Los
tres exgobernadores mexicanos (uno interino) acusados de estar
involucrados con cárteles del narcotráfico son priístas, y dos de ellos
gobernaron en entidades sacudidas por la violencia, los altos índices
delictivos y la inseguridad.
El primer exmandatario vinculado a las
organizaciones de la delincuencia organizada fue Mario Villanueva
Madrid, quien gobernó Quintana Roo de 1993 a 1999 y estuvo prófugo de la
justicia más de un año hasta que fue detenido en 2001, para ser
extraditado a Estados Unidos en mayo de 2010.
En el vecino país, el pasado 28 de junio
de 2013 fue condenado a 131 meses de prisión tras declararse culpable
de lavado de dinero; en México recibió también sentencia condenatoria
por el mismo delito en junio de 2008. (La entidad peninsular es la única
de las tres gobernadas por mandatarios inculpados por presuntos
vínculos con la delincuencia organizada que no figura entre las más
convulsionadas por la violencia y la inseguridad).
A principios de 2012, al inicio del
proceso electoral presidencial de dicho año, se filtró a la opinión
pública la presunta persecución de tres exgobernadores tamaulipecos. Sin
embargo, poco tiempo después quedó claro que el único expediente que
logró integrarse en Estados Unidos fue en contra de Tomás Yarrington, a
quien acusan de introducir al vecino país, a través de prestanombres,
más de 7 millones de dólares, entre 2008 y 2012, presuntamente
provenientes del cártel del Golfo.
De acuerdo con información difundida en
el noticiario de Carmen Aristegui, en MVS, el pasado 21 de marzo,
después de dos años de acusaciones, el fiscal Kenneth Magidson, del sur
de Texas, firmó la solicitud para que la Corte con sede en Brownsville
gire la petición de arresto con fines de extradición del exgobernador
mexicano.
El más reciente caso es el de José Jesús
Reyna García, exgobernador interino y exsecretario de Gobierno del
Estado de Michoacán, quien fue arraigado desde el sábado 5 de abril por
presuntos vínculos con el cártel de Los Caballeros Templarios. Jesús
Murillo Karam, procurador general de la República, confirmó el 7 de
abril que, de acuerdo con las investigaciones, podían tener la certeza
de que Reyna había tenido reuniones con líderes de las organizaciones
que operan en el estado, y “hasta con el líder más importante”.
Los señalamientos de que el PRI había
establecido algún tipo de convenio con el principal cártel asentado en
la entidad se hicieron públicos desde el mismo 2011, durante el
convulsionado proceso electoral para la renovación de la gubernatura. El
2 de noviembre de ese año, 11 días antes de la jornada electoral, fue
asesinado el alcalde panista de La Piedad, y el mismo día de los
comicios apareció en el periódico AM de dicho municipio un desplegado
firmado por el cártel advirtiendo: “A toda la población le queremos
decir que no queremos más PAN en ningún nivel de Gobierno, ya que tienen
pactos con grupos que roban, extorsionan, violan y secuestran a gente
inocente. No usen playeras ni propaganda del PAN, no queremos
confundirlos y que haya muertos inocentes”.
Dichos acontecimientos movieron al mismo
presidente Felipe Calderón a denunciar, el 6 de diciembre de ese mismo
año, la presencia del crimen organizado en los procesos electorales.
Posteriormente, los señalamientos se fueron centrando en Reyna, y entre
las denuncias públicas que se hicieron se encuentran las de José Manuel
Mireles, uno de los líderes de las autodefensas, y la filtración de un
supuesto informe del entonces secretario de Seguridad Pública estatal,
Elías Álvarez, que consignaba dos reuniones de Reyna con Servando Gómez,
La Tuta, durante el proceso electoral.
Lo cierto es que, hoy, dos (Michoacán y
Tamaulipas) de las tres entidades (la tercera es el Estado de México)
que concentran la atención del Gobierno Federal en materia de seguridad,
también comparten el presunto involucramiento de exmandatarios
tricolores con los grupos del crimen organizado.
En Michoacán y el Estado de México, el
Gobierno Federal ya decidió, aunque por vías muy distintas, asumir
directamente el control de las fuerzas policiacas; mientras que en el
caso de la entidad fronteriza es inexplicable la pasividad que han
mostrado frente a las repetidas olas de violencia e inseguridad. La
última oleada comenzó el 31 de marzo con enfrentamientos y narcobloqueos
en Matamoros; continuó al día siguiente en Reynosa; y sus más recientes
expresiones se dieron la semana pasada en Tampico, es decir, en el
extremo sur de la Entidad, con tiroteos y persecuciones que causaron la
muerte de 28 personas, de acuerdo con el mismo Gobierno.
Sin embargo, Tamaulipas vive bajo fuego
prácticamente desde 2007, un par de años después de que concluyó su
periodo (1999-2005) Yarrington y cuando Alejandro Sáenz, entonces
dirigente estatal del PAN, denunció que era el narcotráfico el que
quitaba y ponía candidatos. La lista de crímenes va desde los casi 300
cadáveres localizados en diversas narcofosas en San Fernando; los
asesinatos, secuestros y desapariciones de periodistas; los atentados
contra medios de comunicación; los desalojos masivos de municipios; los
secuestros de camiones de pasajeros repletos, y hasta el asesinato del
candidato priísta a gobernador una semana antes de la elección en 2010.
A pesar de esto, el Gobierno Federal se
ha limitado a enviar más tropas federales y a apoyar con los operativos
por las vacaciones de primavera. Aun cuando las condiciones de violencia
e inseguridad (como se muestra en Proceso 1953) son iguales o peores
que las que prevalecían en Michoacán (enero) y en el Estado de México
(marzo), cuando la Secretaría de Gobernación decidió tomarlas bajo su
control.
El crimen organizado controla amplias
regiones del territorio tamaulipeco desde hace casi una década, pero
inexplicablemente nunca ha sido motivo de una intervención especial del
Gobierno Federal, como sí lo fueron Chihuahua (particularmente Ciudad
Juárez, durante el sexenio de Calderón) y ahora Michoacán y el Estado de
México. Una intervención mayor en la entidad fronteriza eventualmente
evidenciaría complicidades todavía más graves que la que hoy se presume
en Michoacán.
Probablemente por eso el Gobierno
Federal optó por una vía distinta en el Estado de México y por la
inacción en el caso de Tamaulipas; prefiere tolerar la violencia y la
inseguridad que descubrir más vínculos de sus mandatarios o
exmandatarios con el crimen organizado. Seguramente estos vínculos y
complicidades no son exclusivos de los gobernadores tricolores, pero
hasta el momento sus entidades son las que muestran estas coincidencias:
altos niveles de inseguridad e investigaciones judiciales en marcha.
(DIARIO DEL YAQUI/ AGENCIAS/ Sábado, 12 Abril 2014 21:57)
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