Operan 13 grupos delictivos en cabo San Lucas y San José
del Cabo
El último mapa delictivo de la Unidad de Inteligencia
de la PGJE incluye 13 pandillas. En Cabo San Lucas están “Los Maras”, “Los
Sureños”, “Los Kachacos”, “La Bola 8”, “Los Norteños”, “Sombras 7” y “Los
18WS”. En San José del Cabo hay “Los Batos Firmes”, “El Barrio 13”, “Los
Sureños 13”, “Vatos Locos”, “Los Pelones” y “Los Guadalupanos”. Los jóvenes
criminales atacan escuelas de colonias de la periferia, distribuyen droga y
atracan a transeúntes, negocios y viviendas de la zona centro y del corredor
turístico
Cabo San Lucas, Baja
California Sur.- La costa de oro sudcaliforniana y el destino turístico de
talla internacional de Los Cabos está amenazado por pandillas que delinquen en
escuelas de colonias de la periferia, distribuyen droga y atracan a transeúntes,
negocios y viviendas de la zona centro y del corredor de este lugar de playa.
Se trata de bandas
juveniles integradas por 10, 20, 30, 50, 100 y hasta 120 jóvenes –en su mayoría
menores de edad que son fieles imitadores de organizaciones transnacionales de
pandillas criminales como la llamada “Mara Salvatrucha”, “Mexican Mafia” o “El
Barrio 18”.
En Los Cabos, en la
Dirección de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal, a
cargo del teniente Salvador Castellanos Álvarez, prácticamente no tienen ni
idea de cuántas bandas operan, quiénes son sus líderes, cuántos integrantes
forman cada una de las bandas, zonas de influencia y actividades delictivas
desempeñadas.
Y es que no es para
menos. Según datos recabados por ZETA el último mapeo delictivo que se hizo en
este destino de playa sobre pandillas juveniles fue hace poco más de tres años,
cuando el director era Apolinar Ledesma Arreola, en el trienio del ex alcalde
René Núñez Cosío.
Por increíble que
parezca, en las propias estadísticas oficiales de la policía municipal, y de
acuerdo al secretario técnico de la policía municipal, Luis Ángel González
Rubio, “los operativos contra pandilleros han terminado en ceros hasta donde yo
tengo conocimiento”, porque “no habido detenidos en los operativos que empiezan
entre 6 y 7 de la tarde y terminan a las 2 de la mañana por todas las calles”.
Sin embargo,
contradictoriamente y en base al último mapa delictivo de la Unidad de
Inteligencia de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), actualmente
operan 13 pandillas distribuidas de la siguiente manera:
En el puerto de Cabo
San Lucas están “Los Maras”, “Los Sureños”, “Los Kachacos”, “La Bola 8”, “Los
Norteños”, “Sombras 7” y “Los 18WS”.
En San José del Cabo
hay “Los Batos Firmes”, “El Barrio 13”, “Los Sureños 13”, “Vatos Locos”, “Los
Pelones” y “Los Guadalupanos”.
Como segundo destino
turístico en México, Los Cabos registra una explosión demográfica del 6.6 por
ciento, muy por encima de la media nacional –es del 2.5 por ciento–, lo que ha
ocasionado la migración de personas de todo el territorio nacional, quienes
trajeron otros usos y costumbres y algunos de los cuales se destacan por formar
pandillas que tienen en alerta constante a la población.
La mayoría de los
miembros de estas bandas juveniles son de estados como Guerrero, Oaxaca,
Chiapas, Veracruz y Michoacán, y no rebasan los 18 años de edad, pero ejercen
un verdadero dominio y control en algunas colonias marginadas y sobre todo en
escuelas públicas.
La principal
actividad delictiva y operativa de estas organizaciones –según el mapa
delictivo de la PGJE– se centra en las colonias Rosa Delia, Cactus, Tierra y
Libertad, Chula Vista, Aztecas, Cabo Fierro, Las Palmas, Lomas del Sol, Caribe
Bajo y Caribe Alto en Cabo San Lucas, así como Santa Rosa, El Zacatal, Vista
Hermosa, La Ballena, Rosarito y Zona Centro en San José del Cabo.
