El número de
muertos en la lucha por el territorio entre los cárteles de Sinaloa y de los
Beltrán Leyva, es de 27 en 92 días en La Paz. La mayoría en los límites entre
las zonas sur y norte
A punto de arrancar
el proceso electoral de 2015, y previo a la selección de candidatos a
gobernador, alcaldes y diputados locales y federales entre noviembre y
diciembre próximo, la lucha entre células del crimen organizado tiende a
empeorar, en medio de la omisión, sospecha y complicidad de agentes y mandos de
la Policía Municipal de La Paz, Policía Estatal Preventiva, Subsecretaría
Estatal de Seguridad Pública, Gendarmería, Policía Federal y hasta de la
Procuraduría General de la República.
La narcoguerra
inició el 31 de julio de 2014, cuando -según reportes federales y militares-
hubo una ruptura entre células criminales y la plaza del narcomenudeo del
municipio de La Paz se dividió en dos, tras la captura del ex capo Joaquín “El
Chapo” Guzmán.
Por un lado, la zona
sur -de la Avenida Colosio hacia el sur de la ciudad-, controlada por la gente
de Dámaso López Núñez “El Licenciado”, del Cártel de Sinaloa; y por otro, la
zona norte -de la Avenida Colosio hacia el norte-, bajo el dominio de la gente
de Fausto Isidro Meza Flores “El Chapo Isidro”, del Cártel de los Beltrán
Leyva, quienes han sido protagonistas de una feroz lucha por el control del
territorio que, al cierre de esta edición, elevó a 27 el número de muertos en
solo 92 días.
Reportes de
inteligencia federales y de las fuerzas armadas -cuya información fue
corroborada tras la aparición de narcovideos en las últimas dos semanas-
exponen la pelea entre dos bandos de narcomenudistas. El primero de ellos
encabezado por Ranulfo Portillo López “El Ranulfo”, y el segundo por una célula
identificada como “El René” o “El Zero Miedo”.
Según las primeras
investigaciones, “El Ranulfo” es respaldado por el jefe de plaza de Los Cabos,
Vidal Martínez Barraza “El Vidal” o “El Víctor” y criminales de la zona sur del
Cártel de Sinaloa, con la pretensión de,
a sangre y fuego, apoderarse de la zona norte controlada por los Beltrán
Leyva.
La mayoría de los
crímenes se han cometido en la línea divisoria entre los territorios del
narcomenudeo, es decir, sobre la Avenida Luis Donaldo Colosio hacia la calle
Nayarit en el lado norte, y de la avenida Luis Donaldo Colosio hacia el
libramiento Daniel Roldán Zimbrón del lado sur.
En base a
investigaciones federales y militares, la lucha entre unos por meterse y otros
por defenderse ha traído como consecuencia levantones, balaceras, ejecutados,
decapitados, calcinados e inclusive fusilados, como fue el caso del poblado de
Los Barriles, donde el jefe de plaza de esa zona, José Ramón Sánchez Quiroz “El
Pelón”, su lugarteniente Rosendo Jesús Acevedo Amador “El Chendo” y su novia,
Guadalupe Torres López “La Melody”.
Por ese triple
homicidio -como se afirma en averiguación previa LPZ/039/HOM/2014- fueron
capturados y encarcelados el sobrino de “El Ranulfo”, Arnulfo Lozoya Portillo
y/o Rodrigo López García “El Güero”, e Hipólito Noé Solís Hernández “El
Combayo”, quienes a la fecha han sido los primeros y únicos detenidos de esta
ola de asesinatos en La Paz.
Según reportes de
las autoridades, un hombre es clave en la ola de ejecuciones: Cruz Alfonso
Lozoya Uriarte “El Grande”, presunto jefe de sicarios de Ranulfo López Portillo
y antiguo aliado de “El René” o “El Zero Miedo”.
Se ubica a “El
Grande” como el cerebro de la logística de los asesinatos, en virtud de que
conoce a todas las células criminales tanto de la zona norte como de la zona
sur del narcomenudeo, lo que le ha permitido dar fácilmente con sus víctimas,
vigilarlas y asesinarlas, además de desplazarse impunemente con gran habilidad,
protegido por policías corruptos y mandos deshonestos vinculados a su red
criminal del Cártel de Sinaloa.
