Era
previsible —sin que uno pretenda hacerla de adivino— un desenlace así.
La carta que Ismael Zambada García se sacó de la manga en abril de 2010
resultó perfecta. No ha sido dictada la sentencia del juez Rubén
Castillo, pero el acuerdo entre Vicente Zambada Niebla y la fiscalía del
Distrito Norte de Illinois, que lo acusa de narcotráfico, está firmado y
es muy difícil que los gringos se echen para atrás. El Vicentillo
será sentenciado a diez años de prisión —que puede cumplir en un
placentero balneario junto a su familia en su calidad de testigo
protegido—, y con los que ya lleva en poder de la justicia
norteamericana, podría estar obteniendo su libertad a finales de 2017.
La carta escondida del Mayo
se expuso con la entrevista que le concedió al periodista Julio Scherer
García, para la revista Proceso, en 2010. Se trató de un encuentro
solicitado por Zambada García. Así lo cuenta el periodista al hacer la
crónica que el semanario tituló en su portada “En la guarida del Mayo Zambada”… crónica de un encuentro insólito”:
“Un día de febrero recibí en Proceso un mensaje que ofrecía datos claros acerca de su veracidad. Anunciaba que Ismael Zambada deseaba conversar conmigo”.
La
entrevista se realizó la última semana de marzo de 2010, un mes después
de que el Gobierno mexicano había extraditado al hijo del capo a los
Estados Unidos, donde tenía por lo menos tres procesos pendientes, uno
en Chicago. El Vicentillo se declaró inocente cinco días más
tarde ante el juez Rubén Castillo, de los cargos de importación de
grandes cantidades de cocaína y heroína para ser distribuidas en Chicago
y sus alrededores. En la Corte, Zambada Niebla estuvo apoyado por un
pequeño grupo de familiares que presenciaron la audiencia.
A
partir de ese momento la cuerda empezó a ser tirada de un lado y de
otro, pues si la procuraduría del Distrito Norte de Illinois tenía
fundadas sus acusaciones, la defensa del Vicentillo recababa
elementos para que, al menos, el hijo del capo no se pasara la vida en
prisión. En el proceso de esa corte figuran también como acusados el
propio Mayo Zambada, Joaquín Guzmán Loera, Arturo Beltrán Leyva
—muerto el 16 de diciembre de 2009 en un enfrentamiento con la Armada de
México—, Alfredo Guzmán Salazar, hijo del Chapo, y otros.
El Mayo Zambada
le pegó el primer jalón a la cuerda con la entrevista que le concedió a
Scherer. Con más de 40 años en el negocio de las drogas, debía tener
mucha información comprometedora para los gringos, que nunca se rasgan
las vestiduras. Lo dijo en la entrevista con el director fundador de
Proceso:
—Y usted, ¿qué hace ahora?—, le preguntó el periodista.
—Yo me dedico a la agricultura y a la ganadería, pero si puedo hacer un negocio en los Estados Unidos, lo hago.
Esos
“negocios” implican casi siempre acuerdos con algunos niveles del
Gobierno norteamericano, desde un policía cachuchón de la Patrulla
Fronteriza, hasta quienes dirigen el Departamento de Justicia —lo cual
quedó claro con la operación Rápido y Furioso— y es muy probable que con la anuencia de la Casa Blanca.
Lo
que no se sabría hasta un año después, en abril de 2011, es que la
propia DEA, el FBI y el ICE (U.S. Immigration and Customs Enforcement)
habían firmado un acuerdo con el cártel de Sinaloa para que éste
traficara con drogas a la Unión Americana, a cambio de proporcionar
información sobre organizaciones criminales rivales. El acuerdo,
alegaron los abogados de Vicente Zambada en un recurso que interpusieron
ante la corte del Distrito Norte de Illinois, implicaba inmunidad para
su defendido, lo cual quedaba amparado en una figura legal conocida allá
como “autoridad pública”.
Con la aprehensión del Vicentillo, su primogénito, el Mayo
había perdido, por lo pronto, al heredero natural del imperio que había
construido en su vida de narcotraficante y debía jugarse todo para
tratar de rescatarlo. Nadie, en la historia judicial de los Estados
Unidos, por lo menos ningún narcotraficante, había puesto sobre la mesa
de una corte la figura de “autoridad pública” para evitar ser juzgado.
Ismael Zambada lo hizo por su hijo. Jugó con las blancas y ganó la
partida.
Bola y cadena
PARA LOGRAR EL ACUERDO DE MARRAS, el Vicentillo se
comprometió a testificar en contra del resto de los acusados en el
mismo proceso, donde también está su padre, lo cual lo convierte en
informante. Javier Torres hizo lo mismo y por lo menos ya no está en una
prisión gringa. Para reducir su condena echó de cabeza a un compadre,
al cual primero convenció. Eso les importa un comino, son mafiosos, no
héroes; narcos, criminales, no portadores de estandartes: su único dios
es el dinero. Y pactarán con el diablo siempre que sea necesario.
Sentido contrario
AHORA,
CON LA VENTILACIÓN de este acuerdo, la PGR ha dicho que reclamará a
Vicente Zambada cuando sea liberado por los Estados Unidos, para
juzgarlo aquí por las cuentas pendientes que tiene. Pero tampoco México
puede presumir que aplica la Ley como debiera: Ahí está Florence Cassez,
como criminal botón de muestra. Por lo pronto, los reclamos de algunos
personeros del Gobierno norteamericano para que Joaquín Guzmán sea
extraditado a su país, chocarán con fierro.
Humo negro
Y
DESPUÉS DE ESTE ENTUERTO judicial gringo ¿Qué puede pedir o exigir la
justicia norteamericana a México en materia de narcotráfico?
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