A
finales del año pasado inspectores fiscales de España detectaron
irregularidades cometidas por la filial de Cemex en ese país. La
cementera falseó su información financiera a fin de pagar menos
impuestos. Pero las autoridades hacendarias en vez de castigar a la
empresa despidieron a quien descubrió la maniobra fraudulenta; a esto
siguió una serie de renuncias solidarias que destaparon el escándalo.
Sólo entonces la agencia tributaria dio marcha atrás y multó a la
compañía encabezada por Lorenzo Zambrano. El tema llegó al Congreso: los
legisladores han pedido explicaciones… que aún no han sido satisfechas.
MADRID
(Proceso).-La Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) de
España vivió en diciembre pasado una severa crisis interna debido al
despido o la renuncia de varios inspectores fiscales que durante una
auditoría encontraron irregularidades en la filial española de Cementos
Mexicanos (Cemex).
El viernes 4 la AEAT comunicó a la cementera
mexicana que se había hecho merecedora de una sanción por 455 millones
de euros (8 mil 192 millones de pesos), una de las mayores multas
aplicadas en España. Tal comunicación la hizo con base en el dictamen
elaborado por los mismos funcionarios a los cuales había despedido.
La
aplicación de esta resolución no le bastó al Ministerio de Hacienda
–del cual depende la AEAT– para limpiar su imagen salpicada por este
escándalo, que se suma a su polémica amnistía fiscal a grandes fortunas
mientras aplica una dura política recaudatoria hacia la población en
general.
Tampoco disipó las sospechas de los partidos de la
oposición y del gremio de los funcionarios fiscales de que dichos ceses y
dimisiones derivan de “la posibilidad de que alguien en Hacienda
prometió (a esta multinacional) algún trato de favor que no se pudo
cumplir”, sostiene en entrevista el portavoz de Hacienda del Grupo
Parlamentario Socialista, el diputado Pedro Saura.
“Pedimos en el
Congreso una comisión de investigación, a la que se opuso el Partido
Popular (PP), para que el gobierno nos explicara por qué a una
multinacional se le quiere rebajar su factura con la hacienda pública
española. No lo han explicado porque es evidente que hubo ceses que
tienen que ver con esta empresa y con un expediente determinado.”
Añade:
“Queremos saber si existe un conflicto de intereses con la empresa
privada de asesoría fiscal (Montoro y Asociados) en la que el ministro
participó en el pasado o si la empresa Cemex se comprometió a invertir
en España a cambio de resolver positivamente un expediente de la agencia
tributaria. No tengo pruebas porque entonces ya lo hubiera denunciado,
pero sí fundadas sospechas ante tanta opacidad del ministerio”.
La
sanción se deriva de un acta de inspección del 7 de julio de 2011 sobre
los ejercicios fiscales de 2006 a 2009. Cemex reportó 7 mil 410
millones de euros en “bases imponibles negativas”, de las cuales se
descubrió que al menos 3 mil millones del monto citado estaban
erróneamente sumados a sus pérdidas.
Aunque la cementera presentó
un recurso contra esa interpretación, Dolores Linares, responsable del
expediente de inspección fiscal, lo desestimó. Y de inmediato fue cesada
por el jefe de delegación de Grandes Contribuyentes de la AEAT.
No
es el único caso de empresas que en España recurren a esa práctica
–denominada “factura fiscal”– para pagar menos impuestos, pero aquí
aparentemente se encontraron “cargos indebidos” (pérdidas
injustificadas), sostiene en entrevista el portavoz de la Asociación de
Técnicos de Hacienda (Gestha), Carlos Cruzado.
Mediante un
comunicado a la Bolsa Mexicana de Valores, la empresa cementera, con
sede en Monterrey, anunció que va a recurrir esta sanción. Argumentó que
en caso de que estos recursos no le sean favorables, “este asunto
podría tener un impacto adverso significativo sobre nuestros resultados
de operación, liquidez y situación financiera”.
El grupo
encabezado por Lorenzo Zambrano –uno de los mayores productores de
cemento a escala global– sostiene que este tipo de sanciones puede ser
objeto de recursos o reclamaciones administrativas “sin que Cemex España
tenga que hacer pago alguno, sino hasta que todos los recursos o
reclamaciones interpuestos sean finalmente resueltos”.
Cruzado
afirma que en este caso Cemex reportaba mayor volumen de pérdidas para
crear un crédito fiscal que utilizaría en años sucesivos para rebajar el
pago de impuestos. “Era como un proceso de defraudación futura”,
señala.
Gestha ha sido muy crítica con el Ministerio de Hacienda
por el cese de los técnicos fiscales y pide explicaciones al ministro
Cristóbal Montoro. “Estos ceses pueden llevar a pensar que hay algo más
detrás, porque evidentemente hubo injerencias políticas”, sostiene José
María Mollinedo, secretario general del sindicato.