LO MÁS CUESTIONABLE
El Grupo de
Coordinación de Seguridad Pública de Baja California Sur, prácticamente ha sido
exhibido como ineficiente una y otra vez ante el crecimiento del número de
homicidios de una semana a otra, cuyos integrantes -algunos de los cuales
cuando menos tuvieron el valor civil de reconocer- “han sido incapaces de
articular un plan que permita revertir el nivel de violencia y devolver la
tranquilidad a una ciudad relativamente pequeña”.
“El problema es que
no todos están jalando parejo. Puede ser por miedo o por complicidad”,
reflexionó un miembro de este grupo interinstitucional, quien de entrada,
cuestionó duramente la actuación de los gobiernos del Estado y Federal.
Desde su punto de
vista, y con base a la Constitución Mexicana, Código Penal Federal, Ley
Orgánica de la PGR, Ley Orgánica de la PGJE y la Ley General de Delincuencia
Organizada, desde el inicio de la narcoguerra “debieron investigarse los
crímenes y causas de los crímenes, es decir, la PGJE, investigar los
homicidios; y la PGR, la causa de esos homicidios”.
Sin embargo, no está
pasando eso. A decir del integrante del Grupo de Coordinación, entre la
Procuraduría General de Justicia del Estado y la Procuraduría General de la
República se están echando la bolita y nadie quiere hacer el trabajo de
investigación de la causa de los crímenes, a pesar de que el Artículo 21 de la
Constitución Mexicana es muy claro:
* La PGJE es la instancia responsable de investigar
delitos del fuero común, en este caso, los crímenes.
* La PGR es la
instancia responsable de investigar delitos relacionados a la delincuencia
organizada, en este caso, acopio de armas y tráfico de drogas.
Peor aún, según el
Artículo 2 de la Ley General de Delincuencia Organizada, la PGR debe atraer el
caso de delincuencia organizada, ya sea ejerciendo el derecho de facultad de
atracción, o por declaración de incompetencia de cualquier autoridad. El
Artículo 2 transcribe:
“… cuando tres o más
personas se organicen de hecho para realizar, en forma permanente o reiterada,
conductas que por sí o unidas a otras, tienen como fin o resultado, cometer
alguno a algunos de los siguientes delitos: terrorismo, acopio y tráfico de
armas, tráfico de indocumentados, tráfico de órganos, corrupción de personas
menores, trata de personas y tráfico de drogas…”.
A pesar de que un
grupo de agentes de la Unidad Especializada de la Subprocuraduría Especializada
en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) levantó durante dos semanas
un mapeo delictivo, algunas dudas y sospechas de vínculos criminales recayeron
sobre comandantes y mandos de la Policía Municipal de La Paz, Policía Federal
Ministerial y Policía Federal.
Y es que en la
revisión y análisis de la información de capturas por parte de agentes de la
SEIDO, prácticamente todas salieron reprobados. Los números fríos -según
informes recolectados de puestas a disposición de vendedores de droga- de enero
a octubre pasado, son los siguientes:
* La Policía
Federal Ministerial únicamente tiene registradas dos capturas, distribuidas de
la siguiente manera: 0 en enero; 0 en febrero; 1 en marzo; 0 en abril; 1 en
mayo; 0 en junio; 0 en julio; 0 en agosto; 0 en septiembre y 0 en octubre.
* Policía Federal solo 9 detenciones, distribuidas así:
1 en enero; 0 en febrero; 2 en marzo; 0 en abril; 1 en mayo; 0 en junio; 3 en
julio; 2 en agosto; 0 en septiembre y 0 en octubre.
* Policía Municipal de La Paz, únicamente tiene 3
detenciones: 0 en enero; 1 en febrero; 0 en marzo; 1 en abril; 0 en mayo; 0 en
junio; 0 en julio; 0 en agosto; 0 en septiembre y 1 en octubre.
Los pobres
resultados hablan por sí solos de la complicidad de dichas autoridades con el
crimen organizado, a quienes no detienen ni combaten, por lo que evidentemente,
aportaron su cuota en esta narcoguerra.
