MÉXICO, D.F. (apro).- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) participa en la descomposición institucional en México.
Su negativa a transparentar las cuentas y bienes de los diputados
federales y, en consecuencia, de todos los funcionarios y
representantes del Estado mexicano, exhibe la descomposición de la vida
pública y la gran debilidad de su sistema democrático.
En la práctica, deja la puerta abierta para que sigan existiendo los
Granier, las Elbas, los Reynoso, los alcaldes que reciben bolsas de
dinero, las “confusiones” como las de los senadores del PAN para
repartirse 16 millones de pesos –de una bolsa de más de 200 millones–, y
una interminable y vergonzosa lista que hacen de la clase política de
México una de las más corruptas del mundo. Una verdadera cleptocracia,
el gobierno de los que roban.
Por una mayoría de seis votos, el pleno de ministros de la Suprema
Corte negó este jueves un amparo promovido por la organización no
gubernamental Fundar en contra de la negativa de la Auditoría Superior
de la Federación (ASF) de dar a conocer las declaraciones patrimoniales
de los diputados federales.
La ASF es un ente de la Cámara de Diputados encargada de la revisión
de las cuentas públicas y del desempeño de quienes ejercen los poderes
formales del Estado mexicano. Pero de poco ha servido para sancionar la
corrupción en el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial.
En su revisión anual elabora un informe sobre las anomalías e
irregularidades en el ejercicio de los recursos públicos. Hace numerosas
observaciones y las da a conocer. Pero después, sin informar cómo ni
cuándo, las da por “solevantadas”. En el mejor de los casos, da vista al
Ministerio Público y no se vuelve a saber nada. Una cara más de la
impunidad.
Ni la ASF ni la SCJN están a la altura de lo que es el equilibrio de
poderes y la rendición de cuentas en una verdadera democracia.
El voto mayoritario en el máximo tribunal declaró la validez
constitucional del artículo 40 de la Ley Federal de Responsabilidades
Administrativas de los Servidores Públicos.
Según ese artículo, la Secretaría de la Función Pública –que Peña
Nieto propuso convertir en una Comisión Anticorrupción– lleva un
registro con las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos,
referidas a sus ingresos del último año, bienes muebles e inmuebles,
inversiones financieras y adeudos. Pero sólo se puede hacer público con
el consentimiento del funcionario.
El pleno rechazó el proyecto del ministro José Ramón Cossío, quien
consideró que esa disposición viola el artículo Sexto de la Constitución
en lo relativo al acceso a la información y a la máxima publicidad.
Sólo tuvo el respaldo de Sergio Valls y del ministro presidente Juan
Silva Meza. Con matices, los ministros Arturo Zaldívar y Olga Sánchez
Cordero favorecieron la apertura.
Más allá de su justificación técnica, los ministros tienen sus
propias razones para mantener la opacidad. Desde siempre, se han negado a
que se revise su patrimonio. No quieren que se sepa cuánto tienen y
cómo lo obtuvieron.
Tan sólo por sus sueldos de iluminados, son millonarios. Por años,
algunos de ellos antes han sido litigantes, notarios o académicos.
Otros, jueces, administradores judiciales o funcionarios en el
Ejecutivo.
No es posible saber si cobran por favores, por impulsar o detener
juicios. La opacidad atenta incluso contra ellos, pues caen fácilmente
en el chantaje cuando se trata de votaciones importantes.
La Corte abordará de nuevo el tema. Un nuevo ministro hará un nuevo
proyecto. Pero no hay un plazo, tampoco razones para que cambie de
opinión el bloque formado por los ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz
Mena, Margarita Luna Ramos, Fernando Franco, Jorge Mario Pardo
Rebolledo, Luis María Aguilar y Alberto Pérez Dayán.
En el caso de los diputados, tampoco es posible conocer sus arreglos
con las empresas de cabildeo para el destino de ciertas leyes. Tampoco
se puede saber quiénes les pagan los viajes u otras cuentas. O, de
plano, si algunos tienen arreglos con la delincuencia organizada. Del
Senado, lo mismo. Y en los tres niveles de gobierno los millonarios
abundan.
La negativa de la Corte también beneficia a las entidades autónomas,
incluidas todas esas comisiones creadas en los últimos años, que además
de darle más posiciones de poder al presidente de la República, sólo han
descentralizado la toma de decisiones y, en consecuencia, de los
beneficios que se pueden obtener en el ejercicio del poder.
jcarrasco@proceso.com.mx
Twitter: @jorgecarrascoa
Twitter: @jorgecarrascoa
/ 20 de junio de 2013)
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