“RESPONSABLES DEL HOMICIDIO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL (SON) LOS ROJOS”: CAPELLA

La perredista Gisela Mota Ocampo planeaba aceptar en Temixco -luego de su toma de protesta como alcaldesa- el Mando Único, pero con sus adecuaciones, también terminar contratos con empresarios de la localidad. Cualquiera que sea el motivo de su asesinato, éste refleja la debilidad del primer eslabón frente a la ciudadanía y frente al crimen

Era sábado 2 de enero. Cuatro  personas, todas armadas y por lo menos una encapuchada, ingresaron antes de las siete de la mañana a una de las viviendas de la calle Lázaro Cárdenas, Colonia Rancho Viejo en Temixco, Morelos. Sus órdenes se escuchaban en toda la casa. Buscaban a Gisela, la presidenta municipal. 

Según sus declaraciones ante las autoridades ministeriales, la indicación a punta de pistola y bajo amenaza de muerte  para su padre, Gabino, su madre Juana y Emanuel, su hermano, fue tirarse al suelo y no levantar el rostro.

A Gisela la encontraron  en su cuarto y la bajaron al primer piso. Le preguntaron su nombre. “Gisela”, respondió, “yo soy Gisela”.

Se escucharon cuatro tiros, que aunque Gabino pensó habían sido disparados para asustar, pegaron en el blanco planeado, haciendo caer a la militante del Partido de la Revolución Democrática (PRD). “Ya estuvo, ya vámonos a la chingada”, ordenó una mujer que Gabino vio gorda, de cabello negro y largo.

Apenas los sicarios salieron de la casa él se levantó, y sin detenerse al ver el cuerpo de su hija inerte y sobre sangre, caminó a la calle. Los responsables huyeron en un automóvil sedán y una camioneta, y él subió junto a Emanuel  a su vehículo para tratar de alcanzarlos.

Pasaron cuadras, doblaron a izquierda y  derecha detrás de ellos. Una patrulla se sumó a la persecución cuando se solicitó el apoyo. El sedán se atascó y quienes lo abordaban empezaron a disparar. El padre y hermano de Gisela regresaron a ver si la encontraban viva.

Relacionadas con el crimen, dos personas fueron abatidas y tres más arrestadas: Nora de 32 años,  Jordán de 18 y Alexis de 17.

De acuerdo a investigaciones oficiales, eran del cártel de “Los Rojos”. Por su confesión, se pudo saber que además de recibir 500 mil pesos por el homicidio de la alcaldesa, están relacionados con cuatro cadáveres hallados en una fosa -dentro de un terreno propiedad de uno de ellos-, y de un cuerpo descuartizado tirado en la carretera Acapulco-México.

LOS PENDIENTES Y COMPROMISOS DE GISELA

Desde que asumió como presidenta municipal de Temixco, Morelos, hasta que fue asesinada, Gisela Mota Ocampo tuvo, en su lista de pendientes, la firma -o no- del convenio para adherirse al modelo policial del Mando Único. Fueron menos de 24 horas.

Además de los seis municipios cuya Policía estaba a las órdenes del gobierno estatal por medio de decreto, Temixco era de los ayuntamientos que voluntariamente se habían sometido al esquema, pero la vigencia del convenio terminó el 31 de diciembre de 2015, un día antes de la toma de protesta.

La fecha del crimen, fue precisamente la conclusión de la transición política que desde la mitad de 2015 inició en los 33 ayuntamientos de la entidad con las elecciones locales, el tiempo para la toma de decisiones de los alcaldes -en este caso sobre la seguridad pública- y para permitir o no, el control de la delincuencia. Una prueba para el Mando Único encabezado por el gobernador Graco Ramírez Garrido Abreu.

Sin embargo, aunque el principal móvil adoptado por el gobierno morelense es la lucha del crimen organizado contra la instalación del modelo de seguridad pública, el ex coordinador de campaña de Mora Ocampo, Anastasio Solís Leso, declaró que el plan de gobierno de la perredista también incluía terminar convenios y contratos con empresarios de la localidad, buscando austeridad. Lo que también debe ser agregado a las investigaciones ministeriales.

