WASHINGTON, 12 de junio
(apro).- El gobierno de Estados Unidos anunció la aplicación de
sanciones contra familiares directos y presuntos socios del
narcotraficante Rafael Caro Quintero, así como contra 15 entidades
relacionadas con ellos, por su asociación con el tráfico de drogas de
la agrupación de Juan José Esparragoza Moreno, El Azul.
“Rafael Caro Quintero ha utilizado una red familiar y a prestanombres
para invertir su fortuna en unas ostentosas y legítimas compañías y en
proyectos de inversión de bienes raíces en la ciudad de Guadalajara”,
declaró Adam Szubin durante una teleconferencia para anunciar la
designación e imposición de sanciones aplicadas por el Departamento del
Tesoro.
“Con la asistencia del gobierno de México, la Oficina para el
Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) continúa
asestando golpes a los traficantes de drogas en sus proyectos de lavado
de dinero y a todos aquellos quienes los apoyan en sus actividades
ilícitas”, subrayó Zsubin, director de la OFAC.
Como parte de esta decisión, que se integra a la continua
venganza de la Administración Federal Antidrogas (DEA) contra Caro
Quintero por el asesinato, en 1985, del agente Enrique Kiki Camarena, el
Departamento del Tesoro designó como narcotraficantes más
significativos a seis miembros de la familia del excapo del Cártel de
Guadalajara.
En la lista negra de los narcotraficantes más peligrosos del
mundo que elabora el gobierno de Estados Unidos se incluye a cuatro de
sus hijos, su esposa y su nuera, además de otras 12 personas
relacionados a ellos.
Los designados son: Héctor Rafael Caro Elenes, Roxana Elizabeth
Caro Elenes, Henoch Emilio Caro Elenes y Mario Yibran Caro Elenes, los
cuatro hijos del presunto responsable del secuestro, tortura y asesinato
del agente de la DEA Kiki Camarena, hace 28 anos. Su esposa, María
Elizabeth Elenes Lerma, y su nuera Denisse Buenrostro Villa, también
aparecen en la lista negra.
Los otros 12 afectados son: Humberto Vargas Correa, presunto
secretario personal de Caro Quintero, y el clan de la familia Sánchez
Garza, de Guadalajara, a la que la OFAC liga directamente con El Azul.
Los integrantes de esta familia son: José de Jesús Sánchez Barba y sus
tres hijos: Mauricio, José de Jesús y Diego Sánchez Garza; la madre de
éstos, Beatriz Garza Rodríguez; su nuera Hilda Riebeling Cordero, y sus
primos Ernesto y Rubén Sánchez González.
El Departamento del Tesoro también incluye en su lista a Michael
Adib Madero, Diego Contreras Sánchez y a Luis Cortés Villaseñor.
Entre las 15 entidades ligadas a Caro Quintero y designadas por
la OFAC como frentes para el lavado de dinero procedente de la venta de
las drogas destacan: ECA Energéticos, SA de CV; El Baño de María S de RL
de CV; Hacienda Las Limas SA de CV; Pronto Shoes, SA de CV; Grupo
Fracsa, SA de C.V; Dbardi, SA de CV; Grupo Constructor Segundo Milenio,
SA de CV; Restaurante Bar Los Andariegos, y Piscilanea SA de CV.
“Estas designaciones son otra herramienta esencial que nos ayuda a
combatir a los criminales de carrera y para obligarlos a que se
mantengan en las sombras, con lo cual se les dificulta más el uso de las
ganancias que han amasado con la venta de las drogas”, dijo por Gary
Haff, jefe interino de la Sección de Operaciones Financieras de la DEA.
Este tipo de designaciones a presuntos narcotraficantes y frentes
del lavado de dinero, el Departamento del Tesoro regularmente las
transmite por medio de comunicados de prensa. Sin embargo, en este caso
se realizó la teleconferencia debido a que se trata de familiares,
socios y entidades ligadas a Caro Quintero, quien purga una sentencia de
40 años de cárcel en una prisión federal en México.
“Nada podrá limpiar el dinero sucio que se paga con la violencia y
sus víctimas, incluido al agente especial de la DEA Kiki Camarena. La
DEA está comprometida a garantizar que se aplique la justicia, y no
descansaremos hasta que sus redes criminales globales hayan sido
destruidas, sus bienes confiscados y que se les haya privado de la
libertad”, acotó Haff.
Bajo las designaciones instruidas por el Departamento del Tesoro,
queda prohibido a todo ciudadano estadunidense o entidad bajo la
jurisdicción de Estados Unidos tener cualquier relación directa e
indirecta con los afectados.
La violación a esta ley implica sanciones por demandas civiles de
más de un millón de dólares, sentencias de cárcel de hasta 30 años,
multas de hasta 5 millones de dólares en casos criminales para las
corporaciones y sus ejecutivos, y hasta 10 años de cárcel cuando se
trate de una persona civil en un caso criminal.
A Caro Quintero, quien purga su sentencia en México, en el
Distrito Central del estado de California, se le acusa formalmente de
los delitos criminales de tráfico de drogas, secuestro y el asesinato de
Kiki Camarena.
(EL MEXICANO/ AGENCIAS/ 13 de Junio 2013)
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