Redacción /
Proceso
MÉXICO, D.F.
(apro).- Elementos de la Policía Federal (PF), en coordinación con personal del
Instituto Nacional de Migración (INM), rescataron a 58 indocumentados de
Guatemala, El Salvador y la India, quienes permanecían cautivos en un domicilio
de Nogales, Sonora.
El hallazgo se
produce a menos de una semana de la liberación de 165 inmigrantes –151
extranjeros y 14 mexicanos– en una casa de seguridad ubicada en el municipio de
Gustavo Díaz Ordaz, Tamaulipas.
A través de un
comunicado, la PF informó que los indocumentados fueron localizados durante un
operativo en la colonia Esperanza, en el municipio de Nogales.
Los uniformados
instrumentaron un dispositivo de seguridad en la zona y encontraron una
vivienda que presuntamente era utilizada como casa de seguridad. Dentro del
domicilio hallaron a 51 guatemaltecos –tres de ellos menores de edad–, un
salvadoreño y seis personas procedentes de la India. Ninguno contaba con
documentación que amparara su estancia legal en el país.
Durante el operativo
fue arrestado José Martín Martínez Arreola, de 43 años, quien fue puesto a
disposición del agente del Ministerio Público de la Federación encargado de las
investigaciones.
Los inmigrantes, en
tanto, fueron llevados ante el MP en calidad de presentados y se les brindó
atención especializada.
El pasado martes 4,
elementos del Ejército y del Instituto Nacional de Migración (INM) rescataron a
151 extranjeros indocumentados y 14 mexicanos que se encontraban en una casa de
seguridad ubicada en el municipio Gustavo Díaz Ordaz, Tamaulipas.
Entre los
extranjeros había 77 salvadoreños, 50 guatemaltecos, 23 hondureños y uno
procedente de la India. Dentro del grupo había dos mujeres embarazadas.
Las autoridades
dieron con ellos gracias a una denuncia ciudadana que alertó sobre la presencia
de un grupo de personas armadas en la colonia Las Fuentes del municipio
mencionado.
Según narraron los
propios indocumentados, fueron retenidos en diversas acciones cuando pretendían
cruzar hacia Estados Unidos. Llevaban dos o tres semanas privados de su
libertad en condiciones precarias, insalubres y de hacinamiento, mientras sus
secuestradores contactaban a sus familiares para pedirles dinero.
(DOSSIER
POLÍTICO/ Redacción / Proceso/ 2013-06-13)
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