AMENAZA AL MODELO Y UN MENSAJE PARA EL GOBERNADOR

Alberto Capella Ibarra, comisionado estatal de Seguridad Pública en Morelos y ex secretario de Seguridad Pública en Tijuana, sostiene que la  coyuntura política de la entrega-recepción de las diversas administraciones municipales es aprovechada por el Cártel de Los Rojos -división junto al de Guerreros Unidos, del desaparecido Cártel de los Beltrán Leyva -, para instalarse en dichas localidades.

Ambas fracciones criminales operan principalmente en el Estado de México, Guerrero, Morelos y Michoacán.

Capella Ibarra habla específicamente sobre Santiago Mazari Miranda, alias “El Carrete”,  relacionado con asesinatos y extorsiones en diversos municipios de Morelos, y con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero.

Y estos grupos al momento de la transición gubernamental, consideramos pretendieron cooptar, corromper o intimidar a los alcaldes entrantes para efectos de retomar los espacios que han estado perdiendo los últimos dos años por las acciones policiacas que se han implementado, entonces consideramos que quienes son responsables del homicidio de la presidente municipal es la célula  de Los Rojos, respondió el funcionario a ZETA.

-¿Identificaron acercamiento directo con alcaldes?

“Sí, hay alcaldes que traen ruido de ciertas relaciones familiares, personales, hay ruido. Yo no puedo decir de quiénes ni afirmar, pero eso es lo que tenemos”.

Sin embargo, Capella descarta que Gisela Mota haya tenido algún vínculo con la delincuencia. Más bien, mencionó, su crimen fue un canal para mandar un mensaje al gobernador. “Yo creo que lo que buscaron fue otro tema con relación a ella. No había ningún vínculo o señalamiento, ella estaba tranquila, estaba negociando con nosotros alguna situación relativa al convenio de adhesión, y no había indicio alrededor que señalara un posible riesgo.

Había una cercanía política de parte de ella y su familia con el gobernador de Estado, y creemos que también se pretendió mandar un mensaje contundente en relación a la intención de estos grupos de nuevamente tratar de adueñarse del Estado”.

FUE SU PLAN DE AUSTERIDAD: EX COORDINADOR DE CAMPAÑA

Anastasio Solís Leso, ex coordinador de campaña de Gisela, sostiene que aunque estaba próxima a firmar un convenio para apegarse al Mando Único, la primera mujer electa como alcaldesa de Temixco también había prometido un plan de austeridad que incluía terminar tratos con empresarios locales, tema que debe integrarse al caso.

La acción bien pudo generar una reacción al amenazar los intereses de quienes no resultaran beneficiados, y aunque nunca recibió advertencias, dijo que el rechazar negociaciones con quienes la buscaban, la puso en estado vulnerable.

Insistió en descartar el tema del Mando Único como móvil, toda vez que en el esquema que ella planeó, incluiría la participación del municipio.

En entrevista con ZETA, Ángel Ávila, presidente del Consejo Nacional del PRD, respaldó lo anterior, mencionando que lo que Gisela Mota buscaba era adoptar un modelo de Policía de proximidad aunado al Mando Único.

“Entiendo yo, iba  a continuar con algunas adecuaciones que ella quería implementar, pero finalmente era una decisión que se había tomado en las administraciones pasadas con el tema de la delincuencia. Entiendo que ella misma rechazó la seguridad de que se le ofreció, ella tenía muy claro que la Policía era para cuidar a los ciudadanos y no a los políticos”.

COMPLICACIONES DEL MANDO POR AYUNTAMIENTOS VINCULADOS CON EL CRIMEN: ALBERTO CAPELLA

Desde el año pasado, seis municipios de Morelos pegados al Estado de Guerrero ya habían sido sumados al Mando Único mediante un decreto del Ejecutivo estatal, después del crimen, el número ascendió a 20 y 11 más de forma voluntaria, quedando pendiente los otros dos.

No obstante, los ayuntamientos de Cuernavaca, encabezado por Cuauhtémoc Blanco, y Tlaquiltenango por Enrique Alonso Plascencia, han mostrado su desacuerdo y su falta de voluntad para participar.

Al control de la seguridad municipal por parte del Poder Ejecutivo, Blanco lo calificó como un golpe de Estado, mientras que Plascencia promovió una controversia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que llegará a una Sala hoy viernes 8 de enero.

