Crecen golpes, amenazas, abuso sexual contra detenidos
Amenazas de muerte y de abuso sexual de familiares cercanos,
ahogamiento, golpes, desnudar y hacer sentir al detenido que está en lo
alto de un puente y que si no confiesa lo van a dejar caer, son algunas
de las “técnicas” de tortura que usan los agentes de la Policía
Ministerial del Estado para obligar a los aprehendidos a que se declaren
culpables.
Los organismos defensores de los derechos humanos difieren sobre si
la tortura va o no a la alza, pero coinciden que es en casos de alto
impacto, cuando se trata de un personaje importante de la comunidad o de
alguno de sus familiares, cuando este delito cometido por servidores
públicos se dispara con el mismo o mayor escándalo que el crimen mismo
que los agentes dicen investigar.
Datos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) indican que
2008 fue el año con más casos de tortura en Sinaloa, al sumar 21 quejas,
de las cuales se emitieron seis recomendaciones.
La cifra bajó 17
quejas en el 2009 y cinco recomendaciones, 14 quejas en el 2010 y una
recomendación. En el 2011 fueron solo 10 quejas y una recomendación y 13
en el 2012, con tres recomendaciones.
En total, en estos años fueron 75 las quejas interpuestas por
ciudadanos en contra de las diferentes corporaciones policiacas, de las
cuales se emitieron 16 recomendaciones.
En lo que va de 2013 se tiene
una recomendación —referente al caso de Yesenia Armenta Graciano,
acusada del homicidio de Alfredo Cuen Ojeda, hermano del ex rector de la
UAS y ex alcalde de Culiacán, Héctor Melesio Cuen, actual dirigente del
Partido Sinaloense (PAS)—, y de los 13 expedientes que quedaron en el
2012, cuatro fueron concluidos y nueve están en trámite.
Juan José Ríos Estavillo, presidente de la CEDH, aseguró que de
alrededor de mil quejas que en total sumaron el año pasado, solo se
desprendieron tres recomendaciones, de 13 en los que consideraron que
había elementos de tortura.
“No es elevada la incidencia, al contrario, ha venido bajando. Ya no
es una constante en los procesos de investigación de la gran mayoría de
los delitos, ahora solo en hechos muy significativos, asuntos muy
particulares. Pero es grave, eso es un hecho. Es grave porque en el
léxico de los derechos humanos hay hechos violatorios que son graves,
tanto que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) conminó a
suscribir un acuerdo internacional conocido como Protocolo de Estambul”,
sostuvo.
Este protocolo, agregó, representa la unificación de criterios de las
áreas médica, psicológica y jurídica, y en el caso de México, solo la
Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) puede practicarlo, como en
el caso de Yesenia Armenta.
Además del caso de la viuda de Cuen, que motivó la recomendación del
25 de febrero pasado, la defensa de Juan Carlos Cristerna Fitch, único
detenido en el caso de la catedrática de la Universidad Autónoma de
Sinaloa, Perla Lizet Vega Medina, asesinada a cuchilladas en el interior
de su casa, en mayo de 2012, alegan que este fue torturado por los
agentes ministeriales en sus dos capturas, como presentado y como
aprehendido.
Eslabones de terror
I
—¿Por qué te declaraste culpable? —Le preguntó un abogado a un joven detenido.
—Ya no aguanté, licenciado.
El detenido estaba en manos de agentes de la Policía Ministerial en
el municipio de Navolato. Lo tenían en una zona deshabitada. Ahora sí,
le advirtieron, te vamos a quemar. Rociaron gasolina alrededor de él.
Tenía los ojos vendados y varios guamazos en abdomen y espalda. Le
prendieron fuego a la maleza. Él se puso histérico, pero no reconoció el
delito que le imputaban.
El abogado recordó que su defendido le relató el clímax: los agentes
hablaron entre ellos, reclamándole que no confesara. Entonces uno le
ordenó a otro que trajera a la niña, que también a ella la iban a
quemar. El detenido preguntó qué niña y le contestaron que su hija, que
la traían en la cajuela, amordazada y con la cara tapada.
