Ciudad de México, 31 de julio
(SinEmbargo).– Era diciembre de 2010 y Chihuahua cerraba, con más de tres mil
homicidios, uno de los años más violentos de su historia. César Horacio Duarte
Jáquez, que hasta 2009 fue presidente de la Cámara de Diputados, tenía entonces
dos meses en la gubernatura y, ese fin de año, encabezaba en la capital del
estado una ceremonia por el encendido de las luces de un árbol navideño. Junto
a su esposa Bertha Gómez, en la Plaza del Ángel, Duarte aludió en su discurso a
la criminalidad que se vivía para asegurar que “trabajaría por la paz” y que no
tendría miedo. Al terminar, exclamaría: “Que el cielo bendiga a Chihuahua”.
La plegaria se convirtió
desde entonces en la marca de su sexenio y, en los últimos cinco años, no ha
habido casi acto oficial en el que el mandatario no se despida pidiendo “al
cielo” proteger la entidad cuya administración pública encabeza. La usó en las
entrevistas que dio a medios locales, por ejemplo, después del asesinato de la
activista Marisela Escobedo; al presentar apoyos a los miles de afectados por
la sequía, al anunciar su plan estatal de desarrollo, en las ceremonias del
Grito de Independencia…
Es tanto el apego que Duarte
tiene por la frase que, el 10 de junio de 2013, inició un trámite ante el
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, en la Ciudad de México, para
registrarla como un “aviso comercial” creado para la “gestión de negocios”,
trabajos de publicidad, administración de comercios y demás trabajos de
oficina. El expediente quedó integrado con el número 83251, a nombre de César
Horacio Duarte Jáquez. La dirección: Periférico de la Juventud número 8725,
colonia Lomas Universidad, Chihuahua.
En esa misma dirección, de
acuerdo con el padrón de proveedores de la Secretaría de Hacienda de aquella
entidad, está también registrada una compañía de servicios médicos que ha
ganado contratos millonarios para surtir al gobierno del mismo mandatario. La
empresa se denomina “Servicios y Atenciones Médicas K”, y aparece en la
relación de empresas que hacen negocios con el gobierno estatal con el número
de registro A-32-27621. Como domicilio fiscal, en la misma documentación, la
empresa registró Periférico de la Juventud 8725, colonia Lomas Universidad. Al
marcar los números telefónicos que aparecen la documentación oficial, una
recepcionista respondió informando que la oficina era de “Almacenes Ymmarsa”,
empresa también proveedora del Sector Salud de Chihuahua.
La relación entre estas
empresas ha sido negada por la administración de Duarte, también acusado ante
la Procuraduría General de la República (PGR) por enriquecimiento ilícito
probablemente derivado de la creación del Banco Progreso de Chihuahua –nutrido,
según la denuncia, con más de 800 millones de pesos erogados por la Secretaría
de Hacienda de la misma entidad.
De acuerdo con Jaime García
Chávez, autor de la investigación sobre el banco y de la denuncia ante PGR, la
oficina donde ahora está el negocio “Que el cielo bendiga a Chihuahua” es el
domicilio fiscal generado para registrar algunas de las empresas que, de
acuerdo con diversos indicios, podrían estar participando en un entramado de
corrupción en beneficio de otros funcionarios estatales.
Entre ellos, de acuerdo con
la denuncia presentada en septiembre por García Chávez, están también el actual
secretario de Hacienda del estado, Jaime Ramón Herrera Corral, señalado en la
acusación como quien destinó 802 millones de pesos del erario para el banco, y
Carlos Gerardo Hermosillo Arteaga, ex presidente de la Junta Central de Agua y
Saneamiento y, también, accionista de la institución bancaria.
“De hecho, en ese domicilio
hay tres agrupaciones: ‘Que el cielo bendiga a Chihuahua’, la de las farmacias
y la Asociación Ganadera Regional División del Norte (antes dirigida por
Hermosillo), creada por Duarte alrededor de 2006 con el apoyo de la
Confederación Nacional Campesina (del PRI), grupo del que Duarte formaba
parte”, explica García Chávez en entrevista.
“Y en el tema de las
farmacias, se han empezado a evidenciar los negocios que han hecho con la
adquisición de productos en el Sector Salud, a través del Seguro Popular y
Pensiones Civiles del estado”, agrega el abogado.
Información oficial documenta
cómo el gobierno del estado ha entregado de manera directa la asignación de
contratos millonarios a la farmacéutica Servicios y Atenciones Médicas K. En
una auditoría realizada por la Comisión de Fiscalización del Congreso sobre los
estados financieros de los Servicios de Salud consta que, el 28 de mayo de
2012, se realizó una sesión extraordinaria para asignar a esta compañía un
contrato por un “importe máximo” de 321.1 millones de pesos.
“Este importe corresponde a
la adjudicación directa número 282/2012, con fallo adjudicatorio del 28 de mayo
en sesión extraordinaria número 012/2012 del Comité de Adquisiciones,
adjudicándose a Servicios y Atenciones Médicas K, S.A. de C.V, mediante contrato
D20518, obligándose éste a entregar cada uno de los bienes, apegándose a las
descripciones y presentaciones que se indican en el anexo 1, corresponder a las
claves incluidas en el cuadro básico del Sector Salud (…) este por un importe
mínimo de $96,427,739.09 y máximo de $321,136,133.61, este contrato tendrá una
vigencia del 28 de mayo al 31 de diciembre de 2012”, dice el Informe técnico de
resultados de la auditoría.