LOS ÚLTIMOS CRÍMENES
En el recuento de
esta última semana, un levantón y tres tiroteos dejaron saldo de tres muertos y
dos heridos en las colonias Benito Juárez, Agua Escondida e Indeco, en la zona
urbana de La Paz.
El primero se
registró la mañana del sábado 25 de octubre, cuando un vehículo Volkswagen
Jetta de color blanco, placas de circulación CZL-8459, circulaba sobre las
calles de Cabildo, entre Benito Juárez y Normal Urbana, Colonia Benito Juárez,
y repentinamente una camioneta le cerró el paso. Un sujeto bajó con un arma
larga y disparó en contra del tripulante.
Testigos refieren
que el vehículo blanco era perseguido por una camioneta Toyota RAV4 de color
gris, tripulada por tres sujetos, uno de ellos de complexión mediana y tez
clara, con chaleco antibalas, quien empezó a disparar y, acto seguido, salieron
huyendo hacia la calle Manuel Márquez de León.
En la escena del
crimen, la PGJE levantó 29 cartuchos percutidos calibre .223 y 16 de 9
milímetros, encontrando al herido aún con vida, por lo que fue trasladado al
Hospital General “Juan María de Salvatierra”.
En el auto se
encontraron más de diez impactos de bala y una gorra negra con un gallo de
pelea bordado, unos lentes Ray Ban y una cerveza Tecate Light abierta, y a un
costado, tres recibos de nómina expedidos por Oficialía Mayor del Ayuntamiento
de La Paz, a nombre de Jesús Manuel Amador Avilés, quien era empleado general
en el área de Deportes.
El segundo caso se
registró el martes 28 de octubre, cuando se reportó el hallazgo de una persona
sin vida en el arroyo conocido como “El Piojillo”, en la colonia Agua
Escondida.
La víctima se
encontraba esposada y con un golpe en la cabeza, boca abajo y, a su alrededor,
un charco de sangre.
Las primeras
investigaciones arrojaron que se trataba del narcomenudista Christian Castro
Tyler “El Cris”, quien -según testigos- había sido levantado por la madrugada
en las calles Zafiro y Progreso del fraccionamiento Las Palmas.
Apenas el 14 de
octubre, el joven había sido detenido en posesión de ocho grapas de droga, y,
gracias a la benevolencia de las leyes mexicanas, sobre todo a los
legisladores, salió libre el 19 de octubre, para que nueve días después
apareciera muerto en medio del arroyo.
El tercer caso
sucedió también el 28 de octubre, pero por la tarde, cuando el narcomenudista
Carlos Arturo Gallardo Cadena “El Carlangas” fue perseguido y atacado en la
calle Retorno 3 esquina con Guayaba, Colonia Indeco.
Gallardo viajaba a
bordo de un automóvil Nissan Sentra de color blanco, placas de circulación
CZL-7920, resultó herido en el dedo
índice de la mano izquierda y fractura en el dedo medio. El automóvil recibió
más de 16 impactos de bala.
En la escena del
crimen, fueron recolectados 21 casquillos percutidos calibre 9 milímetros. La
víctima pudo salir bien librada del ataque y llegar por su propio pie al hospital
general “Juan María de Salvatierra”, el cual fue sitiado por autoridades
estatales y fuerzas armadas.
Finalmente, y para
cerrar la semana, un día después, el miércoles 29 de octubre, un nuevo ataque
armado sacudió la colonia Indeco, al sur de La Paz, cuando un grupo de sicarios
persiguió y atacó al conocido narcomenudista Humberto Avendaño Venegas “El
Güero Mazatleco” o “El Güero Albín”, resultando lesionado su acompañante, Jesús
Alejandro Quiroz Verdugo “El Pelón”, quien recibió un disparo en el abdomen y
un rozón en la parte frontal del cráneo.
Las victimas
viajaban a bordo de una motocicleta Honda de color rojo, con rines y accesorios
cromados, cuando fueron interceptados por los matones, sobre las calles Papaya
y Piña. Ahí comenzaron a disparar. La PGJE encontró 18 cartuchos percutidos
calibre 9 milímetros.
(SEMANARIO
ZETA/ Investigaciones ZETA/ 04 de Noviembre del 2014 a las 12:00:00)
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