El
tesorero Gerardo Manríquez Amador ordenó el pago por 624 mil 762 pesos con 97 centavos a una empresa
fantasma que supuestamente iba a donar un lote de juguetes, computadoras,
alimentos, aparatos electrónicos y camionetas
Los
Cabos, Baja California Sur.- En la
revisión y análisis del gasto del excedente de más de 224 millones de pesos,
derivado del juicio ganado por ZETA en el Instituto de Transparencia y Acceso a
la Información Pública de Baja California Sur, bajo el número de expediente
PR-III/003/2014, comenzó a descubrirse cómo se fue gastando el remanente del
ejercicio fiscal del 2012.
La
información que desde enero del 2012 había permanecido oculta y en el estatus
de clasificada como “confidencial” y “reservada”, develó el pago de una
extorsión después de que fuera realizado un depósito por la cantidad de 624 mil
762 pesos con 97 centavos a través de una transferencia en el Sistema de Pagos
Electrónicos Interbancarios desde la CLABE de ordenamiento 0170097523 de una
cuenta bancaria de Banorte.
Según
el expediente obtenido por este semanario del gasto del mes de diciembre del
2012 todo empezó cuando el 16 de enero del 2012 la directora general del
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), María del Carmen Zerón
Castañón, recibió una llamada telefónica de una persona que dijo llamarse Claudia
Rodríguez, quien se ostentó como asistente del entonces Administrador General
de Aduanas del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, Gerardo Perdomo Sanciprian.
La
presunta asistente aduanal informó de la supuesta existencia de una resolución
conteniendo notificación de donación a favor del DIF municipal de Los Cabos
sobre bienes muebles diversos que se consignaron en un oficio, bajo el número
171/SAT/27-1, y donde figuraban lotes de juguetes, equipos de computo y de
rehabilitación física, ropa, alimentos no perecederos, artículos electrónicos,
una ambulancia, un camión recolector de basura y una camioneta van.
Por
tal motivo la supuesta asistente,
Claudia Rodríguez, dijo a la funcionaria cabeña que iba a ser contactada con el
Administrador General de Aduanas, quien se presentó como Gerardo Perdomo
Sanciprian, y telefónicamente confirmó la resolución a su favor.
La
directora del DIF Municipal de Los Cabos, María del Carmen Zerón Castañón,
colgó –el teléfono, y posteriormente, recibió la notificación vía electrónica
con una hoja membretada con sellos y membretes oficiales, así como los números
telefónicos de la aduana 01 (55) 38742588 y 01 (55) 38742590 y una lista de los
productos que habrían de ser donados, los cuales estaban presuntamente en el
estado de Veracruz.
La
servidora pública llamó entonces al tesorero Gerardo Manríquez Amador y luego
reenvió el correo para que revisara, analizara y emitiera un resolutivo en
torno al caso, derivado de que la única condición era pagar 624 mil 762 pesos
con 97 centavos por conceptos de gestiones, impuestos y fletes del envío de la
mercancía.
El
tesorero municipal de Los Cabos reenvió el correo electrónico proveniente de la
dirección electrónica resoluciones@aduanas.com y turnó el trámite para el pago
a la directora municipal de Contabilidad a cargo de Ana Luisa Guluarte Arista.
La
funcionaria llamó a los teléfonos contenidos en el oficio, y la contactaron con
una supuesta agencia fiscal de Veracruz de nombre Consorcio Aduanero del Golfo,
S.A de C.V con número telefónico 01 229 2958580 y estableció comunicación con
Amandi Arani y Zamudio, con quien acordó el pago y la liberación de la hoja de
salida de los bienes donados.
La
supuesta funcionaria aduanal comunicó a la contadora Guluarte con quien se
ostentó como Carlos Romero Urbina, quien supuestamente era el responsable del
resguardo y salida de los bienes.
Los
dos –funcionaria cabeña y supuesto aduanal—tuvieron contacto vía electrónica a
través de las siguientes cuentas:
1.-
lic.carlosromerourbina@consorcioaduanerodelgolfosadecv.org.mx
2.-
presupuesto@consorcioaduanerodelgolfosadecv.org.mx
3.-
presupuestos@ consorcioaduanerodelgolfosadecv.org.mx
El
supuesto directivo del Consorcio Aduanero del Golfo, S.A de C.V, Carlos Romero
Urbina, comenzó a presionar a la directora de Contabilidad, Ana Luisa Guluarte
Arista, sobre la urgencia de la tramitación por la inminente cancelación del
trámite de donación ya que se había vencido el término para la disposiciones de
los bienes de la aduana y evitar la generación de gastos mayores.
