Cuando asesinan a un
periodista, cuando lo amenazan, lo amordazan o lo desaparecen, la sociedad
pierde información. Deja de saber, se vuelve algo ciega y un poco sorda.
En un régimen que se precie
de ser democrático, en un país que se presume republicano, gobernado por la
legalidad, salvaguardar el derecho a la libre expresión es una de las garantías
individuales consignadas en la Constitución.
Además, es un derecho
internacional defendido, protegido y promovido desde la Organización de las
Naciones Unidas (ONU). México es ese país pero sólo en papel. En México el
Artículo 7 de la Constitución refiere el derecho a la libre expresión y la
manifestación de las ideas. México se ha adherido a la declaración de la
defensa y la protección de la libre expresión en el ámbito internacional.
México ha creado mecanismos
de protección para los periodistas y en México también el Gobierno Federal
instauró una Fiscalía Especial para Delitos cometidos contra la Libertad de
Expresión (FEADLE). Pero en México la realidad no coincide con lo que está
dicho en papel. Este país no es más que una simulación.
Actualmente México es el
país, en América Latina, más peligroso para el ejercicio del periodismo. Un
análisis de datos y estadísticas de la organización Reporteros sin Fronteras,
refiere:
“México es uno de los países
más peligrosos del mundo para los periodistas; las amenazas y los asesinatos a
manos del crimen organizado –incluso de las autoridades corruptas– son cosa de
todos los días. Este clima de miedo, junto con la impunidad que prevalece,
genera autocensura, perjudicial para la libertad de información”. En efecto,
los periodistas en México, aquellos que no han cedido a la tentación oficial
encarnada en contratos publicitarios, manipulación de información, prebendas y
beneficios económicos diversos, están entre dos fuegos:
Entre las amenazas y las
balas del narcotráfico, y las presiones políticas, fiscales, económicas, del
Gobierno, sea este de la Federación, del estado o del municipio.
El mismo documento de
Reporteros sin Fronteras sentencia: “México sigue siendo uno de los países más
peligrosos del mundo para los periodistas. En la última década han sido
asesinados más de 80 periodistas y 17 han desaparecido”.
Artículo 19 capítulo México
presentó el martes 9 de febrero su informe sobre periodistas desaparecidos en
México, actualizado a enero de 2016 y considerando información desde julio de
2003. En total, refieren 21 periodistas desparecidos en esos trece años en
nuestro país.
El problema es más grave. No
aparece en el listado la periodista Anabel Flores Salazar. Ella fue “levantada”
por un grupo de hombres armados con uniformes militares que se trasladaban en
tres camionetas, la madrugada del lunes 8 de febrero.
Desafortunadamente la manera
en que fue sacada de su hogar la reportera Anabel Flores Salazar, tiene los
visos, el modo de operar de los criminales organizados y narcotraficantes, pero
también de las fuerzas del orden.
En cualquier caso, si fue el
Estado o fue el narco, la realidad es que la impunidad para entrar a la casa de
alguien, asesinarlo (como sucedió con la Alcaldesa de Temixco, Morelos, Gisela
Mota Ocampo), o llevárselo como la tragedia que hoy nos ocupa, es resultado de
la dupla criminal gobierno-narcotráfico, sea esta insana unión por complicidad,
por amenazas, por incapacidad o por acuerdo tácito.
Anabel Flores Salazar fue
sacada de su hogar, en una madrugada que debió ser como cualquier otra, y se
convirtió en la pesadilla que la llevó, a fuerza de la impunidad criminal, a la
muerte.
Su cuerpo fue localizado en
Puebla, en los límites geográficos de aquel Estado, colgado de un árbol con la
cabeza cubierta con una bolsa.
Imagen del horror que se vive
en México ante un Presidente incapaz de estructurar una política contra la
inseguridad y la violencia que acabe con los criminales y proteja a los
ciudadanos. Los periodistas en los estados de la República corren serio
peligro.
Ellos se han de enfrentar a
la corrupción local y encarar las amenazas de los criminales que, asentados en
los distintos estados y municipios de la República, denomina estas
demarcaciones políticas como “plazas”.