“No. No, por favor. Díganme dónde firmo”, fue su respuesta. Y se puso a llorar.
Eso fue hace alrededor de dos años. Y sigue preso por el delito de homicidio en el penal de Culiacán.
II
Un muchacho había sido detenido varias veces por robo. Ocho
detenciones, sumaba. En esa, la octava y última, los agentes del Grupo
Élite descubrieron que tenía una orden de aprehensión.
Lo llevaron a la
zona conocida como La Bajada del Río, en Navolato. Lo metieron a una
casa abandonada, lo desnudaron, acostaron y amarraron, y le pusieron la
chicharra en los genitales.
“El bato no aguantó —contó un familiar— y sí, es malandrín, andaba de
vago y todo, pero para que le hagan eso, pues ya es otra cosa. Cuando
le pusieron la chicharra en los huevos les pidió que mejor lo mataran”.
Este caso fue durante los primeros dos meses del año pasado. Pero la
gente no quiere hablar. Saben que los policías saben, que pueden volver y
que así como abusaron y los golpearon y torturaron, y no hay castigo,
así, igual, pueden volver.
III
A un detenido en la ciudad de Los Mochis, municipio de Ahome, lo
acusaron de secuestro. Lo golpearon cuanto quisieron, a capricho y gusto
de los uniformados. Al final le mostraron fotos de su esposa e hijos.
Le dieron datos de su domicilio e información personal. Y le anunciaron:
“Vamos a ir por tu esposa, para violarla”.
En otros casos, los agentes amenazan con matar, levantar,
quemar a los detenidos y a sus familias. Los colocan en el filo de
cualquier superficie: una mesa, un escalón.
Le dicen que están en lo
alto de un puente o un edificio, que lo van a aventar para que parezca
un accidente, si no se hace responsable de los delitos que le imputan.
Otros recursos son colocarles una bolsa en la cabeza y asfixiarlos, o
bien un trapo mojado en la cara y empiezan a verter agua para que el
detenido se ahogue.
Complicidad
Para Leonel Aguirre Meza, presidente de la Comisión de Defensa de los
Derechos Humanos (CDDHS), no es casualidad que todos los detenidos en
casos de alto impacto —en los que hay línea de las autoridades, desde el
gobernador hasta el procurador o el jefe de la Policía, de
esclarecerlos—, aleguen que fueron sometidos a tortura.
“No todos los investigadores torturan, claro. Pero sí te puedo decir
que cuando esta se da hay complicidad del Ministerio Público, del
defensor de oficio y de los jefes de la Policía. Siempre vas a encontrar
que las confesiones van firmadas por el defensor de oficio, que por
cierto nunca defiende al inculpado”, comentó.
Recientemente, agregó, los ministeriales han incurrido en
prefabricación de culpables: informan que la persona a la que fueron a
buscar para cumplir una orden de presentación girada por el Ministerio
Público, se retiró voluntariamente y sin problema alguna a su casa,
después de declarar ante el fiscal, “pero lo cierto es que los mantienen
incomunicados, en casas de seguridad, y lo presentan hasta que lo
torturan y confiesan”.
En lo que va del año, este organismo ciudadano lleva al menos seis
casos de tortura en contra de las corporaciones de seguridad y 12 el año
pasado “y esos son los que sabemos, los que nos llegan, y nadie, nadie,
ninguna autoridad investigó al respecto”.
De arriba
“La tortura viene de arriba, no del policía”, afirmó un agente
investigador adscrito a uno de los grupos especiales de la Policía
Ministerial.
Asegura que ya no es tan escandaloso y que ahora se cuidan los
golpes. Para él, la efectividad, la siembra y cosecha del terror en el
detenido, está en el impacto psicológico que le causa estar desnudo ante
ellos, vendado, amarrado, acostado, a merced de sus captores.
