Aun
cuando a lo largo de dos décadas el gobierno federal ha destinado
cientos de miles de millones de pesos a Chiapas para combatir las
desigualdades sociales, sobre todo en las regiones indígenas, esta
entidad sigue teniendo la cifra más alta de personas en condiciones de
extrema pobreza. Según fuentes de inteligencia y el EZLN, la razón de
ello es que buena parte de esos recursos han sido utilizados para
financiar a la contrainsurgencia y a grupos paramilitares como los que
prepetraron la matanza de Acteal en 1997.
MÉXICO, D.F.
(Proceso).- El gobierno de Ernesto Zedillo intentó acabar con el
Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), toda vez que mientras
desarrollaba el diálogo formal con la guerrilla operó una “guerra
irregular” apoyada en miles de millones de pesos repartidos entre gasto
militar y obra social, según se desprende de documentos oficiales
consultados por Proceso.
Concluido el sexenio de Carlos Salinas de
Gortari y ya sin contacto entre el EZLN y el gobierno federal, Zedillo
inició su gestión “cercando” al grupo guerrillero, que en los hechos
satisfacía sus demandas de autonomía indígena: para el 19 de diciembre
de 1994 ya había en Chiapas 30 municipios “autónomos y rebeldes” en Las
Cañadas.
Zedillo aplicó entonces una estrategia paralela: la
atención a las demandas sociales. El encargado de crear y poner en
operación el llamado Programa Cañadas fue Carlos Rojas Gutiérrez,
entonces titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).
En
entrevista con Proceso, Rojas dice que fueron él y su equipo de trabajo
quienes le propusieron al presidente “la posibilidad de construir un
programa social con base en la participación y organización de las
comunidades”, y en el centro del mismo estaba “lograr la reconciliación y
la paz”.
Dicha iniciativa se concibió entonces para aplicarse en
Las Cañadas –región que abarca los municipios de Ocosingo, Las
Margaritas, Altamirano, La Trinitaria e Independencia–, cuna del
zapatismo. Tuvo como punta de lanza la instalación de 23 Centros de
Atención Social (CAS). Según documentos de la Sedesol, se trató de “una
propuesta de carácter social y productivo para enfrentar las causas que
originaron el conflicto en esa entidad”.
El programa se proponía
“sentar bases sólidas que permitan un acuerdo de paz sustentado en la
reconciliación de las comunidades y en la convivencia que se logra con
el pleno respeto a sus diferencias políticas”.
Los documentos
hacen referencia “el aislamiento y dispersión de las comunidades” de Las
Cañadas, lo que califican de “gran problema”, pues éstas “padecen altos
niveles de pobreza, escasa atención en materia de salud, bajos
rendimientos productivos, agudos conflictos agrarios, especialmente
disputa por la tierra, así como limitadas oportunidades de educación y
empleo”.
Al mismo tiempo Las Cañadas –donde viven tzeltales,
tzotziles, tojolabales, choles y zoques– tienen “variados recursos como
son agua suficiente para la agricultura y ganadería, reservas
petroleras, maderas preciosas y abundancia en flora y faunas
silvestres”.
Para detonar su potencial, se lee en el documento que
dio origen al Programa Cañadas, “se requiere fortalecer la
infraestructura de apoyo a la producción, especialmente de caminos y
carreteras”. Sin embargo, la mayor cantidad de dinero destinado a
reactivar la economía de la región no se invirtió en proyectos
productivos –en este rubro se aplicó sólo 7% de dicho gasto– sino a
carreteras y caminos –27%–, de acuerdo con el mismo texto.
Fragmento del reportaje publicado en la edición 1940 de la revista Proceso, actualmente en circulación.
/8 de enero de 2014)
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