Ubicar
los centros de almacenamiento de gas licuado de petróleo (LP) en una zona
especial de desarrollo diseñada ex profeso para alejarlos de la mancha urbana,
y amortiguar el peligro que representan este tipo de instalaciones, fue un
intento malogrado por normas y reglamentaciones federales que la tibieza del
gobierno de Tijuana no ha logrado superar. Las Gaseras, en la 5 y 10, y en
Valle Redondo, rodeadas de casas, comercios, centros educativos y servicios
A
finales de octubre de 1995 el XV Ayuntamiento de Tijuana emitió una
declaratoria que obligaba a las empresas gaseras, particularmente la denominada
Z Gas, a reubicar el almacenamiento del combustible a una Zona Especial de Desarrollo
controlado a la que se denominó Valle Redondo.
La
medida, producto de airadas protestas de la población circundante a la planta,
tenía como fin proveer un control urbano adecuado para el establecimiento de
desarrollos habitaciones, establecimientos públicos y privados de concurrencia
sostenida como hospitales, centros comerciales y desarrollo multifamiliares,
algo hasta entonces ignorado.
Cumplir
con ese propósito obligaba a la Compañía de Gas de Tijuana, S.A. de C.V. a
mover sus depósitos de acopio de la 5 y 10, uno de los puntos de mayor
concurrencia humana de Tijuana, y utilizar sus instalaciones asentadas en el
cruce de los bulevares Lázaro Cárdenas y Federico Benítez en la Delegación La
Mesa, solo como centro de distribución.
Para
Valle Redondo se delimitó una zona de seguridad alrededor del predio de la
gasera. Un radio de influencia inmediata de1.7 kilómetros se dejaría como
espacio de amortiguamiento. Es decir en casi dos kilómetros a la redonda de los
depósitos de gas, no podrían instalarse áreas habitacionales, industriales,
educacionales, de salud y recreación, entre otros.
Cualquier
uso urbano o de infraestructura de servicios quedó condicionado a construirse
más allá de los 1.7 kilómetros. Los criterios normativos de la declaratoria también
restringieron el ejercicio de derecho de propiedad en la zona alrededor de la
planta.
La
reubicación de los depósitos de Z Gas nunca se llevó a cabo del todo, sus
instalaciones en La Mesa continuaron almacenando grandes cantidades de gas
licuado, además de cilindros de distribución para uso doméstico. Ninguna
autoridad municipal hizo valer la declaratoria.
Nuevos
ordenamientos federales emitidos en 2006 en materia de energía terminaron por
frenar el intento municipal de mover la planta, incluso han puesto fin al
procedimiento administrativo para verificar el cumplimiento de condiciones de
seguridad en instalaciones de Gas LP de la empresa Z Gas de Tijuana.
Aunque
su distancia es menor de los 100 metros reglamentarios que se requieren de
amortiguamiento con construcciones destinadas a habitación, las nuevas
disposiciones de tipo federal le permiten a la empresa continuar operando
legalmente en medio de casas habitación, escuelas, hospitales, centros
comerciales y esparcimiento.
El
gobierno de Tijuana no solo se quedó cruzado de brazos, sino que terminó por
sepultar la declaratoria en 2010, al aprobar el Reglamento de Zonificación y
Usos de Suelo en el que se estableció una distancia de solo 350 metros entre
las instalaciones de gas y zonas habitacionales. Incluido el caso de Valle
Redondo.
Y
aunque la empresa Z Gas tampoco cumple con la nueva normatividad municipal,
garantiza un adecuado mantenimiento y seguridad de sus instalaciones cumpliendo
solo con ciertos requisitos y revisiones anuales, que es a lo que la obligan
las disposiciones federales.
Así
se hace valer su derecho de antigüedad, ya que la planta se ubicó primero en
ese lugar, antes que la mancha urbana; un 11 de agosto de 1964 inició
operaciones luego de recibir una concesión inicial por 30 años. Hoy, 50 años
después, y pese a los cambios en el desarrollo urbano de Tijuana, su operación
es similar a sus inicios.
El
municipio podría apelar a la autonomía que le concede el 115 Constitucional,
pero opta por dejar al tiempo la solución de la controversia que genera el
funcionamiento de la planta en uno de los sectores de mayor densidad
poblacional.
“A
título personal considero que la gasera tendrá en un momento dado que retirarse
de ahí, no sé cuándo, tendrán que darse algunas condiciones para finalmente
alejarse de esa zona que se va a densificar más”, expuso Roberto Sánchez
Martínez, Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología.
De
Valle Redondo, la idea de convertirlo en un lugar especial de desarrollo
controlado quedó en el olvido, el reglamento municipal que rige los usos de
suelo no concede un espacio mayor de los 350 metros de distancia para alejar
las gaseras de las casas habitación, lo que lo convierte en un punto como
cualquier otro de la ciudad, al cual la mancha urbana ya alcanzó, iniciando su
acordonamiento con el fraccionamiento Margarita, nuevo asentamiento de más de 2
mil 200 viviendas.
RESURGE CONTROVERSIA
Un
punto de acuerdo emitido y aprobado en diciembre de 2013, permitió crear una
subcomisión mixta integrada por diputados federales, con el fin de verificar
las condiciones que guardan en la actualidad las instalaciones de la empresa Z
Gas.
