Redacción
Más de 1.750 menores han muerto violentamente en incidentes
vinculados con la guerra contra el crimen organizado desde 2007 hasta el
pasado mes de marzo, según un informe de la Red por los Derechos de la
Infancia en México (REDIM), que subraya que esta estadística del horror
continúa estable.
El grupo de edad más afectado es el de los adolescentes entre 15 y 17
años y los Estados más peligrosos son Chihuahua –cuya tasa de
homicidios de menores supera en cinco veces la media nacional, pese a
que ha bajado en los últimos años-, Nuevo León, Guerrero, Sinaloa y
Tamaulipas.
Esta ONG calcula que entre 15.000 y 20.000 adolescentes son
explotados por bandas criminales y carteles de la droga y que siete de
cada diez menores asesinados lo son por armas de fuego.
Detrás de cada cifra hay una tragedia. Como el caso de Valeria, una
niña de cuatro años desaparecida el pasado 1 de abril en la ciudad de
Texcoco, en el Estado de México, y hallada días después en El Salvador o
del chico de 13 años de Zacatecas cuyo cadáver con un tiro de gracia
fue encontrado junto a otros cinco cuerpos en una carretera de ese
Estado del norte del país, el pasado 28 de febrero.
El muchacho había sido detenido el día 3 de ese mes en un operativo
policial contra un grupo del crimen organizado y posteriormente liberado
por la Procuraduría General de Justicia de ese Estado en razón de su
edad sin protección de ninguna clase –su identidad fue revelada- y
bautizado por los medios como el “niño sicario”. A sus asesinos solo les
llevó unas semanas ejecutar su venganza.
Juan Martín Pérez García, director de REDIM, subraya que existe “una
tendencia creciente hacia la explotación sexual de los menores así como
en la desaparición de chicas adolescentes” y condena sin paliativos su
criminalización como “niños sicarios” cuando en realidad son “víctimas
de la narco explotación”.
“Los tratan como a criminales. Actualmente en
México no hay una sola institución que esté obligada a prevenir o
atender a los niños de la violencia”.
Sin embargo, la tendencia se mantiene constante. Solo en el primer
trimestre de este año han muerto 60 menores (19 en enero, 17 en febrero y
24 en marzo).
El promedio mensual de defunciones fue de 15 en 2010, 20
en 2011, 24 en 2012 y 20 en lo que va de 2013. Además el 80% de los
homicidios no se relacionan con un grupo delictivo específico por lo que
su resolución suele quedar en la impunidad y al menos el 3% de ellas,
según REDIM, son ocasionadas por las fuerzas de Seguridad.
El director de esta ONG lamenta la ausencia de datos oficiales sobre
esta tragedia y el retraso de México en esta materia en comparación con
otros países de América Latina.
“Es imposible obtener esa información
dada la fragmentación de las estadísticas oficiales. No hay coordinación
como ocurre también en otras áreas de salud, educación o justicia.
México firmó en 1989 la Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU
pero nos hemos quedado rezagados.
A pesar de que actualmente hay dos iniciativas legislativas en este
sentido en el Congreso, Bolivia, el segundo país más pobre de América
Latina, tiene una ley de protección a la infancia más moderna que
nosotros, que somos la segunda economía más grande del continente”. (El
País)
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