El periodista Jesús Lemus sufrió los tormentos cotidianos en el penal de máxima seguridad mientras purgaba una condena injusta. En su narración detalla el sistema carcelario mexicano, que compara con las prisiones de Abu Ghraib y Guantánamo
"La práctica más común de tortura que se aplica en el Ejército es la
bolsa de plástico en la cara y la inmersión en agua con el rostro vendado"
Muchos de esos detenidos fueron llevados a los cuarteles militares o
sometidos a interrogatorio, en vez de ser puestos inmediatamente a
disposición del Ministerio Público
Al menos durante el régimen de Felipe Calderón, dicha teoría de
sometimiento fue utilizada al pie de la letra en las cárceles federales
En México se practica la tortura en forma sistemática y oficial. El que esto escribe da testimonio de ello.
Por ejercer el periodismo, criticando el actuar y funcionamiento de
órganos de gobierno local manejados por amigos del entonces presidente
Felipe Calderón Hinojosa, fui encarcelado y acusado –sin pruebas– de
delitos graves, tales como delincuencia organizada y fomento al
narcotráfico, hecho que me condujo a la cárcel federal de Puente Grande,
en el estado de Jalisco, en el Centro Federal de Readaptación Social
número 2, Occidente.
Ingresé a ese centro penitenciario el 27 de mayo del 2008, luego de
estar recluido en la cárcel estatal de Guanajuato, en donde un juez
federal determinó que yo era un reo de alta peligrosidad y ponía en
riesgo la estabilidad de la cárcel local.
Mi ingreso a la cárcel federal fue al filo de las 16:00 horas en medio de un intimidante operativo.
Fui llevado inicialmente a una bodega –ya dentro del complejo
penitenciario–, en donde había al menos 30 personas, entre custodios,
personal médico, de psicología y administrativo. Allí me mantuvieron
sentado en el piso, esposado con las manos por detrás, con las piernas
estiradas y la cabeza agachada, pegando la barbilla a mi pecho, a fin de
causar el mayor adormecimiento de la cadera a los pies, para entorpecer
mis movimientos.
Tras la revisión médica, que se me hizo en medio de ladridos de
perros, de gritos, insultos y empujones, incluso por parte del personal
médico, el traslado por los pasillos de la cárcel al área conocida como
Centro de Observación y Clasificación (COC) fue traumático:
Mientras dos custodios me llevaban corriendo, haciendo palanca en mis
brazos para inclinarme y sofocarme en la carrera, otro oficial me
golpeaba la espalda, cabeza, brazos y piernas con sus puños cerrados.
Cada 20 metros parábamos pero era sólo para que otro oficial me asfixiara con sus manos oprimiéndome el cuello.
Por lo menos tres veces perdí el conocimiento y lo recuperé, debido a
las patadas que los guardias me propinaban mientras yo estaba tirado en
el suelo. El aliento de los perros lo tuve en mi garganta los
siguientes cinco días.
Al ingreso, el personal médico me obligó a hacer gárgaras con una
solución química que en menos de dos minutos había suprimido la
segregación de saliva, lo que acentuó aún más la sensación de
ahogamiento.
Ya en el área de COC, tras una revisión humillante de todo el cuerpo,
con énfasis en las cavidades, fui llevado a golpes a una celda. Allí
fui despojado de ropas y zapatos, confinándome, desnudo y golpeado, al
silenció de una fría celda en donde no se apaga nunca la luz, en donde
permanecí seis meses.
Durante el tiempo que pasé aislado, desnudo y torturado
psicológicamente en aquella celda de COC, fui sometido a una terapia de
reeducación, que consistía en sacarme de la celda a la media noche para
ser golpeado, bañado con un chorro de manguera a presión y torturado
emocionalmente.
Esto sucedía pese a que por gestiones de la agrupación Reporteros Sin
Fronteras se solicitó la aplicación del Protocolo de Estambul, que en
teoría sirve como guía para la evaluación de las personas que han sido
torturadas, o para investigar casos de posible tortura. En mi caso se me
informó de la aplicación del protocolo sólo para acentuar
sarcásticamente que dentro de la cárcel federal de Puente Grande no hay
más ley que la ley del garrote.
La tortura a que fui sometido entre mayo y diciembre del 2008 en la
cárcel federal de Puente Grande, con pleno conocimiento de la autoridad
penitenciaria, consistió en recibir puñetazos en todo el cuerpo,
fotografiarme totalmente desnudo, permanecer desnudo en forma permanente
en mi celda, bañarme con agua helada, recibir amenazas de violación,
ser sustraído de mi celda a mitad de la noche por guardias encapuchados y
con perros, someterme a constantes revisiones corporales, ingerir
medicamentos sin explicación alguna, mantenerme privado de la
alimentación y el sueño por periodos de hasta 48 horas consecutivas.
