En
el Poder Judicial bajacaliforniano se viven momentos de cambio, ya que el
reemplazo en la Presidencia, desde hace siete años encabezada por la licenciada
María Esther Rentería, está cada vez más cercano; coyuntura que apareja la
reflexión sobre la labor de uno de los tres poderes que conforman el Estado y
lo que sigue por hacer no solo en la elección interna, sino en los procesos
para hacer llegar la justicia a los ciudadanos
El
tema parece tabú entre los magistrados del Poder Judicial de Baja California.
De
hecho, quienes conforman el Tribunal Superior de Justicia en el Estado, temen
hablar del relevo en la Presidencia de ese órgano colegiado que en los últimos
siete años ha presidido la licenciada María Esther Rentería.
“Al
que saque la cabeza, le pegan”, refiere uno de los magistrados, en franca
ironía de la equidad y justicia que juran proveer.
Y
es que el lunes 3 de noviembre de este año, acabará el septenio de la
presidenta del Tribunal. Los 17 magistrados deberán designar -con al menos
nueve votos- al nuevo presidente del organismo, que a la vez fungirá como
presidente del Poder Judicial y del
Consejo de la Judicatura por los próximos tres años.
En
entrevista, los pocos que se atreven aseguran que no hay efervescencia al
interior, que están ocupados en su trabajo, que no hay línea ni mano negra. Que
ese día y en sesión decidirán su voto. Hasta el momento ningún magistrado ha
dicho abiertamente que aspira a la Presidencia.
Pero
soterradamente ya hay fricciones. Los magistrados toman posiciones -se dice que
por un lado van los de las salas civiles y por otro los penales-, inclusive se
especula que la actual procuradora de Justicia de Baja California, Perla del
Socorro Ibarra, podría suspender su licencia para regresar al Poder Judicial y
buscar ocupar la silla de presidente con la venia del gobernador, Francisco
Arturo Vega de Lamadrid.
Además,
quien resulte electo presidente del Tribunal Superior de Justicia, encabezará
un trienio donde resaltan temas pendientes como la implementación del Nuevo
Sistema de Justicia Penal en la Zona Costa, la instauración de los Juicios
Orales Mercantiles, los procesos por narcomenudeo y la vigencia del Código
Federal Único de Procedimientos Penales.
Destaca
lo expuesto por el magistrado Jorge Ignacio Pérez Castañeda: debería
establecerse una serie de lineamientos para que el proceso de renovación fuese
más abierto y, que quien buscase la Presidencia del Tribunal, no solo lo
exponga públicamente, sino que además presente una propuesta.
NO
ES FÁCIL: JIMÉNEZ CARRILLO
“Claro
que es importante, representa un Poder, pero dentro de eso existen también, en
la Ley Orgánica, obligaciones para quien se elija presidente para con el pleno;
una de ellas es informar de las actividades que realizan”, comenta de entrada
el magistrado Marco Antonio Jiménez Carrillo, adscrito a la Cuarta Sala Penal.
“En
mi experiencia de casi 19 años que he estado aquí, no hay efervescencia, casi
siempre en el último momento se platica, se ve quien quiere echarse ese
paquete”, asegura.
En
cuanto a la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal -que ahora le
tocará a la Zona Costa-, Jiménez Carrillo sostiene: “No se trata de construir
nuevos edificios, aunque es evidente que los que tenemos para tradicionales ya
no funcionan para eso, porque el mecanismo es completamente diferente, (esto)
si se pretende lograr la oralidad como baluarte”.
En
el caso del funcionamiento del NSJP en Mexicali, opina que hay carencias, pero
a la vez, existe una expansión de este nuevo sistema que implica que se siga
preparando a todos los participantes: “No solo se trata de un tema cultural,
sino además, las instituciones que convergen, entenderlo y apoyarlo, y cada
quien debe hacerlo desde su trinchera”.
Según
Jiménez, en la implementación del Nuevo Sistema en Tecate, Rosarito, Ensenada y
Tijuana, hay mucho trabajo por hacer: “Sí es un paquete difícil, creo que hay
que meterle mucha actitud para la toma de decisiones y una gestión exhaustiva,
recursos para poder capacitar a todo el personal. Tijuana es un gran reto…solo
con inteligencia, creatividad y buenas decisiones, se puede lograr”.
