La
versión oficial sobre la muerte de 22 civiles en un choque armado con el
Ejército mexicano empezó a desmontarse con la detención de ocho militares, dijo
hoy la organización Human Rights Watch (HRW), que calificó lo sucedido el 30 de
junio pasado como la “peor masacre de los últimos años”.
“Poco
a poco se está desmontando la versión oficial de estos hechos, que busca
encubrir, proteger a los responsables (…) de los crímenes cometidos, una vez
más, por parte de fuerzas militares”, dijo el director de HRW para las
Américas, José Miguel Vivanco.
Ocho
militares que participaron en esos hechos fueron detenidos este jueves y
puestos a disposición de un tribunal castrense por su presunta responsabilidad
en “delitos en contra de la disciplina militar, desobediencia e infracción de
deberes”.
Gracias
a las “declaraciones valientes” de una testigo sobreviviente y a los medios que
divulgaron los hechos se ha logrado impedir que las autoridades encubran “un
hecho tan salvaje, como una masacre de esta naturaleza, la más grave que ha
sufrido México en los últimos años”, afirmó.
De
acuerdo con la versión oficial difundida hasta ahora por la Secretaría de la
Defensa, los 22 civiles perdieron la vida en un choque armado registrado cuando
un grupo de militares que realizaban labores de vigilancia fueron agredidos por
desconocidos.
Sin
embargo, esa versión fue puesta en entredicho por una testigo que aseguró a la
revista Esquire Latinoamérica que los soldados fueron los que dispararon
primero y que los presuntos delincuentes respondieron.
Dijo
que en el enfrentamiento registrado el 30 de junio en el municipio de Tlatlaya
del central Estado de México murió sólo uno de los civiles, los demás se
rindieron y, tras ser interrogados, los soldados los mataron horas después.
Vivanco
destacó que la presión internacional obligó al presidente mexicano, Enrique
Peña Nieto, a pronunciarse esta semana sobre este caso en Nueva York, donde
asistió a la Asamblea General de Naciones Unidas, y ordenó una investigación a
la fiscalía general.
Confió
en que las autoridades civiles cumplan con el compromiso asumido por el fiscal
mexicano, Jesús Murillo, de realizar dicha investigación.
Las
autoridades civiles, no las militares, son las que deben esclarecer los hechos,
identificar a los responsables y a quienes han intentado encubrirlos, afirmó.
El
defensor de los derechos humanos les urgió a tomar “con seriedad sus mandatos
para castigar estos hechos e impedir que se vuelvan a repetir”.
Asimismo,
lamentó que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) hasta ahora haya
brillado “por su ausencia” en torno a este caso.
(EFE)
(RIODOCE/REDACCION/
septiembre 26, 2014)
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