Alberto Capella Ibarra respalda la decisión del gobernador morelense Graco Ramírez en la fracción VII del Artículo 115 de la Constitución mexicana, el cual dicta que el Ejecutivo tendrá el control en caso de “fuerza mayor o alteración grave del orden público”.

- ¿Qué complicaciones habrá sin la disposición de los alcaldes en participar?

“Es mucha la complicación, lo vivimos en Tijuana en algún tiempo, cuando hay un mando de alguno de los distritos policiacos o de algún otro orden, llámese Policía Ministerial o Federal involucrado (con el crimen), pues complica mucho el trabajo; filtran información clave de los operativos que se están dando, o se convierten en funcionales, es como tener en una equipo de futbol a un enemigo vestido con tu uniforme”.

- Entonces consideran a estos dos municipios con un involucramiento directo con la delincuencia….

“Hay mucho, así es”.

Además de los 5 mil 200 elementos de la Comisión Estatal de Seguridad Pública de Morelos, hay presencia de 400 efectivos  federales, con patrullaje, filtros y trabajo de inteligencia.

LA VULNERABILIDAD DE LOS PRESIDENTES MUNICIPALES

“Nos damos cuenta de que hay una debilidad institucional para poder enfrentar este tipo de retos que plantea la delincuencia organizada. El eslabón más débil son los municipios que tienen pocos recursos económicos, materiales y personales para enfrentar un reto de esta magnitud, transnacional”, comenta en entrevista Ángel Ávila, presidente del Consejo Nacional del PRD.

Ve al crimen organizado “más entero”, con más amenazas hacia presidentes municipales, aunque dice que de  los seis emanados del sol azteca en Morelos, ninguno ha manifestado sentirse amenazado.

De acuerdo a la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC), en los últimos 10 años han muerto en hechos violentos 37 presidentes municipales, siete electos y 31 ex alcaldes. La organización mencionó que para ejercer esta responsabilidad, las entidades federativas  más peligrosas son Durango, Michoacán, Oaxaca y Veracruz.

“Creo que el PRD debe hacer un llamado a los congresos federales, sobre todo, para legislar el tema del Mando Único. Creo yo que además el tema de la solución contra el crimen organizado también pasa por pegarle a las finanzas de los cárteles. Mientras la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no funcione para detener los activos de lavado de dinero que hay por  la droga y el crimen, va a ser una lucha coja, porque solo iremos a los síntomas y no a las causas”, advirtió Ávila.

  

GRACO Y CUAUHTÉMOC: DE LAS PATADAS A LA SILLA

Las declaraciones de Cuauhtémoc Blanco, alcalde de Cuernavaca, Morelos, se suavizaron y tomaron otro rumbo. Si anteriormente dijo que el decreto con el que Graco Ramírez, gobernador, tomaba el control de la seguridad pública de la capital morelense era un golpe de Estado, ahora menciona que su intención es hacer una combinación de la Policía Única y los uniformados municipales.

A pesar de que en su momento advirtió que le partiría la madre a quien se opusiera a sus decisiones, hoy asegura nunca haber repartido amenazas y estar dispuesto a dialogar con el mandatario perredista. Este último, en respuesta, compartió la voluntad de Blanco y designó a su secretario de Gobierno, Matías Quiroz Medina, para iniciar la organización de la seguridad del municipio.

Durante el pleito, que inició con 2016 y terminó seis días después, y que no pasó del terreno mediático, Graco Ramírez Abreu insinuó que detrás del ex futbolista personas relacionadas con el crimen ordenaban, específicamente del Cártel Guerreros Unidos, en el que presuntamente Federico Figueroa, hermano del finado cantante Joan Sebastian, está involucrado, pero desestimó  la acusación al afirmar que tal especulación obedece a un pleito personal que mantiene con el gobernador.

A propósito de la declaración, hoy se sabe que Alfonso Miranda Gallegos, ex diputado local y tío de Santiago Mazari Miranda, alias “El Carrete”, está dentro del gabinete del alcalde de Cuernavaca. Lo acompaña la también ex diputada Érika Hernández Gordillo, quien es sobrina de Elba Esther Gordillo. Otro que integra el primer cuadro de gobierno es Héctor Salazar Porcayo, líder del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) en Morelos.

(Saúl Alejandro Ramírez / Fotos. cuartoscuro.com / internet/   11 de Enero del 2016 a las 14:00:51)