El priista Héctor Murguía Lardizábal va
por su tercera vez por la Alcaldía de Ciudad Juárez, Chihuahua. Sus dos
anteriores administraciones han quedado marcados por la sospecha del narco. Su
nueva postulación, dicen especialistas, muestra la decadencia de la política en
el país.
Ciudad de México, 23 de marzo
(SinEmbargo).— El priista Héctor Murguía Lardizábal justificó que, en el último
año de su primera gestión como Alcalde de Juárez, hubiera nombrado a un jefe
policiaco que después fue detenido por narcotráfico con el argumento de que no
tenía una “bola de cristal” que le revelara este vínculo. Era marzo de 2010, el
año más violento en la historia de aquella frontera, y “Teto” Murguía respondía
así a los cuestionamientos sobre Saulo Reyes Gamboa, un joven empresario,
director de la Policía Municipal hasta octubre de 2007 y que, enero de 2008,
días antes del inicio del estallido de homicidios, fue detenido en El Paso,
Texas, por tratar de organizar el cruce de un cargamento de drogas.
“Dije claramente por qué la
infiltración de la policía, que no era labor de mi administración (…) que era
una respuesta a décadas de no haber hecho lo que debimos haber hecho, ¿Por qué?
Porque no tenía los recursos”, dijo Murguía en entrevista con El Diario.
“Teto” estaba en ese momento
en su segunda campaña como candidato del Partido Revolucionario Institucional
(PRI) a la Alcaldía de Juárez. El PRI lo había propuesto para otro mandato aun
cuando en el primero –de 2004 a 2007–, de acuerdo con su sucesor José Reyes
Ferriz, había dejado la Policía Municipal con tal grado de infiltración
criminal que los agentes, en patrullas, “iban y levantaban” personas para
matarlas.
“Nosotros recibimos una
Policía que estaba desde sus más altos mandos en situaciones de infiltración
por la delincuencia organizada; lo vimos con la detención del ex director de la
Policía en los Estados Unidos; sabemos que hay infiltración al interior, en
mandos y en las áreas operativas de la Policía”, insistió Reyes Ferriz desde
agosto de 2008.
Esta descomposición entre los
cuerpos de seguridad, agregó el Alcalde en un foro en octubre de ese mismo año,
“desató la peor crisis delictiva de que se tenga memoria”.
Saulo Reyes no fue el único
integrante de la Policía de la administración de Murguía vinculado con el
crimen organizado.
También en 2010 fue
sentenciado en Estados Unidos el ex agente municipal Jesús Fierro Méndez, ex
integrante de una unidad policiaca antinarcóticos y, al mismo tiempo, operador
de la delincuencia organizada.
“Mientras Fierro Méndez
supervisaba la transportación y distribución de cocaína, también servía como
oficial de policía en la unidad Puma –una unidad antinarcóticos dentro de la
corporación”, reportó la Agencia Antidrogas Estadounidense (DEA, por sus siglas
en inglés) el 19 de junio de 2010.
“Entre finales de 2006 y
agosto 29 de 2007, la organización de Fierro Méndez transportó aproximadamente
cinco kilogramos de cocaína por semana de Ciudad Juárez a El Paso, antes de
arribar a Indianápolis para su comercialización doméstica”, agregó el boletín
oficial.
Héctor Murguía en 2013, durante su
segundo periodo como Alcalde, en los festejos del Día del Niño. Foto: Twitter:
@teto_murguia
Pese a los antecedentes, y
con una participación en los comicios de menos de un 40 por ciento del padrón
electoral, “Teto” ganó en 2010 la elección para gobernar Juárez hasta 2013.
Fueron los años de la
presunta recuperación de Juárez, cuando el Alcalde nombró al teniente coronel
Julián Leyzaola al frente de la Secretaria de Seguridad Pública y la
corporación municipal suplió a militares y policías federales en el lugar de
los principales violadores de los derechos humanos. Hasta 321 mil personas, de
acuerdo con El Diario, fueron detenidas en esa administración por agentes
locales. Cuatro policías de élite, además, fueron procesados y sentenciados por
la desaparición forzada de cuatro jóvenes en 2011.
Murguía no es el primer
Alcalde juarense cuya Policía Municipal se vincula con diferentes crímenes y
con el narcotráfico, pero sí es el único a quien esto le ha ocurrido dos veces,
y en menos de diez años. La primera, además, meses antes de que iniciara lo que
autoridades han descrito como una disputa por el control del narcotráfico que
dejó miles de homicidios.
Aun así, el pasado 22 de
diciembre de 2015, Murguía fue nombrado por la dirigencia nacional tricolor
como candidato a Alcalde de Juárez por tercera ocasión, luego de que, como
otros ocho priistas, perdiera la nominación para la gubernatura que fue
asignada al Alcalde juarense saliente, Enrique Serrano, identificado como el
“delfín” del Gobernador César Duarte Jáquez.