Su señalamiento
tiene base en una circular de la organización profesional de
inspectores de Hacienda, la cual señala que “el cese fulminante puede
llevarnos a pensar en la existencia de razones adicionales, con un sesgo
ajeno a criterios técnicos. Supondría traspasar una línea roja”.
Doble rasero
En
agosto pasado, la cementera anunció en México una serie de
transacciones con la cementera Holcim que le permitirían mejorar su
presencia en Europa. Dijo que espera que estos movimientos le generen en
sus flujos de operación mejoras superiores a los 20 millones de dólares
a partir de 2014, con lo que consolidaría su portafolios en el
continente europeo.
Pero en diciembre estalló la polémica en
España. El controvertido episodio se hizo público porque, dos semanas
antes, Dolores Linares, la inspectora responsable del expediente de la
filial española de Cemex, había sido destituida “fulminantemente”,
explica Cruzado.
En solidaridad, su superior inmediato, Ignacio
Ucelay, titular del área de Control Tributario y Aduanero de la
delegación de Grandes Contribuyentes de la AEAT, dimitió. Y con él dos
técnicos fiscales más. Días después también lo hizo el jefe de
inspección de la Agencia Tributaria, Luis Jones, por sus “notables
diferencias con la dirección”, entre ellas la designación del sustituto
de Ucelay, como reveló el diario El País.
Pese a que Hacienda y la
AEAT dijeron oficialmente que se trataba de una “remodelación del
equipo”, los técnicos fiscales de Gestha sostienen que hubo “injerencias
políticas para no perjudicar a Cemex”.
Cruzado sostiene que “lo
grave del caso es la destitución de una funcionaria por mantener una
sanción multimillonaria a esta multinacional, derivada de una auditoría
técnica”.
Denunció que existe un “trato fiscal distinto a
determinados contribuyentes que no ayudan a acabar con la mala imagen de
la agencia”. Y sostuvo que “el caso de Cemex no ha sido explicado por
el ministro ni por la agencia, pese a que en el Congreso se les pidieron
explicaciones”.
Cruzado recordó que los recientes informes
anuales que elabora Gestha sobre la defraudación fiscal arrojan que “70%
del fraude lo cometen las grandes empresas y los grandes patrimonios”.
Tras
esta cascada de despidos y renuncias, el jefe de la delegación de
Grandes Contribuyentes, Ignacio Huidobro, convocó a una reunión urgente
que tuvo como tema central el expediente Cemex y no una remodelación del
equipo, como oficialmente lo comunicó la AEAT, dijo Cadena Ser.
Apuntaba
que el director de Grandes Contribuyentes habría acusado a la
inspectora de desobediencia por cerrar el expediente Cemex-España sin
haber consultado antes con su dirección. Algunas de las fuentes
consultadas señalaron que Huidobro pretendía rebajar la sanción a Cemex
de 450 a sólo 15 millones de euros.
“Los medios, culpables”
En
la sesión de control del Congreso, a mediados de diciembre, los
partidos de oposición pidieron explicaciones al ministro de Hacienda,
Cristóbal Montoro, sobre el expediente y los motivos reales de estos
ceses, pero el funcionario del gobierno de Mariano Rajoy se negó
argumentando el carácter reservado de datos o expedientes tributarios.
En
la ríspida sesión, Cayo Lara, dirigente de Izquierda Unida (IU), le
preguntó por dichos ceses y si existían injerencias políticas, pero el
ministro aseguró que “jamás he transmitido una instrucción política a la
Agencia Tributaria” ni existe conflicto de intereses entre él y su
equipo con la empresa sancionada, y lamentó que se ponga en entredicho
el prestigio de la AEAT.
Frente a la instrucción de Hacienda para
que se investigara si hubo filtraciones de información a la prensa sobre
este expediente, Cayo Lara le reprochó que sólo se preocupe por ver si
hubo filtración y no por investigar si la sanción a la cementera fue
correcta. “Persiga a los defraudadores y no a los inspectores que
cumplen con su obligación”, le dijo.
En la tribuna Montoro
calificó de falsas las informaciones e insinuó que el medio que destapó
el caso –en realidad fueron el diario El País y Cadena Ser, ambos del
grupo Prisa– lo hizo como forma de presión a Hacienda por tener retrasos
en el pago de impuestos.
Aunque en los pasillos del Congreso, ante los
periodistas, trató de matizar ese argumento intimidatorio al que ya
recurrió en pasadas intervenciones, primero contra los actores y
creadores críticos con el gobierno o contra los partidos de oposición,
como el caso de IU.
El diputado Gaspar Llamazares, de IU, dijo:
“Me da la impresión de que hay una Agencia Tributaria para los de a pie,
los que tenemos un salario, y otra Agencia Tributaria para las grandes
empresas”.
El diputado socialista Pedro Saura lamentó la
“persecución de funcionarios independientes que están haciendo bien su
trabajo. Usted ya es el Torquemada de la hacienda pública española”.