El poder ejercido
por estos grupos delictivos es tan real que algunas instituciones educativas
como la Escuela Secundaria Técnica No. 19 de Cabo San Lucas, tuvieron que
pactar una tregua con la banda de “Los Sureños” en el 2012 y evitar
extorsiones, cobros de cuotas, asaltos, robos, venta y distribución de drogas y
atentados a pedradas a estudiantes y la propia institución, como lo expuso el
director de la escuela, Miguel Antonio Olachea Ochoa.
Durante una
entrevista con este Semanario, Olachea reconoció que algunos profesores de la
escuela considerada como “la más conflictiva” de todo el estado y localizada en
una de las zonas más marginadas y peligrosas del destino turístico, cedieron a
otorgar mejores calificaciones a ciertos estudiantes, y no ponerles falta,
cuando no entraban a clases, “porque de plano, no podíamos realizar ninguna
actividad académica, cultural y deportiva, sobre todo en el turno vespertino, y
quienes constantemente nos asediaban y atacaban con piedras y amenazaban a los
maestros”.
El directivo admitió
que la escuela se convirtió automáticamente en rehén de las pandillas y donde
tuvo que intervenir el Consejo Técnico de la Escuela, porque “estábamos fuera
de contexto” y “enfrentábamos una realidad muy dura solo por el hecho de estar
en una zona marginada” y donde pocas escuelas se salvan de las bandas
juveniles, sobre todo cuando carecen de vigilancia policiaca y son víctimas de
la inseguridad.
Tan solo en marzo, y
lo que va de abril, y de acuerdo a datos recabados por ZETA, los alumnos y tres
instituciones escolares fueron atacadas por pandillas de Los Cabos.
1.- En el periodo de
Semana Santa, la Escuela Secundaria Técnica No.14 de San José del Cabo fue
víctima del robo de toda su cooperativa.
2.- El 8 de abril,
la Escuela “Moisés Saiz Garza” de Cabo San Lucas fue el escenario del robo de
un celular y de una computadora de un estudiante a la salida y el cual tuvo que
entrar corriendo a protegerse a la institución, porque era golpeado brutalmente
por los pandilleros, cuando trató de impedir el robo.
3.- El 9 de abril,
la Escuela Secundaria Técnica No.16 de Cabo San Lucas fue víctima del robo de
toda la cooperativa escolar.
Actualmente, datos
de la PGJE revelan que las pandillas tienen reclutados y en actividad constante
a poco más de 900 miembros en Los Cabos; y que para aceptar integrantes éstos
tienen que tatuarse alguna parte del cuerpo, aprenderse su propio lenguaje oral
y de señas, igualar la vestimenta y lo más cruel es pasar el llamado “Rito
Mara” o “Rito de Iniciación”, que no es otra cosa que soportar una paliza dada
por los demás miembros que van de 8 a 13 segundos entre los que se incluyen
patadas, trancazos, rodillazos, codazos y cabezazos, algunos de los cuales
quedaron grabados en los propios teléfonos celulares de algunos pandilleros que
circunstancialmente han caído en manos de la justicia.
LA EVOLUCIÓN
En lo que va del
año, la PGJE abrió 15 averiguaciones previas en contra de pandilleros y quienes
están implicados en delitos de robo, asalto, extorsión, portación de arma de
fuego, venta y distribución de droga al menudeo, daños y perjuicios contra
servidores públicos y graffitti en espacios públicos y privados.
El subprocurador de
la zona sur, Mario Zazueta Obeso, descartó la presencia de células auténticas
de la “Mara Salvatrucha” o “Barrio 18” en Los Cabos, mismos que pudieran estar
integrando y alentando la proliferación de estas bandas juveniles que en las
últimas semanas han cobrado fama por ser protagonistas de hechos delictivos.
