LA POLICIACA
México, DF.- A sus 12 años, Oswaldo
Zamora Barragán pasa sus días entre terapias de rehabilitación y clases
escolares, interno en el Hospital Central Militar. La explosión de una granada
presuntamente abandonada por militares en el monte donde pastoreaba sus
borregos y chivos, en la región mixteca de Puebla, cambió su vida hace 20
meses.
Por el incidente, el 19 de julio de 2011, en el municipio de Petlalcingo,
Oswaldo sufrió la amputación del brazo y pierna derechos, y una fractura
expuesta en la pierna izquierda que todavía no termina de sanar por completo.
Su rutina diaria transcurre entre terapias para caminar con una prótesis
transtibial y aprender a controlar su mano mecánica para asir objetos.
Sus padres, Bernardo Zamora Aguilar y Paula Barragán Soberanes, viven la
rehabilitación a su lado, alojándose desde agosto de 2011 en una habitación del
hospital, contigua al área pediátrica. Los tranquiliza advertir que es estable
su estado de salud y que paulatinamente recupere la movilidad que el día del
accidente parecía casi imposible, ante los estragos que la explosión de la
granada calibre 40 milímetros causó en su cuerpo.
No obstante, mantienen todavía la preocupación de que la Secretaría de la
Defensa Nacional (Sedena) acceda a otorgar a Oswaldo una pensión de por vida
que cubra sus necesidades básicas, lo que la dependencia ha negado argumentando
que está fuera de sus regulaciones, acusa el padre en entrevista con “Animal
Político”.
La Sedena ha ofrecido a los padres pagar una indemnización, como a otras
víctimas de incidentes derivados de acciones militares. Bernardo recuerda que
la dependencia empezó por proponerles una cifra que rondaba los 174 mil pesos,
después la subió a 280 mil pesos y la última oferta fue de casi 420 mil pesos,
mas no una pensión vitalicia.
Bernardo y Paula han rechazado las tres ocasiones el pago, porque exigen
que la dependencia asuma que una omisión de sus elementos, al abandonar el
artefacto en un terreno utilizado por los pobladores, provocó la incapacidad de
Oswaldo.
“Estamos conscientes que ahorita como niño tenemos que apoyarlo, pero el
día de mañana que nosotros faltemos cómo va a quedar, ¿a la bendición de Dios? Nos
alegaron que 400 mil pesos eran más que los 280 mil pesos que dan a la familia
de una persona fallecida.
“Nosotros les insistimos que necesita apoyo, pero me respondieron que lo
veo como algo económico hacia mi persona, que lo trato como un negocio y no es
así”, expresa Bernardo.
LA EXPLOSIÓN
El día del incidente, Oswaldo, entonces de 10 años, encontró la granada
abandonada en el predio de Cacahuatepec, a unos 30 minutos de distancia a pie
de su vivienda en la comunidad de El Ídolo, mientras pastoreaba a sus animales.
Por curiosidad tomó el tubo, de unos 15 centímetros de largo y lo azotó
contra una roca, después de intentar abrirlo.
El artefacto explotó, causando al niño fracturas expuestas en las piernas;
calcinación en la mano derecha y laceraciones en el abdomen por esquirlas,
además de un estado de choque. Esa misma noche, después de ser estabilizado en
el Hospital del Niño Poblano, en la ciudad de Puebla, los médicos amputaron su
pierna y mano derechas, y un dedo de la izquierda.
Elementos de la 25 Zona Militar utilizaban ese terreno abierto como campo
de prácticas de tiro desde 2010, tras pactar un contrato de comodato con su
propietario. Efectivos de un Regimiento de Caballería Motorizada acampaban en
la zona el día del percance, como lo corroboró la Comisión Nacional de Derechos
Humanos (CNDH) en las indagatorias, para integrar la recomendación 17/2012 que
emitió contra la Sedena por el hecho.
Incluso, los militares recogieron a Oswaldo en el lugar y lo trasladaron en
un vehículo de infantería al Hospital General de Acatlán de Osorio, de donde
fue llevado a la capital poblana.
Entonces, Oswaldo estaba de vacaciones de verano, tras finalizar el quinto
grado de primaria en la escuela de su comunidad. Actualmente toma clases del
curso de sexto grado los martes y jueves, con dos maestras, en su habitación en
el hospital militar.
LOS GASTOS DE LA SEDENA
Aunque la CNDH señaló en la recomendación, emitida en mayo de 2012, que
existen evidencias para establecer que la granada fue abandonada por militares,
hasta ahora la Sedena no ha admitido expresamente una responsabilidad en el
percance, indica el padre del menor.
No obstante, la dependencia gastó 2 millones 459 mil 956 pesos en la
atención médica brindada a Oswaldo entre el 19 de agosto de 2011, cuando fue
reubicado del nosocomio poblano al Hospital Central Militar, y enero de este
año, según datos que entregó a un peticionario de información vía
transparencia.
El informe señala que las prótesis transradial, transtibial y mioeléctrica
para el menor tuvieron un costo de 275 mil 810 pesos, y expone que ha tenido
una respuesta favorable a los tratamientos e incluso puede ser dado de alta del
hospital, recibiendo en calidad de paciente externo los servicios de ortopedia,
medicina física, rehabilitación y paidopsiquiatría.
Los padres, sin embargo, han solicitado que permanezca hospitalizado para
que termine de sanar su pierna izquierda. “Pedimos al General que nos apoyara
en que no nos lo queremos llevar, porque en El Ídolo es pura tierra y no
queremos que en un mal paso se vaya a quebrar y volvamos a lo mismo”, agrega
Bernardo.
CORTAN APOYOS ECONÓMICOS
A la negativa de la Sedena por conceder una pensión, los padres de Oswaldo
enfrentan también la cancelación de apoyos económicos por parte de los
gobiernos federal y poblano.
El padre, quien hasta el percance trabajaba como jornalero en Nueva York,
Estados Unidos, manifiesta que recibían una beca mensual de mil 400 pesos para
Oswaldo y de 800 pesos para su hermano Fernando, quien cursa la secundaria, por
orden de la ex primera dama Margarita Zavala.
Sin embargo, la familia recibió los apoyos hasta noviembre, el último mes
de la administración del presidente Felipe Calderón, a pesar de que les habían
prometido que se los proporcionarían durante toda su vida escolar. Bernardo
afirma que tampoco percibe desde diciembre los 6 mil 106 pesos mensuales que le
entregaba el Gobierno de Puebla desde el accidente, bajo el concepto de trabajo
temporal.
Aunque, aclara, el gobernador Rafael Moreno Valle les entregó en mayo de
2012 una casa con escrituras a nombre de Oswaldo. Los últimos tres meses han
sobrevivido por apoyo de familiares y los recursos que ahorraron mientras
trabajaba como migrante, porque actualmente está dedicado a cuidar al menor.
Por eso, sostiene su exigencia de que la Sedena otorgue al niño una pensión
de por vida que asegure sus gastos. “Nos dicen que no hay ley que los obligue a
sacar una pensión para un civil, que no estaba trabajando. Pues no, es un niño.
“No es justo que, por ser humildes nos digan ‘no hay ley’ y casi diciendo
‘hazle como quieras’. No es justo, nosotros tampoco pedimos una cantidad fuerte
que no puedan solventar, sólo lo que es justo para que haga su vida”,
manifiesta el padre.
(ZOCALO/ Redacción/
28/03/2013 - 05:00 AM)
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