Unión,
Progreso y Democracia emitió un comunicado acusando a Montoro de “haber
paralizado la lucha contra el fraude fiscal con los graves y
fulminantes ceses” en la Agencia Tributaria. Y le cuestionó si fueron a
instancias del ministerio o motu proprio del delegado central de Grandes
Contribuyentes de AEAT, que ocupa un “cargo político”.
La Gestha
también pidió información sobre el expediente y todos aquellos
funcionarios y consultores que intervinieron en este caso para saber si
no existe un conflicto de intereses, información que les ha sido negada
sistemáticamente, explicó Cruzado.
En entrevista, Saura recuerda
que el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) presentó una serie de
preguntas al ministro y solicitó una comisión de investigación, que fue
denegada por la mayoría del PP.
“Incluso hicimos preguntas por
escrito al gobierno, pero no nos aclara nada y yo soy poco optimista,
porque siempre juegan con el paso del tiempo para que se apague la
atención de los asuntos espinosos. En la comparecencia el ministro
propuso hacer una reforma de la Agencia Tributaria, pero le respondí que
primero hay que aclarar este asunto y después hacemos la reforma.”
–¿Cuáles fueron las preguntas que le hizo al ministro Montoro? –se le pregunta a Saura.
–Primero
si se cumplió la ley existente en el caso Cemex, es decir que todos
debemos ser iguales ante la hacienda pública. Por qué cesan a esta
funcionaria que en ese expediente encontró que se trató de simular que
las pérdidas de la empresa fueran mayores y, por tanto, el crédito
fiscal fuera mayor, es decir, lo que Hacienda te compensa, para que
fuera mayor en el futuro, y si tratas de hacerlo de manera fraudulenta,
tiene una penalización.
“Le pregunté directamente si hay algún
asesor, colaborador, alto cargo o él mismo que tenga algún tipo de
incompatibilidad profesional, laboral o de otro tipo con el caso Cemex o
determinadas empresas que asesoraran en el pasado en el sector privado,
y lo baso en que el ministro, su hermano y miembros de su equipo
constituyeron una empresa que brindaba asesoría fiscal, de la que
existen una multitud de publicaciones que se refieren a relaciones no
explicadas.”
El portavoz de Hacienda del PSOE sostuvo que “Montoro
y su equipo entienden la relación entre lo público y lo privado de una
manera muy particular: confunden a sus grandes clientes con los
contribuyentes”. Recordó que la otra pregunta que le formuló al ministro
en el Congreso fue si la empresa (Cemex) prometió inversiones en España
a cambio de un mejor trato fiscal.
Pese a la negativa del
ministro sobre la existencia de algún tipo de relación, en los días
siguientes a su comparecencia se fueron desgranando informaciones con
nuevos datos sobre esa sospecha, como la que el diario digital El Plural
dio a conocer sobre miembros del despacho Montoro y Asociados, que pasó
a llamarse Equipo Económico cuando en 2008 el hoy ministro vendió sus
acciones al ser nombrado portavoz económico del PP.
El despacho
Equipo Económico, señala, lo preside Ricardo Martínez Rico, otro socio
fundador de la consultora y exsecretario de Estado de Hacienda y
Presupuesto durante el gobierno de José María Aznar. Es, además, hermano
de Felipe Martínez Rico, actual jefe de gabinete de Montoro.
Ricardo
Montoro, hermano del ministro, fue socio hasta el año pasado, luego de
la polémica por labores de lobby de la consultora a favor de Abengoa, la
empresa de biocombustibles que pretendía lograr una regulación fiscal
más favorable para las energías renovables.
El pasado 17 de
diciembre la publicación digital puso al descubierto que en 2009 y 2010,
durante unos seminarios que organiza la Fundación para el Análisis y
los Estudios Sociales –presidida por el expresidente José María Aznar–, a
los cuales asisten solo invitados especiales, coincidieron, entre
otros, Montoro, Ricardo Martínez Rico, del Equipo Económico, y Eduardo
García Pinar, principal directivo en Madrid del despacho internacional
de abogados Ashurst, que actualmente asesora a Cemex-España.
En
esos encuentros también participaron Santiago Menéndez, actual director
de la Agencia Tributaria, y Manuel Balsameda del Campo, economista jefe
para España y Europa del BBVA, quien desde 2006 ocupa el mismo cargo en
Cemex-España.
El digital recordaba que en la entrevista que
Montoro concedió al suplemento Nueva Economía del diario El Mundo, al
hablar sobre su consultora, decía que era lícito que un grupo de
personas que venían del ministerio de Hacienda (del gobierno de Aznar)
ahora se ofrecieran para asesorar a empresas privadas con sus
conocimientos sobre la función pública. “Se trata de aprovechar el buen
entendimiento entre nosotros al servicio de empresas-clientes”.
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