El experto en temas de seguridad expresó
que la última oportunidad que tiene el Gobierno de EPN de enderezar el barco es
apoyar la implementación de auditorías ciudadanas en todos los estados y
municipios.
Edgardo Buscaglia augura un 2016 poco
prometedor para México. Foto: Luis Barrón, SinEmbargo
Ciudad de México, 23 de
diciembre (SinEmbargo).– El comienzo del segundo tramo del Gobierno de Enrique
Peña Nieto no traerá cambios circunstanciales para el país, mientras no se
corrijan los problemas que han llevado a México a la crisis de Estado en la que
se encuentra desde hace varias administraciones, auguró Edgardo Buscaglia,
director del International Law and Economic Development Center e investigador
principal en Derecho y Economía en la Universidad de Columbia, en Estados
Unidos.
“Todo va a seguir igual: la violencia
física se va a bajar en algunas regiones porque se consolida el Cártel de
Sinaloa, y aumentará en otras porque otros cárteles le van a disputar
territorio [al de Sinaloa]. Los delitos patrimoniales van a seguir aumentando
el fraude, la extorsión, el tráfico de seres humanos, con o sin violencia
física, esto va a seguir ocurriendo, lo que podríamos esperar es que no
sucediera otro Ayotzinapa, pero mientras no se resuelva la crisis de Estado,
van a seguir ocurriendo muchos ayotzinapas”, señaló el en entrevista con
SinEmbargo el experto en temas de seguridad.
Desde su óptica, en el año
que está por comenzar, el tema de la desaparición de los 43 alumnos de la
Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero, hace casi 15
meses, seguirá sin resolverse y a la larga se convertirá en un símbolo de que
la administración del Presidente Enrique Peña Nieto “no puede dar resultados
completos”.
“Este caso está en manos de
gente que no quiere que se resuelva y mientras no exista un cambio de personas
esto va a seguir igual”, expresó.
–¿Puede decirse que hay
gobierno cuando existe, como lo dice, una crisis de Estado? Entonces, ¿quién
gobierna México?
–Grupos de poder que capturan
diferentes partes del Estado y gobiernan al Estado mexicano de manera
fragmentada, la mano derecha nunca sabe lo que está haciendo la izquierda.
Aunque rechazó la que la
creación de una comisión internacional en México –similar a la que opera en
Guatemala– para investigar casos de corrupción e impunidad sea una posible
solución para evitar que la crisis de Estado siga creciendo, sugirió la
posibilidad de institucionalizar las auditorías ciudadanas como parte de la
cultura democrática del país y como uno de los últimos recursos para enderezar
en barco en lo que resta del sexenio.
LA AUDITORÍA CIUDADANA
El experto afirmó que las auditorías
ciudadanas ya funcionan en más de mil 100 ciudades. Foto: Luis Barrón,
SinEmbargo
Las llamadas auditorías
ciudadanas se han convertido en una herramienta contra la corrupción y la
impunidad en países como Chile, Argentina, Bolivia y Brasil, entre otros.
Actualmente funcionan en más de mil 100 ciudades.
A partir de determinados
métodos de investigación, permite a una comunidad autoevaluar y mejorar su vida
democrática vinculando la política con la vida y con los problemas cotidianos
de la gente. En Europa, las auditorías ciudadanas fueron el primer eslabón de
una cadena que permitió desplazar a los partidos tradicionales en países en
crisis como España –con Podemos- y Grecia– con Syriza.
“Una auditoría ciudadana no
te va a permitir capturar a ‘El Chapo’, pero si te va a permitir evitar que
futuros ‘chapos’ se escapen de prisión porque lograron corromper a los
oficiales o al sistema, esto ha funcionado muy bien casi en todos los países
democráticos en los que se han implementado”, señaló Buscaglia.
Una auditoría, por
definición, contrasta datos de la realidad con ciertos parámetros o estándares
a fin de examinar su grado de cumplimiento. Los integrantes de una comunidad y
sus gobiernos se reúnen en asambleas ciudadanas para acordar cuáles son las
metas, compararlas con la realidad y fijar compromisos para mejorarlas.
Por ejemplo, este tipo de
auditorías permitiría establecer por qué “ocho de cada diez pesos en las
campañas políticas tienen orígenes ilícitos”.
“No hay otras salidas. Hasta
que México no pase del ‘forito’ o conferencia, a la auditoría, las cosas van a
seguir igual. Muchos países ya hacen sus asambleas y nombra a sus representantes,
a sus auditores a través de leyes de participación ciudadano que no son una
‘simulación mafiosa’, como la de la Ciudad de México, y se meten en el
intercambio grueso y delgado de todos los municipios”, explicó Buscaglia.
Expresó que en México, “en
teoría”, existe participación ciudadana, pero “está diseñada para que los
“caciques sigan moviendo su red de amigos”; en el caso de la capital del país,
consideró la necesidad de que la sociedad civil se organice para exigir
reformas a la Ley de Participación Ciudadana para que la auditoría no se limite
al 3 por ciento del presupuesto sino que se abra todo el presupuesto de la
ciudad y así evitar que “Mancera [el Jefe de Gobierno] envíe el menú a la
sociedad civil de lo que él quiere que auditen”.
Para establecer en México un
auténtico proyecto de auditorías ciudadanas, explicó Buscaglia, sería necesario
implementar un programa nacional financiado por alguna institución
internacional para capacitar a redes de la sociedad civil mexicana: “Yo quería
hacer un piloto en el DF porque me habían invitado a hacerlo, pero no me
garantizaron una asamblea ciudadana legítima y eso que deberían ser los que más
ponen el techito porque dicen que son los más progresistas”.
Señaló que si en México
existiera un espíritu democrático en el Presidente, él mismo ya hubiera
impulsado un proyecto de este tipo y lo hubiera bajado a los municipios, y no
“como lo hizo Roberto Campa –actual subsecretario de Derechos Humanos de la
Secretaría de Gobernación– hace unos años que lo bajo a los amigos y a las
personas que consideraba afines”.
Sin embargo, consideró poco
probable que en México se pueda establecer un mecanismo eficiente de auditorías
ciudadanas, ya que “las élites están carcomidas por la corrupción política;
nunca se autopurgan por cuestiones éticas, tienen que verse obligadas a
hacerlo, la presión internacional, la presión de los estados y de la sociedad
civil internacional, y la violencia que generaron a través de la corrupción,
tiene que empezar a carcomerles la vida a ellos y a sus familias”.
No obstante, consideró que el
no permitir la implementación de un sistema eficiente de auditorías ciudadanas,
no es cuestión sólo del Gobierno federal o del partido en el poder, ya que no
el PAN [Partido Acción Nacional], ni el PRD [Partido de la Revolución
Democrática], ni Morena [Movimiento Regeneración Nacional] quieren verse
obligados a vivir con una sociedad civil sentada en una dirección de servicios
públicos de cada municipio.
(SIN EMBARGO.MX/ Juliana Fregoso
/diciembre 23, 2015 - 00:05h)
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