Un reporte de la ONU refiere que,
durante tres años, de 2010 a 2013, en México las distintas corporaciones
policiacas decomisaron 115 553 armas, lo cual significa 60 por ciento más del
armamento asegurado en ese mismo periodo en Irak.
En una de las fotografías más
difundidas de Joaquín Guzmán Loera, especialmente en la época posterior a su
primera fuga (enero, 2001), se le observa sostener entre las manos, y asida de
cabestrillo, un arma larga de las que en México se conocen mejor como cuerno de
chivo. Un Ak-47, de manufactura rusa.
El AK-47 es uno de los
fusiles de preferencia de los capos, sean mexicanos, colombianos o italianos.
Cuando Héctor Palma, “El
Güero”, fue detenido en la década de 1990, siendo un aliado del Chapo que
contribuyó a la construcción del Cártel de Sinaloa, fue presentado aún con las
heridas que había sufrido cuando la avioneta en la que el prófugo se trasladaba
cayó a tierra. Sobre sus manos, aun sentado, también sostenía un cuerno de
chivo.
En Baja California, los
narcojúniores, un grupo de sicarios al servicio del Cártel Arellano Félix que
tomó su apodo del estrato social al que pertenecían, eran expertos en la
utilización del AK-47. Ramón Arellano Félix, el más sanguinario y violento de
los hermanos, gustaba de enviarlos a cursos en el manejo de armas a Israel. Los
preparaba para matar en Tijuana a enemigos y amigos, a desconocidos incómodos.
A policías honestos.
Hoy, todos los días de hecho,
en cualquier página de diario de ciudad del norte, del Pacífico o el centro de
México, se leen reportes de ejecutados con armas largas, específicamente con
cuerno de chivo. En Sinaloa, Guerrero, Puebla, Jalisco, Sonora, Veracruz, se
reportan ejecuciones con AK-47.
Son de tal atracción los
cuernos de chivo en México que, en lugar de destruir muchos de ellos como
corresponde legalmente, en el Ejército Mexicano los coleccionan. En las
instalaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional existe una especie de
museo del narco donde son exhibidas —no al público en general, pero sí a unos
cuantos “privilegiados”— las armas de alto calibre que fueron modificadas por
los narcotraficantes para hacerlas personales. Ak-47 chapados en oro, algunos,
y de oro y piedras preciosas otros. Las iniciales de los capos resaltadas con
rubíes, zafiros, diamantes. Cachas de oro de 24 quilates.
En un reporte de las Naciones
Unidas se refiere que, durante tres años, de 2010 a 2013, en México las
distintas corporaciones policiacas decomisaron 115 553 armas, lo cual significa
un 60 por ciento más del armamento asegurado en ese mismo periodo pero en Irak.
México en la actualidad no
tiene armas de manufactura nacional. Las fábricas de armas que existieron en la
república fueron cerradas a partir de 1972 cuando el gobierno federal, entonces
en manos de Luis Echeverría Álvarez, omitió la expedición de permisos para tal
efecto en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos que nos rige hasta la
fecha. La postura de encabezar un gobierno pacifista tuvo mucho que ver en
aquella decisión, tomada apenas unos años después de la masacre de Tlatelolco
el 2 de octubre de 1968.
En un esfuerzo más por
orgullo nacional que por practicidad, elementos del Ejército Mexicano,
ingenieros al servicio de la Sedena, crearon en años recientes un fusil de alto
calibre. El FX-05 Xiuhóalt (palabra náhuatl cuyo significado es serpiente de
fuego) fue exhibido al público en el desfile militar del 16 de septiembre de
2006. No tan ligero como el AK-47, utiliza una munición un poco más ligera,
imita el sistema automático del arma rusa y puede alcanzar los 750 disparos por
minuto.
Siendo México pues un país
pacifista que no manufactura armas y en el que las de importación son para uso
exclusivo de las fuerzas armadas, el resto de las que circulan en nuestras
calles son producto del tráfico de armas, un negocio en poder del crimen
organizado y el narcotráfico —a veces con la ayuda de algún gobierno— para
intimidar, matar, amenazar, causar terror. Además, las huestes y los grupos de
sicarios suelen portar mejores armas que las de las corporaciones policiacas,
haciendo que en el extremo de un enfrentamiento o persecución de los criminales
la desigualdad sea evidente.
En los últimos días hemos
escuchado harto del AK-47. Sin embargo, la comunidad internacional lo llama
fusil Kaláshnikov, como ha sido reconocido por el apellido de su creador,
Mijail Kaláshnikov.