Entre
otros puntos clave, menciona la constitucionalidad local -en los casos de
segunda instancia-, lo que significa una redimensión del Poder Judicial.
Acerca
de la sucesión, el magistrado comenta que “por discrecionalidad no se trata, no
platicamos los magistrados de ese tema, tradicionalmente ha sido hasta que se
acerca la fecha, y a veces hasta el mismo día (que lo abordamos). No es fácil
ocupar esa representación, implica muchas cosas, hasta familiares. Te da
satisfacción, pero te limita, quien asuma debe hacerlo con plena conciencia de
que hay grandes retos y que va a haber mucho trabajo”, concluye Marco Antonio
Jiménez Carrillo.
PRONTA,
COMPLETA, IMPARCIAL: CEBREROS
Para
el magistrado José Luis Cebreros -adscrito a la Primera Sala Civil-, la
implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal es muy importante, sobre
todo ahora que sigue la Zona Costa. “En la medida en que vayan llegando los
recursos, hay que actualizar al medio a todos los involucrados en la cuestión
de la carrera judicial; es un sistema nuevo, no estamos muy adentrados en
cuanto a la exposición oral. El problema que también, existe es en cuanto a la
actualización de los abogados”.
En
cuanto al funcionamiento de este sistema en Mexicali, acepta que falta por
asentarse: “Tenemos asuntos en materia penal, lo que nos ha permitido la
Procuraduría en cuanto a las consignaciones que va haciendo, pero en algún
momento se va a abrir y van a ser múltiples las consignaciones, hay que
enfrentar todo eso”.
Sobre
el reto que significa ampliar la implementación a la Zona Costa, sobre todo a
Tijuana, Cebreros evalúa: “Por la población que tiene, un cierto número es
flotante, no deja de ser grande. El procedimiento que llaman tradicional,
ahorita lo está soportando en cierta medida, pero cuando entre el Nuevo Sistema
allá (va a ser más difícil), pues aquí en Mexicali ya tenemos cuatro años y no
podemos decir que ya estamos al cien. Tijuana es algo grande”.
Aparte,
hace mención de otros temas fuertes, como los Juicios Orales Mercantiles -en
vigor desde 2013- ,dado que la Ley exige la presencia del juez en las
audiencias, “aunque hasta el momento no se ha sentido mucho esa exigencia, como
en materia penal”, y no existe la infraestructura que marca ese nuevo concepto.
Otro
rubro pendiente tiene que ver con el narcomenudeo y la concurrencia que se ha
dado a los estados. “Sabemos que lo grueso del narcotráfico es el narcomenudeo,
son pocos los asuntos de juicios y consignaciones, los grandes del
narcotráfico, lo que hay en abundancia es el narcomenudeo; es lo que estamos
implementando todos los días”, expone el magistrado.
En
ese contexto se le pregunta sobre el perfil necesario para quien encabece el
Poder Judicial en los próximos tres años, a lo que responde “Hay que estar
consciente de lo que es propiamente la autonomía, la independencia del Poder
Judicial, tenemos que estar conscientes de que el Poder Judicial no es una
institución que recaude, que tenga fondos propios, lo poquito que tenemos en el
Fondo (Auxiliar) no es un soporte”.
Para
finalizar, José Luis Cebreros enfatiza que, como marca la Ley, debe velar
porque la justicia sea pronta, completa y parcial: “En cierta medida el
presidente (del Tribunal) tiene las funciones de Policía dentro del Poder
Judicial, pero más que eso, es la persona que dirige las discusiones del pleno
en cuanto a las grandes decisiones. Debe tener un perfil al que se le podría
llamar de imperio, en el sentido de ordenar cómo desarrollar las decisiones, la
toma de decisiones”.
NUEVO
SISTEMA, AL FRACASO: GÓMEZ ARIAS
Por
su parte, el magistrado Raúl Gómez Arias -adscrito a la Segunda Sala Civil-
menciona temas como el narcomenudeo y los juicios orales, caracterizándolos
como una imposición que se hizo a nivel federal, lo que obliga a los estados a
contar con Juzgados especiales en esas materias. ”Ahorita lo que corresponde al
narcomenudeo, pues están conociendo en los Juzgados ordinarios, eso les ha
incrementado el trabajo aproximadamente en un 30 por ciento”, refiere.