Finalmente,
y sin investigar absolutamente, la directora de contabilidad, y por órdenes del
tesorero Gerardo Manríquez Amador, hicieron el depósito a las 2:59 de la tarde
del 19 de enero del 2012 a favor de AA Amandi Chi Zamudio y Asociados en el
banco Banamex-Citibank.
Con
esto únicamente esperaría el trámite de entrega y donde incluso remitieron una
lista de funcionarios del municipio de Los Cabos, y los cuales se encargarían
de la logística del envío y la fecha del arribo.
LA ESTAFA
Demasiada
dulzura para ser verdad –como definió el regidor de Los Cabos, Juan Fernández
Sánchez Navarro– la estafa se consumó cuando el 23 de enero del 2012 la
directora de contabilidad, Ana Luisa Guluarte Arista, marcó a los números
telefónicos del Consorcio Aduanero del Golfo, S.A de C.V y pretendió confirmar
el depósito y acordar el traslado y arribó de los bienes de Veracruz a Los
Cabos, Baja California Sur.
Sin
embargo, desde ese día nadie contestó en los números de la agencia aduanal y
tampoco en la supuesta oficina del administrador general de aduanas, por lo que
comenzó a sospechar de haber sido víctima de un fraude, derivado de que por más
llamadas que hicieron no volvieron a contestar las llamadas hasta que llegó el
momento en que salió la siguiente grabación: “el número Nextel que usted marco
está suspendido”.
La
directora de contabilidad de la tesorería municipal de Los Cabos se avocó a
confirmar la veracidad de la resolución de donación a favor del DIF municipal
de Los Cabos, en virtud de que perdió comunicación, y por ende, no recibió los
supuestos bienes donados, por lo que descubrió que todo se trato de una estafa.
El
Consorcio Aduanero del Golfo, S.A de C.V no existía y tampoco había referentes
de la supuesta representante AA Amandi Chi Zamudio.
“Todo
indica la consumación de un fraude en perjuicio del municipio de Los Cabos,
pues quien o quienes obtuvieron la cantidad pagada, lo hicieron indebidamente
mediante engaños, ya que para tal efecto, falsificaron documentación pública
federal, se hicieron pasar por servidores públicos de la Administración General
de Aduanas, afirmaron falsamente la existencia de mercancía aduanal donada a
favor del sistema DIF de Los Cabos, maquilaron la existencia de una supuesta
agencia aduanal autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, lo
que ha implicado por quien o quienes resulten responsables el alcance de un
lucro indebido en perjuicio del Ayuntamiento”, trascribe el una de las dos
denuncias penales que presentó el síndico de Los Cabos, Oswaldo Murillo
Martínez. Son las siguientes:
1.-
La primera presentada el 25 de enero del 2012 en la delegación de la
Procuraduría General de la República (PGR), bajo el número de expediente
PGR/BCS/LC/012/2012 por los delitos de fraude, falsificación de documentos
públicos y lo que resulte.
2.-
La segunda presentada el 23 de febrero del 2012 en la Agencia del Ministerio
Público del Fuero Común Especializada en Delitos Patrimoniales de la
Procuraduría General de Justicia del Estado, bajo el número de expediente
SJC/037/PAT/2012 por los delitos de fraude con agravantes y lo que resulte.
LAS REACCIONES
Sobre
este hecho, el alcalde de Los Cabos, José Antonio Agúndez Montaño, perdió la
memoria rápidamente, pues dijo desconocer la estafa y no recordar nada, a pesar
de que la documentación obtenida por ZETA, obra en los archivos de la Dirección
de Contabilidad de la tesorería municipal del destino turístico.
“No
tengo información, no sé si se hace mención en qué área, no he tenido
información, no he podido ver mi celular, no he podido ver mis mensajes, pero,
no, ninguna extorsión, ningún mensaje, ningún llamado, ninguna situación de
este tipo, afortunadamente ni de manera personal ni como presidente municipal”,
respondió textualmente.
