México, DF (apro).- La
Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade)
solicitó a un juez federal tres órdenes de aprehensión en contra de los
empresarios que presuntamente firmaron contratos con el extitular de la
Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de
Gobernación (Segob), Arturo Escobar y Vega, para la expedición de 10 mil
tarjetas “Premia Platino”.
Se trata de María Guadalupe
Robles –hermana de Luisa María Robles, apoderada legal de la empresa Proyectos
Juveniles–, Pablo Líder Robles y Ramiro Quintero Ramos, quienes realizaron
aportaciones en dinero y en especie, pese a que eso está prohibido por ley.
Con base en la denuncia que
presentó la exdiputada federal perredista Julissa Mejía y una más que promovió
el PAN, la Fepade determinó que sí hay elementos para considerar el delito
electoral encabezado por Escobar y Vega cuando fungía como vocero del Partido
Verde Ecologista de México (PVEM).
La indagatoria está enfocada
en las tarjetas denominadas “Premia Platino” que el PVEM compró a proveedores
no autorizados por el Instituto Nacional Electoral (INE), y Escobar y Vega,
como representante legal del partido, firmó los contratos con esos empresarios
violando la ley electoral.
Los delitos que se les
imputan están contemplados en el artículo 15 de la Ley General en Materia de
Delitos Electorales (LGMDE), así como en el artículo 7 Fracción XXI relativo a
proveedores no autorizados por la autoridad administrativa (INE).
Este jueves la exdiputada
Julissa Mejía acudió a la Fepade para conocer la resolución de la demanda que
interpuso contra el PVEM el 9 de abril pasado, previo al proceso electoral.
De acuerdo con la denuncia,
Proyectos Juveniles subcontrató a la empresa Cards, de Pablo Líder Robles
–quien se encargó de elaborar las tarjetas–, así como a Multiservicios, de
Ramiro Quintero Ramos, responsable de la distribución de los plásticos que
podían ser usados en miles de establecimientos.
La Fepade informó que la
orden de aprehensión contra Escobar y coacusados es sólo por el uso de las
tarjetas Premia Platino, aunque hay otros temas que quedaron pendientes.
“Por la información que
proporciona la Fepade se advierte otra vez un esquema de triangulación en el
reparto de tarjetas, como hizo el PRI con las de Monex en 2012”, destacó la
exlegisladora perredista.
Añadió: “No descarto que haya
algo político contra Escobar, pero qué bueno que se le dio seguimiento a esta
denuncia que ya daba por desechada. Éste es un paso importante, ya que es
delito entregar tarjetas, es una dádiva ilegal, y ya no nos vamos a quedar como
si nada como nos pasó con las tarjetas de Monex y Soriana”, advirtió.
(PROCESO/ LA REDACCIÓN/ 26 DE NOVIEMBRE
DE 2015)
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