El funcionario
consideró que “los miembros de las
actuales bandas tiene que ver con jóvenes descarriados que se han estado
multiplicando peligrosamente, y estamos preocupados porque ya no únicamente
agreden a los estudiantes, sino de un tiempo a la fecha, se han metido a
escuelas a amenazar a los propios maestros y algunos de los cuales están
realmente asustados”.
Durante una
entrevista con ZETA, dijo que –según las investigaciones— la pandilla más
problemática de la región es la de “Los Kachacos”, seguidos de “La Bola 8” y
finalmente “Los Sureños” y quienes el 20 de noviembre del 2012 en un intento de
captura de algunos de sus integrantes se enfrentaron con la policía y
militares, destrozaron una patrulla e hiriendo a dos policías, lo que prueba
que “andan desatadas”.
El día de la
agresión –cerca de las 9 de la noche— la dirección de la Seguridad Pública,
Policía Preventiva y Tránsito Municipal de Los Cabos recibió un reporte de que
integrantes de las pandillas “Los Kachacos” y “La Bola 8” estaban golpeando a
un joven sobre las calles de Vía Láctea y Estrella en Cabo San Lucas, cerca de
la comandancia de la colonia Lomas del Sol, por lo que algunos elementos fueron
al rescate y sorpresivamente fueron recibidos a pedradas y con detonaciones de
arma de fuego.
Los agentes
solicitaron refuerzos vía radio y hasta donde llegaron más policías
municipales, ministeriales y soldados y quienes tuvieron que cubrirse de una
lluvia de piedras que tardó más de dos horas en ser controlada, y quienes como
pudieron, rescataron malherido al joven agredido de nombre José Manuel Avendaño
Hernández de 20 años.
En la gresca, el
comandante del Sector 3 de la policía municipal, Édgar Daniel Castro Crespo y
el agente de investigaciones de la Policía Ministerial, René Humberto Muñoz,
resultaron heridos del brazo izquierdo y cara, respectivamente, y donde también
resultó dañada una patrulla de la Policía Ministerial del Estado, modelo 2011.
A diferencia de las
pandillas de La Paz, Ciudad Constitución, Loreto y Mulegé, las de Los Cabos
están más organizadas y activas en actividades delictivas y quienes son más
violentas y peligrosas porque –según el abogado Gerardo Vázquez Alatriste—
“emergieron del maltrato y desprecio social”.
El enfrentamiento de
pandilleros contra policías y militares es, desde su punto de vista, un síntoma
de que la autoridad prácticamente está siendo rebasada por la propia
delincuencia juvenil y “es un fenómeno social que tiende a evolucionar”, según
la situación geográfica, económica y política en relación a la función del
estado y de la autoridad sobre los grupos más vulnerables, desprotegidos y
radicados en áreas marginales y donde no llegan los programas de asistencia
social, como el llamado “Valor Sudcaliforniano”.
Ex jefe de la Unidad
Fiscal Especializada para el “Caso Posadas Ocampo” y ex asesor del coordinador
general de investigación de la Procuraduría General de la República (PGR), dijo
que “las pandillas” son el caldo de cultivo perfecto de la delincuencia
convencional y organizada, sobre todo cuando los jóvenes “no tienen
oportunidades, estudios y son marginados en programas institucionales de
cualquier índole de gobierno”.
El abogado comentó
que los miembros de las bandas juveniles entonces pasan de pandilleros a
delincuentes convencionales y la propia dinámica en detenciones o experiencias
criminales los va envolviendo hasta que permite en el futuro que sean
reclutados por el crimen organizado o empresas criminales.
“La delincuencia
permea y evoluciona y entonces toman forma los modus operandi de los
delincuentes y se van modernizando en la medida en que se van progresando en
sus actividades ilícitas y todo tiene que ver con la falta de respuesta de la
propia autoridad e instituciones de seguridad, procuración e impartición de
justicia, porque encuentran un escenario favorable por corrupción o
incompetencia de la autoridad”, dijo.
