Anabel tenía 32 años de edad. Era madre
de un bebé recién nacido y de otro niño de aproximadamente cuatro años. Llevaba
más de seis años ejerciendo como periodista. Formó parte del periódico El Mundo
de Orizaba, después trabajó para el diario El Buen Tono. Al momento de su
secuestro y asesinato laboraba en El Sol de Orizaba.
Anabel llevaba más de seis años
ejerciendo como periodista. Foto: EFE.
Ciudad de México, 10 de
febrero (SinEmbargo).– Cuarenta y tres reporteros de Córdoba, de la región
central y del estado de Veracruz, manifestaron hoy en una carta abierta su
repudio a la muerte de Anabel Flores Salazar, periodista veracruzana de El Sol
de Orizaba, secuestrada por hombres armados que irrumpieron en su casa. Ayer
fue hallada sin vida y con señales de tortura en el estado de Puebla, a varios
kilómetros de donde fue sustraída.
El gremio periodístico exigió
a los gobiernos federal y de los estados de Veracruz y Puebla, así como al
Congreso de la Unión y al de las dos entidades, dejar “de ser omisos” y parar
“esta masacre en contra de ciudadanos, de los periodistas, de niños y
adolescentes y mujeres”.
En un dramático llamado,
dijeron: “Queremos estar en paz, vivir en ambiente sano, si no es demasiado
pedir”.
Los compañeros de trabajo de
Anabel alertaron, mediante un posicionamiento público, que el Gobierno de
Veracruz, que encabeza Javier Duarte de Ochoa, “está permeado por la
delincuencia”. Dijeron que antes dudaban “que Puebla estuviera contaminada,
pero ya vemos que sí”.
“Si todos ustedes,
gobernantes, cobran por administrar la vida social de todos, lo están haciendo
muy mal, están pudiendo muy poco. No entendemos. ¿Por qué siguen cobrando por
un realizar una pésima función pública? ¿Por qué no renuncian?”, dice la carta.
Amnistía Internacional (AI)
también pidió hoy al Gobierno mexicano que garantice la protección a los
periodistas tras el asesinato de Anabel. La organización de defensa de los
derechos humanos instó también a las autoridades a investigar exhaustivamente
el “brutal asesinato” de la joven de 32 años, que pone de manifiesto “la
horrorosa realidad” que afrontan los informadores en México, según un
comunicado.
“Aquellos que no están
dispuestos a detenerse ante nada para silenciar a los periodistas deben pagar
por sus delitos”, ha declarado la directora de Amnistía para las Américas,
Erica Guevara-Rosas. México debe ofrecer protección especialmente a los
periodistas de sucesos, y afirma que “no proteger a quienes exponen la triste
realidad de los abusos en México equivale a intentar esconder debajo de la
alfombra estos abusos”, dijo Guevara-Rosas.
Los periodistas exigieron
parar “esta estúpida masacre que han ejecutado en contra del periodismo en
Veracruz de parte de este desgobierno”. Demandaron frenar “esta pesadilla que
todos ustedes están provocando en toda la entidad veracruzana”.
“¿No quieren que escribamos
tragedias? Dejen de provocar tragedias. ¿No quieren leer hechos violentos?
Entonces dejen de crear las condiciones para que existan hechos violentos. La
prensa solo somos un espejo de la vida real, nosotros no inventamos nada, sólo
anotamos”, manifestaron.
Ayer, el Comité para la
Protección de Periodistas (CPJ) pidió a las autoridades federales de México que
se hagan cargo de la investigación y persecución del delito y que se considere
el ejercicio periodístico como el motivo de su asesinato.
“Las autoridades en Veracruz
tienen un historial de denigrar las actividades de los periodistas locales sin
proporcionar alguna prueba concreta”, dijo Carlos Lauría, coordinador del
Programa de las Américas del Comité con sede en Nueva York. “Exhortamos a las
autoridades abstenerse de hacer acusaciones infundadas que podrían poner aún en
mayor peligro a la prensa de Veracruz”.
La periodista de 32 años fue
secuestrada por hombres armados que irrumpieron en su casa. La Fiscalía General
del Estado de Puebla informó sobre el hallazgo de un cuerpo en el kilómetro
1+580 de la carretera Cuacnopalan-Oaxaca. Sospechaba que era Flores Salazar.
Después de confirmó.
El CPJ pidió a las
autoridades federales de México que se hagan cargo de la investigación y
persecución del delito y que se considere el ejercicio periodístico como el
motivo de su asesinato. El organismo precisó que un comunicado de la oficina de
la Fiscalía del Estado de Veracruz, emitido poco después del secuestro de la
reportera, señaló que en agosto de 2014 Flores Salazar había estado en compañía
de un presunto miembro de un grupo del crimen organizado cuando éste fue
detenido. Las autoridades dijeron que están investigando la posible relación
entre Flores Salazar y este individuo. El comunicado no dio más detalles.
Pero Luz Salazar, la tía de la periodista, indicó al CPJ que no estaba
al tanto de ninguna amenaza contra Flores Salazar. Cuando el organismo pidió a
ella hablar sobre la supuesta conexión, dijo que su sobrina había estado
cenando con su familia cuando el presunto delincuente, que estaba en el mismo
restaurante pero no con ellos, fue detenido.
