El 10 de julio de 2015 se publicó en el
Diario Oficial de la Federación la reforma al Artículo 73 de la Constitución.
La modificación facultó al Congreso para expedir “las leyes generales que
establezcan como mínimo los tipos penales y sus sanciones en las materias de
secuestro, desaparición forzada de personas” y otras formas de privación de la
libertad violatorias de la ley. Estableció, además, un plazo de seis meses para
que el Congreso de la Unión expidiera la legislación secundaria que diera
cumplimiento a la reforma, además de regular el Sistema Nacional de Búsqueda de
Personas. El plazo ordenado en el decreto se venció el pasado 10 de enero, pero
la legislación secundaria se encuentra aún en calidad de proyecto en diferentes
comisiones del Senado de la República. De acuerdo con Olivia Rubio, abogada y
asesora en la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, el
motivo del retraso fue que se decidió esperar a la presentación de la
iniciativa por parte del Presidente de la República, entregada el pasado 15 de
diciembre.
Ciudad de México, 26 de enero
(SinEmbargo).– El pasado 11 de enero, en Veracruz, cinco jóvenes fueron
detenidos de manera ilegal por agentes de la Policía Estatal que interceptaron
el vehículo en el que viajaban y, de acuerdo con testigos, los sometieron a la
fuerza. Aun cuando el “levantón” quedó registrado en cámaras de seguridad y hay
seis agentes detenidos, el Gobierno del Estado no ha establecido el paradero de
las víctimas, por los que las familias han tenido que buscarlos por sí mismas
en la Procuraduría, entre otros cadáveres y restos de personas asesinadas de
las formas más atroces, reportaron a este medio, como desechas en ácido.
Cuatro días después, el 15 de
enero, en el Estado de México, un grupo de personas armadas entró en la
vivienda de la activista Cornelia San Juan Guevara, madre de Osvaldo Espejel
Guevara, a su vez víctima de desaparición desde 2012, y la asesinaron a
balazos. Llevaba cuatro años de intensa búsqueda de su hijo, y “murió buscando
justicia”, denunciaron varios colectivos de familiares y organizaciones de la
sociedad civil.
El 19 de enero siguiente, en
Guerrero, familiares agrupados en Los Otros Desaparecidos de Iguala encontraron
restos humanos en dos fosas clandestinas ubicadas en cerros del municipio de
Teloloapan, sumando así la recuperación de 321 cuerpos desde 2014, cuando la
búsqueda de los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa mostró la gran
cantidad de cementerios ilegales que existen en ese estado. Y, casi de manera
simultánea a estos hallazgos, también el día 19 y también en Guerrero, el
Gobierno del Estado reportó que cinco personas armadas entraron en un domicilio
del municipio de Arcelia y secuestraron a cuatro integrantes de una familia,
entre ellos dos menores de edad, a quienes se llevaron a bordo de un vehículo.
Es el mismo lugar en el que, apenas el 9 de enero, también se había registrado
el secuestro de 21 personas que –como la familia– fueron liberadas el 14 de
enero pasado sin que haya probables responsables detenidos.
Son los casos más recientes
de la problemática de desaparición de personas en México, tipo de crimen del que,
como los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, se estima existen más de 27
mil víctimas en todo el país. Ocurren de manera tan frecuente y tan impune, sin
investigación ni prevención ni castigo por parte de las autoridades que, de
acuerdo con Amnistía Internacional (AI), se han expandido con velocidad de
epidemia y consecuencias de una crisis en materia de derechos humanos.
“Han pasado a ser algo tan
habitual en todo México que prácticamente ya forman parte de nuestra vida
cotidiana”, advirtió la organización el 14 de enero, al presentar el reporte
“Un Trato de Indolencia: la respuesta del Estado frente a la desaparición de personas
en México”.
“En las contadas ocasiones en
que realmente se llevan a cabo investigaciones, casi no pasan de ser una mera
formalidad para aparentar que se está haciendo algo”, agregó la organización.
