MÉXICO, D.F. (Proceso).-
Luego de despojarlo de casi medio millón de pesos en efectivo y de otros
valores, el teniente Juan Carlos Mendoza Ortiz le apuntó al empresario con su
arma y, ante la risa burlona de otro militar, sentenció: “Ya valiste madre”.
Sucedió el mediodía del 6 de
marzo. El lugar: un retén del Ejército en el Circuito Exterior Mexiquense, en
los límites con la Ciudad de México.
El contratista de la
construcción había retirado minutos antes 428 mil pesos de la sucursal de
Banamex en el aeropuerto capitalino, que ese mismo día le habían depositado, y
se dirigía a una obra en Ecatepec, Estado de México, cerca de Plaza las
Américas, donde tenía previsto pagar a proveedores y empleados.
No pudo hacerlo: los
militares lo secuestraron, amenazaron y robaron a campo abierto y a la luz del
día.
Y a casi cinco meses de los
hechos, luego de vencer el miedo a que se cumplieran las amenazas de
desaparecerlo y de matar a su familia si denunciaba, la Procuraduría General de
Justicia Militar y la Procuraduría General de la República (PGR) nada han hecho
para devolverle su dinero ni para castigar a los militares criminales, pese a
que están plenamente identificados.
Más aún: el teniente Mendoza
Ortiz y tres de sus presuntos cómplices –Juan José Durán Cárdenas, Enrique
Gutiérrez Martínez y Jonathán Martínez Fuentes– están presos en el Campo
Militar Número Uno, acusados del secuestro de otro empresario. Pero el
Ministerio Público castrense y la PGR ya ni siquiera atienden a la víctima.
La pesadilla para el
empresario, cuya identidad consta en las averiguaciones y que aquí se omite por
razones de seguridad, inició aproximadamente a las 12 horas del pasado 6 de
marzo cuando circulaba, a bordo de su camioneta Dodge Durango blanca, por el
Circuito Exterior Mexiquense.
Al aproximarse a la caseta de
cobro, a la altura de la avenida Carlos Hank González, vio un retén militar y
de policías del Estado de México, quienes le hicieron la indicación de
orillarse.
Un soldado le pidió
identificarse y le preguntó hacia dónde se dirigía y a qué se dedicaba. Cuando
respondía a las preguntas, otro militar, encapuchado y con lentes oscuros, le
pidió bajarse del vehículo para revisarlo; al hacerlo, ubicó una bolsa negra de
plástico.
De inmediato, el soldado
encapuchado le arrebató al empresario las llaves de la camioneta y le ordenó
que subiera en el asiento del copiloto, mientras que él ocupó el lugar del
conductor, siempre bajo la custodia de otro militar armado.
El encapuchado le preguntó al
empresario qué traía la bolsa; éste respondió que era dinero en efectivo, 428
mil pesos, para pagos de nómina y proveedores, pues es contratista en el ramo de
la construcción. Le mostró su teléfono, donde constaba que esa mañana le habían
hecho el depósito y la hora en la que él hizo el retiro.
“En ese momento me arrebata
de mis manos mi teléfono para quedar incomunicado, lo empieza a revisar y al
mismo tiempo me empieza a decir que era un delito federal transportar esas
cantidades de efectivo y que para él eran de procedencia ilícita”, declaró el
empresario, primero ante la justicia militar y luego ante la PGR.
Consta en la averiguación
previa PGR/SEIDO/UEDICS/171/2015, iniciada por el agente del Ministerio Público
Federal Gustavo García Contreras, y en el expediente SC/83/2015-VII, levantado
por el mayor René Catana Méndez, agente investigador militar, cómo el soldado
encapuchado amenazó al empresario con llevarlo ante la Subprocuraduría
Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO):
“(El militar le dijo) que él
era la autoridad en ese momento e indicándome que su papá era general y que
también tenían empresas y sabían todo acerca de movimientos bancarios. Yo
insistiéndole que el dinero era de procedencia lícita. Él no me hacía caso y refería
que me iban a poner a disposición. Este sujeto me empieza a amedrentar
diciéndome que me iba llevar la chingada y que gracias a mí se iba a colgar una
medallita a su favor.”