El Buen Tono, uno de los
diarios en los que ella trabajó, informó ayer en su edición impresa que Flores
“fue despedida en septiembre de 2014 al constatarse que su nivel de vida, al
constatarse que su nivel de vida no correspondía con el sueldo que percibía en
la empresa. Manejaba una camioneta Patriot, de su propiedad, vehículo que
difícilmente puede ser adquirido por un reportero, debido a su alto costo”. El
Sol de Orizaba sostuvo que Flores se desempeñaba como reportera freelance desde
hace seis meses.
En agosto de 2015, cinco
hombres armados irrumpieron en un bar de Orizaba y asesinaron a un reportero
que estaba sentado en una mesa con un conocido jefe de una banda de
narcotráfico. El gobierno estatal indicó en un comunicado que las seis personas
muertas “se encontraban conviviendo” cuando el grupo irrumpió en el lugar.
“Testigos presenciales refieren que un comando, integrado por cinco personas,
con armas de alto poder se dirigieron directamente contra las personas hoy
fallecidas y dispararon en su contra”, dijo el comunicado.
El gobierno afirmó que “las
autoridades encontraron armas y vehículos de los occisos”. Además del reportero
Juan Heriberto Santos, de la televisora Telever, el gobierno identificó a José
Márquez Balderas, “el Chichi”, como jefe de Los Zetas.
En julio del año pasado, en la
Ciudad de México fue asesinado el periodista Rubén Espinosa Becerril, quien
había denunciado amenazas en su contra y culpaba directamente a Javier Duarte
de Ochoa de cualquier atentado en contra de su integridad física. Con él fue
asesinada, en un departamento de la colonia Narvarte de la Ciudad de México,
cuatro mujeres: la activista Nadia Vera Pérez, la maquillista Yesenia Quiroz
Alfaro, de Mexicali; Mile Virginia Martin, una ciudadana colombiana y Alejandra
Negrete Avilés, empleada doméstica.
Los cinco mostraban marcas de
tortura y habían sido asesinados a quemarropa.
Este último homicidio provocó
una fuerte movilización de periodistas y activistas, que exigen hasta el día de
hoy que Duarte de Ochoa sea juzgado como pregunto implicado.
Flores Salazar es el
periodista número 19 en ser asesinada en Veracruz durante el Gobierno de Duarte
de Ochoa, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), de acuerdo con datos
de la organización internacional Artículo 19.
Anabel era madre de un bebé
recién nacido y de otro niño de aproximadamente cuatro años. Llevaba más de
seis años ejerciendo como periodista. Formó parte del periódico El Mundo de
Orizaba, después trabajó para el diario El Buen Tono. Al momento de su
secuestro y asesinato laboraba en El Sol de Orizaba.
Tenía a su cargo la cobertura
de notas informativas de carácter policiaco en los municipios de Ciudad
Mendoza, Acultzingo, Nogales, Maltrata, Ixtaczoquitlán, donde recogía
informaciones tanto de accidentes automovilísticos como de homicidios y
ejecuciones, que en los últimos días se han agudizado en esta región centro del
estado de Veracruz.
El día lunes fue sacada de su
domicilio el 8 de febrero en Mariano Escobedo, Veracruz, por hombres armados
que alegaron tener una orden judicial para su arresto. Un día después fue
encontrada muerta con señales de tortura en el estado de Puebla, a varios
kilómetros de donde fue sustraída.
Así, Anabel Flores Salazar se
convirtió en la periodista número 19 en ser asesinada en Veracruz durante el
Gobierno de Javier Duarte de Ochoa, miembro del Partido Revolucionario
Institucional (PRI), de acuerdo con datos de la organización internacional
Artículo 19.
Sus compañeros han
cuestionado el que sujetos armados pudieran entrar a una casa sin que las
autoridades de vigilancia los detectaran y que además circularan con una
persona secuestrada por una ciudad, con hombres armados y con uniformes
parecidos a los policiacos.
“¿Cómo se pueden burlar todos
los blindajes de las Fuerzas Castrenses? ¿Cómo se puede entrar a otro estado
burlando la vigilancia de ambas entidades? ¿Cómo puede haber un asesinato y
abandonar un cuerpo en Puebla, sin que tampoco las autoridades poblanas que
supuestamente coadyuvaban en su búsqueda, se hayan dado cuenta? ¿Cómo pueden
los grupos de la delincuencia organizada cogobernar ambos estados, tirar
cuerpos de un lado y del otro? ¿Cuántos reporteros más irán cayendo en la
defensa de la libre expresión en ambos estados?”, preguntó el gremio en la
misiva difundida desde ayer.
Exigieron que se deje de
criminalizar a los periodistas asesinados y de transgredir a la libertad de
expresión en Veracruz. “Criminalizar a los compañeros asesinados es una
estrategia realmente cobarde por parte de quienes están obligados en investigar
y no en fabricar pruebas en contra de quienes no pueden rebatir las calumnias
de este mal gobierno”, manifestaron.
(SIN EMBARGO.MX/ Redacción / febrero 10,
2016; 09:57h)
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