“…y lo podemos ver
en que los principales cuadros operativos, logísticos y técnicos que son
policías, ministerios públicos, peritos y jueces, y quienes me ha tocado ver
que algunos no están actualizados y desconocen la más mínima y elemental
técnica jurídica y pericial, y eso genera expedientes deficientes, y después
jueces no necesariamente corruptos, finalmente y por desconocimiento, no emiten
sentencias condenatorias y entonces se genera impunidad en este tipo de
grupos”, explicó.
El abogado con
diplomado en delincuencia organizada en España, comentó que la presencia de
pandillas es única y exclusivamente el resultado de la falta de atención de la
mayoría de sus miembros por parte de la autoridad, por lo que “el gobierno
municipal y estatal debería de voltear hacia ese lado, porque es evidente que
algo está fallando, sobre todo cuando los jóvenes empiezan a reunirse en
grupitos y después a integran una pandilla”.
En base a su
experiencia y especialidad Gerardo Vázquez Alatriste, consideró que “el
fenómeno del pandillerismo es porque la autoridad no está ofreciendo ningún
tipo de alternativa ni tampoco está bajando en esas zonas programas sociales y
actividades deportivas y culturales e inclusive impartiendo cursos u oficios
que puedan generarles en un futuro oportunidades de empleo a todos esos grupos.
“Lo que se traduce a
una autoridad omisa en el cumplimiento de sus funciones y de generar opciones o
alternativas, y por otro lado, la mala circunstancia de que tampoco previene
porque la propia constitución mandata que debe prever la delincuencia a través
de rondines, redadas o pláticas en las escuelas, y hasta donde tengo
conocimiento, no hemos visto a policías impartiendo pláticas en escuelas
primarias o secundarias”, señaló.
LOS ATAQUES
No obstante, y en
virtud del crecimiento de este fenómeno social, la PGJE inició prácticamente la
primera reunión con profesores de la Escuela Secundaria Técnica No. 19, y la
cual por su compleja situación, aparece en la lista como la primera institución
educativa donde iniciarán pláticas con jóvenes sobre el tema del pandillerismo
y sus consecuencias.
Tan solo esa escuela
–y según el director Miguel Antonio Olachea Ochoa— se tienen detectados a 90
miembros de bandas juveniles distribuidos de la siguiente manera.
1.- 30 hombres y 35
mujeres de “Los Sureños”.
2.- 15 hombres y 20
mujeres de “Los Maras”
El número de
miembros de bandas juveniles es para el director del plantel un “volumen muy
considerable”, tomando en cuenta que la institución cuenta con una población
estudiantil de mil 600 alumnos distribuidos en dos turnos y 32 grupos de 50
alumnos cada uno.
— ¿Cómo fueron
detectados?, preguntó ZETA.
“Bueno, la
vestimenta, el modo de hablar y las señas que se hacen y sobre todo el
comportamiento que presentan dentro de la institución”.
La escuela
secundaria técnica núm.19 es quizá la más golpeada por las bandas juveniles por
estar enclavada en la principal zona de influencia y operatividad y donde
durante los casi cinco años de su creación ha sufrido el acoso de nueve
pandillas entre la que destacan “Los Sureños”, “Los Maras” y “Sombras 7”.
El colmo de la
impunidad se registró el 11 de marzo cuando una banda juvenil atacó y quemó
completamente la dirección de la escuela y causó daños por más de un millón de
pesos, y donde primeramente se robaron celulares y algunas computadoras y
enseguida incendiaron 3 aires acondicionados, 12 archiveros, 5 computadoras, 20
sillas, 1 copiadora, 1 aparato de sonido, 2 laptops, 12 escritorios, 1 alacena
y hasta la bandera de México.
El ataque fue
adjudicado a la pandilla de “Los Sureños” y cuyo nombre fue pintado en una de
las paredes.
