La Secretaría de la Contraloría General
estatal inhabilitó por diez años a secretarios y directores de área que
trabajaron con el exgobernador
HERMOSILLO.- Un grupo de diez
colaboradores de Guillermo Padrés, ex gobernador de Sonora, fue inhabilitado por
diez años.
La Secretaría de la Controlaría General del estado no dio nombres de los sancionados, pero expuso
que se trata desde secretarios hasta directores de área de las secretarías de
Salud, Educación y Hacienda.
El titular de la contraloría
estatal, Miguel Ángel Murillo Aispuro, destacó que se han integrado más de 500
expedientes relacionados con el gobierno de Padrés, en el cual se generó daño
patrimonial al gobierno de Sonora superior a 30 mil millones de pesos.
El funcionario explicó que,
además, están canalizando los expedientes de los ex funcionarios para su
proceso penal en la Fiscalía Anticorrupción.
Murillo Aispuro explicó que
la Ley General de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales le impide
dar detalles sobre las anomalías encontradas contra los ex funcionarios, pero
dijo que los sancionados tendrán que pagar el doble de la cantidad de recursos
públicos que no están debidamente comprobados.
CASTIGAN EN SONORA
A 10 EXFUNCIONARIOS
Hay un daño patrimonial al
gobierno estatal por más
de 30 mil millones de pesos, afirma contralor general.
La Secretaría de la
Contraloría General del Sonora inhabilitó a 10 colaboradores del exgobernador
panista Guillermo Padrés Elías por diversas irregularidades.
Las inhabilitaciones para ejercer
cualquier cargo público serán por 10 años e incluyen desde secretarios hasta
directores de área de las secretarías estatales de Salud, Educación, Hacienda e
Infraestructura Educativa.
La Contraloría estatal
integra más de 500 expedientes relacionados con el pasado sexenio, en el cual
se generó daño patrimonial al gobierno de Sonora superior a 30 mil millones de
pesos, aseguró el titular de esa dependencia, Miguel Ángel Murillo Aispuro.
Sin dar nombres ni mencionar
qué irregularidades fueron cometidas, el contralor detalló: “Vamos bien,
estamos trabajando, hemos consignado algunos expedientes de funcionarios del
gobierno anterior, llevamos más de 10 resoluciones donde estamos sancionando
desde el punto de vista económico y, desde luego, inhabilitando a los
funcionarios que incurrieron en irregularidades. Además, canalizando los
expedientes para su proceso penal en la Fiscalía Anticorrupción”.
Murillo Aispuro se negó a
ofrecer más detalles acerca de las inhabilitaciones por respeto a la Ley
General de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales, pero dijo que los funcionarios sancionados tendrán que pagar el
doble de la cantidad de recursos públicos que no están debidamente comprobados
o que existe sospecha que se haya desviado.
“Son muchos miles de millones
de pesos (faltantes de la administración de Padrés), cantidades para el
asombro. Estamos hablando de que no encontramos comprobantes por más de 25 mil
a 30 mil millones de pesos.
“Por supuesto que el daño
patrimonial causado al gobierno de Sonora fue muy grande y tendría que ser
sancionado: primero, desde el punto de vista administrativo; después o
simultáneamente, desde el punto de vista penal.”
Fuentes detallaron que en
total hay más de 500 expedientes y denuncias, además de que los montos de las
sanciones económicas superan dos mil millones de pesos.
Uno de los colaboradores más
polémicos en el sexenio del panista Guillermo Padrés Elías fue su secretario de
Salud, Bernardo Campillo García, quien protagonizó una decena de escándalos por
corrupción, enriquecimiento inexplicable y una afición por los caballos finos.
EN SILENCIO
■Jorge Morales Borbón, vocero gubernamental durante
el sexenio de Guillermo Padrés e
inculpado por el delito de extorsión, decidió no responder al secretario de
Acuerdos del Juzgado Tercero de Primera Instancia Penal, en la declaración
preparatoria realizada ayer en las ventanillas del Centro de Readaptación
Social Hermosillo Uno.
■Además, solicitó careos con el empresario de
los medios de comunicación que lo acusa de extorsión
por un millón de pesos.
■Según la investigación de la Fiscalía
Anticorrupción, Morales pedía dinero a directivos de medios para pagarles servicios prestados al
gobierno estatal.
(DOSSIER POLITICO/ Daniel Sánchez Dórame
Excélsior/ 2016-02-04)
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