Al revisar la entrega-recepción de las
alcaldías de La Paz y Los Cabos, se evidencia el involucramiento de operaciones
ilícitas desde la auto compra de refacciones, hasta la renta de automóviles
A poco menos de dos meses de
haber entregado el poder municipal, luego de concluir la revisión de la
entrega-recepción, comenzaron a brotar los negocios oscuros de los ex alcaldes
de La Paz y Los Cabos, Francisco Javier Monroy Sánchez y José Antonio Agúndez
Montaño.
Documentos obtenidos por ZETA
indican que los ex ediles del PRI y del PRD aparecen involucrados en
operaciones evidentemente ilícitas, desde la auto compra de llantas y
refacciones, hasta el arrendamiento de vehículos en una cadena de negocios que
consolidaron bajo el amparo del poder.
El Artículo 46, Fracción XI de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado, transcribe explícitamente:
“Excusarse de intervenir en
cualquier forma en la atención, tramitación o resoluciones de asuntos entre los
que tenga interés persona, familiar o de negocios, incluyendo aquellos de los
que pueden resultar algún beneficio para él, su cónyuge o parientes
consanguíneos hasta el cuarto grado”.
Tan solo en 2015 -según la
copia de facturas en poder de este Semanario- los ex presidentes municipales
firmaron contratos y autorizaron auto pagos desde 8 millones 862 mil 520 pesos
hasta 18 millones de pesos en el último tramo de sus administraciones.
Lo anterior quedó confirmado
después de que ZETA recibiera copia de toda la documentación comprobatoria, vía
Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública, donde solicitó un
informe detallado sobre las operaciones de los ex alcaldes, las cuales estaban
bajo investigación de este Semanario.
MONROY: EL LLANTERO
A diferencia de Agúndez, el
de la Paz, Francisco Javier Monroy Sánchez, es un empresario nato y propietario
de Llantera Monroy. Aficionado a las carreras de autos off road, la suerte no
estaba a su favor desde hace tiempo, sobre todo, tras su abrupta ruptura
matrimonial, donde perdió el 50 por ciento de sus negocios en la repartición de
bienes con su hoy ex pareja.
Por eso, la renuncia de la ex
alcaldesa y entonces aspirante a la gubernatura, Esthela Ponce Beltrán, le cayó
como anillo al dedo, y tras relevarla en el cargo e iniciar su fugaz periodo
gubernamental, el hoy ex alcalde escaló vertiginosamente y logró convertirse de
un día para otro en el proveedor favorito del XIV Ayuntamiento de La Paz.
En su corto periodo de seis
meses de interinato -del 7 de marzo al 28 de septiembre de 2015-, fue rapaz y
expidió 377 facturas por concepto de compras de refacciones, accesorios,
llantas, aceites, filtros de gasolina, bombas de frenos, mangueras de sistema
de enfriamiento, alineación y balanceo de llantas, y cambio de aceites y
afinaciones del parque vehicular de la Dirección de Seguridad Pública, Policía
Preventiva y Tránsito Municipal; así como de Servicios Públicos Municipales y
Obras Públicas y Asentamientos Humanos, Bomberos, ZOFEMAT, Instituto de
Cultura, Coordinación de Delegaciones, Cabildo y presidencia municipal.
El modus operandi fue el
siguiente:
El ex alcalde enviaba la
orden de compra a través de la Dirección de Adquisiciones de Oficialía Mayor, y
los vehículos ingresaban en reparación en los talleres de su propiedad.
Una vez reparados, para no
levantar sospechas, el ex edil expedía la factura correspondiente a nombre de
su secretaria y prestanombres Silvia Aguilar Baltazar, presunta propietaria de
Auto Servicios Aguilar.
Durante ese tiempo, y según
las copias de las facturas, Monroy se auto pagó 8 millones 862 mil 520 pesos
con 20 centavos.
Peor aún, las abultadas
compras fueron las encargadas de delatar a su negocio, pues durante esos seis
meses de interinato, subieron 675% más que en el periodo de la ex alcaldesa
Ponce Beltrán, quien dicho sea de paso, hizo operaciones indebidas por 4
millones 370 mil 558 pesos con 80 centavos en el negocio del entonces alcalde
suplente y posterior sucesor en La Paz.
En la revisión física del
domicilio fiscal del supuesto negocio Auto Servicios Aguilar, localizado en la
colonia 8 de Octubre de La Paz, reporteros de ZETA solo encontraron viviendas
particulares, lo que deja en claro que la dirección fiscal solo fue utilizada
para la expedición de facturas.
