“No había impedimento legal para que la Secretaría de la Transparencia pudiera participar. Lo que comento es que no fue convocada a la adjudicación directa” en ambos casos, reconoció Tinoco.
La dependencia realiza ahora un procedimiento para revisar el cumplimiento de las empresas abastecedoras del Seguro Popular, acción que terminará hasta mediados del año –cuando concluye el contrato–, y existe la posibilidad de rescindir la prestación del servicio, pues se han detectado anomalías como desabasto, admitió la funcionaria.
Isabel Tinoco fue la última integrante del gabinete del gobernador Miguel Márquez llamada a comparecer con motivo de la glosa del segundo informe, así como para responder a las preguntas de los diputados, principalmente los de oposición de las bancadas de PRI y PVEM.
La titular de esta secretaría –antes denominada de Gestión Pública– fue inquirida con insistencia por los diputados opositores sobre las dos mega-asignaciones efectuadas por el Ejecutivo: uno es el proyecto Escudo para la innovación tecnológica en materia de seguridad, que involucra recursos por 2 mil 700 millones de pesos y fue otorgado de forma directa a la empresa Seguritech en diciembre de 2012, sin que se dieran detalles sobre los criterios y parámetros bajo el argumento de que se trató de un tema de seguridad.
En tanto que el suministro y distribución de medicamentos para los derechohabientes del Seguro Popular representa un contrato total multianual por 4 mil millones de pesos, pero en el primer año (mayo de 2013 a mayo de 2014) se efectuó una adjudicación directa por 300 millones en favor de dos empresas, Intercontinental de Medicamentos y Distribuidora Internacional de Medicamentos, que participaron junto con otras dos empresas en dos licitaciones previas, las cuales se declararon sin ganador porque ninguna de éstas cumplió con todos los requerimientos del concurso.
Los señalamientos del diputado del Partido Verde Ecologista, Sergio Contreras, fueron dirigidos precisamente a cuestionar la asignación a estas dos empresas, a pesar de que habían incumplido con todo lo requerido en las dos licitaciones previas en las que participaron, y particularmente en el caso de Intercontinental de Medicamentos, pues esta empresa fue sancionada por la Secretaría de la Gestión Pública debido a irregularidades en el abasto de medicamentos al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en el 2006.
Secretarios “se echaron la bolita”
A lo largo de la semana, en las comparecencias del secretario de Salud Ignacio Ortiz Arana y del de Finanzas, Juan Ignacio Martín Solís, éstos evitaron responder de manera directa a esta pregunta, y tampoco desmintieron la denuncia del diputado del PVEM, de que varios de los medicamentos que ahora se distribuían a los derechohabientes del Seguro Popular son más caros que los que se encuentran en las farmacias del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado (ISSEG).
El ISSEG se hizo cargo del servicio al Seguro Popular hasta mayo del año pasado, cuando se determinó que ya no lo prestaría, y fue entonces cuando se asignó a las dos empresas ya mencionadas.
Cuando se presentó ante los diputados, el secretario de Salud se dijo totalmente ajeno al proceso de licitación y a la asignación final del contrato a las dos empresas referidas, y dijo desconocer los precios porque ese tema, aseveró, es también un asunto de la competencia de la Secretaría de Finanzas.
Pero después tocó el turno al propio titular de Finanzas Juan Ignacio Martín, quien contradijo a su compañero de gabinete y sacó a relucir un oficio del 22 de mayo de 2013, en el que la Secretaría de Salud específicamente recomienda otorgar el contrato para el suministro de medicamentos a las dos empresas que finalmente se vieron favorecidas.
“Hay demasiadas inconsistencias, incongruencias, pero el problema fundamental no es la licitación o la asignación directa, sino por qué se le quita un negocio a los trabajadores del estado, que generaba un rendimiento de más de 60 millones de pesos anuales para entregárselo a empresas particulares que se beneficien con el sobreprecio”, declaró el diputado Contreras.
En tanto, la secretaria de la Transparencia y Rendición de Cuentas dijo no contar con información sobre los precios de los medicamentos o la adjudicación directa de los contratos.
–Entonces, ¿de qué sirve la función preventiva de la secretaría? –la increpó un legislador del PRI.
“Tiene toda la razón, nosotros tenemos que velar para que las dependencias hagan las cosas de manera correcta. Ahorita lo que estamos haciendo es acompañamiento (con) una auditoría, para que estos errores ya no se den, con corrección y posible sanción”, adujo Isabel Tinoco.
Entrevistado sobre los señalamientos de los diputados por el contrato de medicamentos del Seguro Popular, el gobernador Miguel Márquez pidió “que lo revisen, sin ningún problema, que tengan mucho mayor cuidado, ya viene la siguiente licitación, mejor que la preparen bien”, y aseveró que la Secretaría de la Transparencia estará atenta al proceso.
Aunque según el gobernador la dependencia fiscalizadora del Ejecutivo no es requerida por ley para este proceso, “ella puede intervenir, no hay ningún problema”.
(RIODOCE/ Redacción/
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