Los hombres que en nombre de
Alá y en representación del Estado Islámico atacaron y asesinaron la audiencia
de un concierto de rock en un teatro parisino y mataron a sangre fría a
comensales de cafés y transeúntes, dispararon con cuernos de chivo. También es
el arma favorita de los terroristas. Automático, seiscientos disparos por
minuto. Alto calibre. Letal.
Ante la unión de naciones de
Europa y Occidente para enfrentar al Estado Islámico, el presidente Enrique
Peña Nieto se sumó al apoyo internacional.
En un acto de solidaridad
internacional, dejó al México pacifista para trascender a un país bélico, y
propuso una acción global para enfrentar al terrorismo. En esta época violenta
en el mundo, una estrategia en ese sentido puede ir en distintas direcciones...
endurecer las normas para la migración legal, incrementar la persecución de la
migración ilegal, perseguir el financiamiento de las redes de terroristas,
detener el tráfico de armas.
Frente el compromiso del
presidente Enrique Peña Nieto ante la comunidad internacional para frenar el terrorismo,
se prevé necesario empezar por casa. No podría ayudar, vaya, si no se ayuda.
Hay dos instituciones en
nuestro país que, de manera imprescindible, requieren de una depuración,
transformación e institucionalización para poder cumplir con la palabra del
presidente. El Instituto Nacional de Migración y la Administración General de
Aduanas.
En el INAMI, a raíz de la
reforma de 2009 en el sexenio de Felipe Calderón, la reglamentación para la
revisión de quienes pretenden entrar en este país se tornó rigurosísima.
Imagine usted que al acceder por aire, tierra o mar a nuestro país, debe pasar
un trámite de primer mundo: revisión de documentación en lo individual, pago de
servicios por internación al territorio, auscultación de las pertenencias de
manera manual y por aparatos, y solicitud de pasaporte con su debido sellado.
El objetivo era controlar las
fronteras y los accesos, para evitar, por un lado, que narcotraficantes y
criminales se internaran en nuestro país; y por otro, evitar que células de
extremistas utilicen el territorio mexicano para llegar a Estados Unidos y
entrar así por la puerta chica a la cuna de la civilización occidental.
En la práctica, ninguna de
esas reglas se puede cumplir. No hay ni presupuesto ni infraestructura para
documentar a 29 millones de personas que entran a México cada año de acuerdo
con las declaraciones de la secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz
Massieu. En meses recientes, en Tijuana, Baja California —desde donde estas
líneas se escriben—, el delegado de migración decidió ejercer la reglamentación
en uno de los puntos de entrada de Estados Unidos a México, particularmente en
un acceso peatonal.
Solicitar documentos, pasaporte, revistas,
remitir a permiso. Lo que se armó fue un cuello de botella que extendió la
hilera de personas varios metros, y despertó a las cámaras de comercio de ambos
lados de la frontera en un grito de denuncia sobre “el trato indigno” de las
autoridades mexicanas hacia los extranjeros.
Ciertamente en las
condiciones actuales, la reforma de Felipe Calderón es letra muerta. Y como
país de tercer mundo, los extranjeros y sus países exigen un trato preferencial
que no otorgan a los mexicanos en sus territorios. Sin filtros, por las fronteras
mexicanas cruzan delincuentes, armas, dinero. Es un flujo continuo, como el de
los narcotúneles que se utilizan en ambos sentidos: de México hacia Estados
Unidos se trafican drogas y personas. En el sentido contrario, llegan armas y
dinero.
En Aduanas se presenta un
escenario similar. Por ley, todos los vehículos motores que llegan a suelo
mexicano, sea por vía aérea, terrestre, marítima, debieran ser revisados
físicamente, y sus pertenencias inspeccionadas para verificar que cumplan con
las normas nacionales y que no se trate de productos o artefactos cuya posesión
constituya un delito en nuestro país. Pero esto tampoco se lleva a cabo en la
realidad cotidiana. De hecho, a la entrada del presidente Peña al gobierno
federal, una de sus primeras decisiones —quizá para dar la impresión de un
territorio más seguro— fue eliminar retenes y puntos de revisión en carreteras
federales, y monitoreo de Aduana en los aeropuertos.
México no está, pues, en
condiciones de cumplir con la palabra empeñada de Enrique Peña Nieto de apoyar
una acción global contra el terrorismo... pero en una de esas, haciendo cumplir
la ley, hasta nos beneficia en el alto a las armas y la protección a nuestras
fronteras.
(Newsweek en Español)
(SEMANARIO ZETA/ GENERALEZ/ Reportero: / Adela Navarro Bello /
Fotos. Cortesía/ 24 de Noviembre del
2015 a las 13:19:24)
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