Para rematar, y en virtud de
la crisis económica, como ya no tuvo dinero para auto liquidarse al final de su
administración, el 25 de septiembre, es decir, tres días antes de dejar el
poder, Monroy Sánchez -de acuerdo con la Póliza de Diario Número 141 en poder
de ZETA- autorizó la donación de un terreno ubicado en Villas del Encanto, en
pago al adeudo de Silvia Aguilar Baltazar, a través de un contrato de
reconocimiento de adeudo y donación registrado por el notario público Número 3,
Carlos Arámburo Romero, según la escritura 53 mil 665, valuado en 2 millones
500 mil pesos.
AGÚNDEZ: EL NUEVO EMPRESARIO
Pero si “Pancho” Monroy fue
rapaz, su homólogo de Los Cabos, José Antonio Agúndez Montaño, prácticamente se
habría estrenado con un jugoso negocio de arrendamiento de vehículos.
Aunque actualmente esta
versión es investigada por la Comisión Mixta Revisora del XII Ayuntamiento de
Los Cabos, existen algunas evidencias que hacen suponer su participación en el
negocio denominado Jet Van Car Rental, S.A .de C.V. y su interés -muy
persistente y particular- en firmar un contrato de arrendamiento de 39
automóviles, los cuales fueron asignados en las direcciones de Desarrollo
Urbano, DIF, Contraloría, Registro Público de la Propiedad y el Comercio,
Inspección Fiscal, Catastro, Transporte, Ingresos, Secretaría General, Asuntos
Jurídicos, Ecología, Obras Públicas, Cabildo, Comunicación Social, Protección
Civil, Servicios Públicos y Sindicatura.
Y es que nadie de la llamada
Comisión Mixta Revisora del XII Ayuntamiento local, se explica cómo siendo Los
Cabos, el municipio más solvente y rico del Estado, tuvo que recurrir
sospechosamente al arrendamiento de vehículos oficiales, donde se liquidaba una
renta mensual de 576 mil 56 pesos.
El contrato de arrendamiento
-en poder de ZETA- fue de 32 meses, iniciando en diciembre de 2012 y terminando
en agosto de 2015, el cual tiene estampada la firma del alcalde de Los Cabos,
José Antonio Agúndez Montaño, y del presunto apoderado general de la empresa
arrendadora, Jesús Rodríguez de la Huerta.
En suma, el contrato total
fue por 18 millones 433 mil 792 pesos, lo que deja entrever el lucrativo
negocio que traía entre las manos el ex edil cabeño.
Según uno de los integrantes
de la Comisión Mixta Revisora, “la compra de los 39 vehículos, en vez de
arrendarlos, hubiera costado al erario alrededor de 7 millones 800 mil pesos, a
razón de 200 mil pesos por vehículo nuevo”.
“Obviamente, aquí alguien
hizo negocio”, reflexionó la sindico y presidenta de la Comisión Mixta
Revisora, Susana Zatarain García, “con todo ese dinero se hubieran comprado el
doble de unidades y ya fueran parte del parque vehicular del gobierno
municipal”.
Después de la toma de
protesta del alcalde Arturo de la Rosa Escalante -28 de septiembre-, Rodríguez
de la Huerta envió a recoger todos los vehículos rentados bajo el argumento de
un adeudo de 7 millones de pesos, y fueron concentrados en una huerta en Santa
Anita, presunta propiedad de un familiar de los Agúndez.
Después del hallazgo, los
vehículos fueron sacados del lugar, y se desconoce su paradero, aunque al
cierre de esta edición, integrantes de la Comisión Mixta Revisora indagaban su
paradero porque en los inventarios entregados por el anterior gobierno, aparecen
como parte del parque vehicular del gobierno municipal cabeño.
EL COCHINERO EN LA PAZ
Aunque apenas el 10 de
noviembre, el alcalde Armando Martínez
de la Vega aprobó oficialmente aplicar una auditoria forense al XIV
Ayuntamiento de La Paz, al término de la revisión de la entrega-recepción
fueron detectadas una serie de irregularidades.
En sesión de Cabildo, expuso
el resultado final de la investigación sobre la situación financiera, donde
señaló que recibió una administración muy menguada en sus finanzas por los
desvíos, gastos sin comprobar y omisiones que habrán de tener responsabilidades
administrativas y penales. Lo más grave es:
* La no aprobación de las cuentas públicas de los
ejercicios fiscales 2010, 2011, 2012, 2013, y en proceso de auditoria la de
2014, y de las cuales no se solventaron gastos por mil 668 millones 374 mil 720
pesos con 95 centavos.