Afirmó que todos los grupos especiales encapuchan a sus detenidos. El
método incluye amarrarlos con cinta adhesiva color café, mejor conocida
como “cinta canela”, y después viene lo fuerte: el taladro en el
cerebro que producen las referencias a la familia y otros recursos.
Le permiten que vea un poco, abriéndole parcialmente la capucha o
vendas, para que vea fotos: son sus hijos, sus hermanos y hermanas, la
esposa. Le anuncian que los van a matar. Pueden ahogarlos con agua, pero
“lo fuerte es que los amenaces con tocarle a la esposa, los hijos,
cuando les cortas el cartucho del arma al oído. Ellos entonces tiemblan.
Ahí está lo cabrón”.
El agente reconoció que la viuda de Alfredo Cuen, acusada de su
homicidio, fue desnudada, aunque él no participó en ese caso. Para los
organismos de derechos humanos, de acuerdo incluso con criterios
marcados a nivel internacional, el hecho de que las desnuden implica,
aunque no haya contacto físico alguno, una agresión sexual. Y con eso
basta para ser considerado como tortura.
“También llaman por teléfono y les ponen a alguien del otro lado de
la línea que coincida con la voz del hijo o la hija, de la esposa.
Obviamente esto está bien preparado, se conoce previamente edades, otros
datos, para que parezca real”.
Para él, los detenidos hablan en caliente con estos métodos. Pero uno
de los que más efectividad tiene es hacerlos sentir que están en lo
alto de un puente y que los van a dejar caer. “Va a parecer un
accidente, les decimos. Y eso hace que en caliente hablen”.
Tortura e inocencia
Ríos Estavillo manifestó que una cosa es el proceso penal que siguen
jueces, con la participación de la Procuraduría General de Justicia del
Estado y la defensa del inculpado, para determinar si es o no inocente, y
otra es si se incurrió o no en tortura.
Dijo que el juez penal que lleva el caso de Yesenia Armenta no ha
considerado la recomendación que por tortura giró la CEDH a la PGJE y
que no fue aceptada por esta. Pero sí el Juzgado Tercero de Distrito,
que pidió información al organismo sobre esta recomendación, ya que
aparentemente la defensa está promoviendo un amparo.
“La autoridad en materia de si hay o no tortura, que es nuestra
comisión, ya dijo que sí hubo tortura. Y si el juez valora esto es su
decisión para el proceso. Pero desde mi punto de vista, la reforma
constitucional del artículo primero, del año 2011, lo obliga”, señaló.
La reforma indica que todas las autoridades tienen la obligación de
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.
Respecto a la respuesta de la Procuraduría local, el ombudsman afirmó
que la función de la CEDH es conminarlo a que acepten la recomendación
emitida en este caso, pero independientemente de esto, “si acepta no es
patente de corso para decir que con esto el detenido o detenida sale de
prisión”.
Aseguró que las autoridades no deben preocuparse por la imagen que
tienen ante la ciudadanía, sino por las personas y sus derechos, “y eso
es lo que todos debemos preservar, porque víctimas y detenidos tienen
los mismos derechos, están en igualdad de circunstancias”.
Lamentó que los agentes ministeriales usen la orden de localización y
presentación, emitida por el Ministerio Público, como orden de
aprehensión, lo que es violatorio de los derechos humanos.
“Lamentablemente esto se está usando en Sinaloa, se ha venido
utilizando así, y no lo contempla la ley”, sostuvo. Informó que el
quejoso o agraviado tiene de plazo hasta el 27 de marzo próximo para
inconformarse ante la CNDH por la respuesta asumida por la Procuraduría
local en el caso de la tortura practicada en contra de Yesenia Armenta.
Dijo que si una autoridad no acepta una recomendación y esto no se
impugna, la Comisión Estatal puede remitir el caso al Congreso del
Estado para que tome el expediente, tal como lo señala el artículo 102,
apartado 6, de la Constitución federal.
2008
el año con más recomendaciones: 6
Total de recomendaciones 2008-2013: 16
Total de quejas 2008-2013: 75
Fuente: CEDH.
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