En Jalisco se lava dinero desde los años 80 con la complicidad
de autoridades y sectores de la alta sociedad, para muestra el caso de
la familia Sánchez Garza. Hoy el ciudadano resiente el lado malo del
narco, pero ¿quién les abrió las puertas como inversionistas en la
entidad?
¿En qué momento permitió la sociedad tapatía que el narco formara
parte fundamental del desarrollo económico de esta urbe?
Los fraccionamientos Pontevedra, Provenza, Zotogrande, Villa Fontana y Villa
Verona, son solo algunos de los negocios que los Sánchez Garza administraron
en la última década
En
una sociedad conmocionada por el secuestro y asesinato de dos menores
por “molestar” al hijo de un capo, cabe el cuestionamiento sobre la
permisividad a la entrada de grupos criminales a la inversión en
grandes proyectos inmobiliarios y empresas.
El lavado de dinero es un delito que permite el financiamiento del negocio del narcotráfico.
¿En qué momento permitió la sociedad tapatía que el narco formara parte fundamental del desarrollo económico de esta urbe?
La historia se remonta a los años 80, cuando grandes capos como
Rafael Caro Quintero invirtieron fuertes sumas de dinero en
Guadalajara.
Se asociaron con familias tapatías y algunos de estos prestanombres
llegaron a estar en los círculos cercanos del poder y la alta sociedad
de Jalisco.
Y es que detrás del lujo y el aparente buen prestigio ganado en la
sociedad jalisciense a través de las fotos en revistas de sociales, se
esconde el verdadero negocio de la familia Sánchez Garza: el desarrollo
inmobiliario con dinero lavado del narco, lo que ha sido advertido por
autoridades de Estados Unidos.
El modelo de ciudad fortificada en cientos de fraccionamientos para
todo tipo de presupuesto, fue una de las salidas que dicho grupo
implementó en su esquema de lavado de dinero en la Zona Metropolitana de
Guadalajara (ZMG).
Estas operaciones, según el departamento del Tesoro de Estados Unidos
y la DEA, están ligadas directamente con Rafael Caro Quintero, capo del
antiguo Cártel de Guadalajara, actualmente recluido en una prisión de
Jalisco y relacionado con el capo sinaloense Juan José Esparragoza
Moreno, “El Azul”.
Los fraccionamientos Pontevedra, Provenza, Zotogrande, Villa Fontana y
Villa Verona, son solo algunos de los negocios que los Sánchez Garza
administraron en la última década.
Esta familia creció su poderío en terrenos que hace 10 años eran
inhóspitos y que hoy forman parte de grandes complejos inmobiliarios de
alto prestigio y/o rentabilidad.
Los Sánchez Garza especularon a futuro y adquirieron grandes
extensiones de terrenos en los ejidos de San Juan de Ocotán y General
Lázaro Cárdenas (cerca de San Isidro), los dos en el municipio de
Zapopan.
Su próximo proyecto se ubicaría al norte de Zapopan, específicamente
en terrenos que antes pertenecieron al ejido de la Mesa de San Juan, por
todo lo largo de la carretera a Colotlán.
En este sitio el crecimiento inmoderado de fraccionamientos y
comercios han comenzado a ganarle espacio al campo para integrarlos a la
gran mancha urbana, sin ningún miramiento al daño ecológico de la zona,
que ya padecen los habitantes de la Barranca del Río Santiago.
Desarrollo y lavado
Tres de los cinco desarrollos inmobiliarios de los Sánchez Garza
están en Zapopan. El proyecto Provenza se ubica en el municipio de
Tlajomulco de Zúñiga –construido en alianza comercial con la familia de
Juan José Esparragoza Moreno, “El Azul”–, y Villa Fontana, en
Tlaquepaque.
Villa Fontana es un fraccionamiento de interés social ubicado a un
costado de Toluquilla, sobre Periférico Sur, en la frontera de
Tlaquepaque con el municipio de Tlajomulco.
En algunos blogs de Internet se consigna que hubo fraudes en la venta
de dichos terrenos. Se acusa al grupo VGI de negociarlos sin otorgar
escrituras.
En Zapopan los desarrollos Pontevedra, Zotogrande y Villa Verona
comenzaron a erigirse a partir del 2003 y hasta el 2009, cuando quedaron
fijas las actas constitutivas de las empresas Grupo Fracsa, S.A. de
C.V.; Grupo Constructor Segundo Milenio S.A. de C.V. y Desarrolladora
Patria S.A de C.V., quienes se encargaron de la construcción de
complejos habitacionales.
