Compañías señaladas por Estados Unidos
como “fachadas” del narcotráfico y lavado de dinero, operan con permisos o
concesiones del Gobierno de la República. Durante más de una década, los
Zambada continúan sus negocios en Sinaloa y la familia de Juan José Esparragoza
opera con normalidad en Jalisco. La Secretaría de Hacienda exhibe en el Diario
Oficial de la Federación a la esposa, hija y abogado del “Azul” por expedir
comprobantes fiscales dudosos
Mientras que el gobierno de
los Estados Unidos ha documentado en los últimos ocho años un exponencial
crecimiento empresarial del Cártel de Sinaloa y ha enlistado a los presuntos
narcoempresarios, autoridades hacendarias mexicanas han advertido la presencia
de algunos contribuyentes vinculados a la organización criminal a través de sus
bases de datos.
Informes del Departamento del
Tesoro de Estados Unidos señalan que entre 2007 y 2014 la mafia sinaloense que
encabeza el fugitivo Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, construyó una red de más
de 288 empresas en el Continente Americano, de las cuales 95 tienen su
asentamiento en México y 14 han sostenido algún tipo de relación comercial o de
dependencia económica del Gobierno de la República.
En la directriz o gerencia de
las compañías de dudoso origen, figuran los nombres de padres, hijos, esposas,
concubinas y familiares políticos de los narcotraficantes Joaquín Guzmán Loera,
Ismael Zambada García, Juan José Esparragoza Moreno y Rafael Caro Quintero.
Según reportes
estadounidenses, traídos al contexto de la relación bilateral tras la fuga de
“El Chapo” Guzmán -el 11 de julio de 2015- del penal de máxima seguridad
Altiplano, algunas de las empresas del también llamado Cártel del Pacífico que
tienen alguna relación, prestación de servicios o reciben algún tipo de
subsidio del gobierno mexicano, están vinculadas desde hace varios años.
Algunas de las razones
sociales mencionadas son: Cooperativa Avestruz Cuemir de Guadalajara,
relacionada con las familias Esparragoza Gastélum y los colombianos Cuéllar
Hurtado; además de Estancia Infantil “Niño Feliz” y Nueva Industria de
Ganaderos de Culiacán, ambas con dirigencia de la familia Zambada Niebla en
Sinaloa.
En el caso de los miembros de
la familia Esparragoza, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público reportó que
madre e hija, así como su representante legal, fueron señalados como
contribuyentes sospechosos de emitir comprobantes fiscales cuestionados, por ello sus nombres fueron publicados en el
Diario Oficial de la Federación a finales de abril de 2015. Además de
exhibírseles públicamente, se les investigará fiscal y penalmente, trascendió.
LOS NIÑOS DE “EL MAYO”
El primer vínculo detectado
de la relación de los negocios del Cártel de Sinaloa con el Gobierno Federal se
conoció en 2007. La Estancia Infantil “Niño Feliz”, asentada en Culiacán,
Sinaloa y fundada por María Teresa Zambada Niebla, hija del narcotraficante
Ismael “El Mayo” Zambada, era subrogada del Instituto Mexicano del Seguro
Social.
La guardería, que recibía
dinero del IMSS, brindaba atención a niños desde 43 días de nacidos hasta los
cuatro años de edad. El servicio se ofrecía a madres trabajadoras que cotizaban
en el Seguro Social. Tras el escándalo se anunció que terminaría la relación,
pero lo único que ocurrió fue la firma de convenios modificatorios que se han
renovado en varias ocasiones.
La estancia infantil fundada
por los socios María Teresa Zambada Leyva, Mayte Díaz Zambada, Javier Ernesto
Díaz Zambada y Rosa María Zazueta Zambada, inició operaciones el 22 de
noviembre de 2011 y a la fecha continúa atendiendo a 209 niños, por cada uno de
los cuales recibe 3 mil 42 pesos mensuales por parte del IMSS.