El
dictamen avalado por el Congreso de la Unión acordó emitir un exhorto “a las
autoridades competentes a nivel federal, estatal y municipal del estado de Baja
California, a informar respecto al status legal de compañía Z Gas, en La Mesa,
Tijuana, y respecto al nivel de riesgo al que se encuentra expuesta la
población asentada en sus alrededores”.
El
punto de acuerdo fue presentado por la diputada María del Carmen López Segura,
quien de inicio requirió una reubicación de la planta, pero le fue rechazada la
propuesta.
La
legisladora anota que la planta ubicada en la 5 y 10 tiene instalados 8 tanques
fijos tipo salchicha de 33 toneladas cada uno, que suman 264 toneladas de
combustible y otros tanques de menor tonelaje, lo que representa un peligro
inminente al estar rodeado el terreno por más de 2 mil 500 casas-habitación y
una serie de centros de salud, educativo y esparcimiento.
López
Segura anota que los tres órdenes de gobierno tienen atribuciones para frenar
la operación de la planta como centro de depósito, de acuerdo a las
disposiciones normativas aplicables.
“El
asunto involucra a la autoridad municipal por ser la encargada de conceder las
autorizaciones y licencias de uso de suelo, al estado en cuyo cargo recae la
definición de los planes y programas de desarrollo urbano para la entidad”,
expone.
En
el ámbito federal, continuó, tienen responsabilidad la Secretaría de Energía y
la Comisión Reguladora de Energía, en virtud de las facultades que en materia
de regulación y otorgamiento de permisos y autorizaciones les confieren la Ley
Reglamentaria del artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, la Ley de
la Comisión Reguladora de Energía y lo dispuesto en el Reglamento de Gas
Licuado de Petróleo y las normas oficiales mexicanas aplicables.
Los
argumentos de la diputada fueron refutados por la empresa Z Gas a través de su
representante legal, Efrén Rodríguez Reyes.
Con
la aprobación de la Subsecretaría de Hidrocarburos, desde 2006 la gasera puede
no cumplir reglamentaciones y normas federales a cambio de presentar cada dos
años la actualización de su estudio de riesgo ambiental Nivel 2, un dictamen de
Unidad de Verificación y el seguimiento puntual del Programa de Verificación de
Accidentes.
De
ese año a la fecha, la empresa solo ha cumplido con estos requisitos, lo que
sitúa las operaciones que realiza en el área donde se ubica actualmente, dentro
de la legalidad.
Del
punto de acuerdo emitido por la diputada Carmen López Segura la Cámara de
Diputados concluyó solicitar al gobierno de Baja California y de Tijuana, así
como a la Secretaría de Energía y la Comisión Reguladora de Energía le hiciera
llegar un informe respecto al status legal de la empresa.
También
se acordó solicitar a las autoridades competentes, en particular a las
dependencias a cargo de Protección Civil del estado y municipio, informar si la
población asentada en los alrededores de la gasera se encuentra expuesta a
algún riesgo relacionado con las operaciones de la empresa. De ser así se les
solicitaría informar las acciones que se estén llevando a cabo para proteger a
la población.
Hasta
el momento los organismos de protección civil, estatal y municipal, no han sido
requeridos, así lo comentaron a ZETA sus directores.
En
tanto, a razón de insistir, a la diputada López Segura la Comisión Reguladora
de Energía le hizo llegar el resultado de una inspección de campo el cual, para
la legisladora federal, se encuentra amañado.
“Se
afirma que la planta no representa riesgo y cumple con todos los requisitos de
acuerdo a una evaluación de la que no se indica cuándo y quiénes la hicieron,
por lo que exijo más información para corroborar si son personas calificadas
las que llevaron a cabo la inspección”, manifestó.
MINIMIZAR RIESGO INMINENTE
La
actividad de Z Gas está regulada y vigilada y las cantidades de gas que maneja
en La Mesa son mínimas, “no representan un riesgo”, aseguró Roberto Sánchez,
Secretario de Desarrollo Urbano.
La
revisión es constante para que no sobrepasen los niveles de manejo de gas,
sostuvo.
Su
opinión contrasta con la recomendación de Antonio Rosquillas, director de
Protección Civil en el Estado, quien indica sintetizar al máximo las
operaciones de la planta de Z Gas ubicada en Lázaro Cárdenas y Federico
Benítez.
Para
el funcionario estatal es inminente la amenaza de riesgo químico industrial,
principalmente para el hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social que se
ubica a un costado de la planta.
“La
actividad de la gasera es necesaria para el consumo de la población, pero lo
más recomendable es que esa área solo se utilice para la distribución de gas
solamente, no como almacenamiento, eso se debe mover a Valle Redondo”, sostuvo.
Aclaró
que del riesgo que en la actualidad representa la planta tienen la culpa las
autoridades encargadas del ordenamiento territorial y que determinan los usos
de suelo.
Primero,
porque permitieron instalar un hospital cuando ya la planta estaba, así como
condominios y desarrollos habitacionales.
Segundo,
porque se sigue autorizando a la compañía de gas el continuar operando ahí, “la
empresa tiene el visto bueno de la dirección General de Gas y el Municipio, sin
considerar la amenaza que representa para todo lo que concurre a su alrededor,
particularmente para la clínica del IMSS”, subrayó.
Antonio
Rosquillas explicó que Protección Civil no puede intervenir, ni emitir una
recomendación al respecto, si antes no le es solicitada por alguna autoridad.
(SEMANARIO
ZETA/ Isabel Mercado Juarez/ 07 de Septiembre del 2014 a las 07:12:00)
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