Las autoridades locales permitirían la construcción de viviendas hoy consideradas irregulares, a cambio de recaudar más de 500 millones de pesos al año por impuestos. La Asamblea Legislativa ya prepara el dictamen y a punto de ser aprobado
Se pretende financiar la construcción de departamentos populares con los
impuestos que pagarán los desarrollos de lujo que violen la ley
Legisladores locales afirman que el Gobierno del DF no tiene presupuesto
suficiente para atender el déficit de viviendas
"Es una iniciativa que tiene el aval de diversos sectores, y por eso
consideramos que no se va a violentar ninguna otra normatividad; (habrá) una
serie de requisitos antes de construir"
Diputado local PRD
Tras no lograr impedir la construcción de departamentos de lujo que incumplen con el Uso de Suelo, estudios de factibilidad de agua y demás permisos, el Gobierno del Distrito Federal tiene una nueva estrategia.
Esta consiste en algo simple: autorizar cualquier proyecto
inmobiliario, sin importar lo que marcan los Programas Delegacionales de
Desarrollo Urbano, a cambio de una jugosa partida
Se trata de un nuevo impuesto a los desarrolladores que quieran
construir en lugares que no están permitidos, o que deseen edificar más
niveles de los que establece la norma.
Para ello la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi)
delinea con la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) una
iniciativa para crear la Norma 30 y la 31.
De acuerdo con el documento, que en los próximos días se convertirá
en predictamen, la intención de la administración mancerista es regular
la construcción vertical de la Ciudad de México y sustituir la Norma 26.
Esta última fue suspendida por las autoridades locales bajo el
argumento de que los desarrolladores disfrazaban de viviendas de interés
social, departamentos lujosos que les otorgaban grandes ganancias.
La nueva propuesta pretende financiar la construcción de
departamentos populares con los impuestos que pagarán aquellos que
ofrezcan construcciones de lujo e incumplen con la normatividad.
Y es que las autoridades estiman obtener más de 500 millones de pesos
por avalar obras irregulares, según la proyección que le hicieron a los
diputados locales la semana pasada.
En el documento no se establece ninguna sanción para los proyectos
que ya se edifican en cualquiera de las 16 delegaciones, a pesar de no
cumplir con el Uso de Suelo o niveles de construcción, pero sí sanciona
con cárcel a nuevos infractores.
Una de las especificaciones que tiene la propuesta, indica que en las
colonias de mayor plusvalía de la Ciudad de México no aplicará la Norma
30 y 31, como ejemplo está la San José Insurgentes, Chimalistac, Lomas
de Chapultepec o Polanco).
Se prevé que en menos de dos meses, el dictamen sea aprobado en
comisiones y el Pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal,
ya que de lo contrarió se detendrían más de 40 ramas productivas.
Las normas
Según el documento base y las declaraciones de diputados locales, la
Norma 30 se encargará de regular la vivienda de interés social, cuyo
valor comercial no podrá exceder los 736 mil pesos.
Mientras que la segunda, la Norma 31, se especializará en las
viviendas de interés medio y medio alto, la cual representa el mayor
porcentaje de construcciones que se registran al año.
La primera será creada para impulsar la construcción de vivienda de
interés social, que estará dividida en dos tipos. La “A” tendrá un valor
de 495 mil pesos y la “B” de 736 mil pesos.
Según lo estipulado en la propuesta, se retomarán los criterios de
sustentabilidad y se impulsará la creación de una ciudad compactada, que
permita detonar nuevas zonas de plusvalía.
Mientras que la Norma 31 penalizará con cárcel la construcción de
nuevas viviendas que no cumplan con los permisos de la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi).
Ahí se contempla la creación de un fideicomiso al que se destinará el
60 por ciento de los impuestos que paguen los desarrolladores que
quieran construir más niveles, o en un lugar que no cumple con el Uso de
Suelo.
De acuerdo con el diputado Carlos Hernández Mirón, los nuevos
impuestos se determinarán con base en el número de metros cuadrados, la
plusvalía de la zona y el número de niveles.
“La propuesta señala que el 20 por ciento de los ingresos se
destinarán para beneficio de la ciudad; otro 20 por ciento será para
mejoras de la zona donde se ubique la obra; el resto para la vivienda de
interés social.
“Se trata de una iniciativa que tiene el aval de diversos sectores, y
por eso consideramos que no se va a violentar ninguna otra
normatividad, pues se tendrá que cumplir con una serie de requisitos
antes de construir.
“Hay un logaritmo que define si el desarrollador quiere más niveles.
Si la autoridad acepta se le da el permiso, y ellos simplemente pagan
una transferencia de potencialidad”, explicó Hernández Mirón.
De acuerdo con el legislador del PRD, es urgente tener listo el
dictamen en menos de un mes y llevarlo después al Pleno; de lo contrario
vencerá el plazo para solicitar viviendas de interés social.
Aseguró que el Gobierno del DF no tiene presupuesto suficiente para
atender la demanda de viviendas que hay en la ciudad, cuyo déficit es de
30 mil casas anuales.
La oposición
La diputada local por el PAN, Priscila Vera, considera que el
anteproyecto de las Normas 30 y 31, que sustituirá a la Norma 26,
afectará a más de 600 colonias.
“Vemos que la propuesta sigue arrastrando los mismos vicios de la
Norma 26”, dijo Vera, “no se establecieron candados para que los
desarrolladores inmobiliarios hagan mal uso de ella.
“Esta norma tiene un serie de incentivos para los desarrolladores. En
la anterior Norma 26 el desarrollador iba a Seduvi, decía que iba a
construir vivienda popular, pedía que le autorizaran pisos extras de lo
permitido en los planes delegacionales y evidentemente lo que hacían era
violentar el precio de venta.
“Con las normas 30 y 31 solo pretenden seguir favoreciendo a los
grupos de desarrolladores. Entre los beneficios está la exención del
pago de derechos, como el impuesto de adquisición de inmuebles,
utilización de redes de agua, del pago de licencias de construcción,
además de que no existen obligaciones de transparencia”.
Sin embargo, la mayoría de los diputados ya está a favor de la iniciativa de la Seduvi, incluidos los de Acción Nacional.
(REPORTE INDIGO/
Miércoles 25 de junio de 2014)
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