La designación hecha para la
frontera fue considerada por representantes de la sociedad civil como síntoma
de la “decadencia” política que vive México y de la apuesta priista, dijo el
académico de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Hernán Ortiz, de ganar
entre la población que vende sus votos no sólo por despensa, sino incluso por
“entretenimiento o por bailar una cumbia”.
La apuesta, agregó Ortiz, es
también por la “desmemoria” y la apatía de una ciudad en la que vota menos del
cuarenta por ciento del padrón electoral y que –con alternancia desde 1983– ve
a todos los partidos como corruptos.
“Hay una vinculación directa
entre el narcotráfico y uno de sus operadores en la Policía Municipal, y en la
más reciente de sus administraciones, con Leyzoala, hubo infinidad de
violaciones a los derechos humanos”, resumió Sergio Meza, director ejecutivo de
la organización Plan Estratégico.
“Entonces, que se postule por
tercera ocasión nos habla de un sistema político en total decadencia, en el que
incluso los mismos priistas están en desacuerdo”, agregó.
Un conductor de noticieros e
hijo de un empresario televisivo cercano al priismo empezó la búsqueda del
registro de su candidatura como independiente y, de acuerdo con columnas
periodísticas, cuenta con el apoyo de empresarios priistas juarenses que hace
años participan en política y que se sintieron marginados con los
nombramientos.
Un día después de que
venciera el plazo de recolección de firmas para el registro, sin embargo, el
conductor-candidato, Armando Cabada Alvídrez, fue sujeto de un mensaje escrito
en una manta que, al estilo del crimen organizado, lo acusó a él y a su esposa
de “robar al cártel”.
El mensaje, firmado por los
“socios de Farfán”, obligó a Cabada a confirmar en conferencia de prensa que,
antes de casarse con él, su esposa contrajo matrimonio con Joel Farfán Carreño,
detenido en 2005 en España por cargos de narcotráfico.
En la conferencia, de acuerdo
con lo que reportaron los medios, si bien el precandidato declinó identificar
por nombre a quien consideraba autor del mensaje, agregó que se trataba de
alguien que quería “judicializar” su campaña.
Una solicitud de entrevista
con Murguía hecha a su equipo de campaña no había sido respondida al cierra de
esta información.
GASTOS Y “AUTORITARISMO”
El ahora candidato con el Gobernador de
Banxico, Agustín Carstens; el mandatario chihuahuense, César Duarte, y Dionisio
Meade. Foto: Twitter @teto_murguia
Dos administraciones con
policías señalados por cometer crímenes no son el único legado de Murguía al
municipio de Juárez.
Otro es el gasto cercano a
los 900 millones de pesos, o casi un tercio del presupuesto anual de la ciudad,
en la construcción de una vialidad que pasa por un terreno que era suyo y que
hoy es de su cuñado y socio, así como del empresario al que su administración
asignó la obra.
Otra es la omisión del pago
de más de medio millón de pesos por concepto de predial, la mitad de ellos
evadidos incluso a su propio Gobierno, al que no reportó la construcción de una
plaza comercial en un terreno que por años declaró como baldío.
Uno más, dice Mesa, es el
“autoritarismo” con el que resistió y trató de acallar las críticas ciudadanas,
como cuando en 2012 la organización Plan Estratégico presentó un informe
cuestionando el trabajo de los regidores y, después, sus oficinas fueron
saqueadas.
“Es uno de los personajes mas
antidemocráticos que haya conocido la ciudad”, dice Mesa. “Es una imposición el
que él sea elegido por el 15 por ciento del padrón electoral; por el voto
duro”, agrega.
Y lo que está en juego,
explica, es el futuro de una ciudad en la que permanecen intactas las causas de
la violencia, como la corrupción y la pobreza, por lo que “cualquier desajuste
entre las bandas criminales” podría acabar con una presunta pacificación
sostenida “con alfileres”.
“Ahorita la seguridad en los
siguientes años depende de estas elecciones porque con ellas hemos visto que se
han acomodado las cosas”, dice Mesa.
“La seguridad en Juárez no
depende de una acción eficiente del Estado; responderá a otras situaciones,
pero el nivel de corrupción, la gran impunidad siguen ahí, el sistema judicial
es controlado por el Gobernador, el aparato legislativo también (…) No ha cambiado
el fondo de las cosas; entonces, cualquier desajuste entre bandas criminales,
afectará todo”, agrega.
(SIN EMBARGO.MX/ SANDRA RODRÍGUEZ NIETO
/MARZO 23, 2016- 00:04H)
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