MÉXICO,
D.F. (Proceso).- Con el esquema de empresas productivas, el gobierno de
Enrique Peña Nieto busca dejar a Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la
Comisión Federal de Electricidad (CFE) a la deriva del libre mercado.
De
acuerdo con la iniciativa que expide las Ley de Petróleos Mexicanos y
la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, “el corazón de la
reforma” se encuentra, precisamente, en la creación de un modelo de
gobierno corporativo que abarque todos los aspectos necesarios para “el
adecuado y óptimo desempeño de nuestras empresas estatales”.
El
documento también indica que el propósito es otorgar la mínima
regulación; es decir, establecer contenidos jurídicos mínimos y generar
“condiciones gerenciales óptimas”, para que los consejos de
administración de ambas instituciones trabajen de manera autónoma,
autosuficiente y sin la participación de otras instancias. En otras
palabras, que eviten a los sindicatos.
Para el gobierno federal,
ambas empresas se encuentran sujetas a un excesivo sistema de control
gubernamental que les impide “la flexibilidad empresarial” para operar
de manera eficiente.
La clave es que Pemex y la CFE se conviertan
en “auténticas empresas” y el Estado sea “verdadero dueño y no simple
administrador”.
“El enfoque sobre el diseño institucional de
Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad se aparta
radicalmente de lo que hasta ahora se había seguido, pues se transforma
el papel y la injerencia del Estado mexicano en su manejo, de tal manera
que las decisiones concretas de estrategia empresarial sean tomadas,
caso por caso, por los órganos de administración y dirección de las
empresas, a fin de que ello se traduzca, en última instancia, en mejores
resultados operativos y financieros para el Estado Mexicano, como su
propietario”, sostiene la iniciativa.
El texto lanza la crítica a
la reforma energética de 2008, durante la administración de Felipe
Calderón, según la cual “la conducción de la industria petrolera siguió
supeditada a los intereses del gobierno federal y del Sindicato de
Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, al que le correspondía
nombrar a los restantes miembros del Consejo de Administración.
Fragmento del reportaje que se publica en la edición 1957 de la revista Proceso, actualmente en circulación.
/ 6 de mayo de 2014)
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