de Joaquín Guzmán Loera, El
Chapo, demostró que pese al monitoreo, él se evadió debido a la corrupción; y
la madre de la corrupción es la impunidad.
(PROCESO/ REPORTAJE ESPECIAL/ PATRICIA
DÁVILA/ 14 MARZO, 2016)
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