MÉXICO,
D.F. (apro).- El ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, pasó a
la historia como un experto en montajes para hacer propaganda de una aparente
eficacia policial. Lo mismo ha ocurrido con el Ejército mexicano en Tlatlaya.
Poco
a poco, el montaje de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) sobre la
actuación del Ejército en ese municipio mexiquense ha quedado en evidencia. Lo
que presentó como una acción legal y legítima se está revelando cada vez más
como una ejecución sumaria.
El
silencio que el gobierno de Peña Nieto mantuvo durante tres meses se rompió en
mal momento para el Ejército, en pleno recordatorio por el 46 aniversario de la
matanza de estudiantes en Tlatelolco, el 2 de octubre de 1968, en hechos que
involucraron directamente al Ejército y al Estado Mayor Presidencial (EMP), la
guardia castrense del presidente.
Por
las implicaciones políticas y el costo en la imagen internacional que ha tenido
la violación grave de derechos humanos en Tlatlaya, las investigaciones han
sido encaminadas hacia tres “soldados indisciplinados” que cometieron el delito
de homicidio por “uso excesivo de fuerza”.
Acorde
con la opacidad con la que ha actuado, la administración federal no ha querido
informar cuántas personas habrían sido asesinadas de esa manera. Los
testimonios refieren 21 de los 22 fallecidos. Por más que el presidente diga
que el Ejército esclarecerá lo ocurrido, hasta ahora lo que ha prevalecido es
el encubrimiento, ocultando cuántos militares y de qué grado pueden estar
implicados.
Al
reducir los hechos a una “indisciplina militar”, se evita que las
responsabilidades sigan en la cadena de mando propia de todo Ejército: desde el
encargado del grupo que actuó hasta los comandantes de guarnición, zona y
región militares, que obedecen al Alto Mando del Ejército representado por el
titular de la Sedena, quien obedece a su vez al comandante en jefe de las
Fuerzas Armadas, que es el presidente de la República.
El
propósito es evitar la responsabilidad institucional. Para asegurar, como dijo
el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, ante la Cámara de
Diputados, el viernes 26 de septiembre, que se trató de “un hecho aislado” y no
de una forma de actuar de las Fuerzas Armadas mexicanas.
Tlatlaya
es una muestra más de que los militares no están entrenados para las funciones
de seguridad pública. Lo suyo es la defensa nacional, la seguridad interior en
casos de amenaza a la integridad del Estado mexicano y, en consecuencia, actúan
para abatir al enemigo.
En
esos términos se refirió la Sedena el mismo día de los hechos en Tlatlaya, el
30 de junio pasado. Informó que un grupo de efectivos de la 22ª Zona Militar
“abatió” a 22 “secuestradores” durante un enfrentamiento. Aseguró que los
militares patrullaban hacia las cinco y media de la mañana cuando fueron
atacados cerca del poblado Cuadrilla Nueva, en ese municipio.
Si
así lo reportó en su parte de novedades el teniente a cargo de la patrulla
militar, así lo informó la comandancia de la zona militar y así lo comunicó
oficialmente la Sedena a la opinión pública.
Ya
con el escándalo encima, el viernes 19 de septiembre la Sedena insistió en que
se trató de “un incidente” en donde la patrulla militar “repelió” la agresión
de los civiles.
Conforme
ha tenido que dar explicaciones, ha dejado en claro que sus hombres no están
hechos para lidiar con la población civil, aun tratándose de delincuentes.
Si
“los soldados indisciplinados” dispararon contra los civiles cuando el
enfrentamiento ya había cesado, y dispararon “sin justificación alguna”, como
aseguró el martes el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam,
es evidente que por más cursos de derechos humanos que pregona la Sedena no se
va a cambiar la mentalidad de los militares y que en lugar del “comando de voz”
que se da para la deposición de las armas, los soldados prefieren disparar que
averiguar.
Sinaloa,
Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, Michoacán y Morelos, por mencionar
algunos, han dado cuenta en años recientes de la repetición de “incidentes”
similares.
(PROCESO
/ ANÁLISIS/ JORGE CARRASCO ARAIZAGA/ 1 DE OCTUBRE DE 2014)
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