El
sello del sexenio: endeudamientos, desvío de presupuestos, compras
millonarias sin licitar, pagos simulados, jineteo de recursos,
funcionarios bajo sospecha y corrupción de mandos policiacos acusados de
proteger a narcotraficantes, pone contra la pared al Gobierno del
cambio encabezado por Mario López Valdez. Se acabó la fiesta del
“cambio”: ahora hay que recoger los platos rotos.
A
mitad de sexenio, el gobernador Mario López Valdez se encuentra en
medio de una crisis de desconfianza sobre el manejo de las finanzas
públicas. Son constantes los reproches y acusaciones de que los
presupuestos no se aplican a los programas asignados, ni bajo los
esquemas legales de transparencia, sino a rubros y a personas que decide
el mandatario.
En tres años, la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas (UTRC) —que depende del propio Malova—
ha visto pasar, sin intervenir, las denuncias públicas de corrupción,
tráfico de influencias, sobornos, enriquecimiento ilícito y posibles
nexos con el narcotráfico, de algunos de los colaboradores directos del
Gobernador.
Ahí están en la lista negra el subsecretario de
Administración y Finanzas, Gildardo Amarillas, cuya hija fue boletinada
por el gobierno de Estados Unidos por lavar dinero del narcotráfico; el
secretario de Salud, Ernesto Echeverría Aispuro, implicado en la compra
de medicamentos a sobreprecio; el tesorero Armando Villarreal Ibarra,
expuesto por jinetear el presupuesto público; el ex director de
Servicios Aéreos de Sinaloa, Mauricio Camarena Delgado, actual piloto
del Gobenador, acusado de pedir soborno a una empresa estadunidense para
otorgarle el mantenimiento de la flota aérea estatal; y las
coordinadoras de Comunicación Social y de Acceso a la Información
Pública, Elisa Pérez Garmendia y Rosario Lizárraga Félix (ésta última
recién nombrada comisionada de la Comisión Estatal de Acceso a la
Información Pública), señaladas de enriquecimiento ilícito.
Culpables
o no de los cargos, la UTRC no ha dado cuentas claras de las
investigaciones que dice hacer en torno a las acusaciones hechas a los
funcionarios estatales.
Las nalopatrullas
La
imagen de que éste sería, no un “gobierno del cambio”, sino uno “de
cuotas y cuates”, se perfiló a escasos días de asumir el mando López
Valdez. Durante el primer mes de su gestión se supo de la compra a
Leonardo Nalo Félix Gutiérrez, su “padre empresarial”, de 90
camionetas Cheyenne equipadas. La adquisición se hizo de manera directa,
sin licitar, por un monto de 50 millones 899 mil pesos.
El Nalo Félix, concesionario de la empresa Culiacán Motors, es públicamente reconocido como el principal apoyo para que López Valdez iniciara su trayectoria como empresario en 1984, cuando fundó las ferreterías Malova.
El tesorero Armando Villarreal se deslindó de la compra al señalar que había sido realizada por la administración anterior ante la propuesta del equipo de transición de Malova. Que la invitación la hubiera hecho al proveedor Nalo Félix, dijo, fue “coincidencia”.
Por su parte, Juan Pablo Yamuni Robles, jefe de la UTRC, defendió la adquisición de los vehículos: “Había un subejercicio de recursos, urgían las patrullas y Nalo Félix, el proveedor, cumplía todos los requisitos”.
Cuando la Auditoría Superior de la Federación (ASF) revisó las cuentas públicas estatales, determinó que la compra de las patrullas “no está justificada”, pues “no hay fundamento para no haber realizado la compra mediante licitación pública”.
En el acta de la sesión 06/2010, el Comité Intersecretarial de Adquisiciones del Gobierno del Estado con fecha del 28 de diciembre de 2010, de la cual Ríodoce conserva copia, justificó la operación en el artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, el cual señala que “La Secretaría y entidades podrán contratar adquisiciones, arrendamientos y servicios sin sujetarse al procedimiento de licitación pública o a través de los procedimientos de invitación a cuando menos tres personas y se adjudicarán directamente cuando: Peligre o se altere el orden social, la economía, los servicios públicos, la salubridad, la seguridad o el ambiente de alguna zona o región del estado, como consecuencia de caso fortuito o de fuerza mayor”.