El
tesorero Gerardo Manríquez Amador fue requerido por este semanario, pero no dio
la cara, al igual que el contralor general municipal, y responsable de
investigar esta estafa, Héctor Alejandro Aréchiga de la Peña.
El
que sí hablo fue el síndico municipal de Los Cabos, Oswaldo Murillo Martínez,
quien como responsable del patrimonio, presentó las denuncias penales en la PGR
y la PGJE sobre el fraude.
El
edil no metió las manos al fuego por nadie y expuso que el caso fue una
verdadera “tomada de pelo” a los funcionarios implicados en el caso, porque
“hasta donde tengo conocimiento nadie verificó la autenticidad de la supuesta
donación y sobre todo de las personas con quienes estuvieron tratando, números
telefónicos y las razones sociales”.
Durante
una entrevista con este semanario, comentó que como responsable del patrimonio,
“yo presente las denuncias penales correspondientes, aunque no tuve nada que
ver con la autorización del pago de los alrededor de 624 mil pesos, porque eso
no es de mi competencia y habría que preguntar a quiénes lo hicieron”.
—
¿Por qué no informaron en su momento sobre esta estafa?, preguntó ZETA.
“Bueno,
porque no fue mi responsabilidad. Yo hice lo que en mi caso correspondía y si
alguien tenía que informar y no lo hizo creo debe una explicación de esa
inocentada.
Por
su parte, el regidor del Partido Acción Nacional (PAN), Juan Sánchez Navarro,
expuso que el tema de la estafa debe ser investigado por la contraloría general
de Los Cabos a cargo de Héctor Alejandro Aréchiga de la Peña, porque recordemos
que “el dinero utilizado en el pago de ese fraude es parte de los 224 millones
de pesos del excedente que hasta este momento siguen sin ser aprobados por el
seno del cabildo de Los Cabos”.
El
edil dijo que de entrada, y si realmente sucedió una estafa, “la contraloría
debe deslindar responsabilidades en contra de los incompetentes que ordenaron y
pagaron el dinero, solo porque alguien llamó por teléfono y les pidió el dinero
y lo depositaron sin haber investigado nada al respecto”.
“O
una de dos, o son muy ingenuos o algo sucedió para sacar ese dinero de las
cuentas y fue a parar a otro lugar”, dijo.
Finalmente,
el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Los Cabos, Julio Castillo
Gómez, dijo que “la estafa al ayuntamiento cabeño es una situación muy delicada
que exhibe por sí sola la fragilidad y negligencia de cómo se han estado
manejando los recursos públicos de los ciudadanos”.
El
empresario consideró que el dinero desaparecido es el equivalente al costo de
dos patrullas, “y desgraciadamente vemos que no hay responsables, y en vez de
actuar, se escondió la información para que nadie supiera y tampoco nadie
respondió por el quebranto”.
“Yo
creo que alguien tiene que pagar por esto”, dijo y preguntó “¿dónde está
Contraloría municipal? ¿Dónde está Contraloría estatal? ¿Dónde está el Órgano
de Fiscalización Superior del congreso del estado?”.
El
líder de los empresarios de Los Cabos, expresó que “ya estuvo bueno de este
saqueo, porque el caso de la estafa exhibe que la crisis del ayuntamiento
local, no es porque no tenga dinero, sino por la manera en que maneja y utiliza
los recursos públicos, y cuyo caso hoy sabemos por la investigación que vino a
hacer un periódico como ZETA, y no porque los órganos de control interno haya
actuado y tomado medidas.
Desde
su punto de vista, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, expuso
que es increíble la forma en que les vieron la cara a los funcionarios del
ayuntamiento. “Demasiado infantil o ingenuo, pensar que la historia que
retrataron en la denuncia penal haya sido real, y que conociendo sus
antecedentes en el manejo del dinero público, piensen que vamos a creerles, y
de que la operación de esta supuesta estafa, no vaya a haber algún funcionario,
porque qué casualidad que dócilmente y sin investigar y con una llamada,
depositaron el dinero sin ton ni son”, concluyó.
(SEMANARIO ZETA/ Gerardo Zúñiga Pacheco/ 18 de Agosto del 2014 a las 12:00:00)
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