Javier Livas, del equipo de abogados de Mireles, lamenta que la
autoridad no se sujete a la ley, lo que le impone una carga muy grande a
la defensa
"La defensa del doctor no es únicamente defenderlo a él. Es defender a
todos los mexicanos que no tenemos seguridad porque hay gente que tiene mucho
dinero y tiene guardias personales, y tienen su propia seguridad. Ellos la
compran, tienen sus portes de armas"
Abogado y político regiomontano
Javier
Livas Cantú, abogado y político regiomontano comparte con Talía Vázquez
un poder que extendió el doctor José Manuel Mireles para su equipo de
defensa.
Hasta ahora los abogados de José Manuel Mireles han denunciado que
el fundador de los autodefensas fue víctima de una “siembra” armas y
drogas orquestada por los elementos policiacos.
“El doctor estaba en un restaurante comiendo y no estaba armado. Eso
es lo principal. Si lo están acusando de posesión o portación de armas
prohibidas, pues él no traía ningún arma”, explicó el abogado.
Livas Cantú asegura que la “siembra” de drogas y armamento fue captada en videos y se usarán como pruebas.
“Gran parte de la problemática ahorita tiene que ver con la
recaudación de las pruebas acerca de las circunstancias de la detención,
porque hay docenas de videos que fueron captados durante el episodio”.
La otra gran irregularidad en el caso de Mireles es que su defensa no
ha tenido acceso al expediente, ni siquiera se les ha informado qué
delitos le imputan, denuncia Livas Cantú.
“Hay una supuesta acusación que no conocemos porque –ese es el otro
problema– el expediente lo han hecho perdidizo. A la una y media de la
tarde (del lunes), que tuve al última comunicación, todavía no sabíamos a
ciencia cierta en qué juzgado va a ser el procedimiento.
“Lo único que sabemos es que al doctor lo detienen y luego lo envían a
Sonora a un penal de alta seguridad. Eso obviamente nos dificulta
también su defensa porque el contacto con él es importante.
“No sabemos qué juzgado es, en Morelia, Michoacán, en algún lado, y
luego tienes al detenido en Sonora. Entonces ahí te encargo el problema…
Es un problema logístico.”
Livas explica que el Doctor Mireles llegó el viernes a La Mira a
petición de los vecinos, quienes buscaban su ayuda para organizar el
movimiento de autodefensas de la entidad.
Al día siguiente tendrían la asamblea local para hacer nombramiento a
las autodefensas de La Mira a las 18:00 horas, pero a las 16:30 horas
llegaron las autoridades al restaurante en donde comía, supuestamente
por una denuncia anónima de que había hombres armados. Ahí lo detiene la
PGR de Morelia. El domingo es enviado a Sonora.
“Por lo pronto podemos decir que (la detención) es arbitraria porque
creemos que no habían razones para detenerlo, por lo menos él en lo
personal no estaba armado.
“El estaba en un restaurante y lo detienen y de las primeras cosas
que hacen es que le tapan la cabeza con una capucha. Yo creo que no es
correcto, te puedo aceptar que en todo caso lo esposen, pero taparle la
cara, taparle los ojos, taparle la cabeza…
“Se me hace un uso excesivo de violencia y además considerando que el
doctor es una persona que ha tenido ya dos infartos, que sufre
problemas muy serios en materia de azúcar, tiene una diabetes muy aguda,
todo eso obviamente pone en riesgo su salud”.
Los abogados han tenido que luchar contracorriente para defender al líder civil.
“Ya pasaron 48 horas y todavía no tenemos nada”, acusa el abogado,
quien lamenta que la autoridad no se sujete a la ley, lo que le impone
una carga muy grande a la defensa.
“Estamos hablando de un abuso de autoridad o una falta, mínimo de ética profesional por parte de las autoridades”, dice.
“La defensa del doctor no es únicamente defenderlo a él. Es defender a
todos los mexicanos que no tenemos seguridad porque hay gente que tiene
mucho dinero y tiene guardias personales, y tienen su propia seguridad.
Ellos la compran, tienen sus portes de armas, etcétera.
“Luego tienes a los funcionarios que se dicen amenazados por los
delincuentes y que también traen camionetas blindadas y traen armas y
traen guaruras.
“Y luego tenemos a los criminales, que esos no piden permisos para
armarse y andan armados hasta los dientes. Y luego, en cuarto lugar,
tenemos a la población en general que está a expensas de que cualquiera
lo pueda asesinar o abusar de él o extorsionar o pedirle piso, en fin…”,
concluyó.
Al cierre de esta edición la abogada Talía Vázquez tuiteó que la declaración será remota en un juzgado de Uruapan.
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