Escándalo de altura
Llevaba Malova
tres meses en la administración de Gobierno cuando inició trámites para
comprar un nuevo avión, con un costo aproximado de 36 millones de
pesos. Sin licitar el proceso, adquirió un Falcon 20F, modelo 1986 al
proveedor Western Wings Corp, con sede en Oregon, Estados Unidos.
Ante
la negativa del Gobierno estatal por clarificar el gasto, la Auditoría
Superior del Estado (ASE) abrió una investigación, la cual reveló que
más que una compra de oportunidad de la aeronave, como lo justificó en
su momento el Gobernador, se alteraron los costos en la adquisición del
jet ejecutivo.
Según la indagatoria de la ASE, López Valdez compró
un avión igual o más inseguro que el que ya tenía el Gobierno del
Estado, pues tuvo que invertirle 977 mil dólares para equiparlo y
dejarlo en condiciones de navegación. Además hubo precipitación en la
compra, ya que el Comité de Adquisiciones sesionó el 18 de marzo de 2011
y el 22 del mismo mes se compró el avión y se autorizó el equipamiento
del jet para Malova.
El órgano fiscalizador estatal informó que no se justificaba la compra del avión para Malova
porque la aeronave ya existente se hallaba en excelentes condiciones
para seguir volando. También se detectó que el Gobierno compró equipo,
como los sistemas, FMS, Radar, RVSM, TCAS, que se suponía ya traía el
avión adquirido. La UTRC se limitó a defender la acción: “El Gobierno no
compra cosas fantasmas”.
Pero no acabó ahí. Un nuevo
escándalo abonó opacidad a la operación. El Departamento de Justicia de
Estados Unidos (DOJ) informó que la empresa BizJet International Sales
& Support, Inc sobornó al jefe de Transportación Aérea del Gobierno
de Sinaloa, Mauricio Camarena Delgado, con tal de ganar el contrato de
mantenimiento de la flota aérea oficial.
En un documento, el DOJ revela que Camarena Delgado, mejor conocido como el Capi,
habría recibido casi 50 mil dólares por insistir e influir para que la
empresa BizJet realizara todo tipo de servicios de mantenimiento y
reparación para la flota aérea del Estado, o de lo contrario “cambiarían
sus servicios a otra compañía”.
En septiembre de 2013, el avión recién adquirido estuvo a punto de irse en picada debido a la falla de una turbina, cuando Malova
y otros funcionarios estatales regresaban a Sinaloa procedentes de
Estados Unidos, cuando tuvieron que aterrizar de emergencia en
Chihuahua. Piloteaba el Capi.
Lo único que se informó
oficialmente es que “el Gobierno estatal exigirá a los vendedores de la
aeronave cumplir con las garantías respectivas”. Y que venderían el
avión.
Placas chinas. La mugre de las compras.
Las placas chinas
Otra
compra directa, sin licitar, se hizo a mediados de mayo del año pasado.
Esta vez por 331 millones 583 mil 680 pesos para la renovación de un
millón 500 mil juegos de placas vehiculares con código QR a la empresa
china Cangnan Riwong Craft Logo Co. Limited, compañía amparada ante el
intento de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de retirarle su
registro.
La empresa china incumplió con el primer pedido
y generó un desabasto estatal de placas para el transporte público y
privado. Ante el caos, la Dirección de Vialidad y Transportes concedió
permisos mensuales a los conductores.
La adjudicación directa de
la compra se aprobó en una sesión fugaz del Comité Intersecretarial de
Adquisiciones invocando el ya utilizado artículo 51 de la Ley de
Adquisiciones.
Todos los miembros presentes avalaron la
contratación: el tesorero estatal y presidente del Comité, Armando
Villarreal; el secretario general de Gobierno y vocal, Gerardo Vargas
Landeros; el secretario de Innovación Gubernamental y también vocal,
Karim Pechir Espinoza de los Monteros; el jefe de la UTRC, quien es
comisario, Juan Pablo Yamuni; y el director de Asuntos Jurídicos del
Ejecutivo estatal, Alejandro Villasana Falcón. Y al día siguiente se
firmó el contrato con Gastón Armando González Moreno, representante
legal de la empresa oriental.