Se apropian de los
territorios nacionales y los llaman “plazas criminales” de tal o cual cártel,
organización o célula criminal.
Por ejemplo, de los 35
periodistas asesinados entre 1992 y 2015, cuyo móvil ha sido confirmado como el
ejercicio del periodismo y la libertad de expresión de acuerdo al Comité para
la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), solamente
tres de ellos fueron asesinados en la Ciudad de México, capital del país.
Los 32 restantes han caído
mayormente ante las balas de narcotraficantes, criminales, policías y gobiernos
locales corruptos.
Mientras en 42 casos de
periodistas asesinados cuyo móvil no ha sido confirmado esté relacionado con el
ejercicio de su profesión, ninguno fue asesinado en la capital del País.
De los 21 periodistas
desaparecidos cuyos casos refiere Artículo 19 -22 si sumamos la desaparición de
la periodista Anabel Flores Salazar-, cinco son crímenes cometidos en Veracruz,
cuatro en Michoacán, seis en Tamaulipas, dos en Nuevo León, dos en Guerrero y
uno en cada estado de los siguientes: Coahuila, San Luis Potosí, Sinaloa,
Sonora, y Tabasco.
Los periodistas en los
estados de la República corren más peligro. Están alejados de la justicia
centralista, de la concentración de poderes, de la sede del Gobierno de la
República que lejos, ni los ve ni los oye, ni investiga sus muertes.
Están, en este clima de
impunidad que se esparce desde el centro del país, vulnerados ante gobernadores
corruptos, abusivos y represores, lo mismo que expuestos a violentos
narcotraficantes y criminales organizados, que desde la impunidad proveída por
el Estado, tienen la capacidad armamentística, el recurso humano criminal, la
logística de policías corruptos y la ineficiencia de ministerios públicos y
juzgados, para asesinar o levantar periodistas sin que la justicia los alcance.
Los periodistas que a pesar
de las amenazas criminales y a pesar de las presiones oficiales, mantienen su
compromiso con la sociedad de ejercer su derecho a la libertad de expresión,
están siendo asesinados, amedrentados y desaparecidos. Y eso en un país
democrático como México, esto debe ser intolerable.
Enrique Peña Nieto, el
Presidente que no se pronuncia con seriedad y ni ofrece una propuesta para
ponerle un alto a la impunidad, carece de compromiso con la libertad de
expresión, y esto es palpable al no instruir a la Procuradora General de la
República, Arely Gómez, a darle facultades, ministerio público, investigadores,
y personal de indagación a la Fiscalía Especial para Delitos cometidos contra
la Libertad de Expresión, para que, en concordancia con la inclusión del derecho
a la libre expresión en la Constitución Política de los Estados Unidos, las
agresiones a periodistas sean investigadas en el ámbito federal.
Sacarlas del ámbito local,
podría –y sólo podría– llevar a una investigación hacia la justicia, si la
Fiscalía tiene los recursos ministeriales para hacerlo y no ser, como
actualmente, una oficina de ornato, que se dedica a la concentración de números
para la elaboración de estadísticas, además de, sin elementos científicos,
desechar los ataques a la libertad de expresión y categorizarlos en motivos
ajenos al ejercicio del periodismo. La impunidad, esa a la que Peña tendría que
poner un alto, en el caso de crímenes contra periodistas llega al 98 por
ciento.
Los propietarios de medios de
comunicación, los periodistas, la sociedad en general que cuando un periodista
es asesinado, ve vulnerado su derecho a saber, a estar informado de lo que
realmente sucede en términos de corrupción gubernamental e impunidad criminal,
deberían exigirle también Enrique Peña Nieto, el presidente mediático de México
en cuyo sexenio se ha incrementado la violencia contra los periodistas, que
pusiera fin a la forma más vil de censura contra el derecho que los mexicanos
tenemos a saber qué sucede en este país que indigna y a la vez duele: El
asesinato de periodistas.
(SEMANARIO ZETA/ Adela Navarro Bello /
Miércoles, 10 febrero, 2016 04:35 PM)
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