La intervención de Teresa
Zambada no se limita a la guardería, sino que fungió como apoderada legal de
las empresas Nueva Industria de Ganaderos de Culiacán, S.A. de C.V. y Establo
Puerto Rico, S.A. de C.V., investigadas por los delitos de operaciones con
recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, por sus ligas con
miembros del Cártel de Sinaloa.
La agrupación de ganaderos
sinaloenses ha obtenido tres concesiones del Organismo de la Cuenca del
Pacífico Norte, dependiente de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). La
primera en 1997, para obtener aprovechamientos subterráneos por un volumen de
300 mil metros cúbicos de agua. Las otras dos en 2005, para utilizar un canal
abastecedor de agua para usos industriales.
En 2007, Nueva Industria de
Ganaderos de Culiacán fue mencionada en las listas de compañías y cabecillas
del narcotráfico sancionados por el Departamento del Tesoro norteamericano.
Meses después, Actuando en la averiguación previa
PGR/SIEDO/UEIORPIFAM/034/2007, la Procuraduría General de la República ordenó
el bloqueo y aseguramiento de diversas cuentas de cheques aperturadas por la
empresa en las instituciones bancarias BBVA Bancomer y Banorte.
Apoyada por los abogados José
I. Nicolás Rubio Carrillo, Jesús Antonio Amezquita Ruiz, Roberto David García
Salcedo y Ambrosio Armenta López, la hija de Zambada sostuvo una batalla
jurídica para descongelar las cuentas bancarias entre los años 2010 y 2012, sin
mucho éxito.
LA CRÍA DE AVESTRUCES
Asentada en Tlajomulco de
Zúñiga, municipio conurbado a Guadalajara, una empresa que se dedica a la
crianza y venta de carnes de ave, también fue objeto del señalamiento de las
autoridades estadounidenses por su presunta sociedad con narcotraficantes,
entre ellos los Esparragoza de Sinaloa y los Cuéllar de Colombia.
La compañía, que ostenta
diversas denominaciones, como Cooperativa Avestruz Cuemir, S.C. de R.L. de C.V.
y Agrícola y Ganadera Cuemir, S.P.R. de R.I., cuenta con registro del 15 de
octubre de 2005 y fue inscrita desde 2012 en el Sistema de Tipo Inspección
Federal del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Alimentaria
(SENASICA).
Representada por el
colombiano Hugo Cuéllar Hurtado, presunto socio de Juan José Esparragoza Moreno
“El Azul”, la empresa ha recibido apoyos del Gobierno Federal y expandido su
presencia al Estado de Nayarit.
Al menos desde 2010, la
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
(SAGARPA), cuenta con solicitudes de la avícola para solicitar subsidios del
Programa de Apoyo a la Inversión de Equipamiento e Infraestructura Componente
Ganadero.
De acuerdo con datos de la
dependencia federal, en 2011, Cuemir recibió 2 millones 579 mil 656 pesos para
impulsar un proyecto que tuvo por nombre Modernización de Instalaciones para
Obtener Certificación TIF, Diversificar. En 2013 solicitó apoyo para la
adquisición de tríos reproductores de avestruz, corrales para cría y engorda,
obra civil y centro de incubación.
Luego de que Cuéllar Hurtado,
sus hijos John Fredy, Joanna y Víctor Hugo Cuéllar Silva y otros socios, fueron
evidenciados -a principios de 2014- por la Oficina de Control de Activos
Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, Hugo promovió juicios de amparo
en contra del procurador general de la República, el secretario de la Defensa
Nacional y otras autoridades.
El sudamericano pidió
protección de la justicia federal en contra de alguna orden de presentación,
aprehensión, arraigo, de detención con fines de extradición y el aseguramiento
o inmovilización de bienes de su propiedad. El acto reclamado no existía, por
lo que los juicios fueron sobreseídos.
LA “VIUDA” DE ESPARRAGOZA
Por su parte, la pareja
formada por Juan José Esparragoza “El Azul” y su esposa, la acaudalada
empresaria María Guadalupe Gastélum Payán, propietarios de fraccionamientos y
diversos negocios en el Estado de Jalisco, también resultaron beneficiados por
la CONAGUA, con la concesión de derechos de agua para uso agrícola.