Crédito desacreditado
En agosto de 2011, el Congreso del Estado consintió a Malova
un endeudamiento histórico para Sinaloa por un periodo de 20 años, con
la autorización de un crédito de 2 mil 600 millones de pesos para la
construcción, se dijo, de un paquete de obras públicas destinadas a
infraestructura educativa, deportiva, carretera, urbana y hospitalaria.
Luego
de fiscalizar el ejercicio presupuestal estatal del segundo semestre de
2011 y primer semestre de 2012, la ASE detectó 206 irregularidades en
422 obras contempladas dentro del crédito, lo que representó 13 millones
314 mil 895 pesos del presupuesto destinado.
De acuerdo al Informe de Actividades 2012,
la ASE encontró obras inconclusas, licitaciones irregulares y desvío de
presupuesto. Detectó que 46 obras se encontraban inclusas o
suspendidas, de las cuales 15 fueron ejecutadas por la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas (DUOP) y 31 por el Instituto
Sinaloense de Infraestructura Física Educativa (ISIFE); 24 fueron
concluidas pero no operan; 16 fueron terminadas pero operan con
deficiencias; y 33 más tienen mala calidad en sus acabados.
El
Consejo Ciudadano para la Vigilancia y Transparencia, creado para dar
seguimiento al cumplimiento del crédito, se deslindó públicamente de
otorgar su aval a la ejecución del paquete de obras del Gobierno
estatal, y señaló, a través del consejero Samuel Campos Velarde, que en
la revisión que hizo ese organismo se encontraron “fallos en favor de
empresas que presentan propuestas más altas y numerosas
descalificaciones hacia otros contratistas por causas intrascendentes,
dando lugar a dudas sobre la transparencia del proceso”.
En una
carta abierta, los miembros del Consejo sugirieron incorporar en el
proceso el artículo 31 de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados, el cual señala: “para la participación, adjudicación o
contratación de obras públicas o servicios relacionados con las mismas
no podrán establecerse requisitos que tengan por objeto o efecto limitar
el proceso de competencia y libre participación”.
Cupón cero
En
marzo del año pasado, aún con las dudas sobre el ejercicio transparente
del gasto del primer crédito, el congreso aprobó un nuevo empréstito al
gobierno estatal. El llamado Cupón cero, por 771 millones de
pesos, que según la exposición de motivos, sería para la rehabilitación
de seis tramos carreteros, la infraestructura del nuevo Sistema de
Justicia Penal Acusatorio y el equipamiento del Instituto Sinaloense de
Cancerología.
El líder del Panal, Manuel Cárdenas Fonseca, sostuvo
que “si lo que querían era dinero, le han dado tantas vueltas a los 2
mil 600 millones que ni siquiera los van a alcanzar a ejercer, hubieran
hecho modificaciones y de ahí lo hubieran tomado. Qué manera de
complicarse la vida”.
El gobierno estatal sólo ha podido contratar
485 millones de pesos debido a uno de los candados que estableció el
Congreso, referente a que los préstamos no deberán superar una tasa de
interés equivalente a 8.5 puntos porcentuales.
El 12 de septiembre
de 2012 se colocó la primera piedra para la construcción de las salas
de juicios orales y las que albergarían al nuevo sistema penal con sede
en Angostura, en las inmediaciones de Salvador Alvarado, con una
inversión de 132 millones de pesos. En el evento se aseguró que estarían
listas y en operaciones a más tardar en diciembre del año pasado. Hasta
hoy, no se ha abierto aún ni una sala para este fin.
Pagos simulados
En
la revisión de muestras aleatorias de la cuenta pública gubernamental,
la ASE también documentó supuestos desvíos de recursos tras la compra a
proveedores con facturas falsas, por montos pequeños, que sumados
arrojan daños por más de 114 millones de pesos a las arcas públicas,
durante el primer año del actual gobierno estatal.
Durante la
revisión, la ASE encontró compras irregulares con proveedores
inexistentes y facturas adulteradas, compras millonarias que trataron de
justificar con facturas apócrifas, cotizaciones irregulares y desfase
en las adquisiciones. También detectó cotizaciones “a modo” para
beneficiar a un pequeño grupo de prestadores de bienes o servicios: “los
proveedores ‘consentidos’ nunca compiten en una misma compra. Y cuando
alguna de ellas concursa con otras, siempre obtiene el fallo a favor”
—indica el documento.
