MÉXICO,
D.F. (Proceso).- Mientras el gobierno federal se esmera en construir la
percepción de que la inseguridad y la violencia disminuyen, las
agresiones contra periodistas y medios de comunicación crecen; 2013 ha
sido el peor año para el ejercicio de dicha profesión desde 2007,
periodo en que la organización de la sociedad civil Artículo 19 empezó a
llevar la cuenta de los atentados en contra de la libertad de
expresión.
Además de que en 2013 las
agresiones crecieron 60% respecto del año anterior, lo más
significativo es que 60% de los ataques los cometen funcionarios
públicos, es decir, son las autoridades los principales enemigos de los
medios de comunicación. De acuerdo con el documento de Artículo 19, en
2013 se perpetraron 330 agresiones contra periodistas y medios de
comunicación. De los 274 casos en que fue posible identificar a los
agresores, 146 recayeron en funcionarios públicos, 49 en organizaciones
sociales, 39 en el crimen organizado, 30 en particulares, y 10 en
partidos políticos.
Así sentencia el documento: “Las autoridades
agreden de un lado, el crimen organizado asesina del otro”, aparte de
que fracasan las acciones que las autoridades instrumentan para proteger
a los periodistas y medios de comunicación.
Aunque es innegable
que hay entidades en las que se exacerba la violencia en contra de los
comunicadores (Veracruz, Coahuila y Distrito Federal), otro de los
cambios más significativos es que en 2007 las agresiones se concentraban
en 15 entidades, es decir, 17 (53%) no registraban ningún ataque de
este tipo; mientras que en 2013 los únicos estados que no reportan
ningún atentado son Tabasco, Hidalgo y Nayarit, caracterizados no por la
vigencia del estado de derecho o el respeto a la libertad de expresión,
sino por su pobre periodismo.
Y para reforzar los hallazgos del
documento, la semana pasada los gobiernos de dos entidades (Estado de
México y Jalisco) evidenciaron su vocación silenciadora. El domingo 16
de marzo, las autoridades del Estado de México realizaron un operativo
para comprar masivamente los ejemplares de Proceso 1950 que se
encontraban en circulación (difícilmente podría atribuirse al crimen
organizado tratar de impedir que se conociera la incapacidad del
gobierno mexiquense para detener la guerra de las narcobandas, hecho que
desenmascaraba dicha edición de este semanario). Lo mismo sucedió en
Jalisco, por el reportaje que la revista divulgaba en su suplemento
Proceso Jalisco respecto a la actuación de la Fiscalía General del
Estado.
Lamentablemente la práctica parece extenderse rápidamente,
pues se ha repetido en Veracruz, Tamaulipas y Nuevo León, entre otras
entidades. Tal acción no llega a contabilizarse dentro de las agresiones
contra los periodistas, y no los pretende silenciar, pero el objetivo
final es el mismo: que la ciudadanía no se entere de lo que acontece en
su estado, ni de la deficiente, irregular, arbitraria y/o autoritaria
actuación de sus autoridades. Aun cuando puede argumentarse que tales
operativos no atentan contra el periodismo, sí atentan contra el estado
de derecho (al desviar recursos del erario para violentar una garantía
constitucional) y el derecho a la información (al impedir a la
ciudadanía acceder a fuentes alternativas de información), dimensiones
indispensables de cualquier democracia.
Por otra parte, el lunes
17, la organización que elaboró el revelador e inquietante reporte
denunció que habían allanado el domicilio de su director, Darío Ramírez.
Precisó que habían extraído computadoras, documentos de trabajo y
objetos de valor, y aunque no se podía afirmar que los mismos estuviesen
vinculados con su “ejercicio de defensa de la libertad de expresión”,
el hecho de que sea la quinta agresión en contra de su personal, y el de
que ninguno de estos incidentes haya “sido investigado para dar con el
paradero de los responsables”, parecen corroborar las intenciones de los
allanadores y la ineficacia o complicidad de las autoridades. Apenas
en abril del año pasado Ramírez y otros colaboradores habían recibido
amenazas de muerte.
Artículo 19 documenta detalladamente algunas
de las agresiones e incluso el asesinato de un periodista, y
transparenta la intención de los atacantes (habría que añadir: y de las
autoridades al no detenerlos): cancelar la libertad de expresión y
delinquir libremente en la secrecía.
El informe recoge
declaraciones muy reveladoras de algunos de los periodistas agredidos.
Gil Cruz, director de un periódico de Veracruz, reconoce: “No podemos
escribir libremente la información, aun cuando sabemos que se trata de
un dato verdadero”. Y Roberto Hernández, de un periódico editado en
Oaxaca pero distribuido también en Veracruz, denuncia: “En Veracruz nos
la sentenciaron. No podíamos entrar a vender el periódico. Encontramos
la manera de regresar cuando dejamos de hablar del gobernador. En
Oaxaca, en cambio, el actual gobierno es más tolerante. Aun con los
defectos que pueda tener el gobernador, respeta la libertad de
expresión. Sabemos que en Oaxaca hay mandos policiacos que tienen ganas
de rompernos la madre, pero la línea del gobernador es no tocar a los
medios. Eso nos ha ayudado a sobrevivir y a no sufrir atentados de una
mayor magnitud por parte de las estructuras del poder en el estado”.
Lo
anterior evidencia tres hechos incontrovertibles: uno, la afectación
del trabajo periodístico; dos, la responsabilidad directa en las
amenazas del gobernador veracruzano, Javier Duarte, ya que al ignorarlo
en el periódico les permitió circular; y, tres, lo determinante que es
la decisión de los titulares del Ejecutivo en los ataques a los
periodistas y medios de comunicación o en el respeto a los mismos.
En
cualquier caso, la conclusión del informe es una realidad: “En ninguno
de los casos documentados por Artículo 19 los comunicadores pudieron
retomar su actividad periodística al ciento por ciento. El miedo a
sufrir nuevas agresiones sin protección del Estado los llevó a modificar
su actividad profesional. En ocasiones dejan de cubrir sucesos
policiacos, se autocensuran o directamente cierran los medios”.
Finalmente,
sin importar la identidad del perpetrador de las agresiones, es un
hecho que se vulneran los derechos de la ciudadanía, de los periodistas y
de los medios de comunicación, y que el principal responsable de ello
son las autoridades por su incapacidad o complicidad o porque se
benefician de los obstáculos para el libre ejercicio periodístico, pues
–al menos– dificultan que se informe sobre sus irregularidades, delitos o
ineficiencia.
/ 27 de marzo de 2014)
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