No obstante, dos
semanas después, la escuela nuevamente fue víctima de otro ataque por parte de
esta pandilla y quienes en esta ocasión se robaron 5 computadoras y posteriormente
rociaron de pino otras 35 para quemarlas por dentro.
Lo más grave de todo
es que en el último ataque –y en virtud de uno anterior— la policía municipal
tenía establecido un operativo de vigilancia y un supuesto cerco policiaco, el
cual fue burlado por los pandilleros y consumaron otro delito más “en sus
propias narices”.
Los hechos quedaron
registrados en las denuncias penales 147 y 182 en la Agencia del Ministerio
Público de la PGJE, y cuyas investigaciones, todavía no concluían y tampoco no
se deslindaban responsabilidades en contra de los autores materiales.
El caso ameritó que
las fuerzas armadas, como el Ejército y la Marina, tuvieran que hacer desde
entonces operativos de sobrevigilancia en esa escuela particularmente y las
zonas más amenazadas por los pandilleros.
Los primeros
resultados surgieron –al cierre de esta edición— cuando en un recorrido
detuvieron a cinco pandilleros de “Los 18WS”, cuando intervenían con graffitti
espacios públicos y privados en la colonia 4 de Marzo de Cabo San Lucas, y
quienes –según señalamientos de los propios colonos— “eran responsables de
algunos robos y extorsiones que cobraban para no agredirlos y golpearlos”.
Los detenidos fueron
capturados en posesión de 2 envoltorios de mariguana, 1 aguja hipodérmica, 1
machete, 3 cuchillos, 2 desarmadores, 1 bote de pintura de aerosol, 1 bastón
metálico, 1 bote de mezcal y dos revistas pornográficos.
Los 5 miembros de la
banda fueron consignados a la autoridad competente para el deslinde de
responsabilidades.
No obstante –y según
el subprocurador de la zona sur, Mario Zazueta Obeso— el principal problema de
los delincuentes juveniles es la participación de menores de edad en estas
bandas, pues prácticamente “atan de manos” a la PGJE a actuar en consecuencia
de manera rápida y expedita, sobre todo cuando no pueden detener a menores de
entre 12 y 14 años, al menos que –como establece el artículo 120 de la
Constitución— estén relacionados en delitos graves como homicidio doloso,
lesiones que pongan en peligro la vida de una persona, privación ilegal de la
libertad, secuestro, violación, terrorismo y robo en casa habitación, negocio o
vehículo.
“Cuando hemos
detenido jóvenes, finalmente tenemos que entregarlos a sus padres porque así lo
mandata la Ley de Justicia para Adolescentes y desgraciadamente a veces o en la
mayoría de los casos ni los propios padres se hacen responsables de los hijos
porque trabajan y los dejan a la deriva”, concluyó.
“EL RETO ES TENER EN PAZ A LOS CABOS”: CCE
Las estadísticas de
la PGJE indican que en Los Cabos están registrados mil 389 robos hasta el mes
de diciembre del 2012, donde figuran las modalidades de robo a casa habitación,
lugar cerrado, negocio, vehículos y robo con violencia, distribuidos de la siguiente
manera:
1.- En el puerto de
Cabo San Lucas 429 y donde destacan entre las zonas más afectadas la zona
centro, El Tezal y la playa de El Médano, y las cuales son –según el mapa de la
ciudad— puntos de afluencia turística y de empresarios de la zona.
2.- En la ciudad de
San José del Cabo 960 y donde destacan por su importancia la zona hotelera y
colonias como Mauricio Castro y Magisterial que –como en el caso de Cabo San
Lucas— son puntos del turismo y de empresarios.
El presidente del
Consejo Coordinador Empresarial de Los Cabos, Julio Castillo Gómez, se dijo
preocupado por la situación de la inseguridad en el destino de playa y “debemos
actuar de inmediato porque la delincuencia parece estarse saliendo de control
sobre todo en delitos patrimoniales, porque estamos viviendo una ola de robos y
asaltos muy fuertes particularmente en las colonias de la periferia”.