Primero, , desde julio de
2003, la señora Gastélum tiene derecho a aprovechamientos subterráneos de 108
mil metros cúbicos de agua; mientras que, como pareja de Esparragoza Moreno,
cuenta con otra concesión desde noviembre de 2008 para aprovechar un volumen de
180 mil metros cúbicos del líquido proveniente de la región hidrológica del Río
Lerma-Santiago.
En la última de las fechas,
ya existían recompensas por información que llevara a las autoridades a detener
al “Azul”. La PGR en México ofrecía 30 millones de pesos y el gobierno de los
Estados Unidos de América daría 5 millones de dólares a los delatores. Pese a
ello, el narcotraficante siguió con su vida normal y, a mediados del año
pasado, se conoció extraoficialmente de su defunción, debido a un presunto
accidente, información que no se ha confirmado.
El nombre de María Guadalupe
Gastélum Payán, la supuesta “viuda” de Esparragoza, regresó a la escena pública
en los meses de abril y mayo del presente año, cuando en el Diario Oficial de
la Federación, la administradora central de Fiscalización Estratégica, Marisela
Corres Santana, dio a conocer una lista negra con los nombres de contribuyentes
que realizan actividades irregulares.
De acuerdo con la funcionaria
de la Secretaría de Hacienda, dentro de sus expedientes y de las bases de datos del Servicio de
Administración Tributaria, se detectó “a contribuyentes que emiten comprobantes
fiscales sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad
material para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los
bienes que amparan tales comprobantes”.
Entre las personas enlistadas
aparecen María Guadalupe Gastélum Payán, su hija Nadia Patricia Esparragoza
Gastélum y su abogado, Juvencio Ignacio González Parada, quien además fue
representante legal del capo Rafael Caro Quintero. Los tres boletinados por la
autoridad hacendaria también están señalados por el Departamento del Tesoro de
los Estados Unidos como miembros del Cártel de Sinaloa.
Las mujeres y el litigante ya
se defienden, pues han promovido amparos ante jueces federales de Jalisco por
haber sido incluidos en la lista de contribuyentes falaces por parte del SAT, y
en contra de las posibles acciones fiscales y penales que esto les pueda traer.
OTRAS CONCESIONES
El resto de las compañías en
el ojo del huracán por el informe norteamericano, por resultar beneficiadas de
alguna manera por el gobierno mexicano, son Urbanizadora Nueva Italia y
Comercializadora Joana, en Jalisco; Bioesport, en Sonora; Consorcio
Inmobiliario del Valle de Culiacán y Sepriv, en Sinaloa; Sinmex Importadora,
así como las empresas de mudanzas y mensajería, Fletes y Transportes Gaxgar y
Aero Express Intercontinental.
En el caso de Urbanizadora
Nueva Italia, esta cuenta con una concesión desde agosto de 2008 por parte de
la CONAGUA para abastecerse de 115 mil metros cúbicos de agua por año, de la
Cuenca Lerma-Santiago, hasta 2018.
Por su parte, Bioesport, que
brinda servicios educativos, también es señalada por los norteamericanos como
parte del andamiaje empresarial del Cártel de Sinaloa; en 2008 se convirtió en
proveedor de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), a través de un contrato
-por adjudicación directa- firmado con la Gerencia Regional de Transmisión
Noroeste.
Fletes y Transportes Gaxgar
-enlistada en 2008- y Aero Express Intercontinental, sancionada en 2010,
cuentan con permisos expedidos por la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes (SCT) para operar y explotar
los servicios de carga.
Aunque no en todos los casos,
los señalamientos son contundentes y seguramente existen muchas empresas más
que aún no son detectadas, muestra de lo que las autoridades nacionales pueden
realizar, gestionar o interactuar con organizaciones del crimen organizado.
(SEMANARIO ZETA/ REPORTAJEZ/
Investigaciones ZETA / 10 de Agosto del 2015 a las 18:45:53)
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