PROMESAS. El retorno a sus hogares resguardados por la Marina.
Visitas, visitas, visitas…
También la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) llegó con los
desplazados de Sinaloa con las manos vacías. Peor aún, repitió lo que
otros han dicho: no son autoridad, no tienen competencia, carecen de
facultades, que van a exigirle al Estado lo que ellos mismos llevan dos
años y medio pidiendo.
Aun así deben repetir la historia que ya le contaron a familiares, al
Gobernador Mario López Valdez (Malova), al Presidente Peña Nieto vía
carta y abordado en una gira, a Alcaldes —de la pasada y la presente
administración—, a Refugees International, a Derechos Humanos estatal, a
periodistas nacionales e internacionales, a Secretarios de Estado… es
la misma historia durante dos años y medio que parece una oración, un
rezo. Se cita de memoria, casi sin sentirlo ya. Ahora a Victoria
Santillana Andraca, Jefa de la Unidad Técnica de la Quinta visitaduría
de la CNDH.
El equipo de la CNDH en visita relámpago a Sinaloa. El primer día
intentó una incursión a la sierra, para visitar las comunidades en la
confluencia de los municipios de Sinaloa, Mocorito y Badiraguato y
conocer en sitio lo que ha venido pasando en los altos. Fueron obligados
a desistir. Un comando de la Policía Estatal Preventiva que los
acompañaba, con 30 elementos, les advirtió que no había seguridad. De
Sinaloa de Leyva se regresaron sin siquiera acercarse al problema.
PLÁTICA:
—¿Ya se habrá calmado allá arriba?
—N’ombre que se va a calmar, está pior.
En el día dos el equipo de la CNDH programó una reunión con
desplazados para escuchar testimonios. Están casi la mitad de las 287
familias que según el padrón de los desplazados se asentaron en Salvador
Alvarado, Angostura, Mocorito, Guasave y Ahome. Hay de todas las
edades, principalmente mujeres, y se reúnen en la casa de quien ha dado
la cara al movimiento, Esperanza Hernández, originaria de Ocurahui,
Sinaloa de Leyva. La cooperación no alcanza más que para agua, unas
sillas y un micrófono con falso contacto a la bocina.
Y a repetir la historia: “Desde el día 8 de febrero de 2012 se
denunciaron los hechos por medio de documento enviado a las autoridades
municipales y estatales. Y de ese tiempo a la fecha se han hecho toda
clase de diligencias a nuestros gobiernos incluyendo tiempo después al
gobierno federal. Siempre sin tener una respuesta. Esto es lo más
doloroso y desesperante para las familias, saber que estamos solos…”
“Denunciamos también ante ustedes que los militares han participado
en el saqueo de las comunidades pues los han visto pasar con los
vehículos en los cuales se transportan llenos de muebles como lavadoras,
tinacos, cilindros, plantas solares, etc. Así como también han cometido
abusos contra civiles. Y que con el pretexto de buscar a los grupos
armados suben a la sierra y a los que maltratan y atropellan es a las
personas de bien que como no tienen delito se quedan y son los que
sufren las consecuencias.”
“Que se investigue a los gobiernos municipal y estatal si se han
designado presupuestos o programas de ayuda para las familias
desplazadas por la violencia. Y de ser así pedimos su intervención para
que esas ayudan lleguen realmente a las familias desplazadas.”
REUNIÓN. Programación de testimonios.
PLÁTICA:
—Ellos vienen a darse cuenta como están las cosas. Y ellos van a exigir al Gobierno por nosotros.
—(Silencio)
El documento entregado a la CNDH está respaldado con las firmas de
familias desplazadas, toca el tema de la invasión de viviendas promovida
desde el anuncio del director del Infonavit, Alejadro Murat, sobre la
reasignación de casas a familias desplazadas por la violencia. Y también
sobre un conflicto agrario anterior a la huida de familias pero ahora
agravado:
“Que se nos ayude para que cualquier acción relacionada con el Ejido
San José de los Hornos no proceda. Como es cambio de mesa directiva o
cualquier decisión que tenga que ver con el ejido hasta que la situación
de los ejidatarios que se encuentran fuera de sus comunidades se
regularice”.
Por último, pide seguridad para el retorno de las familias con la
intervención no del ejército mexicano ni de ninguna policía estatal,
sino de la Marina instalando bases “por tiempo indefinido en Sierrita de
Germán, Los Laureles y San José de los Hornos que son los puntos de
acceso a todas las comunidades.”
PLÁTICA:
—No solucionan nada. Tres años y no hay solución al problema. Puras vueltas. No le hayo rumbo. No ayudan en nada.
—Es que todo lleva un proceso. Está muy difícil también para ellos.
—Lo están orillando a uno a agarrar para ese lado. El gobierno sin ayudarnos nos está orillando.
La jefa de la Unidad Técnica de la CNDH, Victoria Santillana,
acompañada de solo dos funcionarios más, parece llevar prisa en concluir
la reunión de apenas hora y media, más otra hora que ocupó para
escuchar algunos casos especiales que terminaron por ser en realidad
generales. Brevemente explica a los desplazados:
“Entonces, el trabajo de la Comisión consiste en exigirle a la
autoridad que determine cómo va a atender este tipo de necesidades.