El militar hizo una pausa
para hacer una llamada, con el teléfono del empresario, a alguien que llamó
“jefe” y, al colgar, le pidió entregarle su cartera, reloj y una cadena de oro,
mientras le decía que le daría la oportunidad de acreditar el origen del
dinero, pero de lo contrario, dijo, “iba a cargarme la chingada”.
Sólo para eso le devolvieron
al empresario su teléfono: Llamó a su cliente y, cuando comenzaba a hablar con
él, el militar le arrebató el aparato para hablar con aquél y ordenarle que
llegara en 10 minutos.
En ese momento otro militar
sin capucha, al que identifica sin dudar como el teniente Juan Carlos Mendoza
Ortiz, subió a la camioneta en el asiento trasero. “Me apunta con su arma y me
dice que ya había valido madres y que no me pusiera pendejo”.
EL DESPOJO
En la espera, según el
testimonio del empresario, el otro militar le decía que con él se iba a colgar
“una estrellita”, porque “estaban agarrando puro ‘pendejo inocente’. Después de
eso intenté bajarme de mi camioneta por temor a cada una de las cosas y
amenazas que decía. Acto seguido, me grita diciéndome que no me bajara, que él
era la autoridad y que me iba a esposar y a meterme un ‘pinche plomazo’”.
Cuando el cliente del
empresario llegó, acompañado de un abogado, los militares les dijeron que sólo
querían hablar con uno de ellos. Tras varios minutos de diálogo con el
litigante, éste le comunicó al empresario retenido que, para no consignarlo
ante la SEIDO, debía entregar 80% de los 428 mil pesos.
“Se nos hizo muy descabellada
esa oferta, ya que no era dinero ilícito”, expuso la víctima, a quien los militares
decían que ellos tenían todo controlado y que “literalmente estábamos en sus
manos, refiriendo que si no hacíamos caso nos iban a desaparecer a todos”.
En su declaración, asentó:
“Sin tener otra opción, decidimos otorgarles ese dinero que solicitaban, ya que
después de amedrentarnos y de sus amenazas temíamos por nuestra integridad.
Inmediatamente me piden que vayamos a mi vehículo, al cual se suben los dos
militares y yo. Adentro del mismo toman la bolsa de dinero y sólo me dejaron
aproximadamente 35 mil pesos en la bolsa”.
Antes de dejarlo libre, los
militares se negaron a devolverle sus pertenencias y lo amenazaron: “Diciéndome
que si hacía algo en contra de ellos, ya tenían registrados todos mis
movimientos e iba a ir a mi casa a matar a todos y a cada uno de mi familia”.
Pero, a pesar de los consejos
de amigos y familiares para que se olvidara del asunto, y aun contra su propio
temor de que podría haber represalias contra él y su familia, el empresario
presentó la denuncia ante la Procuraduría General de Justicia Militar, el 12 de
marzo, y luego lo hizo ante la PGR.
Además, el mismo día en que
presentó la denuncia, envió al secretario de la Defensa Nacional, general
Salvador Cienfuegos, un escrito en que detalla cómo ocurrió lo que él define como
robo, secuestro y amenazas a manos de los militares.
La respuesta llegó una semana
después, el 20 de marzo, firmada por el general brigadier Juan Roberto Sánchez
Fragoso, jefe de la Sección Primera del Estado Mayor de la Defensa Nacional, y
es escueta: “Esta Secretaría tomó nota de sus señalamientos y se realizan las
acciones a fin de proceder conforme a derecho”.
Pero han pasado los días, las
semanas y los meses, y ni la justicia militar ni la civil han resuelto nada.
(PROCESO/ ÁLVARO DELGADO/ 31 DE JULIO DE
2015)
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