Yamuni Robles afirmó que “no es novedad que la ASE haya hecho tantas observaciones”.
Negocios privados con dinero público
Antes
de irse, la pasada legislatura autorizó, en el último punto de su
última sesión extraordinaria, un endeudamiento más para el Estado. Cedió
a la administración de Malova el otorgamiento de dos contratos a
particulares para la construcción y operación de los hospitales
generales de Culiacán “Dr. Bernardo J. Gastélum” y de Mazatlán, “Dr.
Martiniano Carvajal”, que remplazarán a los actuales, y que serán
pagados con recursos públicos en un plazo de 25 años.
De acuerdo
al dictamen de la Comisión de Hacienda Pública y Administración, ambos
proyectos tienen un costo de 6 mil 643 millones de pesos: 3 mil 794
millones de pesos para el Hospital General de Culiacán y 2 mil 849.7
para el de Mazatlán. Los pagos anuales serán de 311 millones de pesos
para el primero y 220 millones para el segundo, lo que significa que se
pagarán del erario público alrededor de 13 mil millones y medio de
pesos, sin considerar la inversión en capital de trabajo.
Esta
modalidad de contratos, llamados de Colaboración Pública Privada o
Proyectos de Prestación de Servicios (PPS), ha causado polémica a nivel
nacional, al argumentarse que “incrementará los incentivos para la
corrupción y la irresponsabilidad pública, ya que el gobierno estatal
otorga contratos a la iniciativa privada y hereda deudas hasta por 40
años a las siguientes administraciones”. En este caso, el endeudamiento
que la legislatura pasada aprobó a Malova tendrán que pagarlo los cuatro siguientes gobiernos estatales, hasta el año 2038.
La iniciativa de decreto fue enviada por Malova
el pasado 25 de octubre al Congreso del Estado, turnada a la Comisión
de Hacienda Pública, y programada para primera lectura tres días
después, para dispensar la segunda lectura y aprobarla el 21 de
noviembre, en un proceso que duró menos de un mes.
Con esta nueva
modalidad de contratos, los inversionistas privados podrán operar
servicios e infraestructura pública, mientras que el Gobierno reconoce
la deuda como pública y contempla que los pagos se incluyan en los
Presupuestos de Egresos como prioritarios, por encima de la obra
pública, el gasto social y los propios servicios públicos.
Sin dinero, por voluntariosos
A partir de su segundo año en la administración municipal, Malova
suspendió, bajo criterio personal, los apoyos a algunas asociaciones
altruistas, a pesar de que el dinero ya estaba etiquetado para su
entrega en el presupuesto de egresos de 2012 aprobado por el Congreso
del Estado. “No demostraron un trabajo útil”, dijo el mandatario, quien
señaló que prefirió destinar 21 millones 48 mil 260 pesos asignados para
estas asociaciones civiles, “a cubrir funciones de Gobierno en
general”.
Las organizaciones que se quedaron sin apoyo económico
han sido, coincidentemente, las críticas al gobierno. Una de ellas es la
Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Sinaloa, la cual, a
través de oficios, marchas y plantones, ha exigido la búsqueda de
cientos de familiares levantados y desaparecidos en los últimos años. En
la misma situación se encuentran ocho más, que no han recibido recursos
públicos para sus labores; a otras tres (casa hogar Cáritas Lomita,
Hospital del Carmen y el Banco de Alimentos) sólo les dieron una parte
de su presupuesto, mientras que 11 sí fueron palomeadas por el
ejecutivo.
Aunque el Gobernador afirmó tener la capacidad de
decidir el destino del recurso etiquetado, el ex diputado perredista
Luis Javier Corvera Quevedo, aclaró que Malova y su gabinete
“están obligados a respetar la ley”, al referirse a las Ley de Ingresos y
Presupuesto de Egresos y a la de Presupuesto, Contabilidad y Gasto,
que norman la planeación y el destino de los recursos de la hacienda
pública a los programas y dependencias estatales. Los legisladores, en
un punto de acuerdo, exhortaron al mandatario que hiciera entrega del
recurso público, pero fueron ignorados.
En esta polémica, el jefe
de la UTRC, Juan Pablo Yamuni, declaró “que no hay razón para iniciar
proceso administrativo, porque la administración estatal tiene
facultades para decidir sobre el uso de los recursos”.