Particularmente dependiendo de qué es lo que ustedes quieren. Es muy
importante que ustedes determinen, tomen una decisión sobre si ustedes
quieren regresar, que es lo que entiendo lo que la mayoría quiere, o
quienes quisieran quedarse acá. O qué familias quisieran quedarse acá.”
Y aquí, con todo y las fallas de un cable flojo del micrófono a la
bocina les dijo otra vez lo que no quisieran oír: “Lo cierto es que la
Comisión Nacional no los puede defender de las consecuencias de que
hagan esto (regresar a sus comunidades).”
“Entiendo también perfectamente que todo depende de si allá hay
seguridad o no, que por el momento entiendo no hay, yo lo veo, que eso
es la preocupación que ustedes tienen y fue lo que los hizo venir hasta
acá. Y conocemos perfectamente y para eso venimos también, para ver el
estado de vulnerabilidad en que se encuentran y poder así exigir a las
autoridades que cumplan con sus obligaciones.”
La CNDH sí dejó finalmente algo al grupo de desplazados, doce hojas
impresas con los teléfonos de la defensoría de oficio que sacaron de la
página de internet del gobierno estatal. Y el círculo del mismo
argumento:
“Para poder ejercer nuestras facultades, les pedimos que confíen en
que vamos a exigírselo a las autoridades encargadas de resolver este
problema y ustedes dedíquense a identificar cuál es el destino que les
gustaría que su vida tuviera: regresar a sus comunidades que tuvieron
que abandonar por motivo de la violencia o bien quedarse.”
PLÁTICA FINAL:
—Eso pensamos todos, que se compongan las cosas para volver.
—Qué chulada fuera oiga.
INVASIONES. “Que nos reasignen las casas abandonadas”.
La ocupación de una casa
Es mediodía y hace tres días que el calor es ya oficialmente de
verano. La casa en Las Fincas, un abandonado fraccionamiento de
Guamúchil, es una de las casi 100 que tienen invadidas o apartadas los
desplazados y está tan caliente en su interior como en la intemperie.
No son ni 15 metros cuadrados de construcción, cuatro paredes en realidad con un hueco para la cocina y otro para el baño.
Esto es un palacio, comparado donde estábamos, dice la mujer.
Ella y sus familiares suman 15, y se aprietan como sardinas en la
noche para mal dormir, tirando en el suelo colchonetas. Va a ser la hora
de la comida y en el patio arde una hornilla. El humo no se queda en la
casa, no hay ventanas ni puertas lo que entra sale fácilmente. No hay
agua ni energía eléctrica, cuando ellos llegaron se habían robado la
tubería y el cableado.
Hace 15 días llegaron aquí, al fraccionamiento Las Fincas, luego de
buscar por la ciudad de Guamúchil casas abandonadas. En algunas
encontraban recibos viejos o requerimientos de pago, pero conforme
pasaban los días empezaron a darse cuenta que cuando volvían alguien más
ya tenía ocupada la casa. Temiendo quedarse otra vez en la calle,
empezaron a ocupar las que se pudiera. Lo mismo pasó en Culiacán, en
Guasave, en Mazatlán.
PLÁTICA 1.
Es una arrebatinga por las casas. Ya agarraron las mejores. Y lueguito las empezaron a quitar.
Hoy, ninguna autoridad sabe cuántas casas han sido invadidas en
Sinaloa en los últimos 24 días, después del 5 de junio en que el
Director Nacional del Infonavit hizo el anuncio de reasignación de 9 mil
viviendas a grupos vulnerables, entre ellos los desplazados de la
sierra por violencia.
A casi un mes, el Infonavit o la Secretaría de Desarrollo Social y
Humano no han dado a conocer los destalles de operación y reglas para el
programa que se anunció como Jornada Estatal de Vivienda para ofrecer
casas en renta a familias desplazadas.
La gente de la sierra que llegó a Guamúchil hace dos años y medio
empezó a correr la voz del anuncio, llevó expedientes al Infonavit y los
entregaron a la delegación pidiendo ser tomados en cuenta para el
programa, pero de las reglas y requisitos nadie supo nada.
Es el propio movimiento de Desplazados quien se ha encargado de
integrar expedientes con lo que piensan que les solicitarán:
identificaciones de las familias, ubicación de la vivienda –incluyendo
fotos de ellas-, comprobantes de que se trata de desplazados de la
sierra, entre otros papeles.
Hasta el momento hay ya 60 expedientes de este tipo, y el mismo número de casas invadidas o ubicadas.
PLÁTICA 2:
Ahora con la invasión de casas tampoco es solución. No hay ningún papel de respaldo.
Otras familias de desplazados de la sierra por violencia no se han
atrevido a ocupar las viviendas, pero sí han ubicado alguna de ellas, se
han dedicado a limpiarlas y a tratar de mantenerlas en condiciones
habitables. Colocan afuera de ellas una cartulina o un papel con la
leyenda “Apartada”, pensando que con ellos serán respetadas las casas
por otros que están en las mismas, buscando una vivienda abandonada.
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