Pontevedra se construyó en la avenida Acueducto 5151, sobre un
terreno de 4 mil 669 metros cuadrados que compró José de Jesús Sánchez
Garza y su primo Javier Sánchez González –apoderados de Fracsa– el 19 de
julio del 2000 a la empresa D’Bardi S.A. de C.V.
Ambas empresas y sus apoderados son señalados por el Departamento del
Tesoro de EU como parte de la red de lavado de dinero de Caro Quintero.
Reporte Indigo (véase “El triángulo del lavado” de la edición 285 del
13 de junio de 2013) publicó que Agustín Espinoza Ron, suegro del
secretario de Turismo Jesús Gallegos Álvarez –asesinado el pasado 9 de
marzo–, fue nombrado “apoderado general judicial para pleitos y
cobranzas y actos de administración” de la empresa Fracsa S.A de C.V
para una compra de terreno efectuada en 2004.
Zotogrande se ubica en Acueducto 5300 y fue construido por la empresa
Grupo Constructor Segundo Milenio S.A de C.V., cuyo presidente del
consejo es Luis Cortés Villaseñor, también señalado por el Departamento
del Tesoro americano como parte del triángulo de lavado y prestanombres
de los Sánchez Garza.
Originalmente fue parte del rancho El Gorupo, en Zapopan, con una superficie de 187 mil metros cuadrados.
Tanto Pontevedra como Zotogrande son condominios de alta plusvalía y
renombre, pues se ubican muy cerca de la Plaza Andares y el
Fraccionamiento Puerta de Hierro, donde la clase política y empresarial
de Jalisco tiene sus propiedades.
Entre el emporio de los Sánchez Garza se ubica también el
Fraccionamiento Villa Verona, cuyo mercado va enfocado a un presupuesto
ligeramente más austero que Pontevedra y Zotogrande, y se encuentra en
la prolongación de la Avenida Naciones Unidas a escasos metros del
Periférico, una zona nueva en Zapopan a la que los desarrolladores
inmobiliarios le han sabido sacar provecho.
Fue construido sobre terrenos del antiguo ejido de San Juan de Ocotán
y algunos consultados refieren problemas legales para la entrega de
escrituras, debido a fallas en la certificación de los terrenos.
Los empresarios Caro Quintero
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos lanzó una alerta
internacional en la que dejó en claro que existe una red de lavado de
dinero que opera en Jalisco a nombre de los familiares, hijos y amigos
del capo Rafael Caro Quintero.
Las empresas ECE Energéticos, S.A. de C.V. (gasolinera), El Baño de
María, S. de R.L. de C.V. (productos de baño y belleza), Pronto Shoes,
S.A. de C.V. (CX-Shoes), Piscilanea S.A. de C.V. (Albercas y Tinas
Barcelona).
Y también Hacienda las Limas, S.A. de C.V. (centro turístico y spa)
son algunos de los corporativos señalados por la autoridad
estadounidense.
El Departamento del Tesoro identifica a la familia Sánchez Garza como el vínculo clave para el blanqueo de fondos.
Por lo anterior la dependencia norteamericana decidió cancelar 15
cuentas bancarias en Estados Unidos y prohibir a los estadounidenses la
relación comercial con 18 personas, entre ellos la esposa de Caro
Quintero, María Elizabeth Elenes Lerma y sus hijos: Héctor Rafael,
Roxana Elizabeth, Henoch Emilio y Mario Yibran Caro Elenes.
Así como a su nuera Denisse Buenrostro Villa, quien administraba las
tiendas del Baño de María, y Humberto Vargas Correa, otro
prestanombres.
La información de la agencia estadounidense también arroja que los
Sánchez Garza colaboraron con la familia del capo sinaloense, Juan José
Esparragoza Moreno “El Azul”.
Se puede aplicar Ley Antilavado
En Jalisco el gobierno de Estados Unidos tiene documentadas desde
hace tiempo las redes de lavado de dinero de al menos tres familias
ligadas a dos grandes capos: Rafael Caro Quintero y Juan José
Esparragoza Moreno “El Azul”.
Las autoridades mexicanas podrían actuar ahora que la Ley Antilavado
ya entró en vigor (el lunes 17 de junio), y que castiga la compraventa
de inmuebles en efectivo.
La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con
Recursos de Procedencia Ilícita, supervisará transacciones como la
compraventa de casas, vehículos, piedras y metales preciosos y obras de
arte, entre otros.
Dichas actividades deberán ser reportadas ante la Secretaría de
Hacienda por agentes inmobiliarios, automotrices y notarios que deberán
comprobar quién es el comprador –de bienes superiores a los 100 mil
pesos– con una identificación oficial y un comprobante de domicilio que
permita ubicar al cliente.
(
Lunes 8 de julio de 2013)
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