“Lo que estamos
viendo es que las estadísticas nos indican que casi se están cometiendo el
mismo número de delitos en las colonias de la periferia que en las zonas
residenciales”, expuso y resumió: “en una parte se roban el gas, ropa y
aparatos electrodomésticos, y en otra, vehículos, motos, lanchas y lotes de
joyas y eso es mucho muy grave porque indistintamente del lugar se están
ocasionando serios daños patrimoniales a las familias”.
El líder de los
empresarios reconoció que “los delitos de alto impacto prácticamente
disminuyeron y logró controlarse”, pero de un tiempo hacia acá, “estamos siendo
víctimas de la delincuencia común y creo que es un problema que debemos
entrarle todos”.
“Para mí es una
señal de alarma que está brincando, y si no lo atendemos puede complicarse,
porque muchas de las ciudades que están en el mapa de las más peligrosas, hace
20 ó 30 años, empezaron con problemas semejantes y no los atendieron y las
consecuencias saltan a la vista”, dijo.
El representante del
Consejo Coordinador Empresarial dijo que los empresarios han puesto su granito
de arena en esta lucha contra la inseguridad y expuso que donaron 20 de las
videocámaras de seguridad que son usadas en el llamado C-2, y manejadas por la
Dirección de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal de Los
Cabos.
Asimismo, dijo que
respaldaron el destino de 12 millones de pesos del llamado Fideicomiso de Obras
de Infraestructura Social (FOIS) en el 2012 a favor de la seguridad y de
incrementar la presencia militar en el destino de playa.
Sin embargo,
mientras la delincuencia crece, la situación dentro de la policía municipal
cada vez es más compleja porque desde hace un año y medio no tiene un director
confiable y quien haya aprobado los exámenes de control de confianza, exigidos
como requisito por el Sistema de Seguridad Pública Nacional.
Después de la salida
de Lennin Rodríguez Aguilar, y quien dicho sea de paso, reprobó el examen de
control y confianza el 6 de agosto del 2011, la policía ha dado tumbos y se ha
manejado a través de encargados de despacho.
Primero fue el
teniente Román Martínez Marín, y actualmente el teniente Salvador Castellanos
Álvarez, lo que permite que no haya una planeación ni una estrategia, como
expuso el líder del Consejo Coordinador Empresarial de Los Cabos, Julio
Castillo Gómez.
El propio secretario
general de ayuntamiento de Los Cabos, Guillermo Marrón Rosas, recientemente elaboró
y aprobó el examen de control de confianza y quien podría ser nombrado, en los
próximos días, nuevo titular de la dirección, luego de “haber sido destapado
por el propio alcalde”.
Durante una
entrevista con ZETA, dijo que la decisión dependerá del cabildo y reconoció que
es “importantísimo que tengamos un director ratificado y certificado como lo
establece la Ley y quien pueda establecer un plan de trabajo en los dos años
que todavía faltan de administración y la sociedad tenga la certeza de que se va
a seguir un lineamiento con miras de poder mejorar”.
“El reto es tener en
paz a Los Cabos, aun y cuando, no es un secreto de que estamos enfrentando una
oleada de robos a casa habitación, negocios y transeúntes y lo podemos atacar
de manera coordinada entre los tres niveles de gobierno, porque si los
esfuerzos son aislados, los resultados van a ser mucho más lejos”, comentó.
El funcionario dijo
que la evaluación de agentes policiacos va muy lenta por la carga de trabajo
del Centro de Control y Confianza y donde actualmente se han sometido a pruebas
360 de los 620 elementos de la policía municipal, cuyos “resultados están en las
manos del alcalde”. Esto va a ser el parte aguas de qué gente es confiable y de
qué gente de plano no”.
(SEMANARIO ZETA BCS/ Gerardo Zúñiga Pacheco/ abril 15,
2013)
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