Tortura institucionalizada
Este tipo de tortura no se debe a la maldad de un guardia o a la
crueldad de un director del penal, es una tortura institucionalizada,
toda vez que existe una teoría totalmente desarrollada para el
sometimiento de la persona y el quebrantamiento de la voluntad.
Esa teoría fue desarrollada y aplicada por la CIA –misma que se
explica puntualmente en el libro la Doctrina del Shock de Naomi Klein–,
misma que se aplica en la prisión de Guantánamo, Cuba, y se utilizó en
la prisión de Abu Ghraib, en Irak.
Al menos durante el régimen de Felipe Calderón, dicha teoría de
sometimiento fue utilizada al pie de la letra en las cárceles federales.
Los tipos de tortura que se han documentado en cárceles como la de
Guantánamo y Abu Ghraib, como dar puñetazos en cachetes y patear a los
detenidos, saltar sobre sus pies desnudos, grabar en vídeo y fotografiar
a prisioneros desnudos.
También es común forzar a los prisioneros a desempeñar posiciones de
acto sexual y fotografiarlos, desnudar a detenidos a la fuerza y
mantenerlos desnudos durante varios días, imponer a hombres desnudos a
usar ropa interior femenina, obligar a los detenidos a masturbarse para
fotografiarlos y grabarlos, amontonar a los prisioneros desnudos y
saltar sobre ellos, poner de pie sobre cajones a prisioneros, con una
bozal sobre su cabeza, y amarrar cables eléctricos a los dedos de los
pies y manos y al pene para amenazar con tortura eléctrica.
En estas prisiones ejemplares por los métodos de tortura es común
también colocar un collar y correa de perro a un detenido desnudo y
mientras lo “pasea” una mujer soldado, sacar fotografías de prisioneros
muertos en posición de celebración, romper luces químicas sobre los
detenidos y echar líquido fosfórico sobre ellos, regar con agua fría a
los detenidos desnudos, golpear a los detenidos con escobas y sillas y
amenazarlos con una violación.
Todo lo anterior, documentado sobre las prisiones de alta tortura
mencionadas, no dista mucho de lo que se practica en la cárcel federal
de Puente Grande, en Jalisco.
Tras la documentación de la tortura en Abu Ghraib, el 9 de marzo de
2006, el gobierno de Estados Unidos, luego de ordenar una investigación a
los mandos militares encargados, decidió el cierre de la prisión.
Sobre la cárcel de Guantánamo, según una nota de EFE del 19 de Junio
del 2013, el presidente Obama dijo: “Continúo en mi empeño de cerrar
Guantánamo pero ha resultado más difícil de lo esperado. Eso se ha
debido a la resistencia de algunos estados y a problemas con el
Congreso”.
En el caso de México, la prisión de Puente Grande no apunta hacia su
fin, por el contrario, siempre fue el orgullo del entonces presidente
Calderón.
En su momento el presidente Felipe Calderón alabó el sistema de
“seguridad” que se maneja al interior de las cárceles federales,
anunciando la construcción de más centros federales de readaptación
social, como el de Puente Grande.
A su arribo al poder, Calderón encontró operando cuatro cárceles
federales, y a su salida dejó en funcionamiento 12 centros
penitenciarios, en donde la regla de trato a los internos es la misma:
no tienen derecho a nada y se rigen por los procedimientos copiados a la
CIA y aplicados en cárceles como Guantánamo y Abu Ghraib.
En México solo falta la aplicación de la ley del garrote vil, para
estar en las mismas condiciones que se vivieron en España en la época
del régimen totalitario de Franco.
Aquí estamos en espera que algún país asuma el papel que manifestó
oficialmente el gobierno mexicano y suspenda relaciones con nuestro país
para forzar a cambiar la política interna en cuanto al respeto de los
derechos humanos, y la supresión de la tortura como política oficial de
trato a la disidencia.
Mientras eso ocurre, todos los días cientos de presos en cárceles
federales son despertados violentamente en sus celdas, son llevados al
patio de la prisión y sometidos cruel e inhumanamente por el personal de
guardia, que bajo el pretexto de mantener la seguridad en la cárcel,
pisan sistemáticamente las garantías individuales con los peores tratos y
eficientes sistemas de tortura que quebrantan la voluntad humana.
En la calle…la gente se muere de miedo.
México condena lo que practica
En México se resguarda fielmente el legado de la CIA sobre
torturas, método norteamericano institucionalizado como procedimiento
normal en cárceles federales. En la escena mundial la política oficial
mexicana es de total respaldo a las acciones para erradicar la tortura y
violación de los derechos humanos, lo que choca con la práctica
En punto de las seis de la mañana del 18 de agosto de 1963, Francisco
Granados Gata y Joaquín Delgado Martínez, tras ser torturados y
segregados en una celda de la prisión de Carabanchel, en Madrid, fueron
despertados en forma violenta.