El jineteo de recursos
Al
inicio de este año se hizo circular en redes sociales copias de seis
oficios en donde el secretario de Agricultura, Juan Guerra Ochoa, acusa
al tesorero Armando Villarreal, de retener y jinetear “indebida e
ilegalmente” presupuestos etiquetados al sector agrícola y pesquero.
En
las misivas, Guerra Ochoa se dirige al jefe de la UTRC, Yamuni Robles
para pedirle su intervención, ya que “en repetidas ocasiones hemos
solicitado dicho recurso a la SAF sin obtener respuesta”.
En los
escritos señala que ante la falta de los recursos se están cancelando
programas fundamentales para la atención de productores, como el
denominado Cadena, “que aplica en cada contingencia y que
lamentablemente está suspendido para el estado de Sinaloa porque la SAF
no quiere reintegrar un recurso que está obligada a reintegrar” y “esto
ha generado –agrega- que el gobierno federal nos suspenda el apoyo de
recurso para los desastres naturales ocurridos en el estado”.
El
secretario de Agricultura denunció que no se le había entregado el 51
por ciento de los recursos aprobados por el Congreso, y que se
encuentran en riesgo todos los programas de inversión que se ejercen en
concurrencia con la federación.
Así las cosas, en medio de éstas y
más irregularidades documentadas por las Auditorías Superiores de la
Federación y del Estado y por medios periodísticos, el trabajo de la
llamada Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas (UTRC) ha sido
justificar al mandatario y al Gabinete estatal, en vez de investigar las
denuncias públicas y sancionar a los responsables. El propio Gobernador
tampoco da explicaciones sobre hechos que le resultan incómodos.
La percepción ciudadana es que Malova
es como el monarca al que hay que divertir, alabar, caerle bien, para
poder alcanzar los beneficios de programas sociales. Y también que en
esta administración no hay lugar para la tolerancia, porque cuestionar
las acciones o pedir cuentas claras sobre los gastos del gobierno
estatal puede resultar hasta peligroso.
Frases de Malova en su toma de protesta
—Dejaremos
atrás las pesadas maquinarias burocráticas, los excesos, y los
protagonismos. —No toleraré corruptelas, componendas, prepotencia, ni
impunidad en los miembros de mi administración.
—Se acabaron los nuevos ricos y el derroche costeado por los ciudadanos.
Administración dudosa
—Compra, sin licitar, de 90 camionetas Cheyenne equipadas, por un monto de 50 millones 899 mil pesos, a Leonardo Nalo Félix Gutiérrez, “padre empresarial” de Malova.
—Compra,
sin licitar, de un avión de 36 millones de pesos. La ASE encontró
alteraciones en los costos de adquisición e informó que la aeronave
desechada estaba en excelentes condiciones.
—El Departamento de
Justicia de Estados Unidos investiga a Mauricio Camarena Delgado, piloto
del Gobernador, por sobornar con 50 mil dólares a la empresa BizJet
International Sales & Support, Inc, para ganar el contrato de
mantenimiento de la flota aérea estatal.
—Compra, sin licitar, por
331 millones 583 mil 680 pesos para la renovación de un millón 500 mil
juegos de placas vehiculares a la empresa china Cangnan Riwong Craft
Logo Co. Limited, que incumplió con el pedido y generó un desabasto de
placas para el transporte público y privado.
—Obras inconclusas, licitaciones irregulares y desvío de presupuesto en el ejercicio del crédito de 2 mil 600 millones de pesos.
—La
ASE acusa desvíos de recursos con la compra a proveedores inexistentes
con facturas falsas y cotizaciones “a modo” para beneficiar a
prestadores de bienes y servicios.
—Con los PPS se endeuda al Estado por 13 mil millones y medio de pesos para los próximos 25 años.
—Malova
no pagó apoyos etiquetados a organizaciones civiles críticas a su
gobierno, entre ellas a la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos
de Sinaloa, que le ha exigido la búsqueda de cientos de familiares
levantados y desaparecidos en los últimos años.
—A través de
oficios internos, se acusa al tesorero Armando Villarreal, de retener y
jinetear “indebida e ilegalmente” presupuestos etiquetados al sector
agrícola y pesquero.
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