» LOS ‘SOPLONES’
Una de las
principales fuerzas de Estados Unidos para el combate al narcotráfico en México
son los informantes y testigos protegidos que mantienen las agencias federales
de investigación en ambos países.
Sin embargo, según
demuestran múltiples demandas legales y funcionarios –retirados y activos– de
la Administración Antidrogas (DEA), son estos ‘soplones’ quienes más arriesgan
y menos ganan.
De acuerdo con un
elemento de la DEA, a pesar de los datos que ofrecen sus informantes, en la
mayoría de los casos la dependencia los considera ‘desechables’.
Para el ex operativo
de la corporación, quien aún participa en el trabajo de entrenamiento e inteligencia
desde El Paso, los testigos protegidos son “desechables” por la poca
confiabilidad que ofrecen.
“Si te están dando
información a ti y a la DEA es muy seguro que también estén cruzando datos con
los traficantes. No podemos confiar plenamente en ellos a pesar de su valor”,
dijo a este medio. El entrevistado, quien pidió resguardar su identidad, ya que
las declaraciones no forman parte de la postura oficial de la DEA, detalla el
brazo operativo de la agencia en México y en otros países de América Latina
mediante ‘ganchos’, a quienes se les paga con efectivo, reducción de condenas e
incluso con “favores”.
“La mayoría, no digo
todos, pero sí la mayoría tienen agendas propias. Quieren dinero, casi todos,
pero hay otros que quieren ‘chingarse’ a algún rival o a alguien de su mismo
cártel. Otros lo hacen para que les bajen la condena cuando son arrestados por
droga, otros incluso para que les dejen cruzar un cargamento, y muy, muy pocos
porque les preocupa el daño familiar que están haciendo”, dice el funcionario
federal.
“A muchos de ellos
los matan muy pronto, por sus obvios nexos con el narco, ni siquiera por
ofrecer información, porque casi nunca se enteran de que están vendiendo
información. Pero aquí en la agencia muchos dicen ‘pues ni modo, era un narco
cualquiera, a quién le importa’. Los que piensan así están enfermos,
deshumanizados”, alega.
‘LOS PRESIONAN’
La abogada
migratoria Jodi Goodwin, quien ha atendido decenas de casos de deportación a
informantes de las agencias federales estadounidenses que en algún momento
aseguran haber proporcionado información para capturar, identificar o procesar
legalmente a miembros de los cárteles de la droga en México y Estados Unidos,
afirma que las dependencias mantienen una política “antiética” y “abusona”.
“Las agencias del
Gobierno federal usan y abusan de los informantes indocumentados por años,
atropellan sus derechos impunemente, les prometen residencia permanente y nunca
cumplen y saben que no tienen que cumplir con ellos, pero siguen presionándolos
con esa promesa para que sigan cooperando”, dijo en entrevista.
El abogado de
migración Javier Maldonado, de San Antonio, quien también ha presenciado más de
una decena de casos en los que los testigos protegidos o informantes de estas
agencias han sido “traicionados”, asegura que este actuar es “inmoral y
antiético”.
“No es ético ni
moral que no se quiera proteger a los informantes si arriesgan sus vidas en las
investigaciones, y esto pasa porque no existe la conciencia ni la voluntad en
las dependencias del Gobierno federal para aplicar la ley y brindarles
protección y una solución migratoria”, comentó.
EL PESO DE LA INTELIGENCIA
Para Phil Jordan, ex
director del Centro de Inteligencia de El Paso (EPIC), uno de los más grandes
de su tipo en Estados Unidos, el peso en las investigaciones y arrestos de las
agencias federales estadounidenses recae en estos informantes y testigos
protegidos.
“La fuerza más dura
que tenemos en México es la del informante que está involucrado con los
cárteles”, dijo.
Agregó que al menos
el 80 por ciento de los informantes se compone por detenidos relacionados con
delitos contra la salud. El resto se forma por gente que se acerca a las
agencias federales y demuestra que puede proporcionar datos de interés
gubernamental.
Aseguró que un
informante de la DEA gana entre el 15 y el 20 por ciento de las cargas de
dinero decomisadas.
Incluso, aseguró que
su opinión es que al informante que haya entregado a Joaquín “El Chapo” Guzmán,
“le deben haber pagado una millonada”.
Pero, como afirma el
informante “Alfonso” —un médico juarense que proporcionó datos para la
detención de Guzmán Loera— “la única recompensa que recibí fue la deportación
de mi esposa a México”.
Actualmente la cifra
de informantes y testigos protegidos operando en ambos países es inexacta.
Reportes y cables diplomáticos han ofrecido un panorama general de la
situación.
El portavoz de la
DEA en Washington, Rusty Payne, dijo no poder ofrecer dicha información por ser
delicada.
“No es posible
divulgar con exactitud cuántos informantes confidenciales usa la DEA en sus
operaciones regulares e ignoro si participan personas indocumentadas”, expresó.
Pero aseguró que
estos informantes “eligen cooperar con los agentes de la DEA y para eso deben
seguir reglas muy estrictas”, explicó.
En 2005, la DEA
estimó que operaba a 4 mil informantes activos en Estados Unidos. En 2007, el
FBI indicó en un informe presupuestal que el número de sus informantes y
testigos protegidos alcanzaba unos 15 mil.
Por su parte, la
Oficina de Aplicación de las Leyes de Inmigración y Aduanas (ICE) en otro
reporte oficial señala que su gasto en materia de informantes ascendió a 9.5
millones de dólares en 2009.
La dependencia
además reconoció en una guía práctica para fiscales que sería beneficioso que
informantes extranjeros permanecieran en Estados Unidos por un tiempo en
calidad de auxilio en investigaciones o como testigos.
Según funcionarios
del Departamento de Justicia de Estados Unidos citados por el diario mexicano
Excélsior, las agencias estadounidenses mantenían hasta el año pasado, unos 500
informantes, infiltrados y testigos protegidos mediante las distintas
dependencias.
Para el año 2005
sólo había 60 de ellos. En el primer año de gobierno de Calderón su número
llegó a 227, de acuerdo con lo informado por el entonces director de la DEA,
Anthony Placido, ante el Congreso estadounidense.
Los cables de
WikiLeaks muestran que la DEA admitió que entre el 2007 y principios del 2009,
unos 120 colaboradores o informantes suyos y del Buró Federal de
Investigaciones (FBI) fueron asesinados por las redes del narcotráfico.
(Luis Chaparro/ El
Diario de El Paso)
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