A empujones fueron trasladados al patio de la prisión, en donde una
decena de policías fueron testigos de que se cumpliera la sentencia
dictada por el Consejo de Guerra, que ordenó su muerte. Fueron
estrangulados por el aro de hierro del “garrote vil” por decisión
directa del general Franco.
Un Consejo de Guerra, que se les formó a Granados y Delgado, y
sesionó en medio de un intrincado trama de irregularidades, a solo 48
horas de la ejecución, decidió que eran suficientes las confesiones de
auto culpabilidad arrancadas a base de tortura a los dos jóvenes, que
terminaron por reconocer su militancia en la Federación Ibérica de
Juventudes Libertarias, a la que se le atribuían actos terroristas
encaminados a combatir el régimen totalitario de Franco.
Tras la muerte de los dos inculpados, México se alzó en todos los
foros mundiales para denunciar la violación de los derechos humanos en
el régimen franquista. Las ejecuciones, en España, por el método del
garrote vil, siguieron.
Cuenta el periodista José Reveles, especialista en temas de
perseguidos, que fue el 27 de septiembre de 1975 cuando Luis Echeverría
Álvarez pidió la expulsión de España de la ONU por el fusilamiento de
cinco presuntos terroristas en Madrid, Burgos y Barcelona.
México expulsó a la representación diplomática oficiosa en nuestro
país –cuenta el periodista– y retiró al encargado mexicano de las
relaciones turísticas y comerciales en Madrid, para recalcar su postura
contra la violación de los derechos humanos. Era el inicio de una
política de doble cara.
En 1977, para atender el caso de restablecimiento y desagraviar las
relaciones diplomáticas con España –rotas en reproche a los crímenes de
guerra y a la violación de derechos que se vivió en España con el
general Franco–, el presidente José López Portillo envió, como embajador
extraordinario y plenipotenciario, a Gustavo Díaz Ordaz, el principal
depredador de los derechos humanos en México y figura central de la
guerra sucia en nuestro país.
El pasaje histórico de las relaciones de México-España es sólo
referencial, por tratar de ilustrar el contrasentido en el que ha estado
inmerso nuestro país en el contexto mundial en materia de defensa de
los derechos humanos y combate a la tortura.
Por un lado hay una proclama general y se han firmado todos los
convenios y tratados internacionales para la defensa y protección de las
garantías individuales y contra la tortura, pero por otra parte se
maneja una política interna represiva.
Las mil 662 denuncias de tortura que en el 2012 recibió la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), indican que el gobierno de
México se encuentra a la cabeza de los países que violan
sistemáticamente las garantías de sus ciudadanos, pero el gobierno
mexicano reclama la tolerancia y el respeto en otros países.
El método del Garrote Vil
El garrote fue un método de ejecución y el adjetivo “vil” deriva del
sistema de leyes del Medievo. La decapitación con espada se consideraba
pena reservada a los integrantes de la nobleza; en cambio, para los
villanos (habitantes de las villas o integrantes de la “plebe”), se
mantenía la ejecución “vulgar” mediante “garrote” (garrotazo).
Posteriormente se aplicará la ejecución por compresión del cuello de la
víctima, conservándose el nombre. Más adelante, el garrote fue
refinado.
Calderón y la represión
Con Felipe Calderón Hinojosa se acentuó la violación de garantías
individuales por parte del estado mexicano hacia sus ciudadanos, prueba
de ello es el incremento de un 500 por ciento de las denuncias
presentadas ante la CNDH.
En ellas el principal acusado de tortura y violación de derechos fue
el propio Estado mexicano, cifra que estuvo contrastada con la postura
oficial que el entonces presidente de México manifestó públicamente, al
elevar a nivel de rango constitucional la tutela de los derechos
humanos, con la reforma que se hizo a la Carta Magna el 10 de junio del
2011.
Al entonces presidente Felipe Calderón, obsesionado por distraer a la
opinión pública y despejar cualquier bruma de ilegitimidad que opacara
su gobierno, ordenó una guerra contra el narcotráfico y mandó al
Ejército y Policía Federal al combate urbano, con la consecuencia
natural que conlleva la presencia de milicias en zonas urbanas: la
aplicación de tortura y violación de derechos civiles de la población.
“México ha sufrido graves crisis de seguridad pública en muchas
regiones durante la administración de Calderón. El gobierno ha
desplegado fuerzas militares y policiales a una escala sin precedente
para combatir poderosos cárteles de la droga y otras redes de
delincuencia organizada. Al menos 60 mil personas han sido víctimas de
homicidio y más de 160 mil se han visto desplazadas internamente”,
relató en su momento Amnistía Internacional a través de su informe
Culpables Conocidos, Víctimas Ignoradas, Tortura y Maltrato en México.