Gómez
Arias –quien presidió el Poder Judicial en el año 2000- afirma que el
narcomenudeo, siempre y cuando se trate de personas enfermas y sin que el
detenido esté acompañado por otro delito, debe ser un asunto que se atienda en
las barandillas, ante los jueces municipales, sin tener que consignar ante el
Ministerio Publico, mucho menos a los Juzgados.
“Los
Juzgados comunes que desde hace un año están conociendo el tema del
narcomenudeo, están saturados”, indica.
Califica
como delicado el pinto de la ampliación del Nuevo Sistema hacia la Zona Costa,
especialmente a Tijuana. “La fecha límite que dieron para implementarlo en toda
la República es para 2016, pero el Poder Judicial Federal no lo ha
implementado, y ya vamos a entrar en 2015.
“En
lo particular no estoy de acuerdo con el Nuevo Sistema Penal acusatorio, creo
que es una tendencia que tarde o temprano va a fracasar”, advierte, y al
solicitarle ampliar este concepto, añade: “Creo que la víctima es la que lleva
la mayor parte de desventaja”.
En
su opinión, la Zona Costa ocupa -no solo en cuanto al Nuevo Sistema de Justicia
Penal, sino en rubros como el civil o mercantil- la mayor cantidad de asuntos
en Tijuana, además de que no ve que los recursos que se necesitan para la
implementación estén fluyendo.
Acerca
de la sucesión, el magistrado aclara que nadie se ha acercado a él para pedirle
su voto. “No siento que haya ninguna efervescencia”, dice en relación a que aún
faltan dos meses para el relevo”, por lo que considera que no se tratará de un
proceso atropellado.
En
cuanto al puesto de magistrado presidente, Raúl Gómez Arias admite que se trata
de un paquete difícil, que implica mucho trabajo y responsabilidad.
TAREA
DIFÍCIL: CATAÑO
El
magistrado Carlos Cataño González -adscrito a la Quinta Sala Penal y parte de
los tres más nóveles en el puesto-, opina que el cargo de presidente del
Tribunal Superior de Justicia en el Estado, implica tener conocimiento en todos
los campos, desde lo administrativo a lo jurisdiccional.
“Quien
llegase a ocupar la presidencia, es una tarea difícil, es obvio que tiene que
ser apoyado o apoyada por el resto de quienes conformamos el Poder Judicial”,
asevera.
Las
recientes reformas a la Constitución en el rubro de los derechos fundamentales,
han dado margen a que los criterios de la Corte y los Colegiados amplíen
conceptos que antes no tenían tanto auge como ahora. Entre los temas
pendientes, Cataño señala como ejemplo el ampliar a los demás municipios el
NSJP, los Juicios Orales Mercantiles, o
el Código de Procedimientos Único para toda la República, lo cual no será tarea
fácil.
“Tendrán
que buscarse los procedimientos, los mecanismos para lograr concientizar,
primero al interior del Poder Judicial, para logra eficiencia. Hay una
diferencia entre el sistema tradicional con respecto al sistema nuevo”, explica
el magistrado, para después reconocer que en Mexicali sí se ha complicado su
implementación.
“Hay
escepticismo en cuanto al Nuevo Sistema, creo que no es el punto el generar
dudas al respecto. Yo no creo que sea el sistema el que esté fallando, creo que
quienes fallamos, somos los operadores; si queremos estar a la par, necesitamos
capacitación, profesionalizarnos”, reconoce.
“Desafortunadamente,
hacia afuera hemos dejado un mal sabor de boca. El tema de la investigación, si
Procuraduría ejerce la acción penal y deja libre a una persona, la sociedad no
va a quedar conforme; pero si falla el
Poder Judicial ante una buena investigación de Procuraduría, será exactamente
lo mismo”, cita a manera de ejemplo, y amplía:
“Estamos
a la vanguardia en cuanto a la aplicación del Nuevo Sistema, pero como
operadores tenemos que hacer mucho más, dar un 200 por ciento de lo que nos
exige”.
Del
proceso de renovación, infiere Carlos Cataño, hay que esperar los momentos:
“Lejos de estar pensando por quien voy a votar, creo que nadie de los que
estamos aquí estamos con esa idea, eso es como preocuparte por esa situación y
dejar tu propio trabajo. Debemos dejar que las cosas corran, y en el momento de
la designación, se liberará la posibilidad de determinar a quien dirija los
destinos del Tribunal en los próximos tres años”.