En el padrón de proveedores
de la Secretaría de Salud aparece actualmente el nombre de la compañía como
especializada en “la compraventa importación y exportación de medicinas de
patente, artículos de belleza, artículos de aseo y limpieza, dulcería,
revistas, periódicos, perfumería, juguetería, plásticos artículos de
electrónica y accesorios relacionados con todos los anteriores, rehabilitación
y terapia física, atención médica en todas las especialidades, traslado de
ambulancia, toma de muestras y análisis clínicos, radiografías, tomografías y
mastografías, nebulizaciones, todos los estudios relacionados con la salud,
entre otros”.
De acuerdo con lo que ha
denunciado el Senador panista Javier Corral, integrante del movimiento Unión
Ciudadana que apoya la denuncia de García Chávez, es precisamente la
proveeduría de medicamentos al sector salud uno de los giros que también
estaría redituando de manera personal al Gobernador Duarte.
“Llamé la atención del asunto
desde 2012, cuando el Gobierno del Estado adquirió medicamentos con
sobreprecios exorbitantes para favorecer, y así pagar la factura, a varios de
quienes le financiaron a César Duarte buena parte de su campaña y se han
convertido a través de distintas empresas, en las que no necesariamente
aparecen, en recipendiarios de fabulosos contratos de carreteras, equipamiento,
transporte público, obras para presas y, no se diga, medicinas”, denunció
Corral en una columna disponible en el sitio electrónico de la fracción panista
en el Senado de la República.
“Pensiones Civiles del estado
y el Instituto Chihuahuense de la Salud han sido dos de los instrumentos de la
corrupción, a través de licitaciones amañadas, con el objeto de adquirir
medicamentos y productos farmacéuticos con sobreprecio. Entre los laboratorios
de medicamentos las historias son de escándalo”, agregó el legislador.
En el mismo texto, Corral
explicó que Ymmarsa se había quedado con el 83 por ciento de las licitaciones
de 2012, ganando así contratos por 354 millones de pesos aun cuando presentaba
notables aumentos en los precios. “Por ejemplo, YMMARSA cotizó 648 piezas de
Fenitonina Sódica en 204.60 pesos por pieza, cuando en el ejercicio anterior
habría gastado 48.62 pesos por pieza, es decir un 321 por ciento por arriba”,
escribió el Senador. “Los dueños de YMMARSA apoyaron la campaña de César
Duarte. Siete meses después de la toma de posesión de éste, en julio del 2011,
sin ninguna experiencia en el ramo decidieron constituirse como empresa, y
cinco meses después habían ganado la millonaria licitación, cuando para este
tipo de licitaciones se pide por lo menos dos años de experiencia en el ramo”,
agregó Corral.
Sobre la relación con
Servicios y Atenciones Médicas K, Corral anunció entonces que “dentro de las
investigaciones que abra el Ministerio Público Federal por la denuncia
presentada por Jaime García Chávez, presentaremos esas adquisiciones, que
además aparecen en la página de proveedores de Gobierno del Estado, donde tan
sólo en 2012 se hizo una adjudicación directa por un monto contratado de
321,136,133.61 pesos en medicamento y material de curación para el Seguro
Popular”.
La contratación, asegura
Corral, viola el artículo 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos,
Contratación de Servicios y Obra Pública del Estado de Chihuahua, así como el
50 de la Ley de Adquisiciones, los cuales obligan a los servidores públicos abstenerse
de celebrar contratos con personas físicas o morales con las que haya “interés
personal, familiar o de negocios”.
El titular del Seguro Popular
en el periodo señalado en las acusaciones es el actual Secretario de Secretario
de Salud, Pedro Genaro Hernández Flores, actual centro de cuestionamientos
luego de la filtración de un depósito a su nombre por 5.7 millones de dólares
en una sucursal ubicada en El Paso, Texas, del banco Wells Fargo.
A través de un comunicado,
Hernández desmintió en días pasados ser poseedor de dicha cuenta. “El
Secretario de Salud del Gobierno del estado, Pedro Hernández, negó tener una
cuenta bancaria en la institución Wells Fargo con sede en El Paso, Texas, según
versión que de manera perversa circuló a través de correos electrónicos y redes
sociales bajo la autoría de una persona que se identifica como Ricardo
Maldonado”, citó el pasado 10 de julio la revista Proceso.
Para García Chávez, sin
embargo, la postura oficial no es suficiente. “Hicimos casi un peritaje sobre
la ficha de depósito, y llegamos a la conclusión de que el depósito es real;
con un simple boletín dijeron que era chisme de los medios, pero tanto los
sellos como las cantidades, las direcciones, todo lleva a esa observación”,
dijo el abogado en entrevista.
Otra documentación muestra
organigramas oficiales en los que se observa que Pedro Genaro Hernández, además
de las denuncias anteriores, cobró un doble salario a las finanzas públicas.
Uno, indica el organigrama del “Régimen Estatal de Protección Social en Salud”
de 2014, por 64 mil 68 pesos asignados a su función como director general de
dicha entidad. Otro, de 56 mil 139 pesos, por su cargo como director
administrativo de la Secretaría de Salud.
“Obvio que Pedro Genaro
Hernández no tiene la capacidad económica para tener dinero en esa cuantía (…),
pero es un hecho que hay corrupción en la compraventa de medicamentos, y todo
lleva a ese domicilio en el que se operan los negocios de César Duarte”, agregó
García Chávez.
(SIN EMBARGO.MX/ SANDRA RODRÍGUEZ NIETO/
JULIO 31, 2015 - 00:04H)
No hay comentarios:
Publicar un comentario