* Una deuda pública de 940 millones 956 mil 511 pesos
con 61 centavos, de los cuales 303 millones 593 mil 972 pesos con 60 centavos
fueron heredados por la ex alcaldesa Rosa Delia Cota Montaño en marzo de 2011,
y 637 millones 362 mil 539 pesos con un centavo fueron dejados por los ex
ediles Esthela Ponce Beltrán y Francisco Javier Monroy Sánchez.
* Un adeudo por
55 millones 678 mil 221 pesos con 7 centavos de créditos fiscales en el
Servicio de Administración Tributaria (SAT) de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público.
* El desvío de recursos federales por el orden de los
254 millones 600 mil pesos, etiquetados para programas sociales y obra pública
en el Municipio.
* La reprogramación de recursos federales del Ramo 33,
correspondientes a los ejercicios fiscales 2013 y 2014 para ser ejercidos en
2015 por 31 millones 510 mil 93 pesos con 26 centavos, de los cuales se
ejercieron en obras no programadas 12 millones 857 mil 499 pesos con 10
centavos, y todavía está pendiente de aclaración un monto de 31 millones 274
mil 935 pesos con 65 centavos.
* La adjudicación directa por contratos de 2 millones
925 mil 709 pesos con 8 centavos que formaban parte de un recurso comprometido
de alrededor de 10 millones 505 mil 632 pesos con 83 centavos, sin llevar un
procedimiento de adjudicación e incumpliendo con la normatividad.
* La disposición indebida de 2 millones 500 mil pesos
a la cuenta del Carnaval 2014, y 2 millones a la cuenta del Gasto Corriente, de
un importe de 8 millones 517 mil 985 pesos con 59 centavos enviados por el
Gobierno Federal para la construcción de un mercado municipal, el cual no se
consumó, a pesar de que la obra se adjudicó al contratista Jesús Antonio Rendón
Vaca, quien recibió un anticipo del 30% por el orden de 3 millones 915 mil
pesos.
* La transferencia indebida de 12 millones 615 mil 487
pesos con 10 centavos de la cuenta del Programa Hábitat 2013 a otra, cuyo
proceso está observado por la Secretaría de la Función Pública, lo que derivó
la suspensión de la entrega de recursos en los ejercicios 2014 y 2015.
* Un adeudo de obras terminadas por 14 millones 251
mil 534 pesos con 38 centavos y otro de 6 millones 641 mil 028 pesos con 77
centavos de obras inconclusas, de un gasto de 55 millones 303 mil 918 pesos con
67 centavos en los ejercicios fiscales 2013 a 2015.
* La desaparición de 11 millones 200 mil pesos
programados para la construcción de la Fuente Danzante Interactiva en el Centro
Histórico de La Paz, la cual no fue ejecutada, pese a haber depositado el
dinero.
* La adjudicación directa de contratos con recursos
del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) por 24 millones 795 mil
150 pesos con 51 centavos para el programa denominado Estrategia de Innovación
y Desarrollo Digital en el ejercicio de 2014 y recursos de la Secretaría de
Desarrollo Social (SEDESOL) por alrededor de 25 millones de pesos en el
programa de adquisición de sistemas fotovoltaicos.
* Desvío de 123 millones 800 mil pesos de un préstamo
bancario de 150 millones de pesos, el cual fue recibido el 22 de febrero de
2013.
* La celebración de convenios de liquidación por parte
del ex tesorero Rosendo Castro Orantes, quien sin tener facultades legales,
pago 2 millones de pesos a favor del ex trabajador José Luis Gutiérrez Obeso, y
suscribir contratos de reconocimiento de adeudo a favor de la empresa
Comercializadora y Desarrolladora de Proyectos, S.A. de C.V., en la compra de
tres camiones recolectores de basura; tiene un cheque sin fondos por la
cantidad de un millón 549 mil 615 pesos. El propio ex contralor, José Luis
Taylor Ojeda, resolvió responsabilidades administrativas -bajo el número de
expediente CM/PARA/021/2014- en contra del ex tesorero Castro Orantes, culpable
de haber causado un daño patrimonial en perjuicio del anterior ayuntamiento por
12 millones 893 mil 662 pesos con 10 centavos, respecto de recursos del
Programa Hábitat 2013, imponiendo una sanción de inhabilitación hasta por seis
años en el servicio público. No obstante, omitió poner una sanción económica, a
efecto de que el ex servidor público resarciera el daño, en términos de los
artículos 48 y 61 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del
Estado.
