La empresa “Biopartes de Occidente S.A. de C.V”, de donde se
rescataron 275 jornaleros esclavizados, recibió 2.6 millones de pesos de
subsidios oficiales para mejorar las condiciones de vida de los
trabajadores agrícolas.
De acuerdo al diario El Universal, el dinero fue invertido en 2012
por la entonces Secretaría de Desarrollo Humano Jalisco para la
provisión de 168 mil paquetes de desayuno a 585 niños hijos de
trabajadores en los albergues de San Gabriel y Tuxcacuexco, según
archivos públicos en línea de la entonces Secretaría de Planeación.
La empresa incluso está catalogada como un “caso de éxito” del Fondo
de Capitalización e Inversión del Sector Rural (FOCIR) del Gobierno
Federal.
La empresa Bioparques de Occidente inició sus operaciones en 2002 y
tiene habilitadas 130 hectáreas de producción de tomate en invernadero,
según el FOCIR.
Es investigada por los delitos de trata de personas y privación
ilegal de la libertad. En lugar asegurado había 42 familias: 191
hombres, 45 mujeres y 39 menores de los cuales al menos 24 fueron
detectados con algún grado de desnutrición.
Ayer martes, la Fiscalía General de Jalisco informó de un operativo
entre autoridades estatales y federales para rescatar a los jornaleros
agrícolas de la empresa productora y empacadora de jitomate, ubicada en
San Gabriel, Jalisco.
“Estas personas prácticamente estaban privadas de su libertad,
obligados a realizar un trabajo extenuante y no se les pagaba”, informó
Arturo Zamora, Secretario General de Gobierno.
Los jornaleros trabajaban en condiciones de explotación e insalubres.
La Fiscalía intervino a partir de una denuncia de afectados que
lograron escapar y denunció los hechos.
Se trataba de personas originarias de Guerrero, San Luis Potosí e
Hidalgo. Sin pago, mal alimentados y viviendo en condiciones insalubres,
las familias no podían abandonar el trabajo.
“Algunos se han querido escapar, pero si son descubiertos, son
regresados y golpeados. Incluso ha habido a quienes se les termina el
contrato y son retenidos sin paga hasta un mes más”, detalló Salvador
González de los Santos, Fiscal Regional.
Por el momento hay cinco capataces detenidos y las investigaciones
continúan para determinar la responsabilidad de la empresa originaria de
Sinaloa.
Según información publicada hoy por El Debate de Culiacán, la empresa
es propiedad de Eduardo de la Vega Canelos, un prominente empresario
sinaloense, ligado a los gobiernos de esta entidad.
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