El documento fue publicado en 2012, y también se revela que “El
personal militar recibe formación en derechos humanos, pero las
denuncias de abusos graves, incluida tortura y otros malos tratos, han
aumentado tremendamente en los últimos años”.
De acuerdo a Amnistía Internacional, entre enero de 2006 y enero de
2012, el ejército detuvo a 43 mil 778 presuntos delincuentes, basándose
en la normatividad institucionalizada durante el periodo de Felipe
Calderón sobre detención en flagrante delito, que no era otra cosa que
el libre arbitrio a discreción de los propios policías y soldados.
Muchos de esos detenidos fueron llevados a los cuarteles militares o
sometidos a interrogatorio, en vez de ser puestos inmediatamente a
disposición del Ministerio Público.
Tormentos autorizados y presos sin rehabilitar
“Durante el gobierno de Felipe Calderón en el Ejército Mexicano se fomentó y toleró la tortura.
“A la mayoría de mandos que estábamos en combate abierto contra
bandas del narcotráfico, se nos permitía y autorizaba interrogar a
discreción a los detenidos, a fin de que pudieran dar más información
sobre ubicación de más delincuentes”.
Lo anterior lo explica un militar recluido en la cárcel federal de
Puente Grande, en Jalisco, quien hoy enfrenta un proceso por
delincuencia organizada, luego de que un testigo protegido –con nombre
clave de Jennifer– lo acusó de dar protección a una célula criminal.
“La práctica más común de tortura que se aplica en el Ejército es la
bolsa de plástico en la cara y la inmersión en agua con el rostro
vendado”, cuenta el militar, cuyo nombre se reserva por su seguridad.
Nadie aguanta una sesión de dos horas con ese sistema: “Todos
terminan reconociendo lo que sea, con tal de que se termine la sesión”.
Ese modus operandi estaba autorizado para aplicarse a los detenidos en
que se creyera conveniente el procedimiento, siempre a discreción del
mando, resalta el militar.
Paralelamente, en todo el territorio, el Ejército y las policías
federal y estatales acentuaban la violación a los derechos humanos, el
gobierno presentaba ante la comunidad internacional su cara bonita
resaltando la pertenencia a los siete organismos de la Carta
Internacional de Derechos Humanos, donde México –en el periodo de
Calderón– firmó o ratificó su adhesión a los 17 acuerdos o tratados
establecidos por la ONU en relación a evitar la tortura como práctica de
gobierno.
Contra derechos humanos
Los tres centros penitenciarios descritos han trascendido por
sus sistemas de tortura y violación de derechos humanos que finalmente
no conducen a la rehabilitación de los presos.
Puente Grande
El penitenciario federal Puente Grande se considera que tiene la
segunda mejor seguridad del país. A pesar de esto, de ahí se fugó
Joaquín, “El Chapo” Guzmán 2001.
Entre los capos confinados en Puente Grande se encuentra Alfredo
Beltrán Leyva del Cártel del Pacífico, Alejandro Beltrán Coronel,
sucesor de Nacho Coronel del Cártel de Sinaloa y Jesús Meléndez Vargas,
fundador de la Familia Michoacana. Rafael Caro Quintero, líder del
cártel de Guadalajara fue interno de la prisión entre 2005 y 2010,
cuando lo trasladaron al Cefereso de Jalisco.
Guantánamo
El Centro de Detención de Guantánamo se encuentra en la provincia de
Guantánamo, Cuba. La Bahía de Guantánamo ha sido ocupada por Estados
Unidos bajo el tratado cubano-estadounidense de 1903, que estipula el
arrendamiento perpetuo (con absoluto control y jurisdicción) de la
tierra a los norteamericanos.
Antes del 2001 los cubanos y haitianos interceptados en alta mar eran
recluidos en este Centro de Detención, pero después del ataque
terrorista del 11 de septiembre de 2001, fue acondicionado como campo de
concentración de alta seguridad para los detenidos acusados de
terrorismo.
Abu Ghraib
La Prisión de Abu Ghraib en Irak fue construida en los 80 por el
gobierno de Saddam Hussein para detener y torturar a prisioneros
políticos.
Tras la invasión de Estados Unidos a Irak en 2003, el control de la prisión fue tomado por los norteamericanos.
En 2004, los medios de comunicación expusieron las torturas, abusos y
humillaciones que los reclusos iraquíes sufrían por soldados
estadounidenses. En las torturas aparentemente participaron científicos y
médicos norteamericanos.
Las autoridades de EU decidieron cerrar la prisión en 2006.
Viernes 2 de agosto de 2013)
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