FECHA
DE ESTALLAMIENTO: PÉREZ CASTAÑEDA
Jorge
Ignacio Pérez Castañeda -magistrado del Tribunal para Adolescentes- ha acuñado
un concepto para el tiempo límite en cuanto a la implementación del Nuevo
Sistema de Justicia Penal en la entidad: fecha de estallamiento. Desde su punto
de vista, esa fecha -junio de 2016- conlleva un sinfín de actividades, de
acciones concretas donde la capacitación resulta fundamental.
Pero
además hay otros rubros, como la necesaria infraestructura, ya que para las
audiencias públicas, el número de salas debes ser suficiente. En Mexicali
funcionan diez salas en la parte urbana y otras tres en el Valle.
Pérez
cita el caso de Tijuana, donde el Partido Judicial tiene mayor dimensión.
“Si
imaginamos el caso de Tijuana, llegamos a la conclusión de que se requiere más
de lo que tenemos en Mexicali, y eso implica que se empiece a trabajar cuanto
antes, para ver dónde van a estar ubicadas. La experiencia en Mexicali fue que
tardó poco más de un año, creo que para el caso de Tijuana tendrían que estar
trabajando desde ya.
“También
está el tema de los equipamientos, el equipo de video, personal capacitado para
manejar el sistema. Requiere una capacitación especialmente intensa en las
policías, los defensores” lo que implica que desde ya se empiece a trabajar en
todos esos rubros.
Sobre
los Juicios Orales Mercantiles, asegura, se trata de una reforma que no ha sido
bien implementada, al implicar la obligada presencia del juez, la parte actora
y la demandada, para llevar los juicios de manera oral, lo que no se ha
concretado. Pero advierte:
“Desconozco
si eso esté generando impunidad en cuanto a que los asuntos que deban
tramitarse bajo esta forma, oral mercantil, sencillamente no se estén
realizando, porque no hay estructura ni hay medios, lo que implica que algún
acreedor va a quedar sin ser resarcido de lo que se le adeuda”.
De
acuerdo con el magistrado, es importante obtener los recursos, aparte, debe
haber creatividad para administrar lo que ya se tiene y ejercer esas reformas.
También
menciona la necesidad de utilizar herramientas más modernas -como la
informática- para el manejo informativo y de diagnóstico que sirva para hacer
más eficientes los recursos. En ese sentido, aventura la posibilidad del uso de
la era digital en temas como los procesos civiles, donde se puede empezar con
la notificación electrónica, igual los acuerdos. Se trata de utilizar un
expediente electrónico -con todos los candados, por supuesto- que permita al
abogado moderno dar seguimiento a sus casos a través de internet.
Del
tema del relevo, el magistrado del área de Adolescentes expone que el Poder
Judicial lleva sus propios tiempos, totalmente diferentes a los de los otros
poderes: “Estoy seguro que en lo subsecuente el tema irá tomando mas forma, más
intensidad”.
Pérez
Castañeda considera muy particular el proceso de relevo en la Presidencia del
Poder Judicial -sin tanto tinte político como en los otros poderes-, sin
campañas, ni planillas.
Cuestionado
respecto a que nadie presenta un plan de trabajo o se abre, José Ignacio Pérez
Castañeda revira:
“Es
algo que tenemos pendiente regular, hay un plan de desarrollo judicial, pero no
está regulado. Creo que es una tarea pendiente de nosotros el impulsar la
generación de una serie de lineamientos para quienes aspiren a la Presidencia
del Poder Judicial, por ejemplo, la presentación de un plan de trabajo que
tenga los suficientes elementos para ser concretado. Eso sería parte de la
transparencia y, a final de cuentas, el principal interesado es la sociedad.
“No
estaría mal que a quienes nos debemos, conocieran qué pretende quien busca
representar a uno de los tres poderes del Estado”.
El
magistrado finaliza con la idea de que, quien sea electo Presidente del
Tribunal Superior de Justicia en el Estado, debe significar “un factor de
armonía y unión entre todos los integrantes del pleno”.
(SEMANARIO
ZETA/ Sergio Haro Cordero/ 07 de Septiembre del 2014 a las 13:53:00)
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