José Gil Olmos
MÉXICO, D.F.
(apro).- Desde hace varios años en México se ha presentado un fenómeno que
Italia y Colombia han vivido también: se trata del surgimiento de zonas de
silencio en las cuales los medios de comunicación decidieron no informar ante
las amenazas de muerte, atentados y secuestros que recibieron por parte de
bandas de la delincuencia organizadas convertidas en verdaderos gobiernos de
terror en comarcas enteras.
Apenas el lunes 11
de esta semana, el diario coahuilense Zócalo de Saltillo anunció a través de su
editorial que ya no publicará información relacionada con el crimen organizado,
luego de que el viernes pasado recibiera amenazas a través de mensajes en
mantas colocadas en distintos municipios de la entidad.
“La decisión de
suspender toda información relacionada con el crimen organizado se fundamenta
en nuestra responsabilidad de velar por la integridad y seguridad de más de mil
trabajadores, sus familias y la nuestra”, expuso el rotativo de Coahuila.
En la región
lagunera donde confluyen Coahuila y Durango se vive desde hace años una espiral
de violencia que ha alcanzado a reporteros y medios de comunicación.
El 25 de mayo de
2009, Eliseo Barrón Hernández, reportero de La Opinión Milenio, fue ejecutado
por presuntos sicarios de Los Zetas comandados por Lucio Fernández, El Lucifer,
para “dar un escarmiento” a los comunicadores.
Luego, el 26 de
julio de 2010, en el contexto de la cobertura de un motín de reos en el Centro
de Reinserción Social (Cereso) No. 2, con sede en Gómez Palacio, Durango, Javier
Canales, de Multimedios Laguna; Alejandro Hernández, camarógrafo de Televisa
Torreón; Héctor Gordoa Márquez, enviado de Televisa México, y Héctor “N”, de El
Vespertino fueron secuestrados por varios días.
Los comunicadores y
medios de Coahuila no son los únicos que han tomado esta difícil decisión del
silencio. Otro periódico que asumió algo similar fue El Mañana de Nuevo Laredo,
en Tamaulipas, que desde julio de 2012 manifestó que dejaba de “reproducir
hechos violentos producto de la guerra entre grupos delictivos”, luego de que
sus instalaciones sufrieran un ataque con granadas dos veces ese año.
Con el cambio de
poder en la Presidencia de la República, las cosas no han mejorado para los
medios y sus trabajadores. El domingo 3, Jaime Guadalupe González, director de
Ojinaga Noticias de Chihuahua, fue ejecutado, convirtiéndose en el primer
periodista asesinado bajo el gobierno del priista Enrique Peña Nieto.
A partir de este
crimen, el miércoles 6 varios sujetos armados dispararon contra El Diario de
Juárez y la sede del Canal 44 de televisión, también en Chihuahua, sin causar
heridos.
Semanas antes en
Tamaulipas, donde ya muchos medios no publican noticias del narcotráfico sin
haberlo anunciado, uno de los dos cárteles que dominan la entidad repartió
cientos de volantes en los que se ofrecía una recompensa de 600 mil pesos para
quien diera informes de los responsables de la página y cuenta “Valor por
Tamaulipas”.
La ley de silencio
impuesta por el crimen organizado se ha expandido hacia Michoacán, Guerrero,
Veracruz y Zacatecas, sin que los gobiernos de los estados o el federal hayan
logrado quebrarla.
En los hechos, se
trata de la imposición de la voluntad del poder de la delincuencia por encima
de la Constitución, sin importar quién gobierne. Lo mismo con Peña Nieto que
con el panista Felipe Calderón.
(PROCESO/ José Gil Olmos/ 13 de marzo
de 2013)
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