MÉXICO, D.F.
(apro).- Integrantes de la Misión Civil de Observación a la Consulta Yaqui y el
vocero de la tribu, Tomás Rojo, alertaron sobre el incumplimiento de acuerdos
asumidos por los gobiernos federal y el de Sonora, para atender la sentencia de
la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que desde mayo pasado ordenó
conocer la opinión del grupo indígena sobre la operación del Acueducto
Independencia.
En rueda de prensa
en instalaciones del Centro Agustín Pro Juárez, Citlali Hernández, de Servicios
para la Paz (Serapaz), destacó que el gobierno del panista Guillermo Padrés
Elías “está generando confusión entre la opinión pública, al difundir mensajes
en redes sociales en los que parecería que el problema está resuelto o que la
consulta ya se hizo, mientras que de forma paralela representantes de
dependencias federales están ofreciendo recursos y programas asistencialistas a
la tribu yaqui”.
A su vez, Tomás Rojo
recordó en videoconferencia que el martes 21 de enero se firmó un acuerdo en la
Secretaría de Gobernación en el que se incluyeron 28 puntos propuestos por la
tribu yaqui, entre ellos que en un plazo de tres meses se llevaría a cabo la
consulta con el pueblo indígena.
Luego de señalar que
“la solución no es repartir un recurso (el agua) que no alcanza”, el
representante de la tribu yaqui denunció que en estos momentos está en
operación el acueducto que abastece a Hermosillo, en detrimento del pueblo
indígena, contrario a lo establecido en el convenio, en el que se estableció
que los meses de emergencia por la sequía son julio, agosto y septiembre, y que
el acueducto sería operado por la Conagua.
Además, resaltó que
tampoco se han entregado estudios de impacto antropológico, social ni ambiental
que tendrá el Acueducto Independencia sobre la tribu indígena, y que el único
que existe es uno aprobado por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos
Naturales (Semarnat), “pero sólo se hizo para autorizar la construcción, y no
prevé los efectos que tendrá una vez que opere el proyecto”.
Rojo pidió a
representantes de los gobiernos federal y estatal “un clima de tranquilidad
porque el gobierno del estado está violentando el estado de derecho”.
También apuntó que
la importancia de la consulta ordenada por la SCJN “será un precedente para que
los pueblos indígenas sean consultados” cuando sus territorios sean amenazados
por la construcción de megaproyectos.
En la conferencia
los integrantes de la misión alertaron en que al momento no se ha cumplido con
el procedimiento para llevar a cabo la consulta ordenada por la SCJN, tanto así
que el pasado 2 de diciembre el Juzgado Décimo de Distrito en el estado de
Sonora notificó sobre el “incumplimiento de la ejecutoria para la realización
de la consulta por parte de la Dirección General de Riesgo Ambiental; además,
ordenó remitir el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito en turno para la
tramitación del incidente de inejecución”
Citlali Hernández
resaltó que la semana pasada miembros de la Misión Civil de Observación
acudieron a Vicam, en el municipio de Guaymas, y recibieron información de que
funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Consejo para el
Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), Comisión Nacional
del Agua (Conagua) y Comunicaciones y Transportes (SCT) se reunieron con los
indígenas para ofrecerles programas de gobierno, como becas de 300 pesos para
madres solteras, proyectos productivos y empleo temporal, entre otros.
“Los miembros de la
tribu nos dicen que hace más de 20 años que estaban en el olvido, no se les
habían ofrecido proyectos productivos y que los gobiernos estatal y federal los
habían mantenido en un franco rezago histórico”, agregó.
Alicia Rubio, de
Food First Information and Action Netword (FIAN-México), advirtió que la
operación del Acueducto Independencia “está poniendo en riesgo los derechos
económicos, sociales, culturales y alimenticios de la tribu yaqui”.
Incluso, añadió que
la importancia de la consulta del pueblo yaqui, ordenada por la SCJN, radica en
que será un modelo a seguir para que otros pueblos con problemas similares, que
impliquen la amenaza de su territorio por proyectos de desarrollo o de otra
naturaleza, recurran a consultas para no caer en violaciones a derechos
humanos.
El director del
Centro Prodh, José Rosario Marroquín, hizo un llamado a la autoridades
federales para retomar el cauce de la consulta y den cumplimiento a la
sentencia de la SCJN, así como a los convenios internacionales que establecen
la consulta previa e informada de los pueblos indígenas para la realización de
proyectos de desarrollo que impliquen la intervención de sus territorios.
(DOSSIER
POLITICO/ PROCESO/ / 2014-02-08)
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