* La expedición indebida de licencias de alcohol a
favor de los ex regidores Javier González Rubio Cerecer, Silvia García
González, Saúl Lamas Guzmán, Pilar Eduardo Carballo Ruiz, Luis Fernando Barajas
Gámez, José de la Toba Camacho, Norma Alicia Castañeda Quintero, Ana Luis
Castañeda Quintero, Ricardo Fiol Higuera José Javier Martínez González; José
Javier Ramírez Martínez, Fausto Álvarez Gámez, Alma Melissa Bernal, así como el
ex tesorero Rosendo Castro Orantes y la ex inspectora fiscal, Martha Elena de
la Peña Avilés, además del ex secretario general Guillermo Beltrán Rochín, los
cuales usaron a amigos y familiares como presuntos prestanombres, sin haber
pagado lo estipulado en la Ley de Hacienda Municipal hasta por 2 millones 365
mil 875 pesos.
LAS IRREGULARIDADES EN LOS CABOS
Pero todavía no se terminaba
de rendir el informe de La Paz, cuando en Los Cabos, la presidenta de la
Comisión Mixta Revisora del XV Ayuntamiento local, Susana Zatarain García, daba
a conocer los hallazgos más significativos en ese destino turístico, derivado
de la revisión del proceso de entrega-recepción.
“El resultado arrojaba la
presunta responsabilidad de funcionarios públicos salientes, por lo cual
iniciaría una revisión exhaustiva que permita a la autoridad competente actuar
en consecuencia e iniciar procedimientos administrativos y lo que resulte
procedente, por actos y omisiones de los ex servidores públicos”, los cuales
van a ser denunciados penalmente a
través de la unidad administrativa facultada para presentar querellas en la
Procuraduría General de Justicia del Estado.
Hasta ahorita se ha
encontrado:
* Un desfalco de 213 millones de pesos por concepto de
pago y entero de las aportaciones de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez, Sistema
de Ahorro para el Retiro y FOVISSSTE en los ejercicios fiscales de 2007 a la
fecha.
* Un adeudo de 41 millones 620 mil 303 pesos, derivado
de la retenciones sobre el Impuesto sobre la Renta (ISR) realizados a ex
funcionarios, del periodo de agosto de 2014 a agosto de 2015, cuyo dinero no fue entregado a la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público. Asimismo, un adeudo de 21 millones de pesos por
concepto de enero a favor de FONACOT.
* 14 obras inconclusas e inexistentes por más de 40
millones de pesos, las cuales se encuentran bajo investigación en la Dirección
General de Obras Públicas y Asentamientos Humanos.
* Un adeudo por 9 millones de pesos a medios de
comunicación locales por concepto de convenios por parte de la Dirección
General de Comunicación Social.
* El gasto indebido de un millón 294 mil pesos en la
compra de cuatro equipos en el Programa Hábitat 2015 y una compra de equipos
por 733 mil 636 pesos del Ramo 33 2015, sin licitación y a través de asignación
directa.
* La asignación directa de 24 contratos por 9 millones
69 mil 760 pesos por concepto de compra de materiales, refacciones, pintura,
materiales de construcción, plomería, electricidad, así como servicios de
desarrollo y manejo de página web, los cuales no están siquiera firmados en su
totalidad por los funcionarios salientes.
* La contratación directa de un proveedor para la
elaboración e integración del acta de entrega-recepción, sin contrato y aún
pendiente de un pago de 946 mil pesos que no aparece entre la lista de
pendientes de la Comisión Mixta Revisora.
* El arrendamiento de siete bienes inmuebles por 122
mil 959 pesos mensuales, donde se
encuentran las oficinas municipales de ZOFEMAT, Instituto de la Juventud,
Instituto de la Mujer, Dirección de Ecología y Dirección de Desarrollo Social,
y propiedad de ex funcionarios encabezados por el ex gobernador Narciso Agúndez
Montaño, los cuales no cuentan con solicitud ni justificación de la institución
municipal.
* La compraventa de 44 sementales bovinos de registro,
adquiridos en un millón 418 mil 161 pesos en la Expo Ganadera, en el marco de
las Fiestas de San José del Cabo 2014, de los que nada se sabe.
* Las cuentas públicas no aprobadas en los ejercicios
fiscales 2011, 2012, 2013 y en proceso de auditoría de 2014. En el caso de
2012, fueron formuladas 791 observaciones, de las que no se solventaron 643.
(SEMANARIO ZETA/ REPORTAJEZ BCS/ Gerardo
Zúñiga Pacheco / Fotos. Cortesía / archivo/
24 de Noviembre del 2015 a las 12:00:33)
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