Ante la problemática, y luego
de que el Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las
Naciones Unidas recomendó al Estado mexicano ajustar el marco legal a la
Convención Internacional en la materia, el 10 de julio de 2015 se publicó en el
Diario Oficial de la Federación la reforma al Artículo 73 de la Constitución.
La modificación facultó al Congreso para expedir “las leyes generales que
establezcan como mínimo los tipos penales y sus sanciones en las materias de
secuestro, desaparición forzada de personas” y otras formas de privación de la
libertad violatorias de la ley. Estableció, además, un plazo de seis meses para
que el Congreso de la Unión expidiera la legislación secundaria que diera
cumplimiento a la reforma, además de regular el Sistema Nacional de Búsqueda de
Personas.
El plazo ordenado en el
decreto se venció el pasado 10 de enero, pero la legislación secundaria se
encuentra aún en calidad de proyecto en diferentes comisiones del Senado de la
República. De acuerdo con Olivia Rubio, abogada y asesora en la presidencia de
la Comisión de Derechos Humanos del Senado, el motivo del retraso fue que se
decidió esperar a la presentación de la iniciativa por parte del Presidente de
la República, entregada el pasado 15 de diciembre.
Para las organizaciones de
familiares y de la sociedad civil, por separado, el retraso es el menor de los
incumplimientos, debido a que la iniciativa del Ejecutivo federal dejó fuera
una de las propuestas que las organizaciones consideran prioritarias:
establecer un mecanismo de búsqueda nacional, autónomo, ajeno e inmune a las
instancias policiacas estatales.
“El Mecanismo de búsqueda
debe ser nacional y deberá coordinarse con el Mecanismo Trasnacional (de la
Procuraduría General de la República), deberá contar con personal especializado
y certificado, con recursos económicos, científicos y tecnológicos, con
capacidad para coordinar acciones con los estados y dependencias federales y
facultad de acción interestatal”, exigieron los familiares en un
posicionamiento de septiembre de 2015.
“Debe ser una entidad con
autonomía y facultades para activar las acciones necesarias para desapariciones
recientes sin importar nacionalidad o ciudadanía. Asimismo, deberá operar las
estrategias de búsqueda para los casos de años o décadas anteriores”, agrega la
demanda también identificada como “No sin las familias”.
La propuesta del Ejecutivo,
por su parte, establece un Sistema Nacional de Búsqueda que, en lugar de tener
recursos y personal especializado, es un “conjunto de procesos y acciones para
la operación y coordinación de autoridades”. Los procedimientos de búsqueda de
las víctimas, además, deben realizarse “conforme a los protocolos que emitan la
Procuraduría [General de la República] y las procuradurías locales”, de acuerdo
con lo que establece el artículo 67 del proyecto de ley.
“Hay varias cosas desde el
punto de vista de las familias que nos preocupan”, dice Alma García Guevara,
del Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios.
“Principalmente que no se nota un mecanismo de búsqueda, claro y preciso para
poder localizar a las víctimas (…) La iniciativa vuelve a poner en las
Procuradurías estatales toda la responsabilidad. Los estados crean estas
fiscalías, que ya hemos visto en estados como Coahuila, Nuevo León o
Tamaulipas, que no dan los resultados que las familias esperan”, agrega.
Otra carencia, menciona, es
la exclusión de la problemática de los migrantes, que han sido asesinados y
encontrados de manera masiva en su tránsito por territorio mexicano, a pesar
del “mecanismo trasnacional” de la PGR, y la Unidad de Investigación de Delitos
para Personas Migrantes y el Mecanismo de Apoyo Exterior Mexicano creada
oficialmente el pasado 18 de diciembre. Menos por tanto, dice García, considera
el carácter trasnacional de las redes delictivas que secuestran a los migrantes
en su paso por México.
UN MISMO TIPO PENAL
“Las autoridades se debaten
entre buscar o investigar; les cuesta mucho tener esa perspectiva, y
generalmente hacen una cosa u otra, y ninguna la hacen bien, no ven coordinación
entre las figuras jurídicas de la búsqueda y la investigación criminal”, dice
Díaz.
De acuerdo con el
posicionamiento de las familias, la legislación por sí misma no es
evidentemente una solución para la epidemia criminal de desapariciones cuyo
verdadero reto es “terminar con la complicidad y la impunidad que han dado
origen y mantienen esta situación”. Pero de la legislación, agregaron, se
espera de todas formas que dé pie a “mejores herramientas para encontrar a
nuestros desaparecidos”.
Desde el Senado, Rubio
explicó que el proyecto de ley presentado por el Ejecutivo y otros cuatro se
analizarán en el periodo ordinario de sesiones que inicia en febrero y concluye
en abril, lapso en el que también se prevé organizar tres foros regionales.
Entre los temas a consensuar, explica, está la definición de los tipos penales
que deben regir los procedimientos de búsqueda, investigación y atención a las
víctimas, así como las bases de datos –de personas detenidas, internadas o
fallecidas; de perfiles genéticos– que deben formar parte de los cruces en los
registros y que no existen en todos los estados.
“Esto se va a someter a
consultar en foros regionales, y una vez que se hayan realizado, las comisiones
(de Justicia, Gobernación y Estudios Legislativos, además de la de Derechos
Humanos) tendrán el trabajo de ir redactando artículo por artículo”, explica.
“Lo indispensable es tener un
mismo tipo penal en toda la República, porque cuando una persona desaparece, lo
último que sabes es donde la viste, pero no sabes dónde puede estar; y, si no
hay el mismo tipo penal, ¿cómo vamos a castigar una conducta que pudo haber
empezado en una entidad federativa y se concluyó en otra? Lo mismo ocurre con
los protocolos de búsqueda, que deben estar homologados para empezar lo más
pronto posible, porque mientras más pronto se empiece, hay más posibilidades”,
agrega Rubio.
Para las familias, la
legislación llegaría retrasada no sólo los días que han pasado desde que se
venció el plazo de 180 seis días impuesto por el decreto de reforma
constitucional. Está atrasada décadas, explica García, porque la problemática,
si bien se multiplicó durante la denominada guerra por el narcotráfico, se ha
registrado en el país desde finales de los años 60, en la “Guerra Sucia”.
De los cuerpos exhumados en
2011 de fosas en Portezuelos, en el municipio de Manlio Fabio Altamirano,
Veracruz, el Gobierno de Javier Duarte no informó ni una sola línea. Foto:
Archivo. Cuartoscuro
El fenómeno de las fosas
clandestinas muestra la dimensión del problema de los desaparecidos en el país.
Foto: Archivo. Cuartoscuro
Por eso, agrega, más que los
tiempos es prioridad la realización de una consulta que recoja sus propuestas y
sus demandas para poder empezar a resolver los miles de casos que se han
registrado en el país, sobre todo en el periodo comprendido entre 2007 y 2012.
A este objetivo, sin embargo,
aún le falta que la ley se traduzca en hechos, considera Díaz; expectativa para
la cual los antecedentes arrojan pocos motivos. El esfuerzo institucional que
dio pie a la Fiscalía Especial para los Movimientos Sociales y Políticos del
Pasado, por ejemplo, dice, inició más de 500 procedimientos pero no logró
consignación alguna, cerrando operaciones con un margen de impunidad total. A
la fecha, agrega, la PGR cuenta con sólo 24 agentes del ministerio público para
buscar a más de mil personas víctimas de desaparición cuyos casos se estima
están en el fuero federal. Para el mismo propósito, tiene también sólo 40
policías de investigación. “Todo es inoperante”, dice Díaz. “A la PGR no le
interesa investigar este tipo de delitos, y tiene que ver con una cuestión evidentemente
política. Haciendo un balance de la PGR desde 2001 que se investiga en México
la desaparición forzada, ha sido un rotundo fracaso”.
(SIN EMBARGO.MX/ Sandra Rodríguez Nieto